La Sala de Reconocimiento de la JEP decidió citar a 12 militares en retiro por su presunta responsabilidad en casos de falsos positivos que se cometieron en el departamento del Valle del Cauca, la decisión se toma después de que el despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez recopilara información sobre operaciones que se desarrollaron en Cali, Buga y Tuluá, Ginebra, entre otros."La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado ocurridos en el departamento del Valle del Cauca. Por solicitud de la Sala, el 8 de septiembre de 2023 el Grupo de Análisis de la Información (Grai) remitió al despacho relator del caso 05 una tabla preliminar de hechos violentos presuntamente cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en el departamento del Valle del Cauca. En dicha tabla se relacionan 1995 registros que involucran a 1598 personas que integraron la fuerza pública por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. En lo relacionado con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, en la tabla aparecen 307 registros únicos", señaló la JEP.Según algunos informes entregados a la JEP los falsos positivos que se presentaron en esta zona del país habrían sido cometidos en algunos casos por la fuerza pública y en otras ocasiones a través de alianzas con grupos paramilitares. Incluso se habla de la posibilidad de que existieran alianzas con el Cartel del Norte del Valle del Cauca."Los informes que se han presentado hasta el momento por parte de varias organizaciones de víctimas de la zona priorizada en el caso 05 han señalado la existencia de nexos entre la fuerza pública y las autodefensas para lograr el control territorial mediante una violación sistemática de los derechos humanos", explicó la JEP.Por otro lado, también hay al menos 5 exparamilitares que ante la JEP han hablado sobre presuntas alianzas entre las Autodefensas y la fuerza pública en el Valle.“De la fuerza pública como le digo sí compartíamos información, nosotros compartíamos información, lo que era con el Ejército, la Policía, porque teníamos personas, unas personas que las llamábamos coordinadores y estas personas eran las que, las que vivían en contacto con los militares, los urbanos, porque los urbanos pasaban más en los pueblos y tenían contacto con la Policía, con el Ejército, con el DAS, porque nosotros compartíamos mucha información con el DAS, en el Valle. Porque el Bloque Calima como lo he dicho los primeros comandantes que conformaron el Bloque Calima como comandantes superiores todos pertenecieron a las Fuerzas Militares al Ejército y entonces nos quedaba, nos quedaba fácil de tener contacto con las Fuerzas Militares, porque ya estas personas conocían coroneles que habían sido cursos de ellos", señaló en diligencia ante la JEP Elkin Casarrubia, quien era conocido con el Cura.Ante esta situación, 12 militares en retiro fueron llamados a versión voluntaria. En la lista aparece el coronel Bayron Carvajal, el mayor (RA) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el coronel (r) Jorge Enrique Florián Díaz y el general Hernando Pérez Molina.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se expida un nuevo pasaporte a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, a quien el mismo Tribunal le canceló este documento en 2014 por su participación en las ‘chuzadas’.María Del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años de cárcel en 2015 por las ‘chuzadas’ del DAS, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, y quedó en libertad condicional en 2022 por orden de la Corte Suprema.Blu radio conoció que, en una audiencia reservada, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó que se expida un pasaporte nuevo para la exdirectora del DAS, quien duró nueve años sin este documento.La exdirectora del DAS no tiene pasaporte desde 2014, cuando el mismo Tribunal Superior de Bogotá se lo canceló. María del Pilar Hurtado tuvo que pedir excusas públicas por haber espiado ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados.Cabe recordar que la exdirectora del DAS fue condenada por la Corte Suprema tras los seguimientos y llamadas a periodistas, defensores de derechos humanos, oposición, entre otros. Los delitos cometidos fueron durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en los años 2007 y 2008.Le puede interesar:
La JEP decidió consultar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, que tienen relación con el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que se registraron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Lo anterior, después de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos en la cual se pedía que las víctimas pudieran tener acceso a dichos archivos.En esta decisión, también se tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se determinó que el Estado colombiano era responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones."En lo que atañe al caso concreto, la sala observa que el 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) dictó sentencia dentro del caso 'Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia', declarando al Estado colombiano como responsable por graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985", señaló la JEP en ese momento.Sin embargo, por diferentes medios, las víctimas y algunas organizaciones han manifestado su preocupación, pues aseguran que hay restricciones y limitaciones para acceder a la información, es por esto que la JEP señala que se podrían estar vulnerando los derechos de las víctimas y por eso ordena que se garantice el acceso a los documentos."Ordenar a la Dirección Nacional de Inteligencia y al Archivo General de la Nación que procedan a dar trámite favorable a la actual solicitud y a las solicitudes futuras de consulta y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, relacionadas con la Sentencia del 14 de noviembre de 2014 en el caso ‘Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia’, para lo cual se deberá dar cumplimiento estricto a los protocolos de seguridad necesarios para las actividades de acceso y consulta de la información vigentes", explicó la JEP.Le puede interesar:
En primera instancia, un juzgado especializado condenó al exagente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz a 20 años de prisión por su participación en el asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, crimen perpetrado el 26 de abril de 1990.Su hija, la senadora María José Pizarro, fue una de las primeras en reaccionar y celebrar la decisión entre sensaciones “agridulces”. Por otra parte, aseguró que esta decisión enruta las investigaciones a otro de los máximos responsables. Pizarro nombró al general (r) Miguel Maza Márquez, quien era director del DAS cuando se dieron los hechos.“Se construyó todo un aparato y una estructura criminal que minó la posibilidad de que sectores alternativos pudieran llegar a dirigir los destinos de este país. Es decir, no es solamente un crimen de lesa humanidad, es un crimen contra la paz y es un atentado también contra el pensamiento político de izquierda en nuestro país”, dijo la senadora María José Pizarro.Cabe mencionar que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación a Maza Márquez por los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir agravado, el pasado 1 de septiembre, en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000.La defensa de María José Pizarro constituida por la Comisión Colombiana de Juristas afirmó que este es un paso muy importante, tras 30 años de estar en materia de investigación.“Este fallo nos da la razón de esta discusión jurídica de muchos años que hoy por hoy da uno de los pasos más importantes. Da certeza que existió un contexto en donde el DAS generó alianzas con grupos paramilitares para realizar ciertos tipos de crímenes y delitos", afirmó Sebastián David Bojacá Peña, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas y abogado de María José Pizarro Rodríguez.De acuerdo a lo que sigue en el proceso, la defensa de Jaime Ernesto Muñoz podría apelar la decisión al ser un fallo de primera instancia.Le puede interesar "Cerca de 21.000 jóvenes están desempleados en Cucúta quienes piden ayuda urgente del Gobierno local":
En la mañana de este miércoles, 20 de septiembre, sigue la jornada de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, que se realiza en Yopal, en la que 21 exintegrantes del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles reconocen su responsabilidad en la comisión de 303 asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate en Casanare, los llamados falsos positivos.Siga la audiencia acá:
Entre las personas que están reconociendo su responsabilidad en casos de falsos positivos en el Casanare se encuentra el exdetective Orlando Rivas, quien fue director del DAS en el Casanare entre los años 2005 y 2007.Durante su intervención durante la audiencia de reconocimiento de la JEP, en Yopal, Rivas explicó que el DAS cumplía órdenes directamente de la Presidencia, y en que en esa época la orden desde el Gobierno habría sido que había que cooperar con la fuerza pública, según él, este fue el inicio de la participación de algunos funcionarios del DAS en los casos de falsos positivos.“La estigmatización de la población civil en zonas de alta injerencia de grupos subversivos se originó como parte de las políticas de seguridad democrática y estaba encaminada a la afectación de aparentes integrantes o colaboradores de grupos al margen de la ley, esta política de estigmatización fue aplicada por el DAS a nivel nacional”, señaló Rivas.En el mismo sentido aseguró que en el caso de los falsos positivos la justicia penal militar tiene responsabilidad por omisión, también señaló a funcionarios de la Fiscalía que supuestamente tendrían conocimiento de estos casos, asegurando que miembros del Ejército, la Policía y el DAS tienen responsabilidad en estos hechos.Puede ver:
El director del Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, declaró bien de interés cultural el fondo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), expedido mediante una resolución reciente.Se trata de un archivo integrado por 60.000 cajas, aproximadamente, y otras unidades de almacenamiento, que incluyen los archivos administrativos y los denominados como archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados.La directora del archivo general de la nación, Ivonne Suárez Pinzón, destacó en un comunicado de la entidad que es es una decisión que prioriza los derechos de las víctimas."Aspiramos a que esta declaratoria, permita en el tiempo dar acceso a la información de manera íntegra. Es, además, una herramienta de valor para los procesos judiciales nacionales o internacionales en curso, para el aporte a la verdad y para las acciones de memoria y de investigación histórica”, indicó.El fondo, según la funcionaria, se convierte en una herramienta esencial para que las víctimas y la sociedad colombiana puedan descubrir la verdad en un momento importante de la historia del país.Esto se logra, explicó, al permitir que se descubran acciones o comportamientos que van en contra de las normas, y que puedan llevar a identificar quiénes son responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos y de actos que violaron las reglas humanitarias internacionales durante el conflicto armado en Colombia.Le puede interesar:
El 3 de marzo de 1989 el dirigente del entonces partido político Unión Patriótica José de Jesús Antequera fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por el cual fue sindicado un sicario que también falleció en el lugar de los hechos.Luego de 34 años, la Fiscalía acusa a tres ex detectives del DAS por el asesinato del líder político.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, José Antequera Guzmán, hijo del dirigente de la Unión Patriótica, habló sobre cómo, en su familia recibieron esta acusación de la Fiscalía.Antequera Guzmán recordó cuando se enteraron del asesinato de su papá; contó que mientras estaba junto a su hermana, siendo muy pequeños, escucharon la noticia en la radio.“No sé qué le costó la vida a mi papá, nada tiene ese precio. Las razones del asesinato están vinculadas a las denuncias que hacía mi papá”, dijo.Al ser preguntado sobre si ha habido justicia en estos procesos, criticó fuertemente la justicia y señaló que ha habido resultados por cuenta de las acciones jurídicas y políticas de parte de las víctimas.“Ha habido impunidad. La impunidad es parte de la estrategia en el asesinato. Que las justicia se haya movido, es a partir de los abogados y las víctimas”, finalizó.La Fiscalía presentó cargos formales contra tres detectives del DAS, el desmontado departamento de inteligencia colombiano, por el asesinato del excandidato a la Presidencia por la Unión Patriótica (UP) José de Jesús Antequera y por las heridas causadas a siete personas, incluido el expresidente Ernesto Samper.Durante los sucesos también falleció un hombre de 21 años que fue presentado por las autoridades como sicario, pero que según la investigación "habría sido un señuelo que hicieron pasar como delincuente para justificar la reacción de los hoy acusados, que accionaron sus armas indiscriminadamente", alegó la Fiscalía."El material probatorio advierte que el supuesto agresor, al parecer, no portaba armas y simplemente esperaba en una fila de viajeros con un maletín. Sin embargo, los escoltas del dirigente abrieron fuego sin control hasta causarle la muerte", relató la Fiscalía.Le puede interesar:
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el general (r) Miguel Maza Márquez por su responsabilidad en el homicidio de Carlos Pizarro, quien era candidato de la Alianza Democrática M-19 y fue asesinado el 26 de abril de 1990.La Fiscalía vinculó formalmente al general (r) Miguel Maza a la investigación por los siguientes delitos: homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir agravado, en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000.Las responsabilidad del general (r) en la muerte de Carlos PizarroY es que las pruebas que tiene hoy el ente investigador evidencian que el esquema de Carlos Pizarro habría sido debilitado días antes de su muerte, hecho que permitió que fuese más fácil el asesinato; según la Fiscalía General de la Nación, el general (r) también habría desviado la investigación para que no se conociera quiénes fueron los responsables del homicidio."El contexto indica que este sería un patrón criminal al que, presuntamente, recurrieron algunos agentes del DAS para silenciar a los autores materiales de magnicidios de otros líderes políticos de la Unión Patriótica, como fue el caso de Bernardo Jaramillo y José Antequera", dijo la Fiscalía.Ahora, lo que quiere descubrir la Fiscalía en esta investigación es el 'modus operandi' del proceder del escolta que le disparó a Carlos Pizarro. Además, hay indicios que por cuenta de esta estrategia del general (r) Maza la investigación llevó a prestar la atención hacia Pablo Escobar, quien fue relación con el crimen.¿Cómo fue el asesinato de Carlos Pizarro?Fue el 26 de abril de 1990 cuando en medio de la campaña presidencial de ese año, el entonces candidato del M-19, Carlos Pizarro, tomó un vuelo hacia Barranquilla junto a escoltas del DAS. Sin embargo, en el mismo avión en el que se desplazó iba alias 'Jerry', quien con una metralleta atacó al candidato.Pese a los esfuerzos médicos, Carlos Pizarro falleció por la gravedad de sus heridas en la clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL). El homicida fue asesinado por los escoltas del candidato.Le puede interesar
La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar toda la información que la periodista Claudia Julieta Duque había solicitado sobre los registros de GPS recolectados de los vehículos del esquema de seguridad que le fueron asignados.“La entrega de esa información resulta relevante para la efectividad de otros derechos fundamentales de la accionante, como lo son la seguridad e integridad personal, de manera que la respuesta por parte de la entidad deberá realizarse en el menor tiempo posible, y ser íntegra y completa”, expone el fallo.En el documento también le ordenaron a la entidad de protección que elimine la información que repose en las bases de datos vinculada a la georreferenciación de los carros que le fueron asignados a la periodista, salvo aquella que sea estrictamente necesaria para cumplir con los mandatos constitucionales.Dentro de esa orden, la UNP deberá informarle a la periodista cuáles son los datos que no se pueden eliminar, pero, además, el director de la entidad deberá iniciar una actuación administrativa para devolverle el esquema de seguridad, a partir de la verificación de su actual nivel de riesgo.Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró que “la Corte Constitucional le ordena a la UNP entregar la información recopilada por GPS a la periodista Julieta Duque, pero declara que instalar un GPS en su vehículo de protección no violó sus derechos”.Le puede interesar:
Además de las denuncias que ya están en Procuraduría y las investigaciones que recientemente anunció la Personería Distrital, la Fiscalía General también ha decidido poner la lupa sobre presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Participación Ciudadana durante la administración de Daniel Quintero, y específicamente en la ejecución del Presupuesto Participativo.Y es que a través de dos recientes cartas dirigidas a esta dependencia de la administración distrital, el ente acusador pidió mayores detalles sobre dos contratos suscritos en 2020 y 2021 con Plaza Mayor en el marco de la “Operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento” de dicha Secretaría.Según una denuncia radicada a finales de marzo ante la Procuraduría, desde el liderazgo y supervisión de ese contrato, a cargo de Gloria Echeverri Lopera, se habría direccionado la subcontratación de Plaza Mayor detallando en un documento comuna a comuna y entidad por entidad con quién se debía ejecutar estos recursos por más de 25 mil millones de pesos repartidos en 16 corporaciones.En su solicitud la Fiscalía pidió especificar si esos contratos tuvieron adiciones, además de la relación y constancias de pago durante su ejecución. También pidieron los números de cédula y datos de ubicación de los integrantes de los comités de Planeación, Direccionamiento Contractual y Estructuración y Valoración Contractual.Para el momento de estos hechos el secretario de Participación Ciudadana era Juan Pablo Ramírez, quien en marzo de 2022 renunció para unirse a la campaña de Gustavo Petro en Medellín, luego retornó al gabinete como Secretario de Gobierno y más recientemente aterrizó en el Gobierno nacional como subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales en el Ministerio de Hacienda.
Después de cuatro meses de búsqueda en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, fue capturado en el centro de Bucaramanga Luis Alberto Pájaro Herrera, de 29 años, señalado de ser el autor de una balacera que dejó tres personas muertas y tres más heridas en la ciudad de Santiago de Chile.Contra Pájaro Herrera había una orden de captura roja internacional de la Interpol por los homicidios que cometió en Chile. Tras una exhaustiva investigación entre las autoridades colombianas y del país austral se pudo realizar el operativo donde fue capturado el ciudadano de origen venezolano.“Este hombre, de nacionalidad extranjera está relacionado con un violento incidente ocurrido el 29 de diciembre de 2023, en la ciudad de Santiago de Chile. Los hechos que llevaron a la captura de este individuo tuvieron lugar durante un enfrentamiento armado entre dos grupos o bandas que dejó la muerte de tres personas, incluida una menor de edad, y dejó a tres personas más heridas”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.En próximas horas sería extraditado Luis Alberto Pájaro Herrera a Chile para que responda judicialmente por los hechos que ocurrieron el 29 de diciembre de 2023.Ese día en el barrio Pedro Aguirre Cerda, en la ciudad de Santiago de Chile, se presentó una balacera entre bandas criminales donde participó Pájaro Herrera. Las balas impactaron hasta causarle la muerte a dos ciudadanos colombianos de 25 y 30 años. Una menor de 13 años quien se encontraba realizado un video para subir a sus redes sociales también murió.Otras tres personas adultas resultaron heridas y fueron levadas a un centro médico de Santiago de Chile. Después las autoridades de ese país identificaron a Luis Alberto Pájaro como responsable de los homicidios e iniciaron su persecución internacional porque se conoció que había abandonado Chile en enero de 2024.
En una audiencia reciente, la jueza 53 determinó que Marelbys Meza, Fabiola Perea, Johnson Pineda, la fiscal Marbel Morales y el fiscal Óscar Gutiérrez sean considerados víctimas en la investigación a las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia. Sin embargo, la defensa de los policías, a cargo de Miguel Ángel del Río, apeló esta decisión argumentando la falta de claridad sobre los daños sufridos por las supuestas víctimas.El Tribunal Superior de Bogotá deberá responder a esta apelación en el desarrollo del caso. Los elementos de prueba recabados sugieren que Alfonso Quinchanehua habría instruido a Dana Canizales para alterar partes de una entrevista realizada a Marelbys Meza en relación con la pérdida de dinero en la residencia de Laura Sarabia en enero de 2023.El informe resultante de esta manipulación incluyó detalles sobre el uso de un servicio de transporte privado por parte de Meza después de su jornada laboral, utilizado aparentemente para justificar una declaración atribuida a un conductor de plataformas virtuales de transporte. Las investigaciones indican que Quinchanehua habría presionado a Canizales, tanto verbalmente como a través de mensajes, para que procediera de manera irregular.Este nuevo delito, por el cual Quinchanehua enfrenta acusaciones adicionales, se suma a los cargos previos de fraude procesal y falso testimonio, los cuales hasta ahora ha negado.El caso de las supuestas chuzadas a Marelbys Meza continúa generando atención y debate en el ámbito legal y público, ya que pone de manifiesto la importancia de garantizar la integridad y el respeto a los derechos fundamentales en las actuaciones policiales.
La acción que fue llevada a cabo por la Fuerza Pública en la vereda La Cara del corregimiento de La Unión en Puerto Nare dio con la ubicación de cuatro minas de oro que fueron destruidas en esta región del Magdalena Medio.Según el reporte entregado por las autoridades, en este lugar fueron intervenidas cinco dragas, ocho motores, 10 motobombas y tres retroexcavadoras que eran usadas para la producción de cerca de seis kilogramos de oro mensualmente.Aunque indica la Policía Nacional que fue un golpe certero a las finanzas ilegales, también aseguró que continuarán con las acciones en contra de la minería ilícita en Antioquia.Corte ordena a MinTrabajo y MinMinas tener control de los lugares donde se lleva a cabo la mineríaFinalmente, reconocieron que con la destrucción de las cuatro minas también se ayuda al medio ambiente, puesto que dichos depósitos ilegales utilizaban mercurio para sacarle el máximo provecho al oro y por ello los agentes naturales de este sector de Puerto Nare se estaban viendo gravemente perjudicados.
Desde el colegio San Juan Bautista de La Salle en Zipaquirá, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro pidió ondear bandera del M-19 en el acto público para homenajear al exjefe guerrillero Carlos Pizarro.“No les gusta que la saquemos, pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro que estuvo aquí en Zipaquirá, que salió a cambiar el mundo, después fue guerrero andante conmigo, después, asesinado. Esa generación derogó la constitución de 1886, proclamó la de 1991 y hoy es parte del Gobierno de Colombia”, dijo el presidente.En desarrollo.