El pasado 11 de abril, la comunidad de Tunja en el departamento de Boyacá, se conmocionó por la denuncia de la lideresa social Lilia Cardozo Cipamocha, quien aseguró haber sido víctima de un ataque con una sustancia química en un parque de la ciudad.
Sin embargo, nuevos desarrollos en la investigación revelaron un giro impresionante en en el caso denunciado por la lideresa Cardozo.
Según Hugo Tovar, director Especializado Contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, "videos de seguridad y otros elementos de prueba, permitieron establecer que el día de los hechos reportados, la señora Cardozo Cipamocha, no fue interceptada en su recorrido por la calle, ni fue víctima de esa agresión, así mismo dan cuenta de que las lesiones que tenía habían sido causadas con unos productos de aseo que ella compró.
Tras conocerse esas pruebas, la Unidad Nacional de Protección se pronunció por medio de un comunicado señalando que el mal uso de los elementos de la entidad tiene consecuencias jurídicas.
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“La Fiscalía tramita audiencia de imputación en contra de la lideresa social Illia Patricia Cardozo por presuntos delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvensiones”, afirmó la UNPen el comunicado.
De igual forma, la Unidad presentó una tabla con los gastos que le generó al Estado el caso de Lilia Patricia Cardozo desde el 10 de mayo hasta el 17 de agosto del presente año luego de que se desatara la polémica por los videos.
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De acuerdo con la tabla los gastos en desplazamientos fueron de $11,837,780, en los vehículos fue de $48,378,947 y en los gastos de escoltas la inversión fue de $31, 819,280 para dar un total de 92,036,007 pesos. El esquema tenía un costo diario de $948.824.
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