La petrolera francesa que embargaron en Colombia al ser acusada de financiar a paramilitares
De acuerdo con la Fiscalía, al menos tres exparamilitares de las extintas AUC, señalaron a la empresa de haber financiado sus operaciones ilegales en la región.
Los inmuebles fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
La Fiscalía embargó y entregó al Estado dos oficinas en Bogotá de una empresa petrolera anglo-francesa, Perenco, acusada de financiar a grupos paramilitares. Estos inmuebles, valorados en unos 10 millones de dólares, están ubicados en el centro financiero de la capital colombiana.
La acción legal incluyó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre las oficinas, las cuales fueron obtenidas por la Fiscalía ante un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de ser destinados a la indemnización de las personas afectadas por la violencia paramilitar en Casanare.
Perenco, una compañía del sector de hidrocarburos con presencia en 14 países, incluyendo Colombia desde 1993, fue confirmada por EFE como la empresa involucrada, aunque la Fiscalía no reveló su nombre inicialmente.
La acusación se basa en los testimonios de al menos tres exparamilitares desmovilizados del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC)
Foto: archivo AFP
Según la Fiscalía, estos exmiembros señalaron a la empresa de haber financiado sus operaciones ilegales en la región de Casanare. La investigación detalla que la compañía habría entregado dinero, combustible, alimentos y transporte a los paramilitares a cambio de servicios de seguridad en sus pozos petroleros, lo que le habría permitido aumentar su patrimonio.
Para identificar los bienes embargados y sustentar las medidas cautelares, la Fiscalía utilizó información sobre la estructura y el control corporativo de Perenco, obtenida a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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Además, las autoridades aplicaron técnicas de análisis criminal y recopilaron pruebas que, según el comunicado de la Fiscalía, demuestran que la financiación ilegal fue autorizada por las máximas instancias de la compañía.
También se recopiló información clave sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de la empresa para apoyar la solicitud de medidas cautelares, la cual fue aprobada por el Tribunal Superior de Bogotá.