La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a versión libre a Sandra Ramírez, nombre de guerra de Griselda Lobo, dentro del macrocaso 07 que investiga reclutamiento forzado, violencia sexual intrafilas y desaparición forzada de menores.
En entrevista con Mañanas Blu, Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP, explicó que esta citación marca un hito en el tribunal porque "es la primera vez que se considera que una persona sin mando militar dentro de las FARC puede haber sido responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad".
Alzate precisó que la exguerrillera no enfrentará este proceso por haber causado directamente los delitos, sino por su "nivel de influencia" e "incidencia en las decisiones de los altos mandos", lo que la obliga a aclarar lo que sepa sobre 18.677 crímenes documentados.
"A partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos que tuvieron todos los frentes guerrilleros y en todas las prácticas de anticoncepción forzada y abortos forzados que se lideraron por parte de Jaime Parra y de ella para todos los frentes a nivel nacional", sostuvo Alzate.
Formación de enfermera y abuso a menores
El abogado detalló que Ramírez trasladó su formación en enfermería a otros guerrilleros que ejecutaban estas prácticas y que intervino en la toma de decisiones sobre homicidios y desapariciones de menores reclutados.
Asimismo, Alzate reveló que la prueba decisiva para romper la jurisprudencia de la JEP,que solo llamaba a mandos militares, fue el testimonio de Daisy Guanaro, reclutada a los 10 años.
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De acuerdo con el jurista, la víctima relató que Ramírez la obligó a desfilar en ropa interior "para que complaciera a depravados sexuales como Timochenko y a depredadores sexuales como Pablo Catatumbo y otros de esos bandidos".
Alzate denunció que tanto él como Guanaro han recibido amenazas de la Segunda Marquetalia. En ese espacio, aseguró que el hijo de Ramírez, Alberto Cruz Lobo, conocido como alias 'Enrique Marulanda', es cabecilla de dicha disidencia y participó en la muerte de Miguel Uribe.
Cuestionamientos a los recursos y a la JEP
Sobre la reparación a los afectados, el secretario jurídico criticó la gestión de los recursos económicos de la extinta guerrilla y el papel de la JEP.
"13 billones de pesos de las FARC no han sido entregados. Yo ya he presentado 6 solicitudes de verificación del incumplimiento del régimen de condicionalidad por no haber entregado estos bienes", aseveró Alzate.
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Finalmente, propuso que el Congreso suspenda el presupuesto asignado a la JEP para la implementación de sentencias hasta que el tribunal decida expulsar a las FARC o intervenir los bienes identificados en todo el país.