La Procuraduría General de la Nación advirtió fallas en los procesos de restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia, tras una recolección técnica de información realizada durante 2025. Según el ente de control, estas situaciones han provocado que un alto número de menores permanezca durante largos periodos dentro del sistema de protección, retrasando decisiones sobre su regreso al núcleo familiar o la posibilidad de acceder a procesos de adopción.
De acuerdo con la Procuraduría, durante el análisis fueron identificadas debilidades institucionales, demoras en la resolución jurídica de los procesos y falta de talento humano en las defensorías de familia. Además, el organismo alertó sobre limitaciones en las modalidades de atención inicial, especialmente en hogares de paso y centros de emergencia.
El ente de control también evidenció casos en los que los procesos administrativos no se adelantan conforme a los parámetros legales y, en algunos expedientes, no son remitidos oportunamente a las autoridades judiciales competentes. Según la Procuraduría, estas situaciones prolongan la incertidumbre jurídica de los menores involucrados.
Dentro de los hallazgos conocidos, los procesos administrativos de restablecimiento de derechos con altas permanencias sin justificación normativa o sin actualización en el Sistema de Información Misional (SIM) se concentran principalmente en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. La Procuraduría reportó 7.963 casos en Bogotá, 4.594 en Valle del Cauca y 1.401 en Antioquia.
En el informe también se identificaron 1.411 procesos con presunta alta permanencia durante 2023, de los cuales 1.082 actualmente se encuentran en verificación por parte de la Procuraduría.
Ante este panorama, la entidad anunció el inicio de un plan de intervención nacional para acelerar la respuesta institucional frente a estos casos. Entre las medidas adoptadas se encuentran solicitudes dirigidas a las regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para resolver de manera inmediata los expedientes pendientes, la depuración del Sistema de Información Misional y el traslado de casos a los jueces de familia cuando corresponda.
La Procuraduría también advirtió que podrían adelantarse actuaciones disciplinarias relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de los procesos.
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