El Tribunal Administrativo de Cundinamarca propinó un nuevo revés al Gobierno nacional en el proceso judicial que estudia la legalidad del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
La corporación rechazó la recusación presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), dirigida por César Palomino, contra el magistrado César Giovanni Chaparro, de la Sección Primera y ponente de la acción popular sobre el caso.
La Agencia pretendía apartarlo del proceso por una presunta falta de imparcialidad. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la recusación carecía de pruebas objetivas, buscaba reabrir asuntos procesales ya resueltos y constituyó un uso indebido de ese mecanismo judicial.
Por ello, rechazó la solicitud, impuso una multa equivalente a siete salarios mínimos mensuales legales vigentes al director de la agencia y ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que evalúen posibles actuaciones disciplinarias.
La decisión permite que continúe la acción popular presentada por Nicolás Dupont, abogado y director de la Fundación DILO Colombia, quien solicita que la justicia determine si el nuevo esquema de expedición de pasaportes se ajustó a la ley y protegió el patrimonio público y los derechos colectivos.
El proceso examina el modelo implementado por el Gobierno nacional, mediante el cual la Imprenta Nacional de Colombia, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, asumió desde mayo de 2026 la producción de los pasaportes, tras la salida de Thomas Greg & Sons, empresa que prestó ese servicio durante cerca de dos décadas.
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El convenio entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y Portugal asciende a $1,3 billones y contempla una transferencia gradual de tecnología para que la producción quede en manos del Estado colombiano.
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