La juez 5 con función de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz Nova, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Durante la diligencia judicial, la jueza determinó que no se cumplían los requisitos legales para conceder la libertad solicitada por la defensa, al establecer que habían transcurrido 222 días desde la presentación del escrito de acusación hasta la fecha actual sin que se iniciara el juicio oral. Este cálculo incluyó el descuento de varios periodos relacionados con solicitudes de aplazamiento presentadas por la propia defensa, así como hechos fortuitos que ocasionaron retrasos en el proceso.
En la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad señalando que, según su análisis, habían transcurrido más de 400 días desde la etapa procesal correspondiente al escrito de acusación y que su defendida acumulaba más de 500 días privada de la libertad. El defensor argumentó que estos tiempos superaban los límites establecidos por la ley para el inicio del juicio oral, lo que, a su juicio, justificaba la concesión de la libertad por vencimiento de términos.
En la audiencia también intervino el delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien solicitó que se avalara la libertad por vencimiento de términos a favor de Ortiz. El representante del Ministerio Público argumentó que algunas de las solicitudes de aplazamiento realizadas por la defensa fueron autorizadas con el propósito de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, en medio de cambios de representantes judiciales y novedades relacionadas con la obtención de información relevante para el proceso.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la representación de víctimas se opusieron a la interpretación presentada por la defensa. Estas partes señalaron que el conteo de días debía excluir varios periodos relacionados con actuaciones promovidas por la propia defensa y otros trámites procesales que, conforme a la normativa vigente, no se incluyen dentro del cálculo para determinar el vencimiento de términos.
El proceso penal contra Sandra Ortiz se relaciona con su actuación como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, la exfuncionaria habría participado en el direccionamiento de recursos públicos dentro del entramado de corrupción investigado en la UNGRD.
Según el ente acusador, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que dichos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.