El presidente Gustavo Petro oficializó la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) vinculados a los asesinatos del periodista y humorista Jaime Garzón y del dirigente sindical Pedro Julio Movilla.La decisión gubernamental permite que la ciudadanía y las autoridades judiciales accedan a la información retenida por la antigua inteligencia estatal. De acuerdo con la información revelada por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, los documentos buscan esclarecer la presunta participación de agentes de la fuerza pública y altos mandos militares en ambos crímenes.El DAS, entidad que dependía directamente de la Presidencia de la República, fue liquidado tras el escándalo de interceptaciones ilegales y espionaje contra magistrados, opositores y periodistas, siendo reemplazado posteriormente por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).Detalles de los expedientes desclasificadosLa apertura de estos folios incluye investigaciones clave sobre la verdad procesal de dos hechos que marcaron la historia reciente de Colombia:El magnicidio de Jaime Garzón: perpetrado el 13 de agosto de 1999 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Las investigaciones históricas han señalado la connivencia entre jefes paramilitares y agentes de inteligencia militar y del DAS para ejecutar el crimen del comunicador.El caso de Pedro Julio Movilla García: dirigente sindical cuyo crimen fue cometido el 13 de mayo de 1993. Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga si sus restos mortales se encuentran en instalaciones del antiguo Batallón de Inteligencia Charry Solano, en el suroriente de la capital.El proceso de apertura pública de la información contó con una fase previa de revisión técnica para garantizar la protección de identidades y la reserva legal de ciertos componentes.Los documentos fueron anonimizados, lo que implica que no se harán públicos los nombres de fuentes humanas, direcciones ni datos que puedan poner en riesgo la integridad de personas no vinculadas a los procesos penales.
En un fallo de única instancia, el Consejo de Estado determinó que la conducta dolosa de Bernardo Moreno fue determinante para que el Dapre fuera condenado en un proceso de reparación directa, relacionado con seguimientos e interceptaciones ilegales contra el exmagistrado auxiliar Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y su familia.La decisión señala además que el exfuncionario durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe deberá responder económicamente por el valor del dinero que pagó el Estado como indemnización, luego de comprobarse que fue penal y disciplinariamente responsable por los mismos hechos que originaron la condena contra el Departamento Administrativo de la Presidencia.El Consejo de Estado recordó en su fallo que Bernardo Moreno fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos como abuso de autoridad, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, y sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 18 años.La condena de Bernardo Moreno por las 'chuzadas del DAS'En junio del año pasado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Bernardo Moreno por su participación en una red de seguimientos e interceptaciones ilegales durante los años 2007 y 2008.Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. La Corte Suprema de Justicia en su decisión también rechazó la solicitud de nulidad del proceso y declaró la preclusión de la actuación únicamente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
Como el presidente Gustavo Petro lo había anunciado en plaza pública, se conoció el Decreto 1400 de 2025, que ordena la desclasificación y el levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Este documento establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, para proteger datos personales y evitar riesgos para la seguridad nacional. El decreto asigna roles claros: El AGN será responsable de la custodia, administración, preservación y generación de la versión digital de consulta pública. La Dirección Nacional de Inteligencia, liderada por Jorge Lemus (DNI), adelantará los procesos de anonimización y entregará los archivos tratados al AGN, y la Procuraduría vigilará el proceso como órgano de control preventivo.Por último, en el documento firmado por los ministros de Cultura y Hacienda y el presidente Petro, se ordena la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre la DNI y el AGN, que deberá incluir cronograma, protocolos, presupuesto y etapas del proceso, y que además garantizará la participación de la sociedad civil. Finalmente, se establece que la financiación del proceso se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra dos exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por su participación en los actos de tortura psicológica cometidos contra la periodista Claudia Julieta Duque, reconocida por sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado.En una decisión del 15 de octubre de 2025, la Sala de Casación Penal inadmitió los recursos de casación interpuestos por los exagentes condenados, Emiro Rojas Granados, quien fue director de operaciones del DAS, y Néstor Javier Pachón Bermúdez, quien se desempeñó como detective de la Subdirección de Contrainteligencia dependiente de la Dirección General de Inteligencia.Con esta determinación, las sentencias impuestas en instancias anteriores quedan en firme, consolidando uno de los fallos más emblemáticos en materia de justicia para la prensa. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2004, cuando la periodista Duque fue objeto de seguimientos ilegales, hostigamientos, amenazas y agresiones psicológicas por parte de funcionarios del DAS, en represalia por su trabajo periodístico sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón.De acuerdo con las investigaciones judiciales, el DAS ejecutó una operación de inteligencia ilegal denominada “Transmilenio”, cuyo objetivo era “neutralizar” el trabajo de la periodista mediante una estrategia de acoso sistemático. Los jueces calificaron estas actuaciones como una forma de tortura psicológica, al estar orientadas a destruir la estabilidad emocional y la seguridad personal de la víctima.En su decisión, la Corte Suprema concluyó que los recursos presentados por las defensas no cumplían con los requisitos técnicos exigidos para la procedencia de la casación. Esto implica que los argumentos de los condenados no lograron demostrar la existencia de errores procesales o violaciones al debido proceso que justificaran la revisión del fallo.En consecuencia, la sentencia condenatoria, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, mantiene plena validez jurídica y debe ser ejecutada, donde Emiro Rojas había sido condenado a 14 años y 8 meses de prisión y Néstor Pachón a 12 años y 6 meses. La Corte además aclaró que tras esta decisión ya no hay ninguna instancia a la que puedan apelar.Entre los condenados por este caso también se encuentran exdirectivos y agentes del DAS que desempeñaron cargos en las áreas de inteligencia y operaciones. Todos fueron hallados responsables de los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir, en relación con las acciones dirigidas contra Duque.El pasado 25 de agosto, por ejemplo, el juzgado décimo penal especializado de Bogotá declaró culpable a Giancarlo Auque de Silvestri, quien fue director de inteligencia del DAS. Además de condenarlo a 12 años y medio de cárcel, el juzgado también pidió que se emitiera circular roja de Interpol para ubicar al exfuncionario.
Tiene 82 páginas el fallo del juzgado tercero especializado de Medellín en el que fue condenado el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez a 28 años de cárcel por el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, fallo que resulta una detallada compilación de la expansión del paramilitarismo en los años noventa y sus relaciones con altos mandos de la Fuerza Pública.Sin embargo, la polémica surge por una declaración que recoge la sentencia, con el fin de demostrar que según las declaraciones de exjefes paramilitares como alias Ernesto Báez y alias HH, el secuestro de Piedad Córdoba fue parte de una política sistemática de las AUC para neutralizar figuras públicas consideradas enemigas ideológicas.Se trata del testimonio del exparamilitar sucreño Francisco Enrique Villalba Hernández, rendido el 7 de julio de 2008, en el que habla de una reunión de la que habría sido testigo de una reunión en 1997 en la finca La Marranera con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, a la que habrían asistido el fallecido excomandante de las Fuerzas Militares, el general Carlos Alberto Ospina y los hermanos Alvaro Uribe y Santiago Uribe Vélez.Dijo que en esa reunión se habló de la necesidad de ordenar el asesinato de Eduardo Umaña y Jesús María Valle “porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada, la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”. Villalba fue asesinado el 23 de abril de 2009.A Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que había advertido al entonces gobernador Alvaro Uribe sobre la inminente ocurrencia de la masacre de El Aro y La Granja, lo asesinaron en Medellín el 27 de febrero de 1998.Por su parte, el abogado José Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado en Bogotá el 18 de abril de 1998 y hasta ahora no se ha registrado mayor avance sobre los responsables del crimen.El expresidente Álvaro Uribe dijo que hay política en los fallos en su contra, dijo que la Fiscalía en la época de los hechos concluyó que la declaración de Francisco Villalba fue mentirosa y sugirió que detrás de esta nueva compulsa de copias estaría el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, dice Uribe, “declarado enemigo mío desde la juventud”.
El abogado Eduardo Carreño, representante en el caso del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, calificó como “ajustado a derecho” el fallo judicial contra José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenado por su participación en los hechos.Según Carreño, durante el proceso quedó plenamente demostrado que Narváez actuaba como asesor de la alta cúpula militar y era profesor de la Escuela Superior de Guerra, al mismo tiempo que mantenía vínculos directos con las estructuras paramilitares, particularmente con Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).El abogado explicó que en el expediente hay pruebas que confirman que Narváez fue quien facilitó las grabaciones extraídas de la inteligencia militar, donde aparecía Córdoba en reuniones con voceros del ELN, material que habría sido utilizado para justificar su secuestro.Carreño también recordó que Narváez mantenía una estrecha relación con los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, vínculo que, según el abogado, ha sido mencionado por distintos exjefes paramilitares y exagentes de inteligencia en sus declaraciones judiciales, en el marco de la alianza entre sectores del Estado y las estructuras de las AUC.“Los paramilitares ratifican que Narváez era profesor en sus escuelas de formación. Si se corroboran las declaraciones de Salvatore Mancuso, 'HH', 'El Alemán', 'El Iguano' y otros jefes de las AUC, se evidencia que fue el instigador y coordinador del secuestro”, explicó Carreño.De acuerdo con el abogado, los testimonios de los antiguos comandantes paramilitares ante tribunales de justicia confirman que Narváez articuló la participación de diferentes organismos de inteligencia estatal y recibió información de agentes del DAS sobre el paradero de Córdoba, lo que permitió su retención ilegal.
Un juzgado penal especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión al exsubdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, como determinador del secuestro de Piedad Esneda Córdoba Ruiz, el 21 de mayo de 1999.Según la Fiscalía, la decisión se produjo luego de que en el proceso judicial se determinara que el entonces directivo del organismo de inteligencia visitara al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propusiera retener y asesinar a Córdoba con la idea de que era colaboradora de la guerrilla del ELN.Como prueba de ello, Narváez le entregó información clasificada a Castaño para así perpetrar el hecho ocurrido cuando Piedad Cordoba, en ese momento una reconocida defensora de los derechos humanos y crítica del paramilitarismo, asistía a una cita médica en un consultorio en sector de El Poblado en Medellín.Dentro de la condena en la que se estableció la conducta de Narváez de secuestro agravado en calidad de determinador, también se le obligó a asumir una multa de 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, alrededor de 1.100 millones de pesos, en favor de Natalia María Córdoba Castro, hija de la política fallecida el pasado 20 de enero de 2024.No obstante, dentro de esta decisión que es de primera instancia y se le pueden interponer los respectivos recursos, se conoció por parte del mismo despacho la decisión de vincular al expresidente Álvaro Uribe Vélez; su hermano, Santiago Uribe Vélez; y el general (r) Carlos Mauricio Ospina, excomandante del Ejército, como presuntos determinadores de los asesinatos no solo del abogado Jesús María Valle, sino también del profesor universitario Eduardo Umaña.El juzgado de la capital antioqueña se basó en testimonios de exparamilitares asegurando que estos “permiten inferir la existencia de una estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, que operaba en coordinación con actores estatales y operadores ideológicos”, especialmente a raíz de un reconocido encuentro que en 1997 sostuvieron los implicados en una finca de Urabá denominada La Marranera los implicados.El relato fue aportado por el exparamilitar Francisco Villalba, en julio de 2008, nueve meses antes de ser asesinado en una zona semirrural del municipio de La Estrella donde cumplía prisión domiciliaria.“Ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, aseguró Villalba sobre las razones para atentar contra Umaña, Valle, Jaime Garzón y funcionarios de la Fiscalía que en el momento del encuentro estaban investigando lo que había ocurrido en la masacre de El Aro en el municipio de Ituango.“Era un solo papel estaba escrito en computador estaba bien redactada, la tenía Carlos Castaño y se la pasó a Santiago Uribe y empezaron a decir que esas personas tenían que ser calladas como fuera”, se lee en el mismo interrogatorio a Villalba en 2008.Sobre la participación puntual de los hermanos Uribe, el exparamilitar también declaró: “El que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina, ellos fueron los que dieron más bomba, la referencia que hizo Álvaro Uribe es que a esas personas tocaba callarlas antes de que eso se adelantara más, que se nos va a venir la Corte Interamericana encima sobre la vaina de derechos humanos, esa era la preocupación que él tenía”.En varias oportunidades el expresidente Uribe ha negado de forma reiterada cualquier participación o vínculo con la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, cuando él era gobernador del departamento. También que las declaraciones que lo vinculan en estos hechos son falsas, calumniosas y motivadas políticamente.
La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la investigación que destapó un grave entramado de infiltración en el Ejército, que permitió a Luisa Fernanda Salgado Fernández, una civil que se hacía pasar por capitán, asistir a varias reuniones de coordinación interinstitucional y participar en operaciones tácticas.Según el expediente, la maniobra habría sido posible gracias a la complicidad del mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y del suboficial Cristian Padilla Villanueva, quienes presentaron a Salgado como oficial de inteligencia del Batallón de Fuerzas Urbanas n.º 5 (Bafur 5).En los encuentros se destacan eventos como: una reunión de coordinación entre el Gaula y el Bafur 5, en la que se expusieron actividades de inteligencia contra la extorsión y el secuestro en Bogotá y Cundinamarca; un encuentro en las instalaciones del Batallón de Policía Militar n.º 15 (Cantón Norte) con participación de la Policía Militar y la Fiscalía. Una reunión celebrada el 27 de febrero de 2025 en el Batallón de Policía Militar n.º 15 con el Bafur 5, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría Distrital de Seguridad; como también, un encuentro en ese mismo lugar, esta vez entre la Policía Nacional, el Batallón de Contrainteligencia n.º 01, fronteras del Ejército Nacional, Unipol y el Bafur 5.Además, participó en Allanamientos y registros en la localidad de Usme, sector El Refugio, en compañía del Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía.También, presentó información presuntamente obtenida en su supuesta calidad de capitán y remitió información a un investigador de Policía Nacional, lo que permitió que el funcionario incorporara esos datos en un reporte oficial. Seguido, se radicó un informe con solicitud de allanamiento a inmuebles, anexando declaraciones juradas y formatos de fuente no formal, por lo cual la civil Salgado intervino en la diligencia de allanamiento en la localidad de Los Mártires, el barrio La Sabana.El expediente describe también una actividad realizada en la Escuela de Caballería, donde, haciéndose pasar como oficial, convocó a un polígono con armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares, al que asistieron fiscales, asistentes de fiscal, familiares y hasta menores de edad allegados a Salgado.Con estos hallazgos, la Fiscalía concluyó que Jiménez y Padilla no solo avalaron la presencia de Salgado en escenarios de inteligencia y seguridad nacional, sino que facilitaron la filtración de información clasificada. Los tres fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.
El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, confirmó la responsabilidad del exfuncionario del desaparecido DAS, Giancarlo Auque de Silvestri, en los hechos de tortura agravada contra la periodista y defensora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, en el marco de un plan sistemático de persecución contra opositores políticos y organizaciones sociales.Según el fallo, los hostigamientos fueron diseñados desde la inteligencia estatal para intimidar y neutralizar su labor periodística, especialmente por sus investigaciones en el asesinato de Jaime Garzón.La sentencia advierte que el DAS desplegó un “plan criminal” con seguimientos, interceptaciones, campañas de desprestigio y amenazas directas contra la comunicadora y su hija menor.Uno de los mensajes citados en la decisión refleja la sevicia con que actuaron los agentes: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir, nos tocó meternos con lo que más quiere”.El documento también recuerda que la periodista fue obligada al exilio en dos ocasiones y que el objetivo era desestabilizarla emocionalmente para silenciar sus denuncias. “Los actos de tortura cometidos contra Duque fueron ejecutados por funcionarios del DAS en desarrollo de la política interna de la institución”, señala el fallo.Cabe resaltar que en septiembre del año pasado, Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia del antiguo DAS, también se sumó a la lista de condenados por la persecución y tortura a la periodista.
El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
Tras la judicialización de un quinto hombre que aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Carmilo Peláez, en el Norte de Antioquia, pistas investigativas de las autoridades llegaron ahora hasta el Valle de Aburrá e involucran un vehículo.En un operativo realizado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, incautaron una camioneta modelo 1997 en una zona ubicada entre los sectores Los Puertos y San Simón en el municipio de Bello.El transcurso de la investigación ha llevado a determinar que ese vehículo habría sido manejado por Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’, de la banda criminal El Mesa para transportar a Andrés Camilo una vez secuestrado en San Andrés de Cuerquia en medio de un caso de presunta extorsión.La camioneta, con placas de la ciudad de Pereira, habría sido abandonada en esta zona del norte del Valle de Aburrá desde 2023, sin embargo, una vez llevada a cabo la incautación por los organismos judiciales otras preguntas surgieron en la historia.“¿Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andres Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital mental de Antioquia?”, afirmó en X Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso.Frente a estos cuestionamientos el Hospital Mental aclaró que este predio invadido fue reportado a las autoridades de 2022 cuando la Inspección Novena de Policía de Bello declaró una infracción por construcciones irregulares en un predio invadido, pero no se pudo llevar a cabo la demolición por falta de un contrato.Ante quejas y la falta de medidas, en octubre de 2025 la institución de salud radicó ante el municipio de Bello una nueva querella, pero decidió solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia que asumió el conocimiento del proceso, que actualmente se encuentra en etapa probatoria.“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, no se recibió una respuesta efectiva que permitiera restablecer el control del predio”, indicaron en el comunicado.Información en poder de las autoridades indicaría que ante la falta de una destinación para el predio, desde 2021 el grupo delincuencial El Mesa, señalado de cometer la desaparición de Andrés Camilo, se habría apropiado de esta zona permitiendo a su vez la aparición de construcciones ilegales.
Autoridades han manifestado su preocupación ante un presunto caso de maltrato infantil que derivó en la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un niño de siete meses remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.Tras los hechos que habrían ocurrido en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en el municipio de Bello, la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá se pronunció lamentando lo ocurrido.“La situación nos afecta a todos. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”, indicaron en un comunicado en el que reiteraron que el niño registraba de acuerdo al parte médico asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.Al tratarse de una situación que consideran “inconsistente con el relato de su madre”, una mujer de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, quien indicó que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda”, pidieron a las autoridades investigar.“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, detallaron en el pronunciamiento.La Alcaldía también detalló que tras conocer el caso y el niño era atendido en el centro asistencial ya habían gestionado su llegada a un hogar sustituto de cuidado especial, pero su traslado no fue posible al fallecer.También recordaron a la ciudadanía que en caso de conocer alguna situación de maltrato a un menor de edad puede reportarse a la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en la Fiscalía, Comisarías y Personería del municipio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.
Unas 451.000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses (de junio 2026 a febrero 2027 ) de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal, según un informe de este miércoles del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.Los científicos prevén que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, debido en gran medida al actual ‘Súper El Niño’.Estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que, según las proyecciones, traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal."En la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro —exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas— antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos", citó el estudio.Los investigadores creen que las cifras de muertes "aumenten aún más" de las 451.000, especialmente porque los efectos —como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor— se prolongarán hasta junio y julio de 2027.Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65.000 muertes relacionadas con el calor.Los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40.000 muertes en total, mientras que Brasil podría experimentar hasta 13.300 muertes por calor en esos nueve meses.En Estados Unidos los científicos proyectan que El Niño podría dejar hasta 3.500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas.Colombia yVenezuela se exponen a registrar 2.200 y 2.300decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico.
