Jorge Aurelio Noguera Cotes, quien fuera el primer director del DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y quien fue condenado por homicidio y espionaje, está ad portas de quedar en libertad.Noguera está detenido desde el 22 de febrero de 2007, es decir, hace más de 13 años, ante lo cual, sus abogados solicitaron ante el juez 29 de ejecución de penas de Bogotá, su libertad inmediata por haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta en su contra.Contra el exdirector del DAS fueron proferidas dos condenas por la Corte Suprema de Justicia: una de 25 años de cárcel por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa De Andreis, a quien desde el organismo de seguridad le hicieron un montaje antes de matarlo, para vincularlo como supuesto ideólogo de la guerrilla de las Farc.La otra condena contra Noguera se produjo por el escándalo de las “chuzadas” que se cometieron desde el DAS entre 2002 y 2005 contra dirigentes políticos opositores, sindicalistas y periodistas críticos del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, por medio de un grupo interno llamado G3, que estuvo al mando del oscuro exsubdirector del organismo de seguridad, José Miguel Narváez.Jorge Noguera está ad portas de recuperar la libertad condicional, solamente se debe confirmar que no tiene otros procesos pendientes y tendrá que pagar una caución, antes de quedar libre, pero todavía quedan muchos interrogantes por esclarecer sobre sus actuaciones:En el caso del asesinato de Alfredo Correa De Andreis, faltan muchos elementos de la verdad por esclarecerse, entre ellos, se necesita escuchar la versión del exjefe del bloque norte de las autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, quien participó activamente en el plan para matar al sociólogo.Noguera tiene una gran deuda pendiente con la sociedad colombiana en el sentido de que debe contar la verdad sobre el origen y desarrollo de la infiltración del paramilitarismo en el DAS, ya desaparecido, pero que tenía una vinculación directa con la Presidencia de la República.En el caso de las “chuzadas” del DAS, Jorge Noguera debería aprovechar que queda en libertad para contar quién le dio la orden de espiar a los opositores y críticos durante el primer gobierno del expresidente Uribe.Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Los familiares del profesor Alfredo Correa De Andreis dicen que no los toma por sorpresa la libertad del exdirector del DAS Jorge Noguera, pero afirman que falta atar muchos cabos sueltos para aclarar el homicidio y varias personas aún no han respondido ante las autoridades como el detective Javier Valle Anaya y el líder paramilitar Jorge 40."Esperamos que Jorge 40 confiese toda la verdad sobre el porqué de la decisión de matar a Alfredo Rafael. Lo veo muy difícil, pero bueno", expresó Magda Correa, hermana de la víctima. Jorge Noguera Cotes recuperará la libertad por orden del Juzgado 29 de Ejecución de penas de Bogotá. Cumplió las tres quintas partes de la condena que le impusieron en el año 2011 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 25 años de cárcel por el homicidio de Alfredo Correa De Andréis. Había sido capturado el 22 de febrero de 2007.Alfredo Correa fue asesinado el 17 de septiembre de 2004, junto a su escolta, luego de un montaje que le hizo el DAS en el que lo señalaron de ser ideólogo de la guerrilla de las Farc.
El exdirector del DAS Jorge Noguera quedó en libertad condicional por tiempo cumplido, según lo confirmó la defensa del exfuncionario.La decisión la tomó el juzgado 29 de ejecución de penas de Bogotá, que consideró que Noguera Cotes, condenado por homicidio y escuchas ilegales a una pena de 28 años de prisión, cumplió la mitad de esta sentencia.Para lograr su libertad, el exdirector del DAS deberá pagar una caución y firmar un acta de buen comportamiento.Noguera dirigió el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el primer gobierno del ahora expresidenteÁlvaro Uribe (2002-2010).Fue sentenciado por concierto para delinquir agravado como autor del homicidio de Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis, quien era un prestigioso sociólogo de Barranquilla, que fue asesinado por paramilitares en septiembre de 2004, cuando Noguera estaba todavía al frente del DAS. Correa era señalado como un supuesto auxiliador e ideólogo de la guerrilla de las FARC.El exjefe de inteligencia también fue condenado por participar en la desaparición de varios sindicalistas en el país.Noguera fue ejecutivo de la primera campaña electoral de Uribe en la costa norte del país, renunció al DAS en medio del escándalo por denuncias de la infiltración y luego viajó a Milán (Italia), donde ejerció como cónsul, cargo del que dimitió posteriormente.El exjefe del DAS fue detenido el 22 de febrero de 2007 y estaba recluido en una cárcel de Bogotá.El expresidente Uribe pidió disculpas, en su momento, por el apoyo brindado a Noguera durante su gobierno.“Nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter ( @AlvaroUribeVel).
Desde la Casa de Nariño, el Gobierno realizó un acto público de perdón, en términos judiciales un acto público de desagravio, a favor del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, por las chuzadas ilegales del DAS.Acatando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Presidencia de la República y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado pidieron perdón al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez y a su familia, por las interceptaciones ilegales realizadas en el gobierno del expresidente Álvaro Urbe Vélez.El Tribunal lo ordenó tras condenar las polémicas chuzadas realizadas por el extinto DAS en una sentencia de reparación directa.El exmagistrado auxiliar Velásquez estuvo presente en la Casa de Nariño y recibió las disculpas por estos seguimientos ilegales realizados entre 2007 y 2009.“El Estado se equivocó y le ofrezco al señor Iván Veláquez Gómez las más sinceras disculpas y el firme compromiso de evitar que casos como este se vuelvan a repetir”, puntualizó Camilo Gómez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado.
La Corte Suprema confirmó el fallo que negó la tutela con la que la exdirectora del extinto DAS, María del Pilar Hurtado, intentaba impugnar la condena de 14 años de prisión por interceptaciones ilegales.La tutela fue instaurada en agosto de 2015, pero la Sala Laboral de la Corte Suprema señaló en ese momento que se solicitó la nulidad de lo actuado y no una impugnación de fallo, es decir, revisar la condena por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad.El 5 de agosto de este año, esa tutela fue aceptada nuevamente para estudio y por eso la Corte volvió a pronunciarse sobre el caso por las interceptaciones ilegales.Hurtado aseguraba que su juicio no fue imparcial porque fue en una única instancia en la Corte Suprema, pues fue juzgada como aforada porque las conductas se cometieron entre 2007 y 2008, cuando era directora del DAS.Añade que “no existió actuación irregular alguna por parte de la autoridad denunciada” pues interpretó las pruebas “de cara a las normas pertinentes, razón por la cual, no puede un juez constitucional atravesar la órbita de lo que no le compete”.Concluyó que “la autoridad cuestionada no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante”.
Con su declaración, el ente acusador busca determinar el rol del escuadrón del Departamento Administrativo de Seguridad en la operación de recuperación. La diligencia será este martes a las 8:30 de la mañana en el búnker de la Fiscalía en donde a Maza Márquez se le interrogará, también, por un informe de inteligencia y de operaciones de lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985, que algunos testigos han mencionado pero que es desconocido en medio de la investigación. También fueron citados en calidad de testigos Iván Duque, exministro de Minas y Energía, Gustavo Castro Guerrero y Liliam Suárez, secretaria del Departamento Administrativo de la Presidencia. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Tras la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe, sectores políticos aseguraron que Santiago Uribe le debe muchas explicaciones al país sobre la creación de grupos paramilitares. -Tras la muerte de 8 uniformados este fin de semana por cuenta de las acciones del ELN, el ministro de Defensa le reiteró a esa guerrilla que debe dejar de hacer política con armas. -Por falta de quorum está en veremos el debate programado para este lunes en el Congreso sobre reforma a la Ley de Orden Público que permitirá al presidente definir las zonas de concentración y levantar las ordenes de captura a guerrilleros rasos para la entrega de armas. -El Gobierno mexicano emitió una alerta para seis estados del país por el robo de una fuente radiactiva que "puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor". La Secretaría de Gobernación señaló en un comunicado que el robo se produjo el sábado pasado, cuando la fuente radiactiva de iridio-192, utilizada en radiografía industrial, era transportada en una camioneta en el municipio de San Juan del Río, en el central estado de Querétaro.
“No aprendimos, la Policía está envuelta en un escándalo muy grave por los mismos hechos”; sin embargo, Martínez afirma que esto podría evitarse (Lea también: Control político a Palomino por incremento de patrimonio y comunidad del anillo). Sobre el que puede ser considerado el mayor escándalo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el entrevistado expuso que “las chuzadas arrancan cuando las organizaciones de derechos humanos realizan el primer informen de la seguridad democrática sobre esta materia en 2003”. Estamos en #MesaBLU recordando la época de horror del DAS. Nos acompaña @JulianFMartinez con su libro ChuzaDAS pic.twitter.com/ztTNKe1rc7 En ese sentido, Martínez indica que Uribe no recibió el documento de buena manera y dio a entender que “defender derechos humanos es terrorismo” y eso fue interpretado como una orden (Lea también: A juicio Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez por chuzadas). Por esa razón, el periodista de Noticias Uno afirma que se comienza a realizar una persecución a periodistas, congresistas –como Gustavo Petro y Piedad Córdoba-, magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Teniendo esto en cuenta, el informador aclaró que el extinto DAS tenía los poderes legales para verificar información; “el problema es que no encontraron pruebas. Manipularon la información que recolectaron y por poner un ejemplo, lograron que cuando cada colombiano piense que cada vez que ve a Piedad Córdoba, la asocian inmediatamente con las Farc” (Lea también: Periodistas de Noticias Caracol habrían sido víctimas de chuzadas). El libro de Julián Martínez tiene un valor de 39 mil pesos y ya está disponible en las librerías; según su autor hay una gran cantidad de documentos sustentados que se relación con el contexto nacional de la época en un sentido narrativo.
Blu Radio tuvo acceso al escrito de acusación de 26 páginas, en el que la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo Del Castillo y al exsecretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, por concierto para delinquir y otros delitos. Para la Fiscalía es claro que hubo un “acuerdo ilícito entre miembros del Gobierno Nacional y funcionarios del DAS, cuyo fin primordial fue desprestigiar o desacreditar a altos funcionarios del Estado, concretamente a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, periodistas y en general opositores del Gobierno a quienes se catalogó y trató como “blancos políticos”. (Vea además: Edmundo del Castillo dice que desconocía que se iba a reunir con un paramilitar). El documento de la Fiscalía, radicado en los juzgados de Paloquemao, relata lo sucedido en un desayuno llevado a cabo el 12 de Septiembre de 2007 en el Club Metropolitan entre el secretario general de Alvaro Uribe, Bernardo Moreno y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. En ese desayuno, según los investigadores, Moreno transmitió a Hurtado, condenada por este escándalo, para que mantuviera informado al alto Gobierno sobre cuatro aspectos específicos: la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell. Para la Fiscalía, César Mauricio Velásquez y Edmundo Del Castillo “conocieron y participaron en las ilícitas actividades ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva en la consecución del propósito criminal”. Luego señalan que Velásquez y Del Castillo “fueron receptores o consumidores de la información recaudada por el DAS, la UIAF y algunos particulares y además intervinieron en su posterior divulgación”. Igualmente, el fiscal del caso señala que los actos cometidos por César Mauricio Velásquez y Edmundo Del Castillo, “claramente desbordaba sus funciones y atribuciones legales y reglamentarias”. En el documento, la Fiscalía hace un recuento del choque institucional desde 2006 entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia por las decisiones en contra de congresistas presuntamente vinculados con el paramilitarismo. (Lea también: Fiscalía imputa cargos a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez). Se recuerda el ‘Plan Escalera’ en el que se instalaron grabadoras en la Sala Plena de la Corte y se reclutaron fuentes humanas para obtener información de los procesos que allí cursaban, “información que era de interés para el Gobierno Nacional”. En el ‘Plan Escalera’ entra en escena Alba Luz Florez Gelvez, la famosa ‘Mata Hari’ del DAS que reclutó fuentes adentro de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de averiguar sobre los procesos contra el expresidente del Senado Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe y contra la exsenadora Piedad Córdoba. Posteriormente recuerda el caso ‘Paseo’, en el que la UIAF y el DAS recopilan información sobre un viaje Bogotá – Neiva de varios magistrados a un homenaje al expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez, con el fin de vincularlos con Ascencio Reyes, empresario que en algún momento fue cuestionado por supuestos nexos con el narcotráfico y posteriormente al fallecido narcotraficante italiano Giorgio Sale, famoso por sus restaurantes y por sus nexos con Salvatore Mancuso. En este caso, la Fiscalía señala que el 21 de Abril de 2008, el entonces Secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez convocó a la directora del DAS a una reunión en la Casa de Nariño para conocer la información obtenida sobre Ascencio Reyes. Luego recuerda que el 24 de Abril de 2008 se llevó a cabo en la Presidencia de la República otra reunión convocada por el Secretario General a la que asistieron entre otros el Senador José Obdulio Gaviria y el entonces secretario jurídico Edmundo Del Castillo en la que se analizaron los seguimientos del DAS y de la UIAF a los magistrados que habían viajado a Neiva. Dice el expediente que en esa reunión, “el secretario jurídico de Presidencia Edmundo Del Castillo confirmó la identificación de José María Ortiz, alias “Chepe Ortiz” y entregó documentación sobre su extradición. La Fiscalía concluye que Edmundo Del Castillo y César Mauricio Velásquez “conocieron las actividades desarrolladas por los organismos de inteligencia del Estado para acopiar información financiera, privada y semiprivada de los magistrados de la Corte Suprema y de otras altas corporaciones”. Adicionalmente dice que ellos dos “requirieron los resultados de esas averiguaciones, recibieron parte de la información recaudada por los organismos de inteligencia estatal y además participaron en la divulgación o filtración a medios de comunicación con el ánimo de desprestigiar a los funcionarios judiciales ante la opinión pública”. Posteriormente se menciona el caso Tasmania que también involucra al DAS, y que tendría como fin el desprestigio del jefe investigador de la “parapolítica”, Iván Velásquez. En el escrito de acusación también se hace referencia al ingreso de Antonio López, alias ‘Job’, exparamilitar, a la Casa de Nariño por el sótano con el fin de crear montajes contra la Corte Suprema de Justicia. Según la Fiscalía, Diego Álvarez, abogado de alias ‘Don Berna’ y Edmundo Del Castillo, “acordaron realizar grabaciones ocultas o clandestinas, supuestamente para preconstituir pruebas sobre ofrecimientos indebidos provenientes de la Corte Suprema”. Uno de los hechos más graves que relata la Fiscalía es que las grabaciones que hacía ilegalmente el abogado Diego Álvarez, “eran remitidos a la Presidencia de la República, con destino, entre otros, al entonces Secretario Jurídico Edmundo Del Castillo”. Agrega que grabaciones hechas a exparamilitares como Pablo Hernán Sierra o Rafael García, eran remitidas al entonces Secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo Del Castillo. Posteriormente se hace referencia a reuniones convocadas por Edmundo Del Castillo con presencia de personajes investigados por nexos con paramilitares como el exgobernador del Cauca Juan José Chaux y alias ‘Job’, con el fin de definir estrategias para hacer las grabaciones ilegales. El expediente narra el ingreso de alias ‘Job’ a la Casa de Nariño el 23 de Abril de 2008, luego de que Edmundo Del Castillo hubiera convocado a la entonces subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, a los abogados encartados y al entonces Secretario de Prensa de Presidencia César Mauricio Velásquez. Luego hacen un recuento del espionaje y desprestigio a la excongresista Yidis Medina, quien denunció que había sido comprada para votar a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe y que salpica a Edmundo Del Castillo y a Sergio González. Edmundo Del Castillo Se llama a juicio “por requerir el recaudo de información relacionada con el máximo tribunal de la justicia ordinaria y la citada exparlamentaria (Yidis Medina) sin motivo legítimo, participar directamente en su recolección, recibir documentos o datos recopilados e intervenir en la entrega para ser publicados a través de medios de comunicación, con el propósito de desacreditar ante la opinión pública a las autoridades judiciales y a la exparlamentaria citada”. César Mauricio Velásquez Los actos desarrollados para “obtención y difusión furtiva de información” principalmente sobre la Corte Suprema de Justicia y la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, “no hacían parte ni guardaban relación con las funciones y competencias discernidas al cargo que desempeñaba”. Agrega que “el exsecretario de Prensa de la Presidencia de la República se habría valido de la autoridad que ostentaba para que servidores públicos de otras entidades del Estado y algunos particulares desarrollaran actividades ilegales con el fin de beneficiar intereses ajenos a la función pública”. La Fiscalía concluye diciendo que César Mauricio Velásquez recibió documentos o datos recopilados para luego “intervenir en su entrega a algunos medios de comunicación para que fuera conocida por la opinión pública y afectar negativamente la imagen de estas personas”. Sergio González Se le acusa de concertarse con servidores públicos y particulares para cometer delitos en contra de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la excongresista Yidis Medina. Adicionalmente dice la Fiscalía que “se puede afirmar con probabilidad de verdad que participó en la grabación no autorizada de comunicaciones privadas y diligencias judiciales practicadas por la Corte Suprema de Justicia, en actuaciones que tenían reserva legal”. También se le acusa por hacer montajes y difusión de información falsa contra funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en el montaje con el fin de desprestigiar a Yidis Medina. Diego Álvarez Participó en la grabación no autorizada de comunicaciones privadas y diligencias judiciales practicadas por la Corte Suprema de Justicia en actuaciones que tenían reserva y en la “realización de montajes y difusión de información falsa para desacreditar funcionarios de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
El presidente saliente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, abandonó la Casa Blanca y abordó el helicóptero presidencial, el Marine One, este miércoles para trasladarse a su nueva residencia en Florida, sin asistir a la ceremonia del cambio de mando en la cual su sucesor, Joe Biden, tomará el poder.Trump, de 74 años, caminó por la alfombra roja y abordó un helicóptero acompañado por la primera dama poco después de las 08H15 (13H15 GMT). Al salir se remitió a decir que su mandato fueron "cuatro años fantásticos" y que para él representan el gran "honor" de su vida.
Luego del accidente de la avioneta en Copacabana, que despegó del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, el alcalde Daniel Quintero Calle, abrió a través de sus redes sociales, el debate sobre la permanencia de esta terminal, debido a la dificultad que tienen los pilotos para aterrizar.“Hace unos años otro avión caía sobre 10 niños en la Bolivariana. El aterrizaje en Medellín es uno de los más difíciles en el país", dijo Quintero. "Es necesario reabrir uno de los debates más importantes de la ciudad: La permanencia del Aeropuerto en la ciudad, la conectividad aérea del departamento, la construcción de una segunda pista en Rionegro. Pronto daremos un paso importante en este sentido”, añadió.Los ciudadanos han venido dando su opinión, unos a favor, otros en contra, por tal motivo, nuevamente el alcalde Quintero Calle, insistió que sería un gran parque y aliviaría la problemática de movilidad que se tiene actualmente en la capital antioqueña.Algunos sectores económicos, advierten que Medellín dejaría de percibir la segunda entrada de recursos más importantes para la Administración, después de los dineros de transferencias por parte de EPM.Por otro lado, la salida del concesionario Airplain, podría darse, si se llegara a una negociación con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín, sin embargo, saldría costoso por los recursos que se deben pagar por la concesión.Igualmente, aun no se calcula cuánto costaría el traslado de la operación del Olaya Herrera al José María Córdova de Rionegro, porque la terminal internacional no está preparada para los servicios que se ofrecen en el aeropuerto de Medellín como las escuelas de aviaciónTampoco existen estudios actuales para dónde se podría trasladar la terminal de la capital antioqueña a otra subregión de Antioquia.
En las últimas horas, en el sur de Bogotá, se registró un nuevo hurto masivo por parte de varios delincuentes que, con armas blancas y de fuego, se subieron a un SITP zonal en la localidad de Ciudad Bolívar.El hecho, ocurrió en el barrio Candelaria La Nueva, según relatos, los dos hombres intimidaron al conductor mientras robaban las pertenencias de los usuarios. En el hecho resultaron heridas dos personas que fueron llevadas de inmediato a un centro asistencial en donde se recuperan.Este es el segundo hurto masivo que se registra en 24 horas. En la localidad de Rafael Uribe, en el barrio La Resurrección varios delincuentes subieron al alimentador y con cuchillos y palos amenazaron a los pasajeros. En el hecho dos personas también resultaron heridas.Según Martha, una de las habitantes del barrio y que vende tintos en una de la esquina, el robo “parecía una masacre"."Fue muy triste porque en las mismas imágenes se ve la sangre en el piso”, dijo.Por su parte, Germán Díaz, quien es conductor de una de las rutas que opera en este punto, agregó: “Se suben con cuchillo y palos esto aquí se volvió un atracadero, a mi ya me han robado tres veces, el viernes fue la última y me amenazaron, sacan unos cuchillos grandísimos.”
Un impresionante video muestra cuando una tractomula, cargada con 34 toneladas de polietileno granulado, queda colgando de un puente sobre el río La Colorada, en Barrancabermeja, Santander .Aunque se desconoce la cantidad del material químico que cayó al afluente, la Alcaldía de Barrancabermeja señaló que el polietileno granulado no es tóxico ni se disuelve en el agua.“El producto no es tóxico en el estado en que se encuentra en este momento, pero sí es importante su recolección y eso es lo que está trabajando en este momento la transportadora”, sostuvo Laura Herrera, secretaria de Medio Ambiente.
El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aclaró que el bicicarril por la calle 13, a un costado de la vía, no afectará el tráfico vehicular, tal como sucede hoy, dado que no usará un carril de la avenida.“Es una decisión muy afortunada y es la de utilizar, ni siquiera el andén, sino la playa como bicicarril. Será 3.650 metros que nos permitirán tener ese bicicarril que no afectará ningún carril vehicular”, dijo.García reveló que el bicicarril tendrá una amplitud de dos metros y estará en la zona en la que hoy pocos utilizan por falta de andén.El gobernador dijo que, desde un inicio, su administración había alertado sobre la inconveniencia de instalar maletines de concreto, que comenzarán a ser retirados.“Con muy buena intención inició el anterior proceso, pero los que recorremos esa vía a diario sabemos de la dificultad que eso iba a tener. Tendremos ese bicicarril en un espacio que hoy está lleno de escombros”, manifestó.De otro lado, el gobernador dijo que esta no es una medida definitiva porque esta será la ampliación de la calle 13, que imcluye nuevos carriles y, tal vez, una troncal de TransMilenio."Cuando comencemos la ejecución del proyecto de la calle 13 incluyen carriles por el centro de la vía. Esperamos dejarlo financiado este años con la autorización del Gobierno Nacional de utilizar los recursos de los peajes de la calle 13 para tal fin", indicó el funcionario.