El feminicidio de Leila Monserrat, una menor de 15 años, ocurrido el 25 de septiembre de 2025 en Sonora, México, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial para sancionar delitos cometidos por adolescentes.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la joven fue engañada para salir de su casa luego de recibir mensajes de una menor de 13 años, identificada como Briana, quien le ofreció presentarle a otra persona. Posteriormente, fue llevada a la vivienda de Brittany, de 15 años, donde ocurrió el crimen.
Las investigaciones indican que Leila fue atacada dentro de la vivienda. Según el material probatorio recopilado por las autoridades, las agresoras la inmovilizaron y la estrangularon con una cuerda mientras registraban el hecho en video. En la grabación, que se convirtió en evidencia clave, una de las implicadas dice, segpun reveló la madre: "Se te apareció el diablo, pendeja" durante el ataque.
Tras el asesinato, el cuerpo fue enterrado en el patio de la vivienda, en una zona utilizada como gallinero. Según las autoridades, fue cubierto con cal y bolsas negras con el objetivo de ocultarlo. Mientras tanto, la familia de la víctima inició una búsqueda que se extendió por siete días.
El caso ha provocado especial rechazo por las decisiones judiciales. Brittany fue condenada a 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que Briana recibió una medida de libertad asistida por 11 meses, que incluye permanencia en su hogar, asistencia escolar y acompañamiento terapéutico.
La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, cuestionó en entrevista con Pepep y Chema Podcast las sanciones impuestas y aseguró que el proceso ha sido insuficiente. “A mi hija le arrebataron el derecho a vivir y a ellas les dan el derecho de seguir como si nada”, afirmó en declaraciones públicas. También denunció que la madre de una de las responsables habría tenido conocimiento del crimen y no ha sido judicializada.
Mientras tanto, la familia de Leila enfrenta el proceso de duelo en medio de lo que califican como una respuesta institucional insuficiente. Según denuncian, la reparación económica establecida en el caso no supera los 5.000 pesos mexicanos.
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