El Gobierno nacional abrió una consulta pública para definir la hoja de ruta que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú en el país. El proceso, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará abierto hasta el próximo 19 de febrero y busca que distintos sectores de la sociedad envíen comentarios, observaciones y propuestas.Esta consulta está dirigida a la ciudadanía en general, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ambientales, academia, autoridades territoriales y otros actores interesados.El objetivo, según el Gobierno, es promover una participación informada e incidente que permita definir acciones prioritarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta plantea medidas específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover una participación pública efectiva en decisiones que afectan los territorios y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.Entre los ejes prioritarios del documento se encuentra la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional. También se contempla el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad, que impide retrocesos en la protección de los derechos humanos ambientales.Otro de los componentes clave de la hoja de ruta es la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.La propuesta también enfatiza la necesidad de promover una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.La implementación de estas acciones estaría a cargo de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, una instancia que por ahora se encuentra en proceso de definición.Este proceso se da luego de que la Corte Constitucional avalara, en agosto de 2024, la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. El fallo fue considerado un hito por el Gobierno, al consolidar el carácter vinculante del tratado y reforzar la obligación del Estado de garantizar los derechos ambientales y proteger a quienes defienden la naturaleza.Con la apertura de esta consulta pública, el Ejecutivo busca recoger aportes que permitan ajustar la hoja de ruta y avanzar en una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia, que ha sido registrado como uno de los países de mayor riesgo para los líderes ambientales, de acuerdo con la organización de derechos humanos, Global Witness.
El Ministerio de Ambiente abrió una consulta pública para discutir el proyecto que crea la Comisión Intersectorial para implementar el Acuerdo de Escazú. En la iniciativa, que estará disponible hasta el próximo 15 de agosto, podrán participar defensores de ambiente, organizaciones, comunidades, pueblos étnicos y todos los interesados.“A partir de hoy, la ciudadanía y los sectores sociales tendrán la oportunidad de aportar directamente en el diseño institucional de la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Esta consulta estará abierta hasta el 15 de agosto del 2025, y permitirá; que toda la ciudadanía en general aporte con una mirada territorial y diferencial, en el proceso, transparencia y la legitimidad del decreto”, dijo la ministra de Ambiente, Lena Estrada,¿Qué es el Acuerdo de Escazú?Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional, que involucra a la región de América Latina y el Caribe, en donde se reconoce el derecho de todos a vivir en un medio ambiente equilibrado, el derecho al acceso a la información, justicia ambiental y a la participación en la toma de decisiones de este tipo. El acuerdo es el primero en el mundo en impartir disposiciones puntuales para proteger a los defensores de derechos humanos ambientales.Para agosto de 2024, la Corte Constitucional declaró como exequible el Acuerdo de Escazú, lo que significa que es posible implementar el tratado en el país. Con el reciente decreto del Ministerio de Ambiente, será posible materializar un plan de trabajo por parte de todas las carteras en el Gobierno nacional que esté enfocado en lo anterior mencionado.“La creación de esta Comisión Intersectorial es un paso histórico y fundamental en el país, para asegurar una implementación efectiva, participativa, con enfoque de derechos humanos, de género, étnico, territorial y generacional. Por ello, el Ministerio de Ambiente invita a todas las personas, comunidades y sectores sociales del territorio colombiano, a participar activamente en la consulta pública, aportando sus visiones, experiencias y propuestas en el link”, dice el comunicado del Ministerio de Ambiente.
Cuatro días antes de la posesión de Irene Vélez como nueva directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la entidad expidió la resolución 686 del 14 de abril de 2025, en la que se actualiza su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. El ajuste incorpora un nuevo núcleo básico del conocimiento en ciencias humanas para cuatro cargos de libre nombramiento y remoción, lo que ha generado suspicacias sobre posibles adecuaciones previas a la llegada de la exministra.La Anla respondió que no se trata de nuevos cargos ni de cambios en funciones esenciales, sino de una actualización técnica centrada en roles asociados al diálogo social con comunidades, en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú. Según la entidad, esta modificación se aplicó a tres cargos en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental y uno en la Dirección General, con el fin de ampliar el espectro académico de los perfiles requeridos, incluyendo áreas como artes liberales, filosofía, ciencia política, relaciones internacionales y teología.La institución enfatizó que estos cambios son parte de una práctica regular de actualización del manual, ajustado al decreto 1083 de 2015, y que fueron socializados previamente con la organización sindical. Asimismo, recalcó que Irene Vélez aún no había asumido su cargo al momento de la resolución y que el proceso se enmarca en los principios del mérito y la legalidad.Pese a las aclaraciones, el momento en que se realizó la modificación ha generado cuestionamientos públicos, especialmente por tratarse de puestos estratégicos que podrían ser ocupados por profesionales afines al enfoque ideológico de la nueva dirección. La Anla insiste en que la medida responde exclusivamente a necesidades institucionales ligadas a la participación ambiental y no a intereses particulares.
La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional y explicó su importancia para la protección ambiental en Colombia. Destacó que la aprobación unánime de la Corte Constitucional al Acuerdo de Escazú significa que se puede comenzar la implementación del acuerdo de manera segura. Esto incluye el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección de líderes de derechos humanos. En los últimos dos años, el Ministerio de Ambiente ha trabajado en la creación del Sistema de Información Ambiental de Colombia, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre deforestación y otros problemas ambientales. Según la ministra, uno de los aspectos clave de Escazú es el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La implementación del Acuerdo de Escazú también incluye la obligación de las empresas de informar sobre los químicos y sustancias que vierten al agua, el suelo y el aire, para que la ciudadanía pueda entender los impactos ambientales. En cuanto a la protección de líderes ambientales, la ministra reconoció que aún hay desafíos debido al conflicto armado y la presencia de economías ilícitas en ciertas regiones del país. Sin embargo, destacó la importancia de trabajar de la mano con estos líderes en la prevención y en una estrategia integral del Estado. En relación a los mitos en torno a la ratificación del Acuerdo de Escazú, la ministra aclaró que no se ampliarán las consultas previas y que el acuerdo no frenará la economía del país, sino que traerá inversiones extranjeras más responsables. También enfatizó en la importancia de la participación pública y el acceso a la información para garantizar una distribución justa del agua en la sabana de Bogotá. En cuanto a la polémica sobre el racionamiento de agua en Bogotá, la Ministra explicó que hay un desequilibrio ambiental debido a las fuentes propias de agua en municipios como La Calera, donde operan plantas embotelladoras. Destacó la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades regionales para corregir estas injusticias ambientales y promover una distribución justa del agua en la región. Escuche aquí la entrevista:
La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".>>> Lea también: Corte Constitucional dejó en firme el Acuerdo de EscazúEn línea con lo anterior también declaró 'exequible', es decir, que procede, la Ley 2273 de 2022.Ahora que la Corte dio luz verde, Colombia se convierte en el país número 14 en ratificar el acuerdo que originalmente fue firmado por 24 países.Hito para la historia ambiental de ColombiaPara el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la decisión adoptada por la Corte representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de los que protegen la naturaleza.Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, la ratificación del Acuerdo es "una victoria de todos. En el año de la naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos Paz con la Naturaleza".La COP16 tendrá lugar en Cali (suroeste) del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año, evento al que ya confirmaron los presidentes o jefes de Estado de Brasil, Panamá, Honduras, Ghana y Guinea-Bisáu.Según la ministra Muhamad, la entidad avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que "las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas".En esa línea, su cartera lanzó el programa 'Alerta por mi ambiente', que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia.Este programa ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
Por decisión unánime en la Sala Plena, la Corte Constitucional dio vía libre al Acuerdo de Escazú, declarándolo así como Constitucional y además concluyó la Corte que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación sí cumplen los requisitos legales y no hubo vicios de trámite.En este caso, con la sentencia con ponencia del vicepresidente de la Corte el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de la ley y concluyó que tanto la fase previa gubernamental como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley.Además, la Corte señaló que no era necesario agotar la consulta previa con las comunidades étnicamente diferenciadas, ya que el Acuerdo no abarca una reglamentación específica que afecte directamente a estas comunidades.En cuanto al estudio material, la Corte Constitucional sostiene que el Acuerdo se ajusta a la Constitución Política, ya que promueve la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales, la participación ciudadana y la garantía de un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente.“Declarar Constitucional el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”. Expresa la decisión de la Corte.El presidente Gustavo Petro reaccionó mediante su cuenta de ‘X’ a la decisión adoptada por el alto tribunal: “Felicitaciones a la Corte Constitucional. El Tratado de Escazú es hoy ley en Colombia”, escribió el mandatario.
La alianza por el Acuerdo de Escazú alertó que pese a haber pasado más de cinco años y de estar en la etapa final en su paso por la Corte Constitucional, el proyecto podría quemarse en la puerta del horno.Una de las principales preocupaciones tiene que ver precisamente con el tiempo. Si bien fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de entonces tras levantarse el paro de 2019, fue solamente hasta la llegada de Gustavo Petro a la presidencia que el acuerdo fue avalado con una ley en noviembre de 2022 y un espaldarazo similar dio por su cuenta el Congreso.Pero, desde ese entonces, la pelota ha estado en cancha de la Corte Constitucional y, el 3 de septiembre, vence el plazo en el que el alto tribunal se iba a pronunciar, para definir si ratificaba el acuerdo o lo tumbaba.Estas alertas fueron plasmadas en un comunicado suscrito por la Asociación Ambiente y Sociedad, el grupo Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Dejusticia, Movimiento Ambientalista Colombiano y WWF Colombia.Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, reconoció la labor de la Corte en cuanto a la revisión de fondo del acuerdo, pero reiteró la importancia de su ratificación. Ya tiene varias muestras de apoyo; es urgente para fortalecer el instrumento.Dos de las preocupaciones puntuales de la alianza surgieron durante la audiencia pública que se adelantó en abril pasado tras una solicitud del acuerdo para repasar el contenido. Allí, según Torres, hubo llamados de atención y críticas en temas como la soberanía nacional y la participación ciudadana que no se están incumpliendo.“El acuerdo, como todos los tratados internacionales, respeta el principio de soberanía nacional y se ciñe directamente a los principios del derecho internacional. Por ello, es preocupante que en una etapa final, después de cinco años en este proceso, todavía se sigan cometiendo los mismos errores de interpretación en contra de un tratado que busca fortalecer el marco normativo ambiental”, argumentó Torres.Con esto, el pronunciamiento de la alianza también envía busca enviarle un mensaje al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en cuyo despacho está la tarea de revisar el acuerdo y entregar su determinación, pues la otra alerta evidenciada durante la audiencia pública es los reparos sobre el alcance de la participación ciudadana.Torres defendió lo construido asegurando, por un lado, que el acuerdo era amplio y beneficiaba a todos los sectores de la sociedad y que ya Colombia se destaca por ser un país con la mayor cantidad de mecanismos de participación ciudadana en América Latina.“En nuestra experiencia, cuando se garantiza una participación efectiva de las comunidades, se previenen conflictos socioambientales, y esto es a lo que llamamos el Acuerdo de Escazú, que beneficia a todos los sectores de la sociedad, es un acuerdo de participación”, agregó Torres.Otra de las razones planteada por la alianza para que la Corte Constitucional ratifique el acuerdo es que desde el 2022 este se ha implementado en Latinoamérica y el Caribe, con 16 estados que lo confirman, por lo que Colombia entraría a ser un jugador importante con la experiencia ya adquirida en materia de conflicto socioambiental y de fortalecimiento de derechos humanos.Además, recordaron que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha implementado proyectos relacionados con el acuerdo.Sería incoherente tener una COP16 y no un Acuerdo de Escazú ratificado: AlianzaFinalmente, desde la alianza por el Acuerdo de Escazú señalaron la importancia de que, antes del desarrollo de la COP16 prevista para hacerse entre octubre y noviembre en Cali, ya el proyecto pase la prueba constitucional.“El lema de la COP16 es paz con naturaleza y la paz con naturaleza se logra respetando y visibilizando el rol de quienes protegen la biodiversidad en los territorios, que son las personas defensoras del ambiente que de hecho el acuerdo busca proteger. (...) Sería un escenario de mucha incoherencia y sobre todo con muchísimas preguntas de por qué el país anfitrión le está dando la espalda al primer tratado regional que protege a las personas defensoras”, puntualizó Torres.Si el acuerdo no pasa la prueba constitucional, Colombia tendría en riesgo temas como la credibilidad regional y el liderazgo, la vulnerabilidad de los líderes ambientales, limitaciones en cuanto a participación y acceso a la información, cooperación y apoyo económico de la banca multilateral, según el comunicado de las organizaciones.
Esta diligencia tuvo como propósito ratificar el tratado ambiental del Acuerdo de Escazú, que recordemos, tiene como lema el garantizar el acceso a los derechos medioambientales, proteger a los activistas y a la biodiversidad.En medio de esta audiencia llamó la atención la ausencia de Susana Muhamad, ministra de Medioambiente quien era la primera en intervenir ante los magistrados sus argumentos para defender el acuerdo de Escazú, quien finalmente sí llegó a la Corte luego de las intervenciones de las senadoras Paola Holguín y Angélica Lozano respectivamente.La ministra de Ambiente dijo con preocupación que este acuerdo busca la protección de los activistas ambientales, y dijo con contundencia que América Latina es uno de los continentes con mayores amenazar a líderes sociales.La senadora Angélica Lozano aseguró que el acuerdo de Escazú pueden facilitar la integración de grandes retos ambientales “Mecanismos como el acuerdo de Escazú, pueden facilitar el abordaje de retos ambientales en todo el sentido, desde la Amazonía o en caso de las fumigaciones que tiene otros elementos de la acción humana criminal”, expresó Lozano.Por otro lado, Paloma Valencia dijo en medio de la audiencia que el acuerdo de Escazú provocaría que las decisiones en materia ambiental las tomaran instancias internacionales y no los colombianos.Los magistrados de la Corte Constitucional en cabeza de su presidente, el magistrado José Fernando Reyes, escucharon los argumentos en torno al acuerdo de Escazú sobre todo luego de que la ministra de Ambiente reiterara que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según varios informes internacionales.
Colombia espera el último paso para la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento ambiental y regional que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional que convocó una audiencia pública en una fecha en la que no podrán asistir las organizaciones y expertos, algo que podría poner en peligro el proceso, según el sector ambiental.En este sentido, organizaciones sociales y ambientales han criticado que la audiencia pública citada por la Corte Constitucional es la misma semana que se celebran la Tercera Conferencia de las Partes (Cope) del acuerdo de Escazú, en Chile, y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barbados.Estas dos citas estaban "agendadas desde principio de año" y se cruzan con la audiencia de la Corte, que "congrega al mismo público y que no podrá participar", denunció la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), que participó activamente en la fase de negociación de Escazú e impulsó su ratificación en Colombia."Originalmente la Corte convocó a muy pocas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales pero recientemente, es decir, el lunes 22 de abril, publicó un auto en donde convocó a otros actores", entre ellos a la AAS, contó a EFE la subdirectora de esta asociación y miembro de la Alianza de Escazú, Vanessa Torres.También intervendrán "posibles opositores, que son básicamente las empresas privadas en Colombia que tienen una postura un poco radical frente al contenido del acuerdo de Escazú, entendiendo que atenta contra la soberanía nacional y contra la seguridad jurídica", agregó Torres.Escazú, cuyo nombre técnico es 'Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas, así como a la biodiversidad.Colombia fue uno de los más recientes países en ratificarlo ante la insistencia del sector ambiental y de autoridades, teniendo en cuenta que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según informes internacionales.El último paso después de una larga batalla en el Legislativo y la rúbrica del presidente, Gustavo Petro, es la luz verde de la Corte Constitucional, que lo tiene en sus manos desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.Podría impedir la ratificación, la postura y ponencia de un magistrado que defiende que es inconstitucional, según la organización."Hacemos una invitación respetuosa a los magistrados a conocer a profundidad el acuerdo de Escazú y a tener en cuenta las posturas a favor del acuerdo impulsadas por movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que son quienes viven diariamente los impactos de la violencia al defender el ambiente en un país como Colombia", explicó Torres.En este contexto, las organizaciones ambientales piden a la Corte que garantice un diálogo abierto y la posibilidad de una segunda audiencia que permita a los interesados preparar adecuadamente sus intervenciones.Realidad de EscazúPese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 13 han ratificado el pacto que, además de proteger a los ambientalistas, busca garantizar la mejor aplicación de las políticas ecológicas, los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de crisis climática.Si la Corte da luz verde, Colombia se convertiría en el país número 14 en ratificar el acuerdo.Se trata del primer acuerdo firmado a nivel mundial orientado a proteger a los defensores ambientales, un importante tratado para América Latina, la región más mortífera para defender el medioambiente, según la organización Global Witness.
La WWF en Colombia, organismo global que trabaja en pro de la conservación del medio ambiente, aseguró que la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 26 de abril para ratificar el Acuerdo de Escazú se encuentra en un desbalance de posiciones. De acuerdo con la organización, tan solo 23 personas, de las 73 que presentaron conceptos técnicos, fueron citadas para el encuentro.Es necesario recordar que el Acuerdo de Escazú es una iniciativa conjunta de países de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas relacionados con el medio ambiente.Para 2022, el Congreso de la República expidió la Ley 2273 en la que aprobaba implementar el acuerdo. Por lo mismo, desde diciembre de ese año la Corte Constitucional tiene la posibilidad de analizar la compatibilidad del documento con la Constitución Política, siendo el próximo 26 de abril, sobre las 8:30 de la mañana, la fecha en la que varios magistrados escucharán los argumentos respecto a la relación del tratado con la soberanía nacional.Bajo este panorama, la WWF afirmó que, además del desbalance en cuanto a las posturas que intervienen, la semana en la que se llevará a cabo el encuentro se cruza con la COP3 del Acuerdo de Escazú en Chile y con la audiencia sobre la emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados, ambas agendadas desde principio de año.Frente a lo anterior, la organización hizo un llamado “para que se garantice un debate abierto que cuente con una pluralidad de voces”. Además, manifestaron que es necesario que el país declare la constitucionalidad del tratado, siendo este un paso fundamental para el futuro de la protección ambiental y los derechos humanos.
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 10 de agosto de 2026:James Mosquera, representante a la Cámara por Chocó, se refirió a las afectaciones que dejó el terremoto en su región.Ronald Bonilla, gobernador encargado de Caldas, habló de los reportes actualizados y los balances en los daños estructurales, heridos y fallecidos en Manizales y el departamento.El profesor de la Unal, Jhon Jairo Blandón, explicó qué deben tener en cuenta las personas al momento de tomar la decisión sobre volver a sus casas tras el terremotoAmadeo Benavent, profesor de ingenieria sísmica, de la Universidad Politécnica de Madrid, charló sobre las infraestructuras en Colombia están preparadas para enfrentar este tipo de desastres naturales.El presidente Abelardo De La Espriella declara desde el Comité de Gestión de Riesgo la situación de desastre nacional luego del terremoto de 7.4 y que deja hasta el momento más de 70 personas fallecidas.Francisco Moreno, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, fue consultado por cómo se debe actuar en momentos de emergencia y evitar complicaciones.El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, habló sobre cómo la ciudadanía puede ayudar para gestionar el desastre, qué necesitan y cómo donar.Escuche el programa completo acá:
Si bien en Barranquilla no se presentaron afectaciones por el fuerte sismo de este lunes, algunos residentes de edificios reportaron haberlo percibido levemente, por lo que como medida preventiva, algunas de estas edificaciones debieron ser evacuadas siguiendo el protocolo que se ejecuta durante este tipo de eventos, mientras se verifican las condiciones de seguridad.Entre ellas se encuentran la sede de la Alcaldía de Barranquilla, en el Paseo Bolívar; la Torre Manzur, donde funciona la Fiscalía; el edificio de Salud Total, ubicado en la calle 84 con carrera 47, y la sede de la Gobernación del Atlántico, entre otras.A propósito, como medida preventiva ante cualquier emergencia, no habrá atención al ciudadano por el día lunes 10 de agosto en el edificio de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicado en el Paseo Bolívar; local contiguo, antigua Alcaldía; oficinas de la Secretaría de Educación, ubicadas en el centro comercial Los Ángeles; sede de la Secretaría de Tránsito, y alcaldías locales, espacios que se encuentran en revisión técnica preventiva por parte de un equipo especializado.El alcalde Alejandro Char también ha dispuesto la instalación de un Puesto de Mando Unificado, PMU, desde donde se coordinarán acciones de prevención en la ciudad y articulación para ayudar a las regiones afectadas.A su vez, tal como ocurrió durante la emergencia en Venezuela, se habilitó el centro de acopio de la carrera 43 # 6-120, en el corazón del mercado de Barranquillita, para recibir donaciones las 24 horas del día y llevar estas ayudas humanitarias a los afectados en otras regiones del país.Allí se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, artículos de bebé, ropa en buen estado y colchonetas.La operación del centro de acopio cuenta con el acompañamiento permanente de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, desde donde se coordina la recepción, clasificación y organización de las ayudas que posteriormente serán entregadas a la población afectada.
La aplicación DiDi activó medidas especiales para facilitar la movilidad y las entregas en varias ciudades afectadas por el terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia. La compañía anunció cambios en sus servicios para atender las necesidades que puedan surgir durante la emergencia.La plataforma informó que puso sus capacidades tecnológicas a disposición de las comunidades y que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones de movilidad y seguridad para ajustar sus medidas conforme avance la situación.¿En qué ciudades DiDi aplicará medidas por el terremoto?Una de las primeras decisiones fue suspender la comisión de intermediación para los usuarios arrendadores en cinco ciudades consideradas entre las más impactadas: Cali, Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia.La empresa también anunció límites al multiplicador dinámico en Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Manizales, Popayán y Armenia. La medida busca evitar incrementos descontrolados en los precios ante una posible reducción de la oferta de transporte público.En el caso de DiDi Food, también se limitó el multiplicador dinámico para contribuir a mantener opciones de entrega asequibles durante la contingencia.¿Cómo funcionarán los viajes gratuitos hacia centros de acopio?DiDi anunció que ofrecerá solicitudes de arrendamiento gratuitas hacia y desde los centros de acopio que sean establecidos por las autoridades y organizaciones de apoyo.La medida comenzará una vez estos puntos sean definidos, por lo que los usuarios deberán estar atentos a la información que entregue la plataforma.Además, la compañía señaló que mantendrá comunicación con usuarios arrendadores y repartidores para compartir actualizaciones relacionadas con seguridad y movilidad.La empresa también recordó que las solicitudes de arrendamiento intermediadas mediante su aplicación cuentan con una póliza de seguro que cubre tanto a usuarios arrendadores como arrendatarios.¿Qué recomienda DiDi durante la emergencia?La compañía indicó que continuará revisando en tiempo real el comportamiento de la aplicación y las condiciones de las ciudades afectadas. La prioridad, señaló, será mantener la seguridad mientras se adaptan las medidas a la evolución de la emergencia.Por eso, recomendó:Atender las indicaciones de las autoridades.Evitar desplazamientos que no sean indispensables.Utilizar la aplicación únicamente cuando las condiciones sean seguras.Con estas medidas, DiDi busca mantener disponibles sus servicios de movilidad y entrega mientras las comunidades afectadas enfrentan las consecuencias del terremoto.
Los congresistas santandereanos expresaron su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió al occidente del país y plantearon acciones para apoyar a los damnificados y atender los daños ocasionados por el movimiento telúrico.El senador santandereano Gustavo Moreno solicitó al Gobierno Nacional decretar la emergencia económica, con el propósito de disponer de recursos y agilizar la atención de las comunidades afectadas. El congresista hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas frente a la emergencia.“No importa la ideología”, señaló Moreno, al considerar que en este momento la prioridad debe ser atender a las personas que resultaron afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas por el terremoto.Por su parte, el representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, informó que radicó una proposición para que los congresistas donen un día de salario y que estos recursos sean destinados a apoyar a las personas damnificadas por el sismo en diferentes regiones del país.Las iniciativas se suman a los llamados de solidaridad y a las acciones que se adelantan para establecer la magnitud de las afectaciones. Las autoridades mantienen la evaluación de daños y la atención a las comunidades que requieren asistencia.El terremoto generó afectaciones en distintos sectores del occidente colombiano, dejando daños materiales y familias que requieren apoyo. Ante la emergencia, distintos sectores han pedido fortalecer la respuesta institucional y garantizar recursos para la atención y recuperación de las zonas afectadas.
La transición en la administración de varios corredores viales del Oriente antioqueño que quedan en manos del Instituto Nacional de Vías, sigue generando preocupación entre autoridades locales por la respuesta ante emergencias, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de las intervenciones pendientes en una de las redes viales más transitadas del departamento y el país.La inquietud se concentra especialmente en la autopista Medellín-Bogotá, eje estratégico para la movilidad de pasajeros y carga. Ante este panorama, el municipio de Guarne decidió anticiparse a posibles dificultades y anunció la activación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y el Comité de Seguridad Vial con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en los tramos de jurisdicción nacional que atraviesan su territorio, incluyendo el que conecta al aeropuerto José María Córdova.El alcalde Mauricio Grisales informó que Guarne ya cuenta con un protocolo para atender incidentes de tránsito, el cual incluye la disponibilidad de ambulancias, personal de emergencias y la capacidad instalada de los centros asistenciales de la localidad para recibir a las personas que puedan resultar lesionadas en diversas situaciones sobre las vías."En el momento no se ha definido, digamos, algo concreto con respecto a este tema, pero, entonces, desde el municipio para poder actuar, para brindar ese apoyo en todo lo que tiene que ver nuestra jurisdicción con la autopista Medellín-Bogotá y la vía al aeropuerto", indicó. El mandatario reiteró la solicitud al Gobierno nacional para acelerar los trámites que permitan ejecutar las obras de movilidad priorizadas por administraciones locales y que requieren aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura.Los proyectos serán financiados con cerca de 121.000 millones de pesos correspondientes a los excedentes generados por el recaudo de peajes durante más de dos décadas de operación de Devimed, pero están a la espera de autorizaciones finales por parte de dicha entidad.
