La exploración petrolera volverá a tomar fuerza en Colombia. Durante el XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, que se realiza en Neomundo, en Bucaramanga, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ernesto Forero, anunció que la próxima semana comenzarán cinco procesos para avanzar en el conocimiento del subsuelo y la identificación de nuevas oportunidades para la exploración de hidrocarburos.El funcionario explicó que esta iniciativa, denominada “Oportunidades Exploratorias en Hidrocarburos 2026”, busca madurar técnicamente las zonas con potencial petrolero y gasífero antes de avanzar hacia decisiones de inversión y perforación.“Sin exploración hoy, no tendremos reservas mañana”, aseguró Forero, al advertir sobre la necesidad de aumentar las reservas de petróleo y gas del país.Según explicó, los ciclos permitirán contratar información, identificar las necesidades de conocimiento del subsuelo y acercar progresivamente esas oportunidades a las empresas, la academia y los profesionales del sector.El anuncio se conoce en medio del debate nacional sobre el futuro de los hidrocarburos y, particularmente, sobre la posibilidad de avanzar nuevamente en la exploración de yacimientos no convencionales mediante técnicas como el fracking.Respaldo a la exploración petroleraDesde Bucaramanga, la directora de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET), Marta Villarreal, manifestó su respaldo a la reactivación de la exploración petrolera y señaló que el país debe volver a asumir el riesgo de buscar nuevos recursos.“Tenemos la urgencia de reactivar el sector de los hidrocarburos a través de la exploración de nuevos proyectos, a través de arriesgarnos a perforar yacimientos no convencionales”, afirmó Villarreal durante su diálogo con BLU Radio.Le puede interesar: Petrolera para exploración en Casanare por líos con comunidades, pero seguirá produciendoEl tema tiene especial relevancia para Santander y el Magdalena Medio, una de las zonas históricamente vinculadas a la producción de hidrocarburos en Colombia y donde también se ha concentrado parte de la discusión sobre los yacimientos no convencionales.Villarreal señaló que la región enfrenta un desafío relacionado con los costos de producción. Según indicó, el llamado lifting cost o costo de levantamiento de un barril de petróleo en el área de Santander estaría alrededor de 30 dólares, frente a un nivel inferior a los 10 dólares que, según explicó, debería buscarse mediante mayor eficiencia y nuevas tecnologías.La directora de ACIPET también planteó que, además de explorar nuevos yacimientos, el país debe avanzar en tecnologías de recobro mejorado, con el objetivo de aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos existentes.Frente al fracking, Villarreal insistió en que se trata de operaciones complejas que requieren altas inversiones y una gestión rigurosa del riesgo. Señaló que, antes de desarrollar este tipo de proyectos, deben evaluarse aspectos relacionados con la protección ambiental, la seguridad de las comunidades y la operación.“Riesgos existen en cualquier circunstancia de la vida”, sostuvo la dirigente gremial, quien pidió que la discusión sobre los yacimientos no convencionales se adelante con participación de expertos y con información técnica.Por ahora, no hay anuncios concretos de nuevas inversiones para Santander derivados del Congreso de ACIPET. Villarreal explicó que ese balance se conocerá una vez concluya el encuentro, mientras el Gobierno Nacional avanza con los primeros ciclos de conocimiento del subsuelo anunciados por la ANH.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) aseguró que Colombia debe avanzar en la evaluación y desarrollo de los yacimientos no convencionales como una alternativa para enfrentar el déficit energético que atraviesa el país, al señalar que las tecnologías asociadas al fracking han tenido importantes avances en el mundo durante los últimos 15 años. La organización destacó que Estados Unidos cuenta con más de un millón de pozos desarrollados con esta tecnología y que en Argentina, mediante el proyecto de Vaca Muerta, se han implementado operaciones con controles orientados a prevenir impactos relacionados con el uso del agua y la actividad sísmica.La ACP indicó que las preocupaciones alrededor del fracking deben ser consideradas y respondidas con información técnica y datos comprobables. Según explicó, en algunas cuencas internacionales esta técnica utiliza menos del 1 % del agua disponible y no ha generado efectos sísmicos relevantes. Para la asociación, el país debe promover un debate informado sobre los yacimientos no convencionales, teniendo en cuenta tanto las inquietudes ambientales como las necesidades energéticas nacionales. Colombia enfrentará al menos cuatro años de déficit en gas y petróleo, advirtió Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). Según explicó, el país ya perdió la autosuficiencia en gas y también registra una disminución en su capacidad de producción petrolera. De acuerdo con el gremio, es necesario adoptar decisiones inmediatas para atender este panorama, ya que existen recursos disponibles, tecnologías probadas y un marco institucional que permite desarrollar nuevos proyectos bajo condiciones reguladas.La asociación recordó que Colombia cuenta desde 2008 con lineamientos de política pública, requisitos técnicos y disposiciones ambientales para la ejecución de actividades relacionadas con yacimientos no convencionales. De esta manera, afirmó que no se necesitan nuevas leyes para avanzar en la implementación del fracking, ya que la regulación vigente establece las condiciones necesarias para autorizar estos proyectos, siempre que se cumplan los controles exigidos por las autoridades competentes.Según la ACP, un escenario de inversión inmediata en yacimientos no convencionales podría permitir que en un periodo aproximado de tres años el país alcance una producción cercana a 50.000 barriles diarios de petróleo y alrededor de 50 millones de pies cúbicos de gas. La organización señaló que ese volumen sería fundamental para contribuir al cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, debido a que, si no se modifica la tendencia actual, desde 2027 comenzaría una disminución en la producción petrolera nacional.Frente a los proyectos costa afuera, la ACP explicó que iniciativas como Sirius podrían entrar en operación entre finales de 2029 y comienzos de 2030, pero advirtió que ese desarrollo no sería suficiente para recuperar por sí solo la autosuficiencia gasífera del país.Actualmente Colombia importa cerca del 35 % del gas que consume y necesita la entrada de nuevos proyectos, incluidos los del Valle Medio del Magdalena. La asociación también destacó que los pilotos de fracking han permitido recopilar información técnica para evaluar la tecnología y afirmó que su eventual desarrollo debe incluir beneficios para las comunidades ubicadas en las zonas de operación.
Venezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el Gobierno del país suramericano.En un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, también se suscribieron varios acuerdos para el "desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata", en el estado de Monagas (este).En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un "aprovechamiento adecuado del gas para la exportación" de este recurso. Asimismo, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, calificó el otorgamiento como un "paso histórico" debido a que el campo transfronterizo "estuvo sin desarrollo" durante 23 años, por lo que celebró la alianza con "una de las empresas más importantes en el mundo", en referencia a Shell.La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, señaló que se firmaron "las primeras órdenes de servicio y órdenes de compra que se van a materializar en el corto plazo" en barriles "en superficie" con el desarrollo de esos yacimientos de petróleo y gas ubicados en Monagas.Por su parte, el presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, expresó que estas firmas representan "un logro maravilloso" tanto para Venezuela como para la transnacional."Estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela y de Shell y estoy muy emocionado con esta oportunidad y ansío seguir trabajando juntos", afirmó durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Más temprano, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó de una inspección junto con autoridades de Shell en las instalaciones de un importante complejo de distribución y recepción de gas en Monagas, a fin de evaluar el fortalecimiento de la infraestructura y la producción.Tras la aprobación, en enero pasado, de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que allanó el camino para la llegada de inversionistas privados y extranjeros bajo el amparo de Estados Unidos, Rodríguez firmó acuerdos con Shell en Caracas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.Entre los convenios se incluyó una alianza "técnico-financiera" para desarrollar una de las divisiones de PDVSA. Además, el pasado 12 de marzo, el director ejecutivo de la empresa venezolana Vepica, Juan Nutt, dijo a EFE que la compañía alcanzó un acuerdo con Shell para el desarrollo de campos de petróleo y de gas en el país suramericano.
En diálogo con Mañanas Blu, Mónica de Greiff, exintegrante de la junta directiva de Ecopetrol, analizó los resultados financieros y operativos de la compañía y la preocupación por las utilidades con el cumplimiento de las metas técnicas. Según De Greiff, aunque las utilidades no atraviesan su mejor momento, la parte operativa de la empresa se mantiene sólida, cumpliendo con los objetivos definidos. Sin embargo, advirtió que la falta de nuevos campos de exploración está generando un impacto severo en la estructura de costos de la petrolera.El alto costo del recobro y la falta de exploraciónUno de los puntos más críticos señalados por De Greiff es que la recuperación de petróleo en Colombia está resultando mucho más costosa debido a la ausencia de nuevos hallazgos. Al no contar con campos nuevos, la empresa debe recurrir al "recobro", un proceso de recuperación secundaria y terciaria que incrementa significativamente la inversión necesaria.De Greiff ilustró esta situación con una comparación drástica: mientras que en el pasado producir un barril de petróleo podía costar cerca de 1 dólar, bajo las condiciones actuales de recobro en campos antiguos, el costo puede elevarse hasta los 22 dólares. Esta diferencia impacta directamente el balance de la compañía, ya que "llevamos más de ocho años sin campos nuevos", lo que ha representado un costo altísimo para Ecopetrol.Factores externos y presión tributariaLa exdirectiva también identificó tres factores externos que han golpeado las finanzas de la estatal: la caída del precio internacional del petróleo, la revaluación del peso (con una tasa de cambio que pasó de 4.500 a 3.700 pesos) y la implementación de nuevos impuestos. Ecopetrol ahora enfrenta gravámenes adicionales a las exportaciones y en timbres, lo que afecta su rentabilidad en un año donde las transferencias a la nación —entre impuestos, regalías y dividendos— alcanzaron la cifra histórica de 35 billones de pesos. En total, durante este cuatrenio, la empresa ha transferido aproximadamente 180 billones de pesos al país.El activo en el Permian: una pieza innegociableAnte la posibilidad de vender los activos de Ecopetrol en el Permian (Estados Unidos), De Greiff fue enfática al calificarlo como un "error enorme". Explicó que este negocio es altamente rentable y que la producción allí creció un 10% el año pasado, a diferencia de la caída del 2% en la producción interna de gas en Colombia. "Uno no reemplaza un negocio tan bueno como el del Permian, a no ser que tenga uno mejor", afirmó, subrayando que una venta apresurada podría causar un detrimento patrimonial para la nación y acarrear penalidades contractuales con socios como Oxi.Escuche aquí la entrevista:
La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, afirmó que la reciente tarifa impuesta al transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano responde a criterios técnicos y soberanos, no a un castigo comercial. En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria del Gobierno del presidente Daniel Noboa explicó que el incremento de 900%, de 3 a 30 dólares por barril, “tiene que ver con costos de oportunidad, temas sociales, ambientales y de maniobra operativa”.“No hemos cerrado el oleoducto. Está disponible. Si no les viene bien la tarifa, entendemos que no quieran usar nuestro oleoducto”, señaló Manzano, en alusión a las petroleras colombianas que transportan crudo hacia el puerto de Esmeraldas.La ministra insistió en que la medida no constituye una retaliación contra Colombia, sino una actualización necesaria frente a los nuevos costos del sistema energético ecuatoriano. “Yo no decido castigar el petróleo colombiano. Este es un tema que tiene que ver con seguridad y con la gestión de nuestros recursos naturales”, dijo, indicando además que Ecuador atraviesa un contexto complejo en materia fronteriza y económica.Tensión bilateral por tarifas energéticasLa decisión ecuatoriana llega en medio de una guerra comercial inesperada entre ambos países. Tras el anuncio de Quito, el Gobierno colombiano respondió con la imposición de aranceles de entre 20% y 30% a 26 productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, servicio que se mantenía activo desde los apagones sufridos en ese país durante 2024.Frente a ello, Manzano sostuvo que Ecuador se ha visto obligado a tomar decisiones acorde con su soberanía energética, recordando que durante la crisis eléctrica “mientras ustedes me vendían electricidad a 69 centavos, nosotros antes la comprábamos a seis. Ese aumento nos obligó a revisar toda nuestra política tarifaria”.La ministra añadió que la tarifa del oleoducto podrá ser revisada si se restablece el diálogo energético con Bogotá. “Si el Ministerio de Energía de Colombia decide volver a exportar energía hacia Ecuador, nosotros podríamos revisar nuevamente los valores técnicos y los informes”, afirmó, dejando la puerta abierta a una resolución técnica y diplomática.Dos oleoductos bajo el radarEcuador cuenta con dos principales ductos de transporte: el OCP, operado por empresas privadas, y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), administrado por el Estado. Ambos han sido utilizados tradicionalmente para el transporte del crudo colombiano, especialmente por Ecopetrol y compañías privadas que operan en el sur de Colombia.Sin embargo, según la ministra, hasta el momento “no se ha transportado petróleo colombiano por nuestras instalaciones”, debido a que las empresas aún no han decidido si mantienen o suspenden sus operaciones logísticas a través del territorio ecuatoriano.Aunque reconoció que las decisiones recientes se producen en un ambiente de alta tensión económica, Manzano insistió en que el trasfondo político no cae bajo su competencia ministerial. “Los temas de aranceles los maneja la Cancillería y el Ministerio de Producción; yo doy las respuestas técnicas que se merecen los pueblos colombiano y ecuatoriano”, puntualizó.Soberanía y seguridad fronteriza, los ejes de la defensa ecuatorianaManzano también vinculó la política energética con la situación de seguridad en la zona limítrofe entre ambos países, marcada por el avance de grupos delictivos y el narcotráfico. “Queremos una lucha conjunta contra el narcotráfico. Nuestros ciudadanos en frontera están recibiendo presiones de grupos que vienen del lado colombiano”, expresó, haciendo un llamado a la cooperación binacional.La funcionaria insistió en que Ecuador busca mantener relaciones respetuosas y de colaboración. “No somos países peleados, somos más hermanos de lo que la historia nos ha hecho ver”, añadió, subrayando que su intención es proteger tanto el interés económico como la integridad territorial del Ecuador.Un conflicto con implicaciones regionalesEl aumento en la tarifa y las consecuentes medidas comerciales abren un nuevo capítulo en la relación colombo-ecuatoriana, históricamente estrecha en materia energética y petrolera. Mientras Bogotá evalúa los efectos económicos de los aranceles recíprocos, Quito reafirma su derecho a regular los servicios estratégicos según su legislación nacional.El intercambio de declaraciones políticas y técnicas deja entrever que la crisis energética y comercial entre Colombia y Ecuador podría extenderse si no hay una mediación diplomática. Por ahora, la ministra Inés Manzano concluye su mensaje con una postura de apertura controlada: “Ecuador sigue encendido y con su sistema eléctrico estable. Estamos listos para dialogar, pero también para defender nuestra soberanía”.
Rusia presentó una solicitud diplomática ante EE.UU. para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace diez días, según publica este jueves el diario The New York Times citando dos fuentes cercanas al asunto.Moscú envió solicitudes formales el miércoles al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según explicaron las citadas fuentes.Desde el domingo 21 de diciembre el Bella 1, que navega ahora por aguas del Atlántico, ha sido el objetivo de la Guardia Costera estadounidense, que ese día trató de abordar, blandiendo una orden de incautación, el buque en el Caribe cuando éste se dirigía a cargar crudo en Venezuela.El episodio se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Washington incautaría buques que transporten crudo de Venezuela, a quien acusó de robar activos petrolíferos estadounidenses en el país caribeño.EE.UU. cumplió en diciembre con estas amenazas e incautó dos petroleros en el Caribe, el Skipper y el Centuries.Sin embargo, la tripulación del Bella 1 rechazó las órdenes estadounidenses y dio media vuelta, forzando a que la Guardia Costera tuviera que perseguir el buque.El propio The New York Times ya informó esta semana que, durante la huida, los tripulantes del Bella 1, que aparentemente viajaba sin bandera, pintaron una enseña rusa en el casco y en los días siguientes contactaron a la Guardia Costera por radio para identificarse como un petrolero de nacionalidad rusa.La intervención diplomática de Rusia puede complicar el intento de EE.UU. de incautar el petrolero, algo que se enmarca en la campaña de presión del Gobierno Trump sobre Venezuela.Desde el verano, Washington mantiene un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras urge al mismo tiempo la salida del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles.A su vez, esta solicitud diplomática rusa puede añadir un nuevo obstáculo a las complejas negociaciones en las que media Trump para lograr un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.Miller publicó este mensaje en la red social X para justificar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense que entren o salgan de Venezuela."El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense", escribió Miller."Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó el asesor de Trump.La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.Trump anunció el martes que ha declarado a todo el Gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista y que ha ordenado bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos."Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica. Esta solo crecerá", advirtió el mandatario.Este bloqueo representa una escalada en la presión de Trump sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo y altamente dependiente de esta industria, tras haber incautado la semana pasada un petrolero que salía de la nación sudamericana.Estados Unidos mantiene además un operativo sin precedentes en aguas del Caribe, donde ha destruido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de droga, y amenaza con comenzar "pronto" ataques dentro de territorio venezolano contra el narcotráfico.El Gobierno de Maduro, que niega tener vínculos con el narcotráfico, ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país y ha condenado las recientes acciones de Washington contra el petróleo venezolano, calificándolas de "robo".A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.
Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles el digital Axios.Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.El líder republicano estadounidense ordenó el martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos, que desde septiembre ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.Para Venezuela, el anuncio de Trump del martes se trató de una "grotesca amenaza". La Administración de Maduro consideró en un comunicado que el Ejecutivo estadounidense "pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval" con el objetivo de "robarse las riquezas" venezolanas.
La crítica situación de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, obligó a Ecopetrol a suspender temporalmente sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, tras una serie de ataques armados y el creciente apoderamiento ilegal de hidrocarburos por parte de grupos insurgentes y bandas criminales que operan en la región.La empresa informó que, en lo corrido del año 2025, se han registrado al menos siete incursiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. En estos hechos, los delincuentes hurtaron más de 1.300 barriles de petróleo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la vida del personal que labora en el campo.Ecopetrol indicó que las acciones violentas han provocado pérdidas superiores a 39 mil barriles de crudo por apoderamiento ilegal y la instalación de más de 150 válvulas clandestinas, las cuales han generado graves daños ambientales y una disminución diaria de alrededor de 300 barriles en la producción.La compañía advirtió que la presencia de grupos armados organizados, como el ELN y las disidencias de las Farc, en los municipios de Tibú y Sardinata, amenaza directamente la estabilidad energética de la región.Actualmente, este campo produce unos 1.400 barriles de petróleo y 900 mil pies cúbicos de gas diarios, recurso que abastece la totalidad del servicio público domiciliario de Tibú y cerca del 25 % del consumo de Cúcuta, por lo que la suspensión impacta de manera directa a miles de usuarios.El experto en seguridad Enrique Pertuz explicó que la problemática en el Catatumbo tiene raíces profundas, ligadas al control territorial que ejercen distintos grupos ilegales sobre los corredores por donde pasa el oleoducto Caño Limón–Coveñas, una de las infraestructuras estratégicas del país.“Por gran parte de la región del Catatumbo y del sur del Cesar pasa este oleoducto, y esas zonas están controladas no solo por organizaciones insurgentes, sino también por mafias que sustraen los hidrocarburos. Estos combustibles son utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, lo que convierte el robo de crudo en una fuente clave de financiamiento para las economías ilícitas”, explicó Pertuz.El experto advirtió además que en el territorio confluyen insurgencias, estructuras paramilitares y redes de narcotráfico, lo que hace más complejo el panorama de seguridad.“Estas organizaciones se benefician directamente del combustible sustraído, lo transforman y lo usan en los laboratorios para procesar la cocaína. Así, el robo de hidrocarburos se ha convertido en un eslabón de la economía criminal que mantiene la violencia en la región”, puntualizó.Ecopetrol reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad de las operaciones y el bienestar de las comunidades, y expresó su compromiso de retomar las actividades una vez se restablezcan las condiciones mínimas de protección en el territorio.
Las petroleras están en alerta por un proyecto con el que el Gobierno podría prohibir definitivamente la minería y el petróleo en el 43 % del país, sin consulta previa y sin cumplir los estándares del acuerdo de Escazú. Desde el Ministerio de Ambiente defienden la medida y aseguran que el gran aporte de Colombia a la lucha contra el cambio climático es proteger la selva amazónica del riesgo de una destrucción inminente.El Gobierno nacional está trabajando en una resolución, que todavía no está firmada, para delimitar y declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico con carácter definitivo.No se trata de un área aislada del país. Según los documentos oficiales, abarca completamente a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, y áreas dentro Meta, Vichada, Cauca y Nariño. Unos 61 municipios que quedarían total o parcialmente detrás de la ‘línea verde’.En esas zonas del país no se podría hacer explotación ni exploración de petróleo, gas y minerales, ni entregar nuevos contratos. Tampoco se podrían conceder nuevos permisos ambientales. Formalmente no se prohíben los actuales contratos de hidrocarburos y las empresas podrían seguir operando dentro de sus áreas actuales, pero la ACP cree que la medida sí cambia las reglas de juego.“La resolución afecta la estabilidad de los proyectos existentes al prohibir de manera automática herramientas de gestión ambiental como modificaciones y prórrogas, a pesar de que los campos maduros están autorizados a continuar operando. En Putumayo, las operaciones en campo requieren modificaciones constantes para optimizar la producción, garantizar seguridad operativa y cumplir las obligaciones regulatorias (ej. disposición de aguas de producción). Negar estas solicitudes compromete directamente la viabilidad técnica y financiera de la infraestructura instalada, transformando un mecanismo de control ambiental en una barrera operativa”, señaló el gremio al Ministerio de Ambiente.La ACP calcula que un 8 % del área con contratos de exploración vigente se vería afectada si esta resolución es firmada como planea el Gobierno.“Una prohibición absoluta de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en la Amazonía tendría impactos severos sobre el desarrollo regional y la estabilidad laboral, además de poner en riesgo inversiones existentes y potencialmente generar litigios o arbitrajes internacionales”, agregó la ACP.La selva está en peligro inminente: el argumento del Gobierno Petro para frenar el avance del petróleoLa creación de la nueva reserva ambiental está justificada, según el Gobierno, en el principio de la precaución debido a que existe un riesgo grave e irreversible de alcanzar un umbral crítico o “Tipping Point”, a partir del cual la selva pierde su capacidad de autorregeneración y se transforma en un ecosistema degradado.Es decir, la selva amazónica no podría volver a su estado original, y con ella se perderían “especies endémicas, procesos evolutivos y funciones ecosistémicas que han tardado millones de años en consolidarse”.El Ministerio de Ambiente publicó un documento de más de 300 páginas argumentando su postura en favor de la conservación.“Lo hacemos porque tenemos la convicción de que lo más importante que tiene Colombia para aportar en la lucha contra la crisis climática es la conservación de sus selvas. Y la conservación de esas selvas pasa también por detener lo más pronto posible las fronteras extractivas. Y entre las fronteras extractivas están también las industrias como la minera y la petrolera”, dijo la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, en el Congreso de la ANH.Proteger la selva amazónica es hoy una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro a nivel intencional. Eso fue lo que le propusieron a Brasil y otros países en la Cumbre Amazónica en Bogotá y la idea hoy el Gobierno es presentar esta medida ante en la COP de Brasil como el gran legado de la era Petro en materia ambiental.“Sin la selva amazónica, el efecto de tanto carbón y petróleo que damos por el capitalismo en la atmósfera nos va a achicharrar, nos va a deshidratar nos va a llenar de virus, va a extinguir la vida en el planeta tierra según la ciencia, según la linterna de Diógenes”, dijo esta semana el presidente Gustavo Petro.
Para este jueves, la Unidad de Planeación Minero Energética tiene prevista la realización de una audiencia pública en la que se conocerá una nueva propuesta presentada por uno de los oferentes para el proyecto de la Subestación Nueva Lorica, en Córdoba; sin embargo, la Procuraduría está insistiendo a la entidad que analice la posibilidad de revocar esa convocatoria hasta que se cumplan algunas modificaciones y se eviten posibles vulneraciones.El proyecto es clave para fortalecer la infraestructura eléctrica de la región Caribe y, a través de la convocatoria, la UPME busca un inversionista que diseñe, suministre los equipos, construya, opere y mantenga la subestación Nueva Lorica de 110 kV; así como un interventor que vigile la ejecución del proyecto.Esta es la segunda vez que la Procuraduría presenta observaciones y pide claridad frente a la convocatoria, siendo que uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la exclusión de la empresa Energía Eléctrica de la Costa Atlántica (Enelca S.A.S. E.S.P.), que fue declarada como 'No Conforme' por no cumplir, según la evaluación de la UPME, con los requisitos de experiencia técnica exigidos en la convocatoria.Al respecto, el organismo de control cuestionó que no se evidencie que a la empresa se le hubiera informado sobre los recursos legales disponibles para controvertir su exclusión.Así las cosas, la Procuraduría solicitó a la UPME “informar si se garantizaron los recursos a Enelca sobre la decisión que la excluyó del procedimiento administrativo” y “en el evento en que no se hayan concedido los recursos, se recomienda a la UPME analizar los riesgos por posible nulidad, ante el vicio que pueda constituir esta posible violación, mismo que se trasladaría a las actuaciones posteriores —incluida la adjudicación—, que tendrían como presupuesto la exclusión de Enelca”.“Tal omisión podría comprometer la seguridad jurídica del procedimiento y la estabilidad del proyecto”, advierte el ente de control.Otro de los reparos tiene que ver con los requisitos de experiencia exigidos a los inversionistas. La entidad cuestionó que la UPME no permita acreditar experiencia mediante proyectos que todavía se encuentran en ejecución o contratos que no han finalizado, teniendo en cuenta que la regulación de la Creg exige demostrar experiencia en construcción de redes y transporte de energía eléctrica en tensiones superiores a 100 kilovoltios, pero no establece expresamente que los proyectos deban estar terminados.En total, son seis observaciones las que hace la Procuraduría y sobre las cuales pide que se resuelvan de fondo, una por una, “señalando los fundamentos técnicos, jurídicos, jurisprudenciales y doctrinales que sustentan la respuesta”.Así mismo, pide “enviar la respuesta al presente requerimiento en el término de dos días hábiles siguiente a la fecha del recibo, y en todo caso, antes de la audiencia y apertura del sobre No. 2 de la contrapropuesta programada para el 12 de noviembre de 2026”.
Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia de 63 años, presentó su renuncia este jueves 12 de noviembre, en medio de una controversia que durante los últimos días ha golpeado a una de las empresas más importantes del mundo en el desarrollo de chips para inteligencia artificial.Colette Kress, nueva CEO interina de NvidiaLa junta directiva de Nvidia, integrada por 10 miembros, se reunió durante varias horas en la noche del miércoles. Al término del encuentro, acordó designar a Colette Kress, directora financiera de la compañía, como directora ejecutiva interina hasta que se nombre a un sucesor permanente. Kress mantendrá también sus funciones financieras.La búsqueda de un sucesor permanenteEl jueves, la junta informó que iniciará un proceso de búsqueda para encontrar un reemplazo definitivo para Huang. Según el comunicado, en ese proceso se evaluarán tanto candidatos internos como externos a la empresa.La designación se produce en un contexto en el que la compañía no contaba con un sucesor claro. Huang mantenía el control de todos los aspectos del negocio como director ejecutivo, lo que, de acuerdo con la información disponible, dejó a Nvidia sin un relevo previamente definido.El peso de Nvidia en el auge de la inteligencia artificialLa renuncia del director ejecutivo tiene implicaciones para la industria tecnológica. Nvidia, con sede en Silicon Valley, es una pieza central del auge de la inteligencia artificial y una de las empresas que cotizan en bolsa con mayor valor en el mundo.La compañía controla aproximadamente el 90 % del mercado de los chips utilizados en los grandes proyectos de inteligencia artificial, iniciativas que hoy impulsan buena parte de la economía de Estados Unidos.Huang, el mayor accionista individual de la compañíaEse dominio del mercado convirtió a Jensen Huang en una de las personas más ricas del planeta. El ejecutivo posee una participación del 3,56 % en Nvidia, lo que lo convierte en el mayor accionista individual de la empresa.Además, varios miembros de su familia ocuparon cargos de creciente responsabilidad dentro de la organización a lo largo de los años.La postura de Donald Trump frente al casoHuang es también un aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario había sido informado previamente sobre la relación del empresario con la mujer señalada como presunta agente de inteligencia china, pero no tomó medidas al respecto.Durante la última semana, Trump salió en defensa de Huang. El presidente lo describió como un “hombre honorable” y afirmó que el ejecutivo desconocía que la mujer fuera una agente al servicio de China.Un líder identificado con su empresaEn Silicon Valley, pocos ejecutivos han estado tan asociados a sus compañías como Jensen Huang. Su nombre suele compararse con el de figuras como Elon Musk, al frente de Tesla y SpaceX, y Steve Jobs, cofundador de Apple.Desde la fundación de Nvidia en 1993, Huang lideró la transformación de la empresa, que pasó de ser una fabricante de procesadores gráficos a convertirse en el principal proveedor de la infraestructura de hardware que sostiene el desarrollo de la inteligencia artificial a escala global.
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón aseguró que no se cometieron irregularidades en el procedimiento de inmovilización de un vehículo de alta gama, luego de las denuncias del empresario Álvaro Jany Barbosa, quien señaló a un agente de tránsito de utilizar el automotor después de que fuera retenido durante un puesto de control.Según la entidad, el vehículo fue inmovilizado porque tenía vencido el SOAT y no contaba con la revisión técnico-mecánica, por lo que se impuso el comparendo correspondiente, conforme a la Ley 769 de 2002.Frente a los cuestionamientos por el hecho de que el funcionario condujera el automotor, Tránsito explicó que inicialmente intentaron subirlo a una grúa, pero, debido a su baja altura, existía el riesgo de ocasionarle daños. Por esta razón, y luego de que el propietario se retirara del lugar, el agente decidió conducirlo directamente hasta los patios autorizados.La Secretaría negó que se tratara de recorridos personales y sostuvo que el desplazamiento correspondió exclusivamente al traslado del vehículo desde el puesto de control hasta las instalaciones de la entidad.Además, aseguró que cuenta con registros audiovisuales del estado del automotor durante el procedimiento y fotografías tomadas al momento de su ingreso a patios.Finalmente, anunció una revisión interna, con acompañamiento de las instancias competentes, para verificar las condiciones del traslado y el cumplimiento de los protocolos. La aclaración se conoce luego de que el empresario denunciara un presunto daño en una de las puertas del vehículo y anunciara acciones legales contra el funcionario.
Pese que esta temporada ha sido irregular para el colombiano Luis Díaz, incluyendo las molestias físicas que ha tenido, el interés por su calidad sigue intacto y prueba de ello es que, medios en Europa, mencionaron que el PSG de Luis Enrique tendría interés en su fichaje tras la lesión de Khvicha Kvaratskhelia.El deseo del PSG es que un futbolista de grandes características pueda suplir esa necesidad en ataque que deja el vacío del jugador de Georgia y en Díaz encuentran en esa posibilidad por lo que verían como prioridad para ficharlo en el próximo mercado de invierno.Sin embargo, según el periodista Alexis Rodríguez, el entorno del futbolista aseguró que hasta el momento no han recibido ningún sondeo formal del PSG, por lo que serían rumores. Además, en este momento el guajiro se encuentra tranquilo y feliz en Alemania con los colores del FC Bayern.Bajo el mando de Vincent Kompany, Díaz se convirtió en un futbolista de suma importancia para los alemanes. Ha disputado 62 partidos con la camiseta de Múnich en donde ha anotado 31 goles y ha dado 21 asistencias, demostrando que llegó para ser importante en el equipo.De darse este movimiento, sería algo grande para Luis Díaz, pues para nadie es un secreto que en la actualidad el PSG se ha convertido en el mejor equipo del mundo. No por nada es el actual bicampeón de Europa. Aunque en este momento se encuentra lesionado, FC Bayern dio noticias positivas sobre su regreso: "Mientras que la mayoría de sus compañeros de equipo se encuentran de gira con sus selecciones, Luis Díaz sigue con su programa de recuperación en la Säbener Straße. El jueves, el colombiano dio otro paso importante hacia su regreso. Por primera vez desde que sufrió una rotura fibrilar en el partido de la Liga de Campeones".
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, afirmó en Mañanas Blu que la venta de ISA podría ser una salida de corto plazo para aliviar las finanzas públicas, pero fue enfático en que no resuelve el problema fiscal del país. Según dijo, la discusión de la Ley de Rescate Económico debe concentrarse en recortes adicionales del gasto público y en medidas permanentes que reemplacen los ingresos que se perderían si el Congreso no aprueba los cambios al IVA.“No es la llave mágica que nos soluciona el problema”, advirtió López, quien pidió no caer en la tentación de pensar que la enajenación de activos de la Nación hace innecesario un ajuste de fondo.El proyecto de Ley de Rescate Económico fue radicado en la Cámara de Representantes por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y hoy se discute en el Congreso. Se identifica como el Proyecto 477 y lo radicaron el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Venta de ISA: un “segundo mejor” ante la crisis fiscalPara el presidente de Anif, un problema fiscal se presenta cuando el Gobierno tiene más gastos que ingresos. Por eso, en su opinión, la solución debe pasar por conseguir más recursos o reducir gastos: “Vender activos no es la solución para un problema fiscal”.Aun así, López considera que la situación es tan compleja que tiene sentido analizar la venta de ISA. “Eso no es una solución definitiva, es un paliativo”, explicó, y la describió como una alternativa de “segundo mejor”, como la llaman los economistas.De acuerdo con los estimativos de Anif, la operación podría representar entre $12 y $15 billones, es decir, unos 4.000 millones de dólares. El cálculo depende de la prima de control que pague un comprador, un valor que, según López, es difícil de determinar en este tipo de transacciones.El dirigente gremial explicó que ISA es una compañía multilatina con presencia en varios países y que su exposición a mercados como Perú y Chile es mayor que la que tiene en Colombia. Añadió que el retorno sobre el patrimonio de la empresa fue del 12,8 % en el primer trimestre, mientras que el Gobierno colombiano se está endeudando a tasas cercanas al 13 %, lo que, a su juicio, justifica analizar la operación desde el punto de vista financiero.Ecopetrol: una decisión distinta que Anif no descartaSobre la posibilidad de vender una parte de Ecopetrol, López señaló que el análisis es diferente porque la petrolera opera mayoritariamente en el país: “Es una empresa que para la actividad colombiana es estratégica”.El presidente de Anif recordó que, por ley, el Gobierno podría vender un remanente de su participación, que estimó en cerca del 8,8 %. Según una cifra preliminar que dijo que debía revisar, esa venta podría representar entre $6 y $7 billones. Sobre esa posibilidad, aseguró: “Yo no lo descartaría”. También insistió en que tampoco resolvería el problema fiscal.El IVA y la desconfianza en el EstadoLópez explicó que Anif respalda la iniciativa del Gobierno, pero reconoció que no hay ambiente político para el aumento del IVA, pues la mayoría de los partidos ya anunció que no apoyará esa medida. Según sus cálculos, el componente representaría alrededor de 1,2 puntos del PIB.Sobre la propuesta de ampliar el impuesto y devolverlo a los hogares más vulnerables, el economista identificó dos resistencias. La primera es técnica: existen dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a esos hogares, especialmente en escenarios de informalidad. La segunda es política y está ligada a los escándalos de corrupción. En sus palabras: “La ciudadanía ve hoy en día con mucha desconfianza el Estado”.Anif también cuestionó la no exoneración del pago de parafiscales a los empleadores. “Esa medida nos parece que puede ser perjudicial para la creación de empleo formal”, afirmó López, quien pidió modularla.Pensiones altas, subsidio al diésel y recorte de nóminaComo alternativas, López enumeró propuestas que él mismo reconoció como impopulares. La primera es un impuesto a las pensiones altas. Según dijo, en Colombia hay mesadas que pueden llegar a $43 millones, dado que el máximo permitido es de 25 salarios mínimos.La segunda es el desmonte gradual del subsidio al diésel, por el que, según sus cálculos, el Gobierno gastará este año entre $13 y $14 billones, una cifra que varía con el precio internacional del combustible y la tasa de cambio. El Ejecutivo ya ha dado pasos en esa dirección, como el decreto con el que eliminó el subsidio al diésel para uso industrial.Anif también propone un recorte de la nómina estatal que no se limite a ministerios y entidades del Ejecutivo, sino que incluya a organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. Esta postura coincide con lo que el gremio ya había planteado: que la ley de rescate fiscal debe priorizar recortes de gasto.La brecha de $25 a $30 billonesEl presidente de Anif calculó que, si no se aprueba el IVA, será necesario cerrar una brecha de entre $25 y $30 billones con medidas de carácter recurrente. Por eso pidió que los actores de la discusión sean propositivos: “Si vamos a jugar un juego responsable en lo fiscal, no simplemente hay que decir no me gusta X o Y medida”.López advirtió que el país necesita una ley que mejore el déficit fiscal en unos dos puntos del PIB el próximo año y en cerca de cuatro puntos hacia 2030. De lo contrario, según dijo, el Estado tendría dificultades para cumplir sus funciones básicas: “Eso también nos va a golpear a todos”.La discusión se da después de que el Congreso aprobó el presupuesto de 2027 por $634,95 billones. Ahora el Gobierno busca sacar adelante la Ley de Rescate Económico antes de que termine la legislatura.