En diálogo con Mañanas Blu, Hollman Ibáñez, apoderado judicial de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, expuso los argumentos legales con los que busca revertir la suspensión que pesa sobre la congresista del Pacto Histórico.
Según Ibáñez, la decisión de la Procuraduría General de la Nación no solo es injusta, sino que vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano.
Una relación estrictamente profesional
Ante los cuestionamientos sobre su vínculo con la congresista y las insinuaciones del presidente Gustavo Petro, quien lo señaló como consejero o asesor, Ibáñez fue enfático en aclarar su rol. "Mi relación con la doctora Gloria es estrictamente profesional, como siempre lo ha sido. Yo soy apoderado de la doctora Gloria en varios de los procesos que le sigue la sala de instrucción de la Corte Suprema".
El jurista desmintió cualquier vinculación formal con el Estado o la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), subrayando que su labor es puramente jurídica: "No como dijo el presidente de la República, ni consejero ni asesor... Mi relación con ella es estrictamente profesional y se limita a ser su apoderado judicial, no su confesor, no su consejero".
La tutela y la vulneración de derechos políticos
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La defensa ha interpuesto una acción de tutela argumentando que la suspensión de Arizabaleta, vigente hasta el 20 de julio, representa una medida definitiva que afecta el derecho de representación popular. Ibáñez sostuvo que la Procuraduría "cercenó los derechos políticos de Gloria Arizabaleta" al apartarla de su cargo casi hasta el final del periodo legislativo actual.
Entre los derechos que consideran vulnerados se encuentran el de elegir y ser elegido, la conformación del poder público y el debido proceso. Además, Ibáñez sugirió que el caso debe analizarse con "enfoque de género" y recordó que, según jurisprudencia previa, una autoridad administrativa no debería separar de su cargo a funcionarios de elección popular.
"La autoridad administrativa no podía separar del cargo a los elegidos popularmente, debería ser a través de una orden judicial y la Procuraduría, recordemos, es una autoridad disciplinaria, pero administrativa", puntualizó.
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Investigaciones por presunta extorsión
Sobre las graves acusaciones de una presunta extorsión al Gobierno Nacional, el abogado indicó que el tema ya se encuentra en manos de la justicia penal tras denuncias presentadas por el abogado del presidente. Ibáñez confirmó que varios ministros están citados a declarar en este proceso, el cual goza de reserva judicial.
"Allí se van a debatir si existió o no existió la conducta... los ministros del despacho van a declarar allí y expondrán las razones o lo que ellos llevan a creer o a convencerse que hay una presunta extorsión".
Finalmente, el abogado adelantó que, si la tutela prospera y Arizabaleta regresa a su cargo, lo más probable es que deba "declararse impedida para seguir conociendo de los casos contra el presidente de la República" para evitar suspicacias legales en lo que resta del periodo legislativo.
Escuche aquí la entrevista:
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