Roberto Prieto Uribe no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, luego de que la juez avalara la imputación presentada por el ente acusador y rechazara los argumentos de la defensa contra su vinculación formal al proceso.
Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso señaló que Prieto, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Santos, habría incurrido en irregularidades relacionadas con la presentación de los informes de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la Fiscalía, en esos documentos se habría omitido información sobre recursos y gastos relacionados con la financiación de la campaña.
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La Fiscalía también señaló que la campaña recibió ingresos provenientes de fuentes prohibidas, entre ellos recursos relacionados con la multinacional brasileña Odebrecht, pese a lo cual recibió la reposición de votos correspondiente a las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2014.
Posteriormente, explicó los hechos que atribuye directamente a Prieto Uribe y señaló: “Se le reprocha, señor José Roberto Prieto Uribe, que en Bogotá el 26 de diciembre de 2014, como gerente de la campaña Juan Manuel Santos a la Presidencia (2014-2018) de manera directa obtuvo para el Partido de La U incremento patrimonial no justificado en cuantía de 13.461.287.446 para la cual se soportó en documentos falaces en los que se omitió registrar ingresos y gastos de la campaña, particularmente los provenientes de la multinacional brasilera Odebrecht, la cual pagó los servicios prestados por la empresa panameña Paddington Venture Ltd. y también omitió reportar la donación en especie de esa misma multinacional en los valores pagados a Paddington Venture Ltd.”.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, en el informe Prieto reportó ante el organismo electoral gastos de campaña por aproximadamente 13.000 millones de pesos, pero habría dejado por fuera los recursos utilizados para pagar los servicios contratados con Paddington Venture Ltd.
Los hechos investigados están relacionados con el envío de un millón de dólares por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, esos recursos fueron utilizados para financiar un estudio de opinión y estrategia en un momento de la campaña en el que Santos se enfrentaba a Óscar Iván Zuluaga y las encuestas ubicaban a este último en una posición favorable.
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Para la realización de esos estudios, la campaña presidencial suscribió en febrero de 2014 un contrato con la sociedad panameña Paddington Ventures. El objeto incluía actividades relacionadas con la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y la elaboración de recomendaciones estratégicas para la campaña.
Según la Fiscalía, los recursos relacionados con esos servicios no fueron incluidos en los informes oficiales presentados ante el CNE, tanto en los ingresos como en los gastos de la campaña. El ente acusador sostiene que esa omisión tuvo consecuencias frente a los recursos que posteriormente recibió la campaña por concepto de reposición de votos.
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La Fiscalía afirmó que, como consecuencia de la información presentada ante las autoridades electorales, la campaña pudo acceder a la reposición de votos de primera y segunda vuelta y habría recibido del Estado un total de 13.461 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Roberto Prieto Uribe los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Tras escuchar la formulación de cargos y la decisión de la juez de avalar la imputación, Prieto no aceptó responsabilidad por las conductas atribuidas.