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Fue suspendida la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Durante la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad a favor de la exfuncionaria, argumentando que se habrían superado los términos establecidos por la ley para el inicio del juicio.
Según explicó, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.
En su intervención, la defensa insistió en que los plazos legales establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal habrían sido superados ampliamente, por lo que solicitó la libertad inmediata de la exconsejera.
En ese sentido, el abogado manifestó que “la ciudadana Sandra Eliana Ortiz ha superado con creces el factor objetivo que le imponía ese canon quinto del 317. Solicito que usted ordene la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova y, para esos efectos, profiera la boleta de libertad dirigida al comandante de la Estación 26 de Carabineros del Parque Nacional y se restablezca el derecho que tiene esta ciudadana de afrontar el drama de su vida en libertad”.
La audiencia no concluyó durante esta jornada y fue suspendida, por lo que continuará el próximo 16 de abril a las 9 de la mañana, cuando se retomará el análisis de los argumentos presentados por la defensa y las posiciones que adopten las demás partes dentro del proceso.
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Esta diligencia se produce en medio de un historial de solicitudes similares presentadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, entre ellas peticiones de libertad por vencimiento de términos y solicitudes de preclusión del proceso, las cuales no han prosperado hasta el momento dentro del expediente judicial.
Ortiz Nova, quien se desempeñó como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la UNGRD. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que esos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
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