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Debate para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia no está balanceado: WWF

La organización afirmó que, de las 73 personas que presentaron conceptos técnicos en el proceso judicial, solo citaron a 23 para que hablaran en el espacio.

Debate para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia no está balanceado: WWF
Debate para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia no está balanceado: WWF
Foto: referencia, AFP

La WWF en Colombia, organismo global que trabaja en pro de la conservación del medio ambiente, aseguró que la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 26 de abril para ratificar el Acuerdo de Escazú se encuentra en un desbalance de posiciones. De acuerdo con la organización, tan solo 23 personas, de las 73 que presentaron conceptos técnicos, fueron citadas para el encuentro.

Es necesario recordar que el Acuerdo de Escazú es una iniciativa conjunta de países de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas relacionados con el medio ambiente.

Para 2022, el Congreso de la República expidió la Ley 2273 en la que aprobaba implementar el acuerdo. Por lo mismo, desde diciembre de ese año la Corte Constitucional tiene la posibilidad de analizar la compatibilidad del documento con la Constitución Política, siendo el próximo 26 de abril, sobre las 8:30 de la mañana, la fecha en la que varios magistrados escucharán los argumentos respecto a la relación del tratado con la soberanía nacional.

Bajo este panorama, la WWF afirmó que, además del desbalance en cuanto a las posturas que intervienen, la semana en la que se llevará a cabo el encuentro se cruza con la COP3 del Acuerdo de Escazú en Chile y con la audiencia sobre la emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados, ambas agendadas desde principio de año.

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Frente a lo anterior, la organización hizo un llamado “para que se garantice un debate abierto que cuente con una pluralidad de voces”. Además, manifestaron que es necesario que el país declare la constitucionalidad del tratado, siendo este un paso fundamental para el futuro de la protección ambiental y los derechos humanos.

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