Una de las partes intervinientes en el proceso que se adelanta contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, aseguró que entre las pruebas consideradas clave por la Fiscalía General de la Nación figura un audio en el que, presuntamente, el mandatario solicita el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia de urbanismo y construcción.
Según la información entregada dentro del proceso, el material habría sido aportado por María Solarte Daza y por José Alejandro Herrera, quien actúa como representante legal del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. En ese audio, de acuerdo con la versión conocida por las autoridades, el alcalde detallaría que el dinero solicitado sería distribuido entre diferentes dependencias y funcionarios relacionados con el trámite.
La presunta exigencia económica estaría vinculada a una licencia cuyo valor rondaría los 480 millones de pesos. Según la denuncia, en la grabación se explicaría que parte del dinero sería repartido entre inspectores, funcionarios de Planeación del municipio y otros posibles involucrados.
En las próximas horas, Gamboa será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura y con el objetivo de que la Fiscalía sustente la imputación de cargos por los delitos de concusión y prevaricato por acción.
Dentro de los hechos expuestos por el ente investigador también se señala que, antes de las presuntas exigencias económicas, el alcalde habría incurrido en actuaciones irregulares relacionadas con el uso de su cargo. La Fiscalía sostiene que inicialmente habría solicitado la contratación de una persona conocida, posteriormente pidió aumentarle el salario y, finalmente, habría requerido dinero.
En su llegada al búnker de la Fiscalía en Bogotá, el mandatario negó las acusaciones relacionadas con supuestas coimas para facilitar trámites urbanísticos en el municipio.
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“No soy quien da licencia, yo no doy licencia de construcción”, afirmó ante los medios de comunicación.
Además de la captura del alcalde, las autoridades realizaron diligencias de registro personal autorizadas por un juez de control de garantías contra Luis Fernando Cárdenas Rico, secretario de Planeación; William Yesid Molina García, inspector segundo de Policía, y un particular vinculado a la investigación.
Durante estos procedimientos fueron incautados dispositivos celulares que ahora serán analizados dentro del proceso penal, con el propósito de establecer posibles comunicaciones o elementos de prueba relacionados con las presuntas exigencias ilícitas denunciadas.
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