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Nuevos detalles del caso del alcalde de Villa de Leyva implicado en presunta millonaria coima

El 20 de junio, juez de control de garantías decidirá si envía a la cárcel a Víctor Gamboa, dentro del proceso en el que la Fiscalía le imputó cargos relacionados con presuntas irregularidades en el trámite de una licencia de urbanismo y construcción.

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Dentro de los elementos considerados clave por la Fiscalía figuran audios y capturas de pantalla aportados por María Victoria Solarte, del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., en los que presuntamente el mandatario solicitaría el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, las partes debatieron sobre la legalidad y autenticidad de esas pruebas.

En entrevista con Blu Radio, El abogado defensor del alcalde, Ricardo Burgos, aseguró que un peritazgo informático contratado por la defensa habría encontrado presuntas alteraciones en los audios y mensajes entregados dentro de la denuncia.

“Efectivamente hicimos un peritazgo con una empresa muy reconocida también, de peritos informáticos, y lo que nos manifiestan es, primero, que toda la extracción tiene manipulación, ha sido alterada”, afirmó Burgos.

La defensa también cuestionó la forma en que se realizó la extracción del material digital entregado a la Fiscalía “Resulta que en un peritazgo no pasa los parámetros legales establecidos para tal hecho” .Según su versión, el informe técnico ”advertiría que los audios no provienen de un dispositivo móvil nativo original, es decir, que fueron aportados o pasados o manipulados por varios programas”.

Frente a esos cuestionamientos, el abogado Alejandro Cadena, quien representa a las víctimas y denunciantes del caso, rechazó las afirmaciones de la defensa y defendió la legalidad del material entregado.

“Confiamos en la administración de justicia y en la señora Juez que es la única que conoce la gran cantidad de elementos de prueba que soportan la denuncia y la legalidad de las grabaciones.Hemos sido tan rigurosos con el manejo y cadena de custodia de las grabaciones que al día de hoy no las conoce la opinión pública, como para que la defensa diga que han sido alteradas. Es una acusación muy grave que tendría que haber probado en la audiencia y no lo hizo”, manifestó.

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También afirmó que “cuando se conozcan los audios no quedará duda alguna sobre su autenticidad”.

Sobre el origen del conflicto, la defensa del alcalde explicó que inicialmente existía una licencia urbanística para una construcción aproximada de 600 metros cuadrados, pero posteriormente se habría solicitado una ampliación y modificaciones que, según Burgos, no fueron aprobadas porque no cumplían con requisitos.

“En la alcaldía anterior a la de Víctor Gamboa les niegan una ampliación porque afectan fuentes hídricas. Entonces, estaban construyendo, al parecer, una piscina dentro de una quebrada”, afirmó.

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Por su parte, el abogado Cadena negó dicha versión y aseguró que la licencia inicial era válida, posteriormente se solicitó una modificación para ampliar algunos espacios del proyecto.

Según explicó, al no obtener respuesta de la administración dentro de los tiempos legales, acudieron a la figura del silencio administrativo positivo, protocolizando el trámite mediante escritura pública con el objetivo de tener avances en el proyecto bajo la norma. Cuando un Tribunal suspendió ese acto, aseguran que pararon la obra y solo hicieron reparaciones menores.

El representante de las víctimas también sostuvo que la denuncia señala que el alcalde habría exigido la contratación de una persona cercana e intentado pedir dinero a cambio de facilitar el licenciamiento del proyecto.

De acuerdo con esa versión, tras negarse a esas supuestas exigencias, la administración habría rechazado pruebas, declarado desistida la solicitud y posteriormente emitido actos administrativos que ordenaban la demolición.

Durante la diligencia, la representación de víctimas solicitó que el alcalde sea enviado a prisión argumentando presunto riesgo de reincidencia, posible obstrucción a la justicia y antecedentes relacionados con delitos contra la administración pública.

Por ahora, se definirá la próxima semana si el Alcalde continuará vinculado al proceso en libertad o con una medida de aseguramiento, mientras que estas versiones opuestas deberán ser debatidas en un futuro llamado a juicio por parte de la Fiscalía.

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