El Gobierno nacional abrió una consulta pública para definir la hoja de ruta que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú en el país. El proceso, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará abierto hasta el próximo 19 de febrero y busca que distintos sectores de la sociedad envíen comentarios, observaciones y propuestas.Esta consulta está dirigida a la ciudadanía en general, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ambientales, academia, autoridades territoriales y otros actores interesados.El objetivo, según el Gobierno, es promover una participación informada e incidente que permita definir acciones prioritarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta plantea medidas específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover una participación pública efectiva en decisiones que afectan los territorios y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.Entre los ejes prioritarios del documento se encuentra la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional. También se contempla el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad, que impide retrocesos en la protección de los derechos humanos ambientales.Otro de los componentes clave de la hoja de ruta es la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.La propuesta también enfatiza la necesidad de promover una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.La implementación de estas acciones estaría a cargo de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, una instancia que por ahora se encuentra en proceso de definición.Este proceso se da luego de que la Corte Constitucional avalara, en agosto de 2024, la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. El fallo fue considerado un hito por el Gobierno, al consolidar el carácter vinculante del tratado y reforzar la obligación del Estado de garantizar los derechos ambientales y proteger a quienes defienden la naturaleza.Con la apertura de esta consulta pública, el Ejecutivo busca recoger aportes que permitan ajustar la hoja de ruta y avanzar en una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia, que ha sido registrado como uno de los países de mayor riesgo para los líderes ambientales, de acuerdo con la organización de derechos humanos, Global Witness.
El Ministerio de Ambiente abrió una consulta pública para discutir el proyecto que crea la Comisión Intersectorial para implementar el Acuerdo de Escazú. En la iniciativa, que estará disponible hasta el próximo 15 de agosto, podrán participar defensores de ambiente, organizaciones, comunidades, pueblos étnicos y todos los interesados.“A partir de hoy, la ciudadanía y los sectores sociales tendrán la oportunidad de aportar directamente en el diseño institucional de la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Esta consulta estará abierta hasta el 15 de agosto del 2025, y permitirá; que toda la ciudadanía en general aporte con una mirada territorial y diferencial, en el proceso, transparencia y la legitimidad del decreto”, dijo la ministra de Ambiente, Lena Estrada,¿Qué es el Acuerdo de Escazú?Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional, que involucra a la región de América Latina y el Caribe, en donde se reconoce el derecho de todos a vivir en un medio ambiente equilibrado, el derecho al acceso a la información, justicia ambiental y a la participación en la toma de decisiones de este tipo. El acuerdo es el primero en el mundo en impartir disposiciones puntuales para proteger a los defensores de derechos humanos ambientales.Para agosto de 2024, la Corte Constitucional declaró como exequible el Acuerdo de Escazú, lo que significa que es posible implementar el tratado en el país. Con el reciente decreto del Ministerio de Ambiente, será posible materializar un plan de trabajo por parte de todas las carteras en el Gobierno nacional que esté enfocado en lo anterior mencionado.“La creación de esta Comisión Intersectorial es un paso histórico y fundamental en el país, para asegurar una implementación efectiva, participativa, con enfoque de derechos humanos, de género, étnico, territorial y generacional. Por ello, el Ministerio de Ambiente invita a todas las personas, comunidades y sectores sociales del territorio colombiano, a participar activamente en la consulta pública, aportando sus visiones, experiencias y propuestas en el link”, dice el comunicado del Ministerio de Ambiente.
Cuatro días antes de la posesión de Irene Vélez como nueva directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la entidad expidió la resolución 686 del 14 de abril de 2025, en la que se actualiza su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. El ajuste incorpora un nuevo núcleo básico del conocimiento en ciencias humanas para cuatro cargos de libre nombramiento y remoción, lo que ha generado suspicacias sobre posibles adecuaciones previas a la llegada de la exministra.La Anla respondió que no se trata de nuevos cargos ni de cambios en funciones esenciales, sino de una actualización técnica centrada en roles asociados al diálogo social con comunidades, en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú. Según la entidad, esta modificación se aplicó a tres cargos en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental y uno en la Dirección General, con el fin de ampliar el espectro académico de los perfiles requeridos, incluyendo áreas como artes liberales, filosofía, ciencia política, relaciones internacionales y teología.La institución enfatizó que estos cambios son parte de una práctica regular de actualización del manual, ajustado al decreto 1083 de 2015, y que fueron socializados previamente con la organización sindical. Asimismo, recalcó que Irene Vélez aún no había asumido su cargo al momento de la resolución y que el proceso se enmarca en los principios del mérito y la legalidad.Pese a las aclaraciones, el momento en que se realizó la modificación ha generado cuestionamientos públicos, especialmente por tratarse de puestos estratégicos que podrían ser ocupados por profesionales afines al enfoque ideológico de la nueva dirección. La Anla insiste en que la medida responde exclusivamente a necesidades institucionales ligadas a la participación ambiental y no a intereses particulares.
La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional y explicó su importancia para la protección ambiental en Colombia. Destacó que la aprobación unánime de la Corte Constitucional al Acuerdo de Escazú significa que se puede comenzar la implementación del acuerdo de manera segura. Esto incluye el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección de líderes de derechos humanos. En los últimos dos años, el Ministerio de Ambiente ha trabajado en la creación del Sistema de Información Ambiental de Colombia, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre deforestación y otros problemas ambientales. Según la ministra, uno de los aspectos clave de Escazú es el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La implementación del Acuerdo de Escazú también incluye la obligación de las empresas de informar sobre los químicos y sustancias que vierten al agua, el suelo y el aire, para que la ciudadanía pueda entender los impactos ambientales. En cuanto a la protección de líderes ambientales, la ministra reconoció que aún hay desafíos debido al conflicto armado y la presencia de economías ilícitas en ciertas regiones del país. Sin embargo, destacó la importancia de trabajar de la mano con estos líderes en la prevención y en una estrategia integral del Estado. En relación a los mitos en torno a la ratificación del Acuerdo de Escazú, la ministra aclaró que no se ampliarán las consultas previas y que el acuerdo no frenará la economía del país, sino que traerá inversiones extranjeras más responsables. También enfatizó en la importancia de la participación pública y el acceso a la información para garantizar una distribución justa del agua en la sabana de Bogotá. En cuanto a la polémica sobre el racionamiento de agua en Bogotá, la Ministra explicó que hay un desequilibrio ambiental debido a las fuentes propias de agua en municipios como La Calera, donde operan plantas embotelladoras. Destacó la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades regionales para corregir estas injusticias ambientales y promover una distribución justa del agua en la región. Escuche aquí la entrevista:
La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".>>> Lea también: Corte Constitucional dejó en firme el Acuerdo de EscazúEn línea con lo anterior también declaró 'exequible', es decir, que procede, la Ley 2273 de 2022.Ahora que la Corte dio luz verde, Colombia se convierte en el país número 14 en ratificar el acuerdo que originalmente fue firmado por 24 países.Hito para la historia ambiental de ColombiaPara el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la decisión adoptada por la Corte representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de los que protegen la naturaleza.Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, la ratificación del Acuerdo es "una victoria de todos. En el año de la naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos Paz con la Naturaleza".La COP16 tendrá lugar en Cali (suroeste) del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año, evento al que ya confirmaron los presidentes o jefes de Estado de Brasil, Panamá, Honduras, Ghana y Guinea-Bisáu.Según la ministra Muhamad, la entidad avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que "las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas".En esa línea, su cartera lanzó el programa 'Alerta por mi ambiente', que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia.Este programa ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
Por decisión unánime en la Sala Plena, la Corte Constitucional dio vía libre al Acuerdo de Escazú, declarándolo así como Constitucional y además concluyó la Corte que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación sí cumplen los requisitos legales y no hubo vicios de trámite.En este caso, con la sentencia con ponencia del vicepresidente de la Corte el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de la ley y concluyó que tanto la fase previa gubernamental como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley.Además, la Corte señaló que no era necesario agotar la consulta previa con las comunidades étnicamente diferenciadas, ya que el Acuerdo no abarca una reglamentación específica que afecte directamente a estas comunidades.En cuanto al estudio material, la Corte Constitucional sostiene que el Acuerdo se ajusta a la Constitución Política, ya que promueve la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales, la participación ciudadana y la garantía de un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente.“Declarar Constitucional el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”. Expresa la decisión de la Corte.El presidente Gustavo Petro reaccionó mediante su cuenta de ‘X’ a la decisión adoptada por el alto tribunal: “Felicitaciones a la Corte Constitucional. El Tratado de Escazú es hoy ley en Colombia”, escribió el mandatario.
La alianza por el Acuerdo de Escazú alertó que pese a haber pasado más de cinco años y de estar en la etapa final en su paso por la Corte Constitucional, el proyecto podría quemarse en la puerta del horno.Una de las principales preocupaciones tiene que ver precisamente con el tiempo. Si bien fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de entonces tras levantarse el paro de 2019, fue solamente hasta la llegada de Gustavo Petro a la presidencia que el acuerdo fue avalado con una ley en noviembre de 2022 y un espaldarazo similar dio por su cuenta el Congreso.Pero, desde ese entonces, la pelota ha estado en cancha de la Corte Constitucional y, el 3 de septiembre, vence el plazo en el que el alto tribunal se iba a pronunciar, para definir si ratificaba el acuerdo o lo tumbaba.Estas alertas fueron plasmadas en un comunicado suscrito por la Asociación Ambiente y Sociedad, el grupo Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Dejusticia, Movimiento Ambientalista Colombiano y WWF Colombia.Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, reconoció la labor de la Corte en cuanto a la revisión de fondo del acuerdo, pero reiteró la importancia de su ratificación. Ya tiene varias muestras de apoyo; es urgente para fortalecer el instrumento.Dos de las preocupaciones puntuales de la alianza surgieron durante la audiencia pública que se adelantó en abril pasado tras una solicitud del acuerdo para repasar el contenido. Allí, según Torres, hubo llamados de atención y críticas en temas como la soberanía nacional y la participación ciudadana que no se están incumpliendo.“El acuerdo, como todos los tratados internacionales, respeta el principio de soberanía nacional y se ciñe directamente a los principios del derecho internacional. Por ello, es preocupante que en una etapa final, después de cinco años en este proceso, todavía se sigan cometiendo los mismos errores de interpretación en contra de un tratado que busca fortalecer el marco normativo ambiental”, argumentó Torres.Con esto, el pronunciamiento de la alianza también envía busca enviarle un mensaje al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en cuyo despacho está la tarea de revisar el acuerdo y entregar su determinación, pues la otra alerta evidenciada durante la audiencia pública es los reparos sobre el alcance de la participación ciudadana.Torres defendió lo construido asegurando, por un lado, que el acuerdo era amplio y beneficiaba a todos los sectores de la sociedad y que ya Colombia se destaca por ser un país con la mayor cantidad de mecanismos de participación ciudadana en América Latina.“En nuestra experiencia, cuando se garantiza una participación efectiva de las comunidades, se previenen conflictos socioambientales, y esto es a lo que llamamos el Acuerdo de Escazú, que beneficia a todos los sectores de la sociedad, es un acuerdo de participación”, agregó Torres.Otra de las razones planteada por la alianza para que la Corte Constitucional ratifique el acuerdo es que desde el 2022 este se ha implementado en Latinoamérica y el Caribe, con 16 estados que lo confirman, por lo que Colombia entraría a ser un jugador importante con la experiencia ya adquirida en materia de conflicto socioambiental y de fortalecimiento de derechos humanos.Además, recordaron que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha implementado proyectos relacionados con el acuerdo.Sería incoherente tener una COP16 y no un Acuerdo de Escazú ratificado: AlianzaFinalmente, desde la alianza por el Acuerdo de Escazú señalaron la importancia de que, antes del desarrollo de la COP16 prevista para hacerse entre octubre y noviembre en Cali, ya el proyecto pase la prueba constitucional.“El lema de la COP16 es paz con naturaleza y la paz con naturaleza se logra respetando y visibilizando el rol de quienes protegen la biodiversidad en los territorios, que son las personas defensoras del ambiente que de hecho el acuerdo busca proteger. (...) Sería un escenario de mucha incoherencia y sobre todo con muchísimas preguntas de por qué el país anfitrión le está dando la espalda al primer tratado regional que protege a las personas defensoras”, puntualizó Torres.Si el acuerdo no pasa la prueba constitucional, Colombia tendría en riesgo temas como la credibilidad regional y el liderazgo, la vulnerabilidad de los líderes ambientales, limitaciones en cuanto a participación y acceso a la información, cooperación y apoyo económico de la banca multilateral, según el comunicado de las organizaciones.
Esta diligencia tuvo como propósito ratificar el tratado ambiental del Acuerdo de Escazú, que recordemos, tiene como lema el garantizar el acceso a los derechos medioambientales, proteger a los activistas y a la biodiversidad.En medio de esta audiencia llamó la atención la ausencia de Susana Muhamad, ministra de Medioambiente quien era la primera en intervenir ante los magistrados sus argumentos para defender el acuerdo de Escazú, quien finalmente sí llegó a la Corte luego de las intervenciones de las senadoras Paola Holguín y Angélica Lozano respectivamente.La ministra de Ambiente dijo con preocupación que este acuerdo busca la protección de los activistas ambientales, y dijo con contundencia que América Latina es uno de los continentes con mayores amenazar a líderes sociales.La senadora Angélica Lozano aseguró que el acuerdo de Escazú pueden facilitar la integración de grandes retos ambientales “Mecanismos como el acuerdo de Escazú, pueden facilitar el abordaje de retos ambientales en todo el sentido, desde la Amazonía o en caso de las fumigaciones que tiene otros elementos de la acción humana criminal”, expresó Lozano.Por otro lado, Paloma Valencia dijo en medio de la audiencia que el acuerdo de Escazú provocaría que las decisiones en materia ambiental las tomaran instancias internacionales y no los colombianos.Los magistrados de la Corte Constitucional en cabeza de su presidente, el magistrado José Fernando Reyes, escucharon los argumentos en torno al acuerdo de Escazú sobre todo luego de que la ministra de Ambiente reiterara que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según varios informes internacionales.
Colombia espera el último paso para la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento ambiental y regional que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional que convocó una audiencia pública en una fecha en la que no podrán asistir las organizaciones y expertos, algo que podría poner en peligro el proceso, según el sector ambiental.En este sentido, organizaciones sociales y ambientales han criticado que la audiencia pública citada por la Corte Constitucional es la misma semana que se celebran la Tercera Conferencia de las Partes (Cope) del acuerdo de Escazú, en Chile, y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barbados.Estas dos citas estaban "agendadas desde principio de año" y se cruzan con la audiencia de la Corte, que "congrega al mismo público y que no podrá participar", denunció la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), que participó activamente en la fase de negociación de Escazú e impulsó su ratificación en Colombia."Originalmente la Corte convocó a muy pocas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales pero recientemente, es decir, el lunes 22 de abril, publicó un auto en donde convocó a otros actores", entre ellos a la AAS, contó a EFE la subdirectora de esta asociación y miembro de la Alianza de Escazú, Vanessa Torres.También intervendrán "posibles opositores, que son básicamente las empresas privadas en Colombia que tienen una postura un poco radical frente al contenido del acuerdo de Escazú, entendiendo que atenta contra la soberanía nacional y contra la seguridad jurídica", agregó Torres.Escazú, cuyo nombre técnico es 'Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas, así como a la biodiversidad.Colombia fue uno de los más recientes países en ratificarlo ante la insistencia del sector ambiental y de autoridades, teniendo en cuenta que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según informes internacionales.El último paso después de una larga batalla en el Legislativo y la rúbrica del presidente, Gustavo Petro, es la luz verde de la Corte Constitucional, que lo tiene en sus manos desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.Podría impedir la ratificación, la postura y ponencia de un magistrado que defiende que es inconstitucional, según la organización."Hacemos una invitación respetuosa a los magistrados a conocer a profundidad el acuerdo de Escazú y a tener en cuenta las posturas a favor del acuerdo impulsadas por movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que son quienes viven diariamente los impactos de la violencia al defender el ambiente en un país como Colombia", explicó Torres.En este contexto, las organizaciones ambientales piden a la Corte que garantice un diálogo abierto y la posibilidad de una segunda audiencia que permita a los interesados preparar adecuadamente sus intervenciones.Realidad de EscazúPese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 13 han ratificado el pacto que, además de proteger a los ambientalistas, busca garantizar la mejor aplicación de las políticas ecológicas, los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de crisis climática.Si la Corte da luz verde, Colombia se convertiría en el país número 14 en ratificar el acuerdo.Se trata del primer acuerdo firmado a nivel mundial orientado a proteger a los defensores ambientales, un importante tratado para América Latina, la región más mortífera para defender el medioambiente, según la organización Global Witness.
La WWF en Colombia, organismo global que trabaja en pro de la conservación del medio ambiente, aseguró que la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 26 de abril para ratificar el Acuerdo de Escazú se encuentra en un desbalance de posiciones. De acuerdo con la organización, tan solo 23 personas, de las 73 que presentaron conceptos técnicos, fueron citadas para el encuentro.Es necesario recordar que el Acuerdo de Escazú es una iniciativa conjunta de países de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas relacionados con el medio ambiente.Para 2022, el Congreso de la República expidió la Ley 2273 en la que aprobaba implementar el acuerdo. Por lo mismo, desde diciembre de ese año la Corte Constitucional tiene la posibilidad de analizar la compatibilidad del documento con la Constitución Política, siendo el próximo 26 de abril, sobre las 8:30 de la mañana, la fecha en la que varios magistrados escucharán los argumentos respecto a la relación del tratado con la soberanía nacional.Bajo este panorama, la WWF afirmó que, además del desbalance en cuanto a las posturas que intervienen, la semana en la que se llevará a cabo el encuentro se cruza con la COP3 del Acuerdo de Escazú en Chile y con la audiencia sobre la emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados, ambas agendadas desde principio de año.Frente a lo anterior, la organización hizo un llamado “para que se garantice un debate abierto que cuente con una pluralidad de voces”. Además, manifestaron que es necesario que el país declare la constitucionalidad del tratado, siendo este un paso fundamental para el futuro de la protección ambiental y los derechos humanos.
En medio de las dificultades que han tenido que enfrentar varias familias tras el terremoto del pasado 10 de agosto, hoy se abre una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. En la Clínica Fundación Valle del Lili, ubicada en el sur de Cali, el presidente Abelardo de la Espriella hizo la entrega de cinco de los nueve apartamentos que serán destinados a familias afectadas por esta emergencia.Una de las beneficiarias es Estefany Echavarría, quien perdió ambas piernas a raíz del terremoto. También recibió las llaves de su nuevo hogar María Pureza Angulo, de 90 años, quien sufrió la amputación de una de sus piernas durante el sismo. El presidente afirmó que, para estas familias, la entrega de una vivienda representa mucho más que recibir un techo: significa la posibilidad de reconstruir sus vidas luego de una emergencia que dejó profundas heridas."Este nos permite vivir un acto de esperanza de alegría, para mí es especial y mejor aún entregar estos apartamentos a familias que sufrieron directamente las consecuencias de aquella tragedia del 10 de agosto porque hoy salen de aquí con su casa, quiero felicitarlas ", dijo el presidente.Le puede interesar: Gobernadora del Valle entrega ayudas y anuncia nuevas viviendas para damnificados por terremotoDurante la jornada también fueron anunciadas nuevas medidas en materia de infraestructura y vivienda para el departamento del Valle del Cauca. Uno de los anuncios está relacionado con obras de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con el presidente, serán aprobados recursos por más de 97.000 millones de pesos para desarrollar proyectos en varios municipios."Para anunciar dos decisiones concretas y poder seguir avanzando en el Valle del Cauca en agua y vivienda, hoy se aprobarán 10 proyectos de acueducto y alcantarillado por 97,000 millones de pesos en municipios como La Unión, Palmira, Río Frío, San Pedro, Yotoco y Zarzal, Estos proyectos permitirán avanzar en soluciones de acueducto y alcantarillado en la zona rural en distintos municipios del departamento del Valle del Cauca", expresó el mandatario.En materia de Vivienda, se anunció además la asignación de 1.200 subsidios para facilitar la compra de vivienda nueva en el Valle del Cauca. La inversión destinada para este programa supera los 50 mil millones de pesos. Mientras algunos de los apartamentos ya fueron entregados completamente terminados y amoblados, otros continúan en construcción y serán entregados en obra gris. Cada vivienda representa una historia diferente. Una de ellas es la de María Pureza, quien no pudo estar en condiciones de hablar durante el acto y fue representada por su sobrina."Esto representa algo muy grande en devolverle a mi tía algo que es prácticamente su vida, es que están vivos de milagro, le agradecemos al alcalde al presidente y a las personas que están detrás de esta entrega. Esto significa algo muy grande porque le devuelven parte de su vida, su casa, su hogar y sea lo que sea es algo totalmente agradecido", manifestó la sobrina de María Pureza.En la iniciativa participaron seis empresas constructoras, que se vincularon con aportes para hacer posible la entrega de estos apartamentos a las personas afectadas por el terremoto.
Colombia se prepara para su segunda temporada de lluvias del año, pero esta vez bajo un escenario particular: por la influencia del fenómeno de El Niño se espera que entre octubre y diciembre llueva menos de lo habitual, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.Pero que llueva menos no quiere decir que desaparezca el riesgo de emergencias; así lo advirtió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo David Alejandro Tamayo, quien señaló que pueden presentarse lluvias intensas de corta duración, que, “en zonas afectadas por incendios forestales, con pérdida de cobertura vegetal y alteraciones en su capacidad de filtración del suelo, favorecen eventos como crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y movimientos en masa”.Y es que ante esto, la UNGRD expidió una circular con 38 acciones de preparación. Entre las medidas están revisar cuáles son actualmente las zonas más expuestas, mantener vigilancia sobre ríos, quebradas y cuencas con antecedentes de emergencias e identificar puntos críticos antes de que se presenten las lluvias más fuertes.Además, pidió a gobernadores, alcaldes, autoridades ambientales y coordinadores departamentales y municipales de la entidad para que fortalezcan de sus planes de prevención, preparación y respuesta.El llamado se produce después de varios meses con pocas lluvias. Según el reporte del IDEAM, durante julio y agosto hubo un déficit marcado de precipitaciones en varios sectores del país, situación que continuó durante las primeras semanas de septiembre. Al mismo tiempo, se registraron temperaturas máximas históricas en zonas de Antioquia, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.
A medida que se acerca la radicación del escrito de acusación contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado por la Fiscalía del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, se conocen nuevos elementos incorporados al expediente.De acuerdo con la investigación, Villalba habría autorizado previamente el ingreso de Martinson al inmueble, donde ella permanecía de manera temporal. El extranjero, presuntamente, se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su posterior identificación.La hipótesis de la Fiscalía indica que, una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Martinson le habría propinado múltiples golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo habría trasladado hasta la ducha del baño, donde abrió la llave.La investigación también señala que el hombre habría realizado maniobras para eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa con la que ingresó al inmueble y depositado las prendas en una bolsa que posteriormente habría arrojado al ducto de basuras del edificio. Estos movimientos, de acuerdo con el expediente, quedaron registrados en las cámaras de seguridad.Precisamente, uno de los elementos conocido por Blu Radio, corresponde al testimonio de un reciclador que trabajaba en la zona norte de Bogotá y que habría revisado las canecas de basura del edificio el 19 de junio, un día después del crimen. El hombre aseguró haber encontrado una bolsa negra que contenía un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas y abundante líquido.En su declaración, incorporada al expediente, manifestó: “El día 19 de junio, como a la 1:30 de la tarde, cuando me encontraba realizando mi labor de reciclaje en el edificio, en las canecas destinadas para la basura, en una de ellas. Voy a observar las bolsas de basura más o menos como en la mitad. Observo una bolsa de color negro, la cual procedo a abrirla para observar el contenido, y allí veo que dentro de la misma hay un pantalón de jean color claro, el cual estaba doblado y estaba con manchas de color rojas, como de sangre, llenas como de agua, con bastante líquido y como sangre”.Otro de los testimonios corresponde a la mujer encargada del aseo del apartamento que habría sido utilizado mediante Airbnb. La trabajadora relató que encontró un casco y una carpeta azul y que intentó obtener respuesta desde el baño, donde posteriormente fue encontrada la maleta con el cuerpo de Villalba.La mujer señaló que inicialmente observó el lugar con normalidad, con ropa femenina, tacones y un abrigo. Sin embargo, posteriormente habría advertido manchas en la habitación. “Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató.A estos elementos se suma otra investigación que la Fiscalía adelanta contra Martinson a partir de una denuncia presentada por un ciudadano extranjero identificado como Cameron Gregory. El caso está relacionado con hechos que, de acuerdo con el relato presentado por el denunciante, habrían ocurrido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso que Gregory manifestó haber tenido inconvenientes con Martinson por el pago del hospedaje y que, durante ese periodo, habría experimentado episodios que atribuyó a un posible suministro de sustancias. Según la denuncia citada por la Fiscalía, el ciudadano afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de dormir durante más de 15 horas, se sentía mareado y presentaba dolores en zona genital.El denunciante también expresó sospechas sobre un posible acceso de Martinson a su cuenta de WhatsApp y señaló que este habría abandonado el lugar después de que la propietaria le advirtiera sobre la importancia de acudir a la Policía. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y son materia de investigación.Martinson fue capturado el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y un computador, elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para el avance del expediente por el feminicidio de Natalia Villalba.
Santander registra 1.265 intentos de suicidio en lo corrido de 2026, una cifra que representa un incremento del 1,4 % frente a los 1.248 casos reportados durante el mismo periodo de 2025, según datos del SIVIGILA divulgados por la Secretaría de Salud de Santander.El reporte se conoce durante septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio, y pone nuevamente la atención sobre la importancia de identificar señales de alerta y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental.Los municipios que concentran el mayor número de notificaciones son Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En el departamento, la tasa de incidencia alcanza 52,5 casos por cada 100.000 habitantes.Entre los principales factores desencadenantes identificados aparecen los problemas familiares, relacionados con 570 casos, equivalentes al 45,1 %, mientras que los problemas de pareja están asociados a 341 casos, correspondientes al 27 %.En cuanto a los mecanismos reportados, la intoxicación representa el 54,9 % de los casos y las lesiones con elementos cortopunzantes, el 29,7 %. La Secretaría de Salud precisó que en algunos episodios se notificó el uso de más de un mecanismo.El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a familiares y comunidades a prestar atención a las señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de crisis.La recomendación de las autoridades es buscar ayuda profesional de manera oportuna, especialmente ante síntomas de depresión, pensamientos de hacerse daño o cambios importantes en el comportamiento. También reiteran que escuchar sin juzgar y acercar a la persona a las rutas de atención en salud mental puede contribuir a prevenir nuevos casos.
Con 24 votos a favor y 20 en contra, la el Concejo de Bogotá acaba de aprobar el cobro del alumbrado público y su modernización vía una sobretasa al impuesto predial, que será cobrado a estratos 4, 5 y 6 y viviendas con avalúo comercial superior a los 1000 millones de pesos, a partir de enero del próximo año.En desarrollo...
