El Gobierno nacional abrió una consulta pública para definir la hoja de ruta que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú en el país. El proceso, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará abierto hasta el próximo 19 de febrero y busca que distintos sectores de la sociedad envíen comentarios, observaciones y propuestas.Esta consulta está dirigida a la ciudadanía en general, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ambientales, academia, autoridades territoriales y otros actores interesados.El objetivo, según el Gobierno, es promover una participación informada e incidente que permita definir acciones prioritarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta plantea medidas específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover una participación pública efectiva en decisiones que afectan los territorios y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.Entre los ejes prioritarios del documento se encuentra la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional. También se contempla el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad, que impide retrocesos en la protección de los derechos humanos ambientales.Otro de los componentes clave de la hoja de ruta es la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.La propuesta también enfatiza la necesidad de promover una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.La implementación de estas acciones estaría a cargo de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, una instancia que por ahora se encuentra en proceso de definición.Este proceso se da luego de que la Corte Constitucional avalara, en agosto de 2024, la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. El fallo fue considerado un hito por el Gobierno, al consolidar el carácter vinculante del tratado y reforzar la obligación del Estado de garantizar los derechos ambientales y proteger a quienes defienden la naturaleza.Con la apertura de esta consulta pública, el Ejecutivo busca recoger aportes que permitan ajustar la hoja de ruta y avanzar en una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia, que ha sido registrado como uno de los países de mayor riesgo para los líderes ambientales, de acuerdo con la organización de derechos humanos, Global Witness.
El Ministerio de Ambiente abrió una consulta pública para discutir el proyecto que crea la Comisión Intersectorial para implementar el Acuerdo de Escazú. En la iniciativa, que estará disponible hasta el próximo 15 de agosto, podrán participar defensores de ambiente, organizaciones, comunidades, pueblos étnicos y todos los interesados.“A partir de hoy, la ciudadanía y los sectores sociales tendrán la oportunidad de aportar directamente en el diseño institucional de la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Esta consulta estará abierta hasta el 15 de agosto del 2025, y permitirá; que toda la ciudadanía en general aporte con una mirada territorial y diferencial, en el proceso, transparencia y la legitimidad del decreto”, dijo la ministra de Ambiente, Lena Estrada,¿Qué es el Acuerdo de Escazú?Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional, que involucra a la región de América Latina y el Caribe, en donde se reconoce el derecho de todos a vivir en un medio ambiente equilibrado, el derecho al acceso a la información, justicia ambiental y a la participación en la toma de decisiones de este tipo. El acuerdo es el primero en el mundo en impartir disposiciones puntuales para proteger a los defensores de derechos humanos ambientales.Para agosto de 2024, la Corte Constitucional declaró como exequible el Acuerdo de Escazú, lo que significa que es posible implementar el tratado en el país. Con el reciente decreto del Ministerio de Ambiente, será posible materializar un plan de trabajo por parte de todas las carteras en el Gobierno nacional que esté enfocado en lo anterior mencionado.“La creación de esta Comisión Intersectorial es un paso histórico y fundamental en el país, para asegurar una implementación efectiva, participativa, con enfoque de derechos humanos, de género, étnico, territorial y generacional. Por ello, el Ministerio de Ambiente invita a todas las personas, comunidades y sectores sociales del territorio colombiano, a participar activamente en la consulta pública, aportando sus visiones, experiencias y propuestas en el link”, dice el comunicado del Ministerio de Ambiente.
Cuatro días antes de la posesión de Irene Vélez como nueva directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la entidad expidió la resolución 686 del 14 de abril de 2025, en la que se actualiza su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. El ajuste incorpora un nuevo núcleo básico del conocimiento en ciencias humanas para cuatro cargos de libre nombramiento y remoción, lo que ha generado suspicacias sobre posibles adecuaciones previas a la llegada de la exministra.La Anla respondió que no se trata de nuevos cargos ni de cambios en funciones esenciales, sino de una actualización técnica centrada en roles asociados al diálogo social con comunidades, en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú. Según la entidad, esta modificación se aplicó a tres cargos en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental y uno en la Dirección General, con el fin de ampliar el espectro académico de los perfiles requeridos, incluyendo áreas como artes liberales, filosofía, ciencia política, relaciones internacionales y teología.La institución enfatizó que estos cambios son parte de una práctica regular de actualización del manual, ajustado al decreto 1083 de 2015, y que fueron socializados previamente con la organización sindical. Asimismo, recalcó que Irene Vélez aún no había asumido su cargo al momento de la resolución y que el proceso se enmarca en los principios del mérito y la legalidad.Pese a las aclaraciones, el momento en que se realizó la modificación ha generado cuestionamientos públicos, especialmente por tratarse de puestos estratégicos que podrían ser ocupados por profesionales afines al enfoque ideológico de la nueva dirección. La Anla insiste en que la medida responde exclusivamente a necesidades institucionales ligadas a la participación ambiental y no a intereses particulares.
La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional y explicó su importancia para la protección ambiental en Colombia. Destacó que la aprobación unánime de la Corte Constitucional al Acuerdo de Escazú significa que se puede comenzar la implementación del acuerdo de manera segura. Esto incluye el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección de líderes de derechos humanos. En los últimos dos años, el Ministerio de Ambiente ha trabajado en la creación del Sistema de Información Ambiental de Colombia, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre deforestación y otros problemas ambientales. Según la ministra, uno de los aspectos clave de Escazú es el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La implementación del Acuerdo de Escazú también incluye la obligación de las empresas de informar sobre los químicos y sustancias que vierten al agua, el suelo y el aire, para que la ciudadanía pueda entender los impactos ambientales. En cuanto a la protección de líderes ambientales, la ministra reconoció que aún hay desafíos debido al conflicto armado y la presencia de economías ilícitas en ciertas regiones del país. Sin embargo, destacó la importancia de trabajar de la mano con estos líderes en la prevención y en una estrategia integral del Estado. En relación a los mitos en torno a la ratificación del Acuerdo de Escazú, la ministra aclaró que no se ampliarán las consultas previas y que el acuerdo no frenará la economía del país, sino que traerá inversiones extranjeras más responsables. También enfatizó en la importancia de la participación pública y el acceso a la información para garantizar una distribución justa del agua en la sabana de Bogotá. En cuanto a la polémica sobre el racionamiento de agua en Bogotá, la Ministra explicó que hay un desequilibrio ambiental debido a las fuentes propias de agua en municipios como La Calera, donde operan plantas embotelladoras. Destacó la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades regionales para corregir estas injusticias ambientales y promover una distribución justa del agua en la región. Escuche aquí la entrevista:
La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".>>> Lea también: Corte Constitucional dejó en firme el Acuerdo de EscazúEn línea con lo anterior también declaró 'exequible', es decir, que procede, la Ley 2273 de 2022.Ahora que la Corte dio luz verde, Colombia se convierte en el país número 14 en ratificar el acuerdo que originalmente fue firmado por 24 países.Hito para la historia ambiental de ColombiaPara el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la decisión adoptada por la Corte representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de los que protegen la naturaleza.Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, la ratificación del Acuerdo es "una victoria de todos. En el año de la naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos Paz con la Naturaleza".La COP16 tendrá lugar en Cali (suroeste) del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año, evento al que ya confirmaron los presidentes o jefes de Estado de Brasil, Panamá, Honduras, Ghana y Guinea-Bisáu.Según la ministra Muhamad, la entidad avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que "las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas".En esa línea, su cartera lanzó el programa 'Alerta por mi ambiente', que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia.Este programa ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
Por decisión unánime en la Sala Plena, la Corte Constitucional dio vía libre al Acuerdo de Escazú, declarándolo así como Constitucional y además concluyó la Corte que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación sí cumplen los requisitos legales y no hubo vicios de trámite.En este caso, con la sentencia con ponencia del vicepresidente de la Corte el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de la ley y concluyó que tanto la fase previa gubernamental como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley.Además, la Corte señaló que no era necesario agotar la consulta previa con las comunidades étnicamente diferenciadas, ya que el Acuerdo no abarca una reglamentación específica que afecte directamente a estas comunidades.En cuanto al estudio material, la Corte Constitucional sostiene que el Acuerdo se ajusta a la Constitución Política, ya que promueve la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales, la participación ciudadana y la garantía de un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente.“Declarar Constitucional el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”. Expresa la decisión de la Corte.El presidente Gustavo Petro reaccionó mediante su cuenta de ‘X’ a la decisión adoptada por el alto tribunal: “Felicitaciones a la Corte Constitucional. El Tratado de Escazú es hoy ley en Colombia”, escribió el mandatario.
La alianza por el Acuerdo de Escazú alertó que pese a haber pasado más de cinco años y de estar en la etapa final en su paso por la Corte Constitucional, el proyecto podría quemarse en la puerta del horno.Una de las principales preocupaciones tiene que ver precisamente con el tiempo. Si bien fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de entonces tras levantarse el paro de 2019, fue solamente hasta la llegada de Gustavo Petro a la presidencia que el acuerdo fue avalado con una ley en noviembre de 2022 y un espaldarazo similar dio por su cuenta el Congreso.Pero, desde ese entonces, la pelota ha estado en cancha de la Corte Constitucional y, el 3 de septiembre, vence el plazo en el que el alto tribunal se iba a pronunciar, para definir si ratificaba el acuerdo o lo tumbaba.Estas alertas fueron plasmadas en un comunicado suscrito por la Asociación Ambiente y Sociedad, el grupo Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Dejusticia, Movimiento Ambientalista Colombiano y WWF Colombia.Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, reconoció la labor de la Corte en cuanto a la revisión de fondo del acuerdo, pero reiteró la importancia de su ratificación. Ya tiene varias muestras de apoyo; es urgente para fortalecer el instrumento.Dos de las preocupaciones puntuales de la alianza surgieron durante la audiencia pública que se adelantó en abril pasado tras una solicitud del acuerdo para repasar el contenido. Allí, según Torres, hubo llamados de atención y críticas en temas como la soberanía nacional y la participación ciudadana que no se están incumpliendo.“El acuerdo, como todos los tratados internacionales, respeta el principio de soberanía nacional y se ciñe directamente a los principios del derecho internacional. Por ello, es preocupante que en una etapa final, después de cinco años en este proceso, todavía se sigan cometiendo los mismos errores de interpretación en contra de un tratado que busca fortalecer el marco normativo ambiental”, argumentó Torres.Con esto, el pronunciamiento de la alianza también envía busca enviarle un mensaje al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en cuyo despacho está la tarea de revisar el acuerdo y entregar su determinación, pues la otra alerta evidenciada durante la audiencia pública es los reparos sobre el alcance de la participación ciudadana.Torres defendió lo construido asegurando, por un lado, que el acuerdo era amplio y beneficiaba a todos los sectores de la sociedad y que ya Colombia se destaca por ser un país con la mayor cantidad de mecanismos de participación ciudadana en América Latina.“En nuestra experiencia, cuando se garantiza una participación efectiva de las comunidades, se previenen conflictos socioambientales, y esto es a lo que llamamos el Acuerdo de Escazú, que beneficia a todos los sectores de la sociedad, es un acuerdo de participación”, agregó Torres.Otra de las razones planteada por la alianza para que la Corte Constitucional ratifique el acuerdo es que desde el 2022 este se ha implementado en Latinoamérica y el Caribe, con 16 estados que lo confirman, por lo que Colombia entraría a ser un jugador importante con la experiencia ya adquirida en materia de conflicto socioambiental y de fortalecimiento de derechos humanos.Además, recordaron que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha implementado proyectos relacionados con el acuerdo.Sería incoherente tener una COP16 y no un Acuerdo de Escazú ratificado: AlianzaFinalmente, desde la alianza por el Acuerdo de Escazú señalaron la importancia de que, antes del desarrollo de la COP16 prevista para hacerse entre octubre y noviembre en Cali, ya el proyecto pase la prueba constitucional.“El lema de la COP16 es paz con naturaleza y la paz con naturaleza se logra respetando y visibilizando el rol de quienes protegen la biodiversidad en los territorios, que son las personas defensoras del ambiente que de hecho el acuerdo busca proteger. (...) Sería un escenario de mucha incoherencia y sobre todo con muchísimas preguntas de por qué el país anfitrión le está dando la espalda al primer tratado regional que protege a las personas defensoras”, puntualizó Torres.Si el acuerdo no pasa la prueba constitucional, Colombia tendría en riesgo temas como la credibilidad regional y el liderazgo, la vulnerabilidad de los líderes ambientales, limitaciones en cuanto a participación y acceso a la información, cooperación y apoyo económico de la banca multilateral, según el comunicado de las organizaciones.
Esta diligencia tuvo como propósito ratificar el tratado ambiental del Acuerdo de Escazú, que recordemos, tiene como lema el garantizar el acceso a los derechos medioambientales, proteger a los activistas y a la biodiversidad.En medio de esta audiencia llamó la atención la ausencia de Susana Muhamad, ministra de Medioambiente quien era la primera en intervenir ante los magistrados sus argumentos para defender el acuerdo de Escazú, quien finalmente sí llegó a la Corte luego de las intervenciones de las senadoras Paola Holguín y Angélica Lozano respectivamente.La ministra de Ambiente dijo con preocupación que este acuerdo busca la protección de los activistas ambientales, y dijo con contundencia que América Latina es uno de los continentes con mayores amenazar a líderes sociales.La senadora Angélica Lozano aseguró que el acuerdo de Escazú pueden facilitar la integración de grandes retos ambientales “Mecanismos como el acuerdo de Escazú, pueden facilitar el abordaje de retos ambientales en todo el sentido, desde la Amazonía o en caso de las fumigaciones que tiene otros elementos de la acción humana criminal”, expresó Lozano.Por otro lado, Paloma Valencia dijo en medio de la audiencia que el acuerdo de Escazú provocaría que las decisiones en materia ambiental las tomaran instancias internacionales y no los colombianos.Los magistrados de la Corte Constitucional en cabeza de su presidente, el magistrado José Fernando Reyes, escucharon los argumentos en torno al acuerdo de Escazú sobre todo luego de que la ministra de Ambiente reiterara que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según varios informes internacionales.
Colombia espera el último paso para la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento ambiental y regional que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional que convocó una audiencia pública en una fecha en la que no podrán asistir las organizaciones y expertos, algo que podría poner en peligro el proceso, según el sector ambiental.En este sentido, organizaciones sociales y ambientales han criticado que la audiencia pública citada por la Corte Constitucional es la misma semana que se celebran la Tercera Conferencia de las Partes (Cope) del acuerdo de Escazú, en Chile, y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barbados.Estas dos citas estaban "agendadas desde principio de año" y se cruzan con la audiencia de la Corte, que "congrega al mismo público y que no podrá participar", denunció la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), que participó activamente en la fase de negociación de Escazú e impulsó su ratificación en Colombia."Originalmente la Corte convocó a muy pocas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales pero recientemente, es decir, el lunes 22 de abril, publicó un auto en donde convocó a otros actores", entre ellos a la AAS, contó a EFE la subdirectora de esta asociación y miembro de la Alianza de Escazú, Vanessa Torres.También intervendrán "posibles opositores, que son básicamente las empresas privadas en Colombia que tienen una postura un poco radical frente al contenido del acuerdo de Escazú, entendiendo que atenta contra la soberanía nacional y contra la seguridad jurídica", agregó Torres.Escazú, cuyo nombre técnico es 'Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas, así como a la biodiversidad.Colombia fue uno de los más recientes países en ratificarlo ante la insistencia del sector ambiental y de autoridades, teniendo en cuenta que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según informes internacionales.El último paso después de una larga batalla en el Legislativo y la rúbrica del presidente, Gustavo Petro, es la luz verde de la Corte Constitucional, que lo tiene en sus manos desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.Podría impedir la ratificación, la postura y ponencia de un magistrado que defiende que es inconstitucional, según la organización."Hacemos una invitación respetuosa a los magistrados a conocer a profundidad el acuerdo de Escazú y a tener en cuenta las posturas a favor del acuerdo impulsadas por movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que son quienes viven diariamente los impactos de la violencia al defender el ambiente en un país como Colombia", explicó Torres.En este contexto, las organizaciones ambientales piden a la Corte que garantice un diálogo abierto y la posibilidad de una segunda audiencia que permita a los interesados preparar adecuadamente sus intervenciones.Realidad de EscazúPese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 13 han ratificado el pacto que, además de proteger a los ambientalistas, busca garantizar la mejor aplicación de las políticas ecológicas, los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de crisis climática.Si la Corte da luz verde, Colombia se convertiría en el país número 14 en ratificar el acuerdo.Se trata del primer acuerdo firmado a nivel mundial orientado a proteger a los defensores ambientales, un importante tratado para América Latina, la región más mortífera para defender el medioambiente, según la organización Global Witness.
La WWF en Colombia, organismo global que trabaja en pro de la conservación del medio ambiente, aseguró que la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 26 de abril para ratificar el Acuerdo de Escazú se encuentra en un desbalance de posiciones. De acuerdo con la organización, tan solo 23 personas, de las 73 que presentaron conceptos técnicos, fueron citadas para el encuentro.Es necesario recordar que el Acuerdo de Escazú es una iniciativa conjunta de países de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas relacionados con el medio ambiente.Para 2022, el Congreso de la República expidió la Ley 2273 en la que aprobaba implementar el acuerdo. Por lo mismo, desde diciembre de ese año la Corte Constitucional tiene la posibilidad de analizar la compatibilidad del documento con la Constitución Política, siendo el próximo 26 de abril, sobre las 8:30 de la mañana, la fecha en la que varios magistrados escucharán los argumentos respecto a la relación del tratado con la soberanía nacional.Bajo este panorama, la WWF afirmó que, además del desbalance en cuanto a las posturas que intervienen, la semana en la que se llevará a cabo el encuentro se cruza con la COP3 del Acuerdo de Escazú en Chile y con la audiencia sobre la emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados, ambas agendadas desde principio de año.Frente a lo anterior, la organización hizo un llamado “para que se garantice un debate abierto que cuente con una pluralidad de voces”. Además, manifestaron que es necesario que el país declare la constitucionalidad del tratado, siendo este un paso fundamental para el futuro de la protección ambiental y los derechos humanos.
En medio de la tensión previa a la jornada electoral del próximo 21 de junio, autoridades en el Tolima asestaron un nuevo golpe a los grupos armados ilegales tras el hallazgo de un depósito clandestino de material de guerra en zona rural de Chaparral.La operación, desarrollada en la vereda Hato Viejo, permitió ubicar el segundo escondite ilegal en menos de 15 días, presuntamente perteneciente al GAO-r Frente Gerónimo Galeano, estructura del Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.El material, que se encontraba enterrado dentro de una caneca plástica de 40 galones en un potrero, incluía un importante arsenal: seis fusiles (entre ellos un Galil y cinco M4), más de 1.700 cartuchos calibre 5,56 mm, chalecos multipropósito, proveedores metálicos, explosivos como pentolita, estopines eléctricos y una barra de C4. Además, fueron hallados documentos que evidenciarían actividades extorsivas, como citaciones y recibos de cobro a la población.Según el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, este material tenía como objetivo atentar contra la Fuerza Pública y la población civil, además de intimidar a campesinos de la región.“Este depósito ilegal pretendía ser utilizado para cometer atentados y generar amenazas contra la comunidad. Seguimos trabajando para garantizar la seguridad en el departamento, especialmente en este periodo electoral”, afirmó el oficial.Por su parte, el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, destacó el trabajo articulado entre la SIJIN, la inteligencia policial y el Ejército Nacional para lograr este resultado.“Con esta operación seguimos afectando las capacidades logísticas y criminales de estas estructuras ilegales. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló.Las autoridades confirmaron que todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada (DECOC) en Ibagué, que continuará con las investigaciones.Este hallazgo se suma al reciente descubrimiento de otro depósito ilegal en Rovira, atribuido al Frente Joaquín González, lo que evidencia una ofensiva sostenida contra las estructuras armadas en el departamento.En medio de este panorama, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 107 y 147 del Gaula Militar, así como de la línea 123 de la Policía Nacional.El objetivo de las autoridades es claro: garantizar que, a solo nueve días de las elecciones, los tolimenses puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y seguridad.
El partido derechista Fuerza Popular rechazó este viernes la propuesta del candidato izquierdista Roberto Sánchez de pedir de manera conjunta un recuento total de votos de la segunda vuelta electoral, al señalar que respetarán el marco legal y van a esperar con prudencia que concluya el escrutinio, que hasta el momento da una ventaja a su candidata Keiko Fujimori de 1.600 votos.El candidato a vicepresidente por el fujimorismo, Luis Galarreta, declaró a los periodistas que "la democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana, (sino que) hay un marco legal", al ser consultado sobre la propuesta anunciada por Sánchez para reclamar mayor transparencia en el escrutinio.El también exlegislador fujimorista añadió que "el reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre". "Yo no puedo pasar por alto a las instituciones electorales o al marco legal", señaló Galarreta.Explicó que, en estos momentos, los jurados electorales especiales (JEE) ya están realizando el recuento de votos de las actas ó mesas electorales observadas por alguna presunta irregularidad en el sufragio.Sin embargo, Galarreta remarcó que "aquellas mesas que han sido observadas, ésas son las que el jurado electoral, no el señor Sánchez ni Luis Galarreta, decide pasar a reconteo o no".En tal sentido, el candidato a vicepresidente insistió en que su partido sí respeta las instituciones y los procedimientos electorales, por lo tanto indicó que van a "esperar con mucha prudencia, con ánimo por supuesto, pero vamos a respetar lo que dice la norma".Cuando resta menos del 2 % de los votos por escrutar, el candidato de Juntos por el Perú anunció en una rueda de prensa que se ha dirigido a Fujimori con esa propuesta de revisión "sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde".Sánchez agregó que "ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur", mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.Agregó que esta acción conjunta le dará a la ciudadanía la "estabilidad, certeza y confianza total" en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso.Los JEE han recibido hasta la fecha un total de 1.579 actas observadas de la segunda vuelta electoral, de las cuales 154 han pasado al recuento de votos, pero sólo cuatro han llegado a la audiencia pública en la que se ejecuta ese procedimiento.Con 98,27 % del cómputo de actas de votación, Fujimori tiene el 50,004 % del sufragio, mientras que Sánchez obtiene el 49,996 %, lo que se traduce en una ventaja para la candidata de Fuerza Popular de 1.616 votos.
A través de una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano, en el que solicitó información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entregó un balance sobre los avances relacionados con los ‘falsos positivos’.Según la respuesta, con corte a 2025, la JEP ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 03.De ese total, 1.956 corresponden a personas plenamente identificadas, mientras que 418 continúan sin identificar.Se trata de víctimas respecto de las cuales la Sala ha adelantado un proceso de contrastación judicial que permitió establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en los distintos subcasos territoriales.La información entregada también detalla la distribución de las víctimas determinadas por territorios. El mayor número corresponde al subcaso de la Costa Caribe, con 737 víctimas documentadas entre los dos periodos analizados. Le siguen Casanare, con 546 víctimas; Antioquia, con 507 casos entre los dos periodos investigados; Meta, con 209; Huila, con 208; Norte de Santander, con 120; y el caso conjunto de Dabeiba, con 47 víctimas.Cabe recordar que hace algunos meses la JEP actualizó el universo provisional de víctimas del Caso 03 tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información. Además, reportó 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.
Organismos de socorro y autoridades mantienen una intensa búsqueda para dar con el paradero de Santiago Giraldo Cárdenas, estudiante de microbiología de la Universidad de Antioquia que desapareció en el sector montañoso de Alto del Romeral, en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.Las labores de rastreo se reanudaron desde las primeras horas de este viernes, cuando se cumplieron más de 18 horas de que se tuvo noticia del estudiante, luego de que durante la noche del jueves las operaciones tuvieran que ser suspendidas por las complejas condiciones del terreno y la falta de visibilidad, factores que representaban un riesgo para los equipos de rescate.La búsqueda es liderada por el Equipo de Rescate de Alta Montaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, con apoyo de la Defensa Civil y la coordinación de la gestión del riesgo del municipio. Además, habitantes de la vereda El Guayabo se sumaron a los recorridos para ampliar la cobertura de los operativos, como lo dijo el capitán Fernando Martínez, comandante de Bomberos de La Estrella.De acuerdo con la información difundida por los organismos de socorro, Giraldo Cárdenas envió a sus familiares fotos y mensajes de despedida el jueves. El joven es de contextura delgada, tiene cabello oscuro y mide aproximadamente 1,70 metros.Las autoridades hicieron un llamado a caminantes, deportistas y habitantes que frecuentan este sector de montaña para que estén atentos y reporten cualquier información que pueda contribuir a ubicar al estudiante. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.Los rescatistas aseguraron que las labores continuarán de manera ininterrumpida con el objetivo de localizar al joven lo más pronto posible.
"Por eso, con todo respeto, me he atrevido al comienzo de esta Eucaristía a proponerles que oremos por cuatro hermanos que están en campaña electoral, Son miembros de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Hemos orado por ellos, los hemos presentado al Señor. Y es lo que queremos, ponerlos en el corazón de Jesús a todos, a cada uno de ellos, con su familia, con su historia, con sus propuestas, con el deseo de servirle al país", dijo el cardenal durante la homilia.Además hizo un llamado a desarmar las palabras y los corazones"Eso requiere desarmar el corazón para no orar por unos y por otros, no por todos, porque en el corazón de Jesús cabemos todos", expresó el prelado. "Dejar de lado toda arrogancia y la tentación de humillar al otro para alcanzar nuestros triunfos egoístas. (...) Se los suplico a todos, dejemos de ser agresivos en las redes sociales. (...) El otro no es un enemigo, es un hermano, es una hermana", fueron algunos de los apartes del sermon del Cardenal Rueda.La Conferencia Episcopal de Colombia había expresado su preocupación por la forma en que algunos de sus recientes pronunciamientos han sido difundidos e interpretados en diferentes plataformas digitales, en medio del actual contexto electoral que vive el país.En un comunicado emitido por la Presidencia, los obispos advierten que algunos contenidos han sido utilizados de manera indebida para asociar a la Iglesia con posiciones políticas particulares. "Los prelados reiteran que la Iglesia Católica en Colombia no hace política partidista y recuerdan que sus intervenciones públicas están orientadas por su misión evangelizadora. En este sentido, subrayan que los pronunciamientos emitidos por la Conferencia Episcopal no pueden interpretarse como respaldo, oposición o adhesión a candidaturas, campañas o proyectos políticos específicos", indica la misiva. En el comunicado, los obispos también insisten en la necesidad de fortalecer la responsabilidad ciudadana en el ejercicio democrático. Animan a todos los colombianos a participar en estas elecciones a la Presidencia de la República con un voto libre, consciente, informado y responsable.Durante este proceso electoral, la Conferencia Episcopal de Colombia ha venido promoviendo mensajes centrados en el discernimiento del voto cristiano, el respeto, la reconciliación, el diálogo y la búsqueda del bien común. En coherencia con su misión, los obispos hacen un llamado a que sus pronunciamientos sean acogidos en su auténtico sentido pastoral y no sean utilizados para alimentar divisiones o intereses ajenos.La declaración de los obispos se produce un día después de que el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal emitiera un comunicado en el que manifestó su preocupación por este mismo tema, tras conocer algunas publicaciones falsas que estarían circulando en redes sociales con imágenes, textos y audios alterados. Razón por la cual, se ha invitado a verificar la autenticidad de los mensajes, consultando siempre los canales de comunicación oficiales.
