Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.
La Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal agravado. La investigación se originó en el procedimiento realizado a Meza después de que se reportara el hurto de dinero en efectivo en la vivienda de Sarabia.
De acuerdo con la Fiscalía, el abuso de función pública se habría configurado porque Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria la práctica de una prueba de polígrafo a Meza para resolver un asunto personal. El ente investigador sostiene que con esta actuación habría excedido sus competencias y utilizado un procedimiento destinado a decisiones institucionales para una situación particular.
Frente al constreñimiento ilegal agravado, la Fiscalía sustentó la imputación en la relación laboral entre Sarabia y Meza y en la posición que ocupaba la entonces funcionaria. El ente investigador sostuvo que la exdirectora del Dapre habría utilizado su poder y la dependencia económica de la trabajadora para que aceptara someterse al procedimiento.
La Fiscalía también imputó el delito de peculado por uso. Este cargo está relacionado con la utilización de personal de seguridad, instalaciones del Dapre ubicadas en el edificio Galán y otros recursos públicos para realizar la prueba de polígrafo a Meza.
Durante la audiencia, la defensa cuestionó la inclusión de este tercer delito. El exfiscal Mario Iguarán manifestó que, en acercamientos previos con la Fiscalía, se había discutido la posibilidad de un preacuerdo y, según explicó, se les había indicado que no existían elementos para hablar de peculado por uso.
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La Fiscalía respondió a esta posición y señaló que la formulación de imputación es el escenario procesal en el que el ente investigador comunica a la persona indiciada y a su defensa los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica que considera aplicable.
La fiscal del caso sostuvo que estas decisiones responden a la evidencia obtenida legalmente y al grado de conocimiento requerido para establecer una inferencia razonable sobre la ocurrencia de las conductas y su posible atribución a la investigada. También señaló que la apreciación de la defensa sobre un incremento de la imputación corresponde a una valoración subjetiva.
Durante la audiencia, la jueza primera de control de garantías reconoció formalmente como víctima a la Presidencia de la República, a través del Dapre. Para intervenir en representación de la entidad fue reconocida la personería jurídica de Andrés Tapias, apoderado delegado por la Secretaría Jurídica, al considerar que no presentaba impedimentos legales para asumir esa representación.
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La Fiscalía aclaró además que la imputación contra Sarabia no comprende, por ahora, el capítulo relacionado con las interceptaciones de las comunicaciones de Fabiola Perea ni las actuaciones que habrían buscado inducir en error a la fiscal Marbel Morales. Por esta razón, la jueza no reconoció a Perea ni a Morales como víctimas dentro de esta actuación concreta.