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Blu Radio conoció que la defensa de las víctimas en el proceso judicial contra 24 militares involucrados en las irregularidades del operativo militar en la vereda Alto Remanso en 2022, pedirá que los imputados vayan a prisión por los hechos que rodean la masacre de 11 personas.
“La representación de víctimas de la masacre del Alto Remanso solicitará ante la juez de control de garantías imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión teniendo en cuenta la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas y de sus familiares”, dijo el abogado John Freddy Espíndola.
Pese a que se cumplen más de dos años de la masacre, el proceso estuvo estancado en la Corte Constitucional, quien dirimió el conflicto de jurisdicción y lo remitió a la justicia ordinaria al determinar que la operación militar se pudo evitar.
El pasado 18 de julio la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías en Puerto Leguízamo, en Putumayo a 24 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la masacre de 11 civiles el pasado 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo.
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Las evidencias presentadas por el ente investigador demostrarían que, por orden del comandante del batallón contra el Narcotráfico N°3, en inmediaciones de esa población fue adelantada una operación por parte de una unidad táctica para ubicar a alias ‘Bruno’, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente de las Farc autodenominada ‘Comandos Defensores de Frontera’.
De acuerdo al relato del fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal.
Durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación. Producto de esa intervención murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.
Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le aseguró al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuatro en dicha operación que buscaba abatir a miembros de las disidencias de las Farc. Sin embargo, el hecho terminó en tragedia para decenas de familias en Remanso, Putumayo.
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