En el segundo intento, finalmente la Cámara de Representantes dio visto bueno en el último, de cuatro debates, a la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca la protección de líderes ambientales, así como facilitarles el acceso a información.
La iniciativa, que en el pasado no prosperó por la preocupación de varios sectores respecto a las implicaciones en materia de inversión y otros asuntos, logró 119 votos en la Plenaria de la Cámara, gracias a las nuevas mayorías petristas, que incluyen a partidos como el Conservador, antes opositor al Acuerdo.
Durante el debate, se retiraron el Centro Democrático y Cambio Radical, así como los representantes Miguel Polo Polo y Merelen Castillo, quienes alegaron falta de garantías.
Sin embargo, el Gobierno nacional ya tenía aseguradas cómodas mayorías, razón por la cual logró los votos necesarios para dar luz verde. Como hubo un cambio en el título, el proyecto requerirá ser conciliado con el Senado previo a que sea enviado a la Corte Constitucional, que dará la última palabra sobre el trámite.
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Una vez prospere, Colombia se convertirá en el país número 14 en rarificar el acuerdo. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, celebró la aprobación y destacó la solidez de la coalición de gobierno.
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“Se logró en 63 días lo que no se había logrado en tres años. Agradecimiento a las mayorías del Congreso”, precisó Muhamad, quien también explicó que a partir de mañana arrancarán la ruta de implementación, mientras la Corte Constitucional avanza en la ratificación.
El uribismo, entre tanto, cuestionó lo aprobado y explicó las razones para no haber participado del debate.
No voté Escazú: No hubo consulta previa, será un vicio en el trámite, cede soberanía en materia de justicia y el acceso a la información ya existe por disposición de la Constitución
— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) October 11, 2022
Se puede proteger el medio ambiente sin apoyar Escazú.
Escazú permitirá, entre otros temas, agilizar el acceso a la información ambiental, facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, proteger a los líderes ambientales que sean víctimas de amenazas y fortalecer los canales de acceso a la justicia en asuntos ambientales en Colombia.
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