En medio del proceso penal que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, denunció en audiencia supuestas presiones por parte de la Fiscalía para vincular a ministros del Gobierno en sus declaraciones. Según afirmó, el caso en su contra tendría un trasfondo político y no estrictamente jurídico.
Durante la diligencia, Ortiz aseguró que recibió advertencias directas por parte de un coordinador del ente acusador. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, señaló, al tiempo que indicó contar con soportes documentales que, según dijo, fueron remitidos a la Fiscalía a través de su defensa. En ese sentido, agregó: “Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”.
La exfuncionaria también cuestionó las garantías dentro del proceso y sugirió que su situación podría estar relacionada con su paso por el Gobierno. “Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, afirmó.
En paralelo, su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, presentó una recusación contra la jueza 08 penal especializada de Bogotá, al considerar que no existen condiciones de imparcialidad en el desarrollo del proceso. El jurista argumentó que su clienta ha sido sometida a situaciones que afectan su integridad. “Para que una persona se dirija a un juez en esa situación es porque lo que está padeciendo (…) está siendo casi que, comillas, humillada frente a un escenario”, expresó, y agregó que la actuación judicial habría impactado la imparcialidad del trámite.
Por su parte, el fiscal del caso se opuso a la recusación y defendió la actuación de la jueza, al señalar que las decisiones adoptadas hacen parte de la dirección normal de una audiencia. “La juez lo que está haciendo es ejerciendo la dirección de la audiencia, dicta órdenes, requiere a las partes, fija una posición, y eso es absolutamente normal”, sostuvo.
En caso de que la recusación sea negada, la decisión pasará a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir si la jueza continúa al frente del proceso.
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