El presidente Gustavo Petro oficializó la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) vinculados a los asesinatos del periodista y humorista Jaime Garzón y del dirigente sindical Pedro Julio Movilla.
La decisión gubernamental permite que la ciudadanía y las autoridades judiciales accedan a la información retenida por la antigua inteligencia estatal. De acuerdo con la información revelada por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, los documentos buscan esclarecer la presunta participación de agentes de la fuerza pública y altos mandos militares en ambos crímenes.
El DAS, entidad que dependía directamente de la Presidencia de la República, fue liquidado tras el escándalo de interceptaciones ilegales y espionaje contra magistrados, opositores y periodistas, siendo reemplazado posteriormente por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Detalles de los expedientes desclasificados
La apertura de estos folios incluye investigaciones clave sobre la verdad procesal de dos hechos que marcaron la historia reciente de Colombia:
El magnicidio de Jaime Garzón: perpetrado el 13 de agosto de 1999 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Las investigaciones históricas han señalado la connivencia entre jefes paramilitares y agentes de inteligencia militar y del DAS para ejecutar el crimen del comunicador.
El caso de Pedro Julio Movilla García: dirigente sindical cuyo crimen fue cometido el 13 de mayo de 1993. Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga si sus restos mortales se encuentran en instalaciones del antiguo Batallón de Inteligencia Charry Solano, en el suroriente de la capital.
El proceso de apertura pública de la información contó con una fase previa de revisión técnica para garantizar la protección de identidades y la reserva legal de ciertos componentes.
Los documentos fueron anonimizados, lo que implica que no se harán públicos los nombres de fuentes humanas, direcciones ni datos que puedan poner en riesgo la integridad de personas no vinculadas a los procesos penales.