La cifra de 30 billones de pesos revelada por el presidente de La Espriella como balance preliminar de las pérdidas por el reciente terremoto en Colombia responde a una simulación técnico-científica de modelación probabilista de riesgo.
En entrevista con Mañanas Blu, el ingeniero civil Omar Darío Cardona, fundador y gerente de la firma Ingeniar Risk Intelligence, explicó el sustento de dicho cálculo.
Cardona enfatizó en la necesidad de no confundir la evaluación del daño físico directo con los recursos financieros necesarios para la posterior reconstrucción de las zonas afectadas.
Son dos conceptos diferentes, porque el impacto es la pérdida y no siempre se repone lo mismo
El experto añadió que al momento de intervenir las estructuras dañadas el valor suele incrementarse: "Hay cifras ahí que no se va a reconstruir lo que ya era vulnerable antes, sino que incluso hay que construir mejor y con normas sismorresistentes", señaló.
El estudio analizó cerca de 500.000 elementos expuestos entre infraestructura y edificaciones, basándose en la información recolectada mediante sensores remotos y modelos de exposición.
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Entre los datos analizados por la firma figuran 27.000 viviendas destruidas por completo y más de 127.500 inmuebles con severas averías.
Para reparar viviendas o construcciones que no fueron diseñadas bajo normatividad sísmica vigente, es obligatorio realizar diseños de reforzamiento estructural que deben pasar por curadurías urbanas, lo que incrementa sustancialmente el costo final.
El informe preliminar abarca solo cinco departamentos: Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó. Cardona precisó que el impacto económico global continuará en aumento al incluir los daños menores en otras diez zonas del país.
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Asimismo, la cifra de 30 billones de pesos tampoco contempla el impacto económico indirecto ni el lucro cesante, como la pérdida de empleo o la interrupción de actividades comerciales.
Respecto a la financiación de las obras, la responsabilidad se dividirá entre el Estado, las compañías aseguradoras y los propietarios privados.
Cardona explicó que las aseguradoras solo cubrirán los predios que mantengan pólizas vigentes, un porcentaje reducido dada la baja penetración del seguro en Colombia.
Por su parte, la intervención estatal estará delimitada por su marco legal y presupuestal. "El Estado no es un asegurador de todos los ciudadanos, sino que tiene una responsabilidad fiscal", concluyó el ingeniero civil.