La audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz, alias 'Calarcá', cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, fue reprogramada para el próximo 12 de mayo en horas de la mañana, luego de asignar una nueva fecha en la agenda judicial definida por el sistema de reparto de la Judicatura.
La diligencia será adelantada por un juez penal de control de garantías de Villavicencio, tras la modificación de la fecha inicialmente prevista. La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón había anunciado que la imputación se realizaría el 5 de mayo, sin embargo, la programación fue aplazada.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, al cabecilla se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, en relación con varios hechos que hacen parte de la investigación.
Entre los casos que sustentarán la imputación se encuentra el homicidio de una lideresa indígena Nasa en Toribío, ocurrido dos meses después de recibir beneficios dentro de los procesos de la denominada paz total. También se incluye la masacre de 26 personas en Guaviare, registrada en enero de este año, en la que siete de las víctimas eran menores de edad.
La investigación también contempla una serie de acciones atribuidas a esta estructura armada en el departamento del Meta, donde se habrían ejecutado ataques con explosivos contra el sector comercio, así como la instalación de minas antipersona en Valdivia, hecho ocurrido el 4 de julio de 2024 y que dejó como saldo la muerte de seis soldados.
La Fiscalía ha señalado que actualmente se mantienen suspendidas las órdenes de captura contra alias 'Calarcá', en el marco de la paz total. No obstante, el ente acusador indicó que estaba preparado para solicitar la reactivación de dichas órdenes, al advertir una posible continuidad en actividades delictivas.
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Según explicó la entidad, estas advertencias fueron puestas en conocimiento del alto comisionado para la paz y del presidente Gustavo Petro, quien tiene la competencia para tomar una decisión frente a la eventual reactivación de las órdenes de captura.
El sustento de esta solicitud se basa, entre otros elementos, en una investigación derivada del hallazgo de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que se encontraba el cabecilla, lo que, según la Fiscalía, aportaría información
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