La Sala en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leónidas Bustos por los delitos de cohecho en concurso con concierto para delinquir. La decisión tomada por el alto tribunal dispone una condena de 123 meses de prisión y 1 día, lo que equivale a 10 años y tres meses de prisión.Además, Bustos también estaría inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por ese mismo tiempo y debe asumir una multa de $133'738.170.Según el alto tribunal, los documentos exponen como el exmagistrado se alió con otros altos funcionarios y abogados para exigir sobornos a congresistas a cambio de manipular procesos penales a su favor.La investigación determinó que el exmagistrado integró una red que interfería en expedientes judiciales para frenar o modificar ciertas decisiones, en beneficio de aforados vinculados a hechos de corrupción.Este entramado salió a la luz en 2017, cuando se conocieron los testimonios y pruebas entregadas por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pieza clave para destapar el escándalo.La Corte Suprema de Justicia libró hoy orden de captura contra el exmagistrado, al igual que notificación roja de la Interpol, pues José Leónidas Bustos reside en Canadá.El fallo marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que desde hace varios años busca esclarecer las responsabilidades en el escándalo del “cartel de la toga”, considerado uno de los casos más graves de corrupción en la historia reciente del país.
La defensa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, denunció que una de las pruebas en su contra en el caso conocido como el Cartel de la toga es falsa.Según el abogado Eduardo Curtidor, la factura presentada como prueba de la supuesta compra de un reloj Cartier en 2012 habría sido fabricada años después.Durante la audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Bustos señaló que la factura tiene una fecha de emisión del 29 de diciembre de 2012, pero la resolución de facturación de la Dian impresa en el documento corresponde a una emitida después de 2017, lo que indicaría según su denuncia, que el documento no pudo haberse generado en la fecha señalada.El abogado afirmó que esta irregularidad pone en entredicho la validez de las pruebas en el proceso contra Bustos Martínez, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de corrupción dentro de la justicia colombiana.El relojEn audiencias pasadas, el exmagistrado Bustos explicó que el reloj de lujo, presuntamente entregado como pago por su participación en el entramado criminal, nunca llegó a sus manos.El supuesto reloj Cartier 'Ballon Bleu', señalado como un pago por su intervención en casos judiciales a favor de políticos como Álvaro Ashton y Musa Besaile, no existió, según sus intervenciones en medio del juicio en su contra.Asimismo, en una nueva audiencia, la Procuraduría General de la Nación, pidió la absolución de Bustos por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que el exmagistrado sea condenado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio además de pedir su extradición desde Canadá hacia Colombia.
Reapareció el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, vinculado al cartel de la toga, aseguró que salió de Colombia tras ser objeto de amenazas y que está radicado en Ottawa, Canadá. “En una de esas últimas amenazas que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida”, señaló Bustos."Quiero dar una explicación acerca de por qué no me encuentro en el país, tuve que salir precipitadamente del país porque fui objeto de varias agresiones físicas, las cuales denuncié en su oportunidad directamente en la oficina del fiscal general, lo hice por escrito y en una de esas amenazas, la última que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida, por eso tuve que ausentarme del país para proteger mi vida, señor magistrado", aseguró el exmagistradoAdemás, Bustos narró que sostuvo un encuentro en Estados Unidos con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que en esa cena solo hablaron de la salud de su hermano, allí aseguró que Moreno se acercó a uno de sus escoltas y le ofreció 20 millones de pesos para que el escolta pusiera un negocio con el fin de que le proporcionara información sobre la estadía de Bustos en Miami.Incluso, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia se refirió al supuesto soborno de un reloj Cartier que recibió de manos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien pagó tres años de cárcel en Estados Unidos por estos mismos hechos: "No me dio el doctor Moreno ninguna clase de reloj, ni me dio relojes o ese en específico, ni tampoco dinero. Él rindió muchas versiones, una en la Fiscalía y otra en la Comisión de Acusación, en ninguna de ellas hasta el año 2017 había mencionado el tema del reloj", dijo.En cuanto a la pregunta de cuál fue su relación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien en colaboración con la DEA delató al exfiscal Moreno y a su amigo el abogado Leonardo Pinilla, el magistrado Bustos aseguró que fue en un evento en 2014 cuando él saludó a Lyons, pero que nunca más tuvo ninguna cercanía.
Una nueva decisión se conoce en medio del escándalo del llamado Cartel de la Toga, pues se conoció de un pago que habría realizado el exrepresentante a la cámara por San Andrés Julio Gallardo al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos buscando conseguir una decisión favorable sobre un proceso penal. Con esta formulación de cargos, Gallardo Archbold sería llamado a juicio disciplinario.La Procuraduría informó que la Sala de Instrucción Disciplinaria establece que, como parte del entramado de corrupción denominado 'Cartel de la Toga', Julio Eugenio Gallardo habría hecho llegar el dinero del pago por medio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, materializando un cohecho por dar u ofrecer.“Al parecer, Gallardo Archbold se desvió del cumplimiento de sus deberes y afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública, al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”, señaló el Ministerio Público.La Procuraduría mencionó que con el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.Cartel de la Toga: Juan Carlos Abadía acusado formalmente por su presunta participaciónEl exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente hacer parte del denominado 'Cartel de la Toga'.El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaute, quien hoy también enfrenta una condena.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Un nuevo enredo tendrá el proceso que se adelanta por corrupción en el conocido caso del cartel de la toga contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos.Blu Radio conoció que la defensa apelará la sentencia de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que dictó orden de captura contra Bustos, como presunto autor de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias.La sentencia manifiesta que es procedente que su defensa interponga los recursos de apelación y reposición, pero esto hace que las cosas se compliquen en la sala penal, porque varios magistrados se tendrían que declarar impedidos.Y es que hay magistrados que compartieron sala con Bustos, o el mismo expresidente de la corte participó en la elección de esos magistrados. La sala penal la debe estudiar y decidir si deben nombrar conjueces, por lo que se demoraría y dilataría el curso del proceso.Tres años se demoró la justicia en definir la situación jurídica de Bustos por sus nexos con el llamado 'cartel de la toga. Desde noviembre de 2019, el exmagistrado rindió indagatoria y se le exhibió la evidencia que lo liga con este escándalo de corrupción.Vea también:
La Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento en cárcel y la respectiva captura del exmagistrado Leonidas Bustos, expresidente de dicho tribunal y quien está implicado en el llamado cartel de la toga.De acuerdo con el alto tribunal, Bustos es presunto autor de delitos como concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.“Decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de José Leonidas Bustos Martínez, como presunto autor de las conductas punibles de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, conforme con lo expuesto”, se lee en el fallo de la corte.La decisión de la corte se dio porque “existen serios y graves motivos” para pensar que el exmagistrado puede interferir en el eficaz y cabal desarrollo de la actuación y de este modo obstruir la practica probatoria y la justicia.“Es innegable que las circunstancias concretas del caso y, en particular, la condición profesional y de trayectoria personal del acusado Bustos Martínez, hacen bastante probable la posibilidad de que continue con actividades delictivas (art. 310-1), lo que en sí mismo constituye un potencial peligro para la seguridad de la comunidad”, agregó la Corte Suprema.El exmagistrado salió de Colombia en noviembre de 2018 y no ha regresado al país. Está en Canadá, país al que le solicitó su asilo político.Le puede interesar
La Corte Suprema convocó al exmagistrado Leonidas Bustos, quien se encuentra en Canadá, para que interponga los recursos de nulidad contra el llamamiento a juicio que hizo el Senado de la República por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho por su participación en el Cartel de la Toga, que profería fallos a cambio de jugosas sumas de dinero.En un oficio, el magistrado ponente del caso dio un plazo de 15 días a Bustos, que vencerán el próximo 24 de enero, para que presente las alegaciones de los actos que considere irregulares que se habrían presentado durante la etapa de investigación en su contra, según las cuales permitieron determinar que participó en una organización delictiva conocida como el Cartel de la Toga que operó en el interior de la Corte Suprema de Justicia y de la cual hacían parte los exmagistrados Gustavo Malo, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino.En la convocatoria que hace la Corte a Bustos, este alto tribunal le hace saber que cuenta con el plazo indicado para “preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades que consideren se originaron en la etapa de investigación y las pruebas que sean procedentes y conducentes”.El oficio de la Corte se produce después de que la Cámara enviara el expediente en el cual lo declaró indigno para que este alto tribunal continúe con el proceso judicial y profiera un fallo en su contra por este escándalo de corrupción que sacudió al más alto tribunal de la justicia ordinaria.
Con 65 votos a favor, la Plenaria del Senado aprobó la acusación de la Cámara de Representantes contra el exmagistrado Leonidas Bustos por el escándalo del cartel de la toga, ahora su expediente pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde se podrá solicitar su extradición o solicitar circular roja de la Interpol para que afronte el juicio penal.Con este resultado, la plenaria del Senado declaró indigno al exmagistrado Bustos, adicional le levantó el fuero, con lo que ahora será la Corte Suprema de Justicia la que podrá adelantar la investigación en su contra.Según el texto de acusación presentado en el Senado, luego de evaluar más de 100 pruebas documentales y testimoniales, Bustos sería el cerebro de este cartel de la toga y sería el presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias.Según Edward Rodríguez, el representante investigador, con esta aprobación el cartel de la toga llegaría a su fin.“Con esta acusación formal podemos decir que llega a su fin lo que en Colombia se denominó como cartel de la toga. Fueron 37 pruebas testimoniales, fue prueba fundamental la de Gustavo Moreno, fueron 58 pruebas documentales, 17 informes de policía judicial, con las que se pudo determinar que al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia existía una empresa criminal de la que era parte José Leonidas Bustos y no solo parte, era el cerebro de esta organización criminal”, afirmó.A su turno, el senador Guillermo García Realpe, instructor de este caso, dijo que las pruebas fueron suficientemente contundentes para sustentar este escrito de acusación.“Las pruebas le permitieron al representante investigador superar las conjeturas y la acusación la construyó con base en hechos demostrados, comprobados por medios sólidos, sin mancha, cristalinos, diáfanos, que por sí solos demuestran la veracidad de la contundencia que pretenden probar”, puntualizó.Ahora el expediente del exmagistrado Leonidas Bustos pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde se podrá solicitar su extradición o solicitar circular roja de la Interpol para que afronte el juicio penal.
El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte ingresó a la historia criminal del país, como el primer expresidente de la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia en Colombia, en ser condenado, en su caso, por ser uno de los cerebros delincuenciales del denominado cartel de la toga.Ricaurte, oriundo de Cartagena, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue condenado a 19 años de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido cuatro delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y uso indebido de información privilegiada.En una larga providencia de 194 páginas, el juez Guillermo Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”.El juez señaló que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios.Según los investigadores, desde el 2013 hasta el 2016 Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo moreno, Leonardo Pinilla, Gustavo Malo, entre otros, dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal.La forma en la que operaba esta red criminal, implicaba reuniones de sus integrantes en casa de Ricaurte, de Bustos y en hoteles, restaurantes y fuera del país.Según la Fiscalía, Ricaurte y Moreno se conocieron por medio de Leonidas Bustos en 2013 en el apartamento de Bustos, Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera como en adelante procederían frente a lo que ellos llamaban clientes, que eran los beneficiarios del tráfico de influencias.Ricaurte y Bustos tenían los contactos, especialmente de políticos, congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tuvieran investigaciones, indagaciones o procesos en la Corte o en la Fiscalía.Los servicios criminales que ofrecían desde el cartel de la toga eran muy variados: Conseguían información privilegiada de procesosRetardaban los tramitesInstrumentalizaban medios de comunicación para desacreditar testigosAlteraban evidenciasLes pagaban a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos.Según los testigos, Ricaurte recibió 400 millones del exsenador Álvaro Ashton- investigado por parapolítica desde 2017.Ricaurte pidió 2 mil millones de pesos contra el exsenador Musa Besaile – en cuyo caso se frenó una orden de captura por parapolítica que el propio expresidente de la Corte conocía.Ricaurte, vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, habría buscado favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.Además, habría favorecido al exsenador Julio Manzur al haberle informado anticipadamente sobre una orden de captura en su contra.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
El cartel de la toga fue el nombre que se le dio a una de las peores estructuras criminales que se dedicaron a la compraventa de fallos y decisiones judiciales, conformada por magistrados, abogados, fiscales y políticos.Luego de la condena contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y de las múltiples sentencias contra el corrupto exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, todavía quedan algunas aristas pendientes por esclarecer.Casualmente, este miércoles comienza la recta final del juicio contra el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, quien según los documentos y testimonios, favoreció a varios políticos procesados por haber cometido presuntamente varios delitos.En el caso de quien algunos de los involucrados en el cartel de la toga identifican como el jefe de la organización, el también expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, exiliado en Canadá, se espera que en los próximos días el Senado defina si acepta la acusación que profirió en su contra la Cámara de Representantes.Luis Gustavo Moreno regresó a Colombia deportado de Estados Unidos y prometió ampliar su colaboración ante la justicia, en particular en relación con más nombres de políticos que pudieron haber pagado dinero a cambio de que engavetaran los procesos en su contra.Los casos confirmados de políticos que habrían participado en el cartel de la toga son los exsenadores Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, además de los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía.El socio de Moreno, Leonardo Luis Pinilla, ya fue condenado, al igual que el exfiscal Alfredo Bettín, adicional a las acusaciones que se adelantan contra otros dos políticos involucrados: Argenis Velásquez y Julio Gallardo.Todo el escándalo del cartel de la toga comenzó con la captura del exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sería muy bueno para el país conocer la verdad sobre la llegada de Moreno a la cúpula directiva de la Fiscalía.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
La historia compartida que tiene el Campo de la Cruz el municipio del país, con mayor número de colombianos retornados de Venezuela, hoy se traduce en dolor: al menos seis campocrucenses figuran entre las víctimas mortales de la tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron territorio venezolano, mientras que otros más están desaparecidos.Vanessa Torres, alcaldesa de este municipio, confirmó que entre las víctimas se encuentran Sandra Arce, Erin Alfaro Guette y sus familias. Estas personas son nacidas en Campo de la Cruz y residentes desde hace varios años en Venezuela.Según relató la mandataria, aunque Erin quedó vivo tras el terremoto, perdió la vida al ingresar al edificio en el que vivía intentando salvar a su familia. .“Erin se devolvía a rescatar a sus hijas y a sus nietos que estaban en el edificio. El edificio se desplomó y él lamentablemente falleció. Tenemos la noticia ahora en la mañana de que una de las hijas también quedó atrapada y que no lograron rescatarla, al igual que a dos nietos. Sin embargo una de sus hijas sí logró ser sacada con vida junto con otro de sus nieto”, informó la mandataria.Desde que se conocieron las primeras noticias, la administración municipal estableció contacto con la Cancillería, la Gobernación del Atlántico, la oficina de atención a migrantes y fundaciones de venezolanos para gestionar la repatriación de los cuerpos. Al tiempo que habilitó un link en sus redes sociales donde están recibiendo información de ciudadanos desaparecidos.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó a los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en los que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversa con integrantes del Clan del Golfo sobre posibles acuerdos para reducir la presión militar contra esa organización criminal.Según el informe, en las conversaciones se mencionan eventuales compromisos relacionados con el congelamiento de operaciones militares, la suspensión de bombardeos y hasta cambios dentro de la Fuerza Pública para evitar acciones ofensivas contra la estructura armada. Una de las frases que más llamó la atención fue la referencia a “jugar a los congelados”, expresión utilizada por Rueda en relación con una posible disminución de operaciones entre las partes.Frente a ese escenario, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en señalar que, de ser ciertas las afirmaciones contenidas en los audios, las implicaciones irían más allá de una afectación institucional a las Fuerzas Militares y de Policía. “De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es un irrespeto solamente con la Fuerza Pública. Es un delito. Se está promoviendo la acción criminal”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.El funcionario señaló, además, que corresponderá a las autoridades competentes establecer la autenticidad de las grabaciones y determinar si existieron conductas constitutivas de delito. “Serán las autoridades las que decidan la veracidad y confirmen los delitos en que se haya incurrido”, agregó.Sánchez también aprovechó para enviar un mensaje sobre la actuación del Ministerio de Defensa durante su gestión y descartó haber recibido instrucciones para limitar las operaciones militares por fuera del marco constitucional.“Durante el tiempo que he estado puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y la ley por parte del señor presidente de la República, y las decisiones que se han tomado han sido acordes a las facultades y a los procesos que tenemos en el Ministerio de Defensa”, aseguró.Las declaraciones del ministro se producen en medio de la controversia desatada por los audios, que han abierto un nuevo debate sobre los alcances de los acercamientos del Gobierno con estructuras armadas ilegales y los límites de la política de paz frente a las operaciones de la Fuerza Pública.