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La demanda pretende que se “inicien en el menor tiempo posible todas las actividades necesarias para establecer y concretar alternativas que constituyan una solución definitiva” al problema en esta zona.
Asprilla lamentó que a la fecha no exista un acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca para explorar posibles sitios para la instalación de plantas de última tecnología que permitan el tratamiento de las basuras.
Sobre esta problemática está pendiente el debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre el futuro del Relleno Doña Juana al que le quedan escasos 5 años de uso, y por lo que el Distrito deberá definir en el corto plazo una estrategia para solucionar el conflicto ambiental, sanitario y social que genera su funcionamiento en las condiciones actuales.
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El congresista llamó la atención de las autoridades frente a la proyección de la licitación para el contrato de recolección de basuras que está planeada a 8 años, término que superaría el plazo contemplado en la licencia ambiental para el uso del Relleno Sanitario Doña Juana, expedida por la CAR, que autoriza el funcionamiento hasta el año 2022.
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Finalmente, Asprilla dijo que a la fecha, y luego de transcurridos cinco años desde que el Consejo de Estado confirmara la sentencia de Acción de Grupo que obligó al Distrito a indemnizar a las víctimas del derrumbe ocurrido en 1997, “aún no existe claridad respecto a la fecha, cuantía y mecanismos de pago a los damnificados”.
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