Leonidas Bustos pide rendir testimonio por escrito en caso Gustavo Malo
Aseguró el exmagistrado que salió del país por amenazas contra él y su familia.
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En una carta, de 6 páginas, dirigida a los magistrados de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado Leonidas Bustos, señalado de hacer parte del denominado cartel de la toga, manifestó que se imposibilita asistir personalmente a rendir testimonio en el caso del también exmagistrado Gustavo Malo.
“Pido rendir mi declaración por certificación jurada, haciéndome llegar el interrogatorio a través de mi correo electrónico o por medio de mi defensor”, señaló Bustos
De otra parte, Bustos aseguró que él y su familia han sido “objeto de vejámenes y sometidos al escarnio público desde la propia Fiscalía General”, en lo que denominó una carrera de ofrecimientos de principios de oportunidad a “delincuentes confesos”, que, según él, estimuló a la exfiscal Hilda Niño a manifestar que él le habría entregado una lista con nombres de paramilitares al entonces fiscal Jorge Perdomo para que acusaran de manera falsa al expresidente Uribe y a su hermano.
Esa declaración de Niño, según dice la misiva, habría provocado que llegaran amenazas no solo a él, sino a su familia y que lo obligaran a salir del país.
“Y precisamente algunos días después de que los medios de comunicación publicitaron dicha noticia, miembros de mi familia y yo fuimos víctimas de amenazas. Víctimas de amenazas contra la vida, las cuales denuncié oportunamente ante el señor fiscal general de la Nación, lo cual me obligó a abandonar intempestivamente el país”, aseguró.
Vea acá: Cámara aprobó acusación contra exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la toga
Bustos aprovecho, además, para lanzar fuertes críticas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde, según manifestó, no habría tenido garantías.
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También cuestionó al partido Centro Democrático por considerar que su proceso fue aprovechado por esa colectividad para “deslegitimar y enjuiciar a la justicia de Colombia, a sus instituciones, pero particularmente las decisiones de la Sala de Casación Penal, a sus magistrados y jueces”.
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