La exploración petrolera volverá a tomar fuerza en Colombia. Durante el XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, que se realiza en Neomundo, en Bucaramanga, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ernesto Forero, anunció que la próxima semana comenzarán cinco procesos para avanzar en el conocimiento del subsuelo y la identificación de nuevas oportunidades para la exploración de hidrocarburos.El funcionario explicó que esta iniciativa, denominada “Oportunidades Exploratorias en Hidrocarburos 2026”, busca madurar técnicamente las zonas con potencial petrolero y gasífero antes de avanzar hacia decisiones de inversión y perforación.“Sin exploración hoy, no tendremos reservas mañana”, aseguró Forero, al advertir sobre la necesidad de aumentar las reservas de petróleo y gas del país.Según explicó, los ciclos permitirán contratar información, identificar las necesidades de conocimiento del subsuelo y acercar progresivamente esas oportunidades a las empresas, la academia y los profesionales del sector.El anuncio se conoce en medio del debate nacional sobre el futuro de los hidrocarburos y, particularmente, sobre la posibilidad de avanzar nuevamente en la exploración de yacimientos no convencionales mediante técnicas como el fracking.Respaldo a la exploración petroleraDesde Bucaramanga, la directora de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET), Marta Villarreal, manifestó su respaldo a la reactivación de la exploración petrolera y señaló que el país debe volver a asumir el riesgo de buscar nuevos recursos.“Tenemos la urgencia de reactivar el sector de los hidrocarburos a través de la exploración de nuevos proyectos, a través de arriesgarnos a perforar yacimientos no convencionales”, afirmó Villarreal durante su diálogo con BLU Radio.Le puede interesar: Petrolera para exploración en Casanare por líos con comunidades, pero seguirá produciendoEl tema tiene especial relevancia para Santander y el Magdalena Medio, una de las zonas históricamente vinculadas a la producción de hidrocarburos en Colombia y donde también se ha concentrado parte de la discusión sobre los yacimientos no convencionales.Villarreal señaló que la región enfrenta un desafío relacionado con los costos de producción. Según indicó, el llamado lifting cost o costo de levantamiento de un barril de petróleo en el área de Santander estaría alrededor de 30 dólares, frente a un nivel inferior a los 10 dólares que, según explicó, debería buscarse mediante mayor eficiencia y nuevas tecnologías.La directora de ACIPET también planteó que, además de explorar nuevos yacimientos, el país debe avanzar en tecnologías de recobro mejorado, con el objetivo de aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos existentes.Frente al fracking, Villarreal insistió en que se trata de operaciones complejas que requieren altas inversiones y una gestión rigurosa del riesgo. Señaló que, antes de desarrollar este tipo de proyectos, deben evaluarse aspectos relacionados con la protección ambiental, la seguridad de las comunidades y la operación.“Riesgos existen en cualquier circunstancia de la vida”, sostuvo la dirigente gremial, quien pidió que la discusión sobre los yacimientos no convencionales se adelante con participación de expertos y con información técnica.Por ahora, no hay anuncios concretos de nuevas inversiones para Santander derivados del Congreso de ACIPET. Villarreal explicó que ese balance se conocerá una vez concluya el encuentro, mientras el Gobierno Nacional avanza con los primeros ciclos de conocimiento del subsuelo anunciados por la ANH.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) aseguró que Colombia debe avanzar en la evaluación y desarrollo de los yacimientos no convencionales como una alternativa para enfrentar el déficit energético que atraviesa el país, al señalar que las tecnologías asociadas al fracking han tenido importantes avances en el mundo durante los últimos 15 años. La organización destacó que Estados Unidos cuenta con más de un millón de pozos desarrollados con esta tecnología y que en Argentina, mediante el proyecto de Vaca Muerta, se han implementado operaciones con controles orientados a prevenir impactos relacionados con el uso del agua y la actividad sísmica.La ACP indicó que las preocupaciones alrededor del fracking deben ser consideradas y respondidas con información técnica y datos comprobables. Según explicó, en algunas cuencas internacionales esta técnica utiliza menos del 1 % del agua disponible y no ha generado efectos sísmicos relevantes. Para la asociación, el país debe promover un debate informado sobre los yacimientos no convencionales, teniendo en cuenta tanto las inquietudes ambientales como las necesidades energéticas nacionales. Colombia enfrentará al menos cuatro años de déficit en gas y petróleo, advirtió Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). Según explicó, el país ya perdió la autosuficiencia en gas y también registra una disminución en su capacidad de producción petrolera. De acuerdo con el gremio, es necesario adoptar decisiones inmediatas para atender este panorama, ya que existen recursos disponibles, tecnologías probadas y un marco institucional que permite desarrollar nuevos proyectos bajo condiciones reguladas.La asociación recordó que Colombia cuenta desde 2008 con lineamientos de política pública, requisitos técnicos y disposiciones ambientales para la ejecución de actividades relacionadas con yacimientos no convencionales. De esta manera, afirmó que no se necesitan nuevas leyes para avanzar en la implementación del fracking, ya que la regulación vigente establece las condiciones necesarias para autorizar estos proyectos, siempre que se cumplan los controles exigidos por las autoridades competentes.Según la ACP, un escenario de inversión inmediata en yacimientos no convencionales podría permitir que en un periodo aproximado de tres años el país alcance una producción cercana a 50.000 barriles diarios de petróleo y alrededor de 50 millones de pies cúbicos de gas. La organización señaló que ese volumen sería fundamental para contribuir al cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, debido a que, si no se modifica la tendencia actual, desde 2027 comenzaría una disminución en la producción petrolera nacional.Frente a los proyectos costa afuera, la ACP explicó que iniciativas como Sirius podrían entrar en operación entre finales de 2029 y comienzos de 2030, pero advirtió que ese desarrollo no sería suficiente para recuperar por sí solo la autosuficiencia gasífera del país.Actualmente Colombia importa cerca del 35 % del gas que consume y necesita la entrada de nuevos proyectos, incluidos los del Valle Medio del Magdalena. La asociación también destacó que los pilotos de fracking han permitido recopilar información técnica para evaluar la tecnología y afirmó que su eventual desarrollo debe incluir beneficios para las comunidades ubicadas en las zonas de operación.
Venezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el Gobierno del país suramericano.En un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, también se suscribieron varios acuerdos para el "desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata", en el estado de Monagas (este).En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un "aprovechamiento adecuado del gas para la exportación" de este recurso. Asimismo, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, calificó el otorgamiento como un "paso histórico" debido a que el campo transfronterizo "estuvo sin desarrollo" durante 23 años, por lo que celebró la alianza con "una de las empresas más importantes en el mundo", en referencia a Shell.La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, señaló que se firmaron "las primeras órdenes de servicio y órdenes de compra que se van a materializar en el corto plazo" en barriles "en superficie" con el desarrollo de esos yacimientos de petróleo y gas ubicados en Monagas.Por su parte, el presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, expresó que estas firmas representan "un logro maravilloso" tanto para Venezuela como para la transnacional."Estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela y de Shell y estoy muy emocionado con esta oportunidad y ansío seguir trabajando juntos", afirmó durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Más temprano, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó de una inspección junto con autoridades de Shell en las instalaciones de un importante complejo de distribución y recepción de gas en Monagas, a fin de evaluar el fortalecimiento de la infraestructura y la producción.Tras la aprobación, en enero pasado, de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que allanó el camino para la llegada de inversionistas privados y extranjeros bajo el amparo de Estados Unidos, Rodríguez firmó acuerdos con Shell en Caracas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.Entre los convenios se incluyó una alianza "técnico-financiera" para desarrollar una de las divisiones de PDVSA. Además, el pasado 12 de marzo, el director ejecutivo de la empresa venezolana Vepica, Juan Nutt, dijo a EFE que la compañía alcanzó un acuerdo con Shell para el desarrollo de campos de petróleo y de gas en el país suramericano.
En diálogo con Mañanas Blu, Mónica de Greiff, exintegrante de la junta directiva de Ecopetrol, analizó los resultados financieros y operativos de la compañía y la preocupación por las utilidades con el cumplimiento de las metas técnicas. Según De Greiff, aunque las utilidades no atraviesan su mejor momento, la parte operativa de la empresa se mantiene sólida, cumpliendo con los objetivos definidos. Sin embargo, advirtió que la falta de nuevos campos de exploración está generando un impacto severo en la estructura de costos de la petrolera.El alto costo del recobro y la falta de exploraciónUno de los puntos más críticos señalados por De Greiff es que la recuperación de petróleo en Colombia está resultando mucho más costosa debido a la ausencia de nuevos hallazgos. Al no contar con campos nuevos, la empresa debe recurrir al "recobro", un proceso de recuperación secundaria y terciaria que incrementa significativamente la inversión necesaria.De Greiff ilustró esta situación con una comparación drástica: mientras que en el pasado producir un barril de petróleo podía costar cerca de 1 dólar, bajo las condiciones actuales de recobro en campos antiguos, el costo puede elevarse hasta los 22 dólares. Esta diferencia impacta directamente el balance de la compañía, ya que "llevamos más de ocho años sin campos nuevos", lo que ha representado un costo altísimo para Ecopetrol.Factores externos y presión tributariaLa exdirectiva también identificó tres factores externos que han golpeado las finanzas de la estatal: la caída del precio internacional del petróleo, la revaluación del peso (con una tasa de cambio que pasó de 4.500 a 3.700 pesos) y la implementación de nuevos impuestos. Ecopetrol ahora enfrenta gravámenes adicionales a las exportaciones y en timbres, lo que afecta su rentabilidad en un año donde las transferencias a la nación —entre impuestos, regalías y dividendos— alcanzaron la cifra histórica de 35 billones de pesos. En total, durante este cuatrenio, la empresa ha transferido aproximadamente 180 billones de pesos al país.El activo en el Permian: una pieza innegociableAnte la posibilidad de vender los activos de Ecopetrol en el Permian (Estados Unidos), De Greiff fue enfática al calificarlo como un "error enorme". Explicó que este negocio es altamente rentable y que la producción allí creció un 10% el año pasado, a diferencia de la caída del 2% en la producción interna de gas en Colombia. "Uno no reemplaza un negocio tan bueno como el del Permian, a no ser que tenga uno mejor", afirmó, subrayando que una venta apresurada podría causar un detrimento patrimonial para la nación y acarrear penalidades contractuales con socios como Oxi.Escuche aquí la entrevista:
La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, afirmó que la reciente tarifa impuesta al transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano responde a criterios técnicos y soberanos, no a un castigo comercial. En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria del Gobierno del presidente Daniel Noboa explicó que el incremento de 900%, de 3 a 30 dólares por barril, “tiene que ver con costos de oportunidad, temas sociales, ambientales y de maniobra operativa”.“No hemos cerrado el oleoducto. Está disponible. Si no les viene bien la tarifa, entendemos que no quieran usar nuestro oleoducto”, señaló Manzano, en alusión a las petroleras colombianas que transportan crudo hacia el puerto de Esmeraldas.La ministra insistió en que la medida no constituye una retaliación contra Colombia, sino una actualización necesaria frente a los nuevos costos del sistema energético ecuatoriano. “Yo no decido castigar el petróleo colombiano. Este es un tema que tiene que ver con seguridad y con la gestión de nuestros recursos naturales”, dijo, indicando además que Ecuador atraviesa un contexto complejo en materia fronteriza y económica.Tensión bilateral por tarifas energéticasLa decisión ecuatoriana llega en medio de una guerra comercial inesperada entre ambos países. Tras el anuncio de Quito, el Gobierno colombiano respondió con la imposición de aranceles de entre 20% y 30% a 26 productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, servicio que se mantenía activo desde los apagones sufridos en ese país durante 2024.Frente a ello, Manzano sostuvo que Ecuador se ha visto obligado a tomar decisiones acorde con su soberanía energética, recordando que durante la crisis eléctrica “mientras ustedes me vendían electricidad a 69 centavos, nosotros antes la comprábamos a seis. Ese aumento nos obligó a revisar toda nuestra política tarifaria”.La ministra añadió que la tarifa del oleoducto podrá ser revisada si se restablece el diálogo energético con Bogotá. “Si el Ministerio de Energía de Colombia decide volver a exportar energía hacia Ecuador, nosotros podríamos revisar nuevamente los valores técnicos y los informes”, afirmó, dejando la puerta abierta a una resolución técnica y diplomática.Dos oleoductos bajo el radarEcuador cuenta con dos principales ductos de transporte: el OCP, operado por empresas privadas, y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), administrado por el Estado. Ambos han sido utilizados tradicionalmente para el transporte del crudo colombiano, especialmente por Ecopetrol y compañías privadas que operan en el sur de Colombia.Sin embargo, según la ministra, hasta el momento “no se ha transportado petróleo colombiano por nuestras instalaciones”, debido a que las empresas aún no han decidido si mantienen o suspenden sus operaciones logísticas a través del territorio ecuatoriano.Aunque reconoció que las decisiones recientes se producen en un ambiente de alta tensión económica, Manzano insistió en que el trasfondo político no cae bajo su competencia ministerial. “Los temas de aranceles los maneja la Cancillería y el Ministerio de Producción; yo doy las respuestas técnicas que se merecen los pueblos colombiano y ecuatoriano”, puntualizó.Soberanía y seguridad fronteriza, los ejes de la defensa ecuatorianaManzano también vinculó la política energética con la situación de seguridad en la zona limítrofe entre ambos países, marcada por el avance de grupos delictivos y el narcotráfico. “Queremos una lucha conjunta contra el narcotráfico. Nuestros ciudadanos en frontera están recibiendo presiones de grupos que vienen del lado colombiano”, expresó, haciendo un llamado a la cooperación binacional.La funcionaria insistió en que Ecuador busca mantener relaciones respetuosas y de colaboración. “No somos países peleados, somos más hermanos de lo que la historia nos ha hecho ver”, añadió, subrayando que su intención es proteger tanto el interés económico como la integridad territorial del Ecuador.Un conflicto con implicaciones regionalesEl aumento en la tarifa y las consecuentes medidas comerciales abren un nuevo capítulo en la relación colombo-ecuatoriana, históricamente estrecha en materia energética y petrolera. Mientras Bogotá evalúa los efectos económicos de los aranceles recíprocos, Quito reafirma su derecho a regular los servicios estratégicos según su legislación nacional.El intercambio de declaraciones políticas y técnicas deja entrever que la crisis energética y comercial entre Colombia y Ecuador podría extenderse si no hay una mediación diplomática. Por ahora, la ministra Inés Manzano concluye su mensaje con una postura de apertura controlada: “Ecuador sigue encendido y con su sistema eléctrico estable. Estamos listos para dialogar, pero también para defender nuestra soberanía”.
Rusia presentó una solicitud diplomática ante EE.UU. para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace diez días, según publica este jueves el diario The New York Times citando dos fuentes cercanas al asunto.Moscú envió solicitudes formales el miércoles al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según explicaron las citadas fuentes.Desde el domingo 21 de diciembre el Bella 1, que navega ahora por aguas del Atlántico, ha sido el objetivo de la Guardia Costera estadounidense, que ese día trató de abordar, blandiendo una orden de incautación, el buque en el Caribe cuando éste se dirigía a cargar crudo en Venezuela.El episodio se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Washington incautaría buques que transporten crudo de Venezuela, a quien acusó de robar activos petrolíferos estadounidenses en el país caribeño.EE.UU. cumplió en diciembre con estas amenazas e incautó dos petroleros en el Caribe, el Skipper y el Centuries.Sin embargo, la tripulación del Bella 1 rechazó las órdenes estadounidenses y dio media vuelta, forzando a que la Guardia Costera tuviera que perseguir el buque.El propio The New York Times ya informó esta semana que, durante la huida, los tripulantes del Bella 1, que aparentemente viajaba sin bandera, pintaron una enseña rusa en el casco y en los días siguientes contactaron a la Guardia Costera por radio para identificarse como un petrolero de nacionalidad rusa.La intervención diplomática de Rusia puede complicar el intento de EE.UU. de incautar el petrolero, algo que se enmarca en la campaña de presión del Gobierno Trump sobre Venezuela.Desde el verano, Washington mantiene un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras urge al mismo tiempo la salida del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles.A su vez, esta solicitud diplomática rusa puede añadir un nuevo obstáculo a las complejas negociaciones en las que media Trump para lograr un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.Miller publicó este mensaje en la red social X para justificar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense que entren o salgan de Venezuela."El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense", escribió Miller."Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó el asesor de Trump.La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.Trump anunció el martes que ha declarado a todo el Gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista y que ha ordenado bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos."Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica. Esta solo crecerá", advirtió el mandatario.Este bloqueo representa una escalada en la presión de Trump sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo y altamente dependiente de esta industria, tras haber incautado la semana pasada un petrolero que salía de la nación sudamericana.Estados Unidos mantiene además un operativo sin precedentes en aguas del Caribe, donde ha destruido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de droga, y amenaza con comenzar "pronto" ataques dentro de territorio venezolano contra el narcotráfico.El Gobierno de Maduro, que niega tener vínculos con el narcotráfico, ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país y ha condenado las recientes acciones de Washington contra el petróleo venezolano, calificándolas de "robo".A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.
Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles el digital Axios.Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.El líder republicano estadounidense ordenó el martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos, que desde septiembre ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.Para Venezuela, el anuncio de Trump del martes se trató de una "grotesca amenaza". La Administración de Maduro consideró en un comunicado que el Ejecutivo estadounidense "pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval" con el objetivo de "robarse las riquezas" venezolanas.
La crítica situación de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, obligó a Ecopetrol a suspender temporalmente sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, tras una serie de ataques armados y el creciente apoderamiento ilegal de hidrocarburos por parte de grupos insurgentes y bandas criminales que operan en la región.La empresa informó que, en lo corrido del año 2025, se han registrado al menos siete incursiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. En estos hechos, los delincuentes hurtaron más de 1.300 barriles de petróleo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la vida del personal que labora en el campo.Ecopetrol indicó que las acciones violentas han provocado pérdidas superiores a 39 mil barriles de crudo por apoderamiento ilegal y la instalación de más de 150 válvulas clandestinas, las cuales han generado graves daños ambientales y una disminución diaria de alrededor de 300 barriles en la producción.La compañía advirtió que la presencia de grupos armados organizados, como el ELN y las disidencias de las Farc, en los municipios de Tibú y Sardinata, amenaza directamente la estabilidad energética de la región.Actualmente, este campo produce unos 1.400 barriles de petróleo y 900 mil pies cúbicos de gas diarios, recurso que abastece la totalidad del servicio público domiciliario de Tibú y cerca del 25 % del consumo de Cúcuta, por lo que la suspensión impacta de manera directa a miles de usuarios.El experto en seguridad Enrique Pertuz explicó que la problemática en el Catatumbo tiene raíces profundas, ligadas al control territorial que ejercen distintos grupos ilegales sobre los corredores por donde pasa el oleoducto Caño Limón–Coveñas, una de las infraestructuras estratégicas del país.“Por gran parte de la región del Catatumbo y del sur del Cesar pasa este oleoducto, y esas zonas están controladas no solo por organizaciones insurgentes, sino también por mafias que sustraen los hidrocarburos. Estos combustibles son utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, lo que convierte el robo de crudo en una fuente clave de financiamiento para las economías ilícitas”, explicó Pertuz.El experto advirtió además que en el territorio confluyen insurgencias, estructuras paramilitares y redes de narcotráfico, lo que hace más complejo el panorama de seguridad.“Estas organizaciones se benefician directamente del combustible sustraído, lo transforman y lo usan en los laboratorios para procesar la cocaína. Así, el robo de hidrocarburos se ha convertido en un eslabón de la economía criminal que mantiene la violencia en la región”, puntualizó.Ecopetrol reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad de las operaciones y el bienestar de las comunidades, y expresó su compromiso de retomar las actividades una vez se restablezcan las condiciones mínimas de protección en el territorio.
Las petroleras están en alerta por un proyecto con el que el Gobierno podría prohibir definitivamente la minería y el petróleo en el 43 % del país, sin consulta previa y sin cumplir los estándares del acuerdo de Escazú. Desde el Ministerio de Ambiente defienden la medida y aseguran que el gran aporte de Colombia a la lucha contra el cambio climático es proteger la selva amazónica del riesgo de una destrucción inminente.El Gobierno nacional está trabajando en una resolución, que todavía no está firmada, para delimitar y declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico con carácter definitivo.No se trata de un área aislada del país. Según los documentos oficiales, abarca completamente a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, y áreas dentro Meta, Vichada, Cauca y Nariño. Unos 61 municipios que quedarían total o parcialmente detrás de la ‘línea verde’.En esas zonas del país no se podría hacer explotación ni exploración de petróleo, gas y minerales, ni entregar nuevos contratos. Tampoco se podrían conceder nuevos permisos ambientales. Formalmente no se prohíben los actuales contratos de hidrocarburos y las empresas podrían seguir operando dentro de sus áreas actuales, pero la ACP cree que la medida sí cambia las reglas de juego.“La resolución afecta la estabilidad de los proyectos existentes al prohibir de manera automática herramientas de gestión ambiental como modificaciones y prórrogas, a pesar de que los campos maduros están autorizados a continuar operando. En Putumayo, las operaciones en campo requieren modificaciones constantes para optimizar la producción, garantizar seguridad operativa y cumplir las obligaciones regulatorias (ej. disposición de aguas de producción). Negar estas solicitudes compromete directamente la viabilidad técnica y financiera de la infraestructura instalada, transformando un mecanismo de control ambiental en una barrera operativa”, señaló el gremio al Ministerio de Ambiente.La ACP calcula que un 8 % del área con contratos de exploración vigente se vería afectada si esta resolución es firmada como planea el Gobierno.“Una prohibición absoluta de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en la Amazonía tendría impactos severos sobre el desarrollo regional y la estabilidad laboral, además de poner en riesgo inversiones existentes y potencialmente generar litigios o arbitrajes internacionales”, agregó la ACP.La selva está en peligro inminente: el argumento del Gobierno Petro para frenar el avance del petróleoLa creación de la nueva reserva ambiental está justificada, según el Gobierno, en el principio de la precaución debido a que existe un riesgo grave e irreversible de alcanzar un umbral crítico o “Tipping Point”, a partir del cual la selva pierde su capacidad de autorregeneración y se transforma en un ecosistema degradado.Es decir, la selva amazónica no podría volver a su estado original, y con ella se perderían “especies endémicas, procesos evolutivos y funciones ecosistémicas que han tardado millones de años en consolidarse”.El Ministerio de Ambiente publicó un documento de más de 300 páginas argumentando su postura en favor de la conservación.“Lo hacemos porque tenemos la convicción de que lo más importante que tiene Colombia para aportar en la lucha contra la crisis climática es la conservación de sus selvas. Y la conservación de esas selvas pasa también por detener lo más pronto posible las fronteras extractivas. Y entre las fronteras extractivas están también las industrias como la minera y la petrolera”, dijo la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, en el Congreso de la ANH.Proteger la selva amazónica es hoy una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro a nivel intencional. Eso fue lo que le propusieron a Brasil y otros países en la Cumbre Amazónica en Bogotá y la idea hoy el Gobierno es presentar esta medida ante en la COP de Brasil como el gran legado de la era Petro en materia ambiental.“Sin la selva amazónica, el efecto de tanto carbón y petróleo que damos por el capitalismo en la atmósfera nos va a achicharrar, nos va a deshidratar nos va a llenar de virus, va a extinguir la vida en el planeta tierra según la ciencia, según la linterna de Diógenes”, dijo esta semana el presidente Gustavo Petro.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.