La Dirección General Marítima (DIMAR) emitió una alerta por el aumento significativo del nivel del mar que se prevé en el Pacífico colombiano entre el martes 11 y el miércoles 19 de agosto de 2026. El fenómeno podría generar condiciones de riesgo en varios sectores costeros.De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), el comportamiento del mar está relacionado con la fase de luna nueva, que produce el fenómeno conocido como marea de sizigia o ‘puja’.Este fenómeno se caracteriza por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar, situación que, sumada al incremento en la intensidad de las corrientes marinas, podría ocasionar inundaciones en algunos sectores del litoral Pacífico.Entre las zonas que podrían presentar mayores afectaciones se encuentran Bahía Solano, en Chocó; Guapi, en Cauca; Juanchaco, en Buenaventura, Valle del Cauca; y Tumaco, en Nariño.¿Cuándo se registrarán los niveles más altos del mar?Según DIMAR, el sábado 15 de agosto será el día de mayor incidencia del fenómeno, cuando se esperan los registros más elevados del nivel del mar en diferentes puntos del Pacífico colombiano.En Tumaco se prevé un nivel de hasta 3,98 metros en alta mar, con el máximo estimado hacia las 5:32 de la mañana. En Bahía Solano, el nivel podría alcanzar los 4,06 metros alrededor de las 5:20 de la mañana.Por su parte, Buenaventura tendría uno de los registros más altos, con un nivel del mar de hasta 4,91 metros en alta mar, previsto aproximadamente para las 5:57 de la mañana del sábado 15 de agosto.DIMAR también advirtió que durante la marea descendente o vaciante podrían presentarse condiciones de riesgo para embarcaciones menores, pescadores artesanales y personas que desarrollen actividades turísticas en las playas.Ante esta situación, la autoridad marítima recomendó a las comunidades costeras, pescadores, comerciantes y turistas extremar las medidas de seguridad y atender las instrucciones de las autoridades locales y competentes.La recomendación también está dirigida al gremio marítimo, las marinas y las sociedades portuarias, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad y la vida humana en el mar.La Dirección General Marítima informó que continuará realizando un monitoreo permanente del comportamiento del fenómeno en el Pacífico colombiano y entregará nuevas actualizaciones en caso de que se presenten cambios significativos.
Entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República emitió 46 funciones de advertencia dirigidas a entidades del orden nacional tras identificar riesgos que podrían comprometer recursos públicos por un valor acumulado de $38,1 billones. El balance concentra las principales alertas en cinco sectores considerados estratégicos para el funcionamiento del Estado: economía y finanzas, infraestructura, agropecuario, inclusión social y minas y energía.De acuerdo con la entidad, las advertencias buscan prevenir posibles afectaciones al patrimonio público mediante un control fiscal preventivo sobre decisiones administrativas, presupuestales y contractuales antes de que los riesgos lleguen a materializarse.Economía y finanzas concentra la mayor cuantíaEl sector de Economía y Finanzas representa el mayor volumen de advertencias, con $23,8 billones.Entre las actuaciones más relevantes figura la advertencia emitida en marzo de 2024 sobre el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, luego de detectar riesgos derivados de la falta de desagregación de partidas de inversión y del detalle presupuestal incorporado en el articulado. Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 0163 de 2024 para corregir esas observaciones.En abril de 2026, la Contraloría también alertó al Ministerio de Hacienda sobre el crecimiento de la deuda pública y su impacto sobre la sostenibilidad fiscal. Según el organismo, durante 2025 el servicio de la deuda alcanzó $105 billones, equivalentes al 23 % del gasto público, mientras las tasas de los TES registraron niveles de 13,69 % para títulos de corto plazo y 14,03 % para los de largo plazo.Otra advertencia fue emitida en julio de 2026 tras evidenciar un incremento en la contratación pública luego del levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías. En ese periodo se suscribieron 14.414 contratos por $4,54 billones, incluyendo 11.208 contratos mediante contratación directa por $785.600 millones, situación frente a la cual la entidad advirtió riesgos asociados a la concentración de recursos y la capacidad financiera del Estado.Infraestructura reúne advertencias por $3,6 billonesEl segundo sector con mayor cuantía corresponde a Infraestructura, con $3,6 billones.Durante el periodo analizado fueron emitidas ocho advertencias relacionadas con proyectos concesionados y obras estratégicas del país. Entre ellas figuran los corredores Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó, el proyecto Mulaló–Loboguerrero, la restauración del Canal del Dique y los contratos vinculados al Muelle 13 de Buenaventura.La Contraloría también advirtió al INVIAS sobre la falta de demolición del antiguo Puente Pumarejo y por retrasos en pagos a contratistas, además de alertar a la ANI, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Hacienda por posibles implicaciones fiscales derivadas del manejo de vigencias futuras de concesiones 4G y 5G y de una eventual terminación anticipada de proyectos.En materia de gestión del riesgo, el organismo identificó posibles ineficiencias en la utilización de recursos destinados a atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña.Sector agropecuario suma riesgos por $2,8 billonesLas advertencias en el sector Agropecuario, valoradas en $2,8 billones, abarcan programas de vivienda rural, acceso a tierras, crédito agropecuario y ordenamiento territorial.Entre los hallazgos se encuentra el rezago cercano a 37.000 viviendas rurales pendientes de construcción correspondientes a subsidios otorgados entre 2000 y 2019. Asimismo, la Contraloría identificó un riesgo superior a $2,7 billones en la Agencia Nacional de Tierras por reservas presupuestales inducidas que podrían afectar programas de formalización y acceso a la propiedad rural.La entidad también advirtió sobre modificaciones regulatorias al sistema de crédito agropecuario sin estudios técnicos suficientes y llamó la atención sobre la necesidad de sustentar técnicamente las declaratorias de zonas de protección para la producción de alimentos.Inclusión social registra advertencias por $2,8 billonesEl sector de Inclusión Social acumula advertencias por $2,8 billones. Recientemente se emitieron alertas relacionadas con el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y la Equidad y con la ejecución de recursos administrados por FONIGUALDAD.La Contraloría identificó riesgos derivados de la ausencia de un liquidador durante la etapa inicial del proceso, situación que involucraba recursos superiores a $1,3 billones, un patrimonio autónomo cercano a $742.000 millones y operaciones contractuales próximas a $986.000 millones.Adicionalmente, la entidad alertó sobre contratación tercerizada sin evidencia suficiente de resultados asociados a la finalidad del fondo, así como riesgos de transparencia, trazabilidad y destinación de recursos públicos.En paralelo, un análisis sobre el proyecto de infraestructura social del Departamento para la Prosperidad Social evidenció retrasos en la ejecución, baja utilización del presupuesto y riesgos de incremento de costos en convenios desarrollados con 737 entidades territoriales.Minas y energía concentra advertencias por $1,4 billonesEl quinto sector corresponde a Minas y Energía, con advertencias por $1,4 billones.La Contraloría manifestó preocupación por la disminución en la incorporación de reservas de gas y petróleo, la presión fiscal asociada a subsidios energéticos y la ausencia de una política unificada para fortalecer la confiabilidad del sistema energético.Igualmente, advirtió sobre la falta de un plan de reversión minera para 236 equipos provenientes de La Jagua y Calenturitas, valorados en más de USD 41 millones, así como sobre la situación del Parque Solar URRÁ, proyecto que supera los $76.000 millones de inversión pública y que, según la advertencia, aún no acredita su puesta en operación plena.
El fenómeno de El Niño vuelve a ocupar un lugar central en las alertas climáticas por sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la generación de energía, la salud pública y el riesgo de incendios forestales. Las autoridades ambientales insisten en que, aunque se trata de un evento natural del sistema climático, la preparación y el uso responsable de los recursos pueden reducir parte de sus impactos.De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, una condición que modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. En Colombia, este fenómeno suele estar asociado con una disminución de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas, especialmente en las regiones Andina y Caribe.El Ideam explica que estos cambios pueden traducirse en periodos prolongados de sequía, reducción en los niveles de ríos y embalses, afectaciones al abastecimiento de agua y un aumento en la probabilidad de incendios forestales debido a la vegetación seca y las altas temperaturas.El impacto también alcanza al sistema energético. Colombia depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, por lo que una disminución sostenida de las lluvias puede reducir el nivel de los embalses utilizados para producir electricidad. Esta situación obliga a un manejo más eficiente de los recursos hídricos y energéticos durante los periodos de mayor sequía.En materia de salud, las altas temperaturas incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otras afectaciones relacionadas con la exposición prolongada a ambientes cálidos. Asimismo, el humo generado por los incendios forestales puede deteriorar la calidad del aire y afectar principalmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y otros grupos vulnerables. Las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las indicaciones oficiales cuando se presenten episodios de mala calidad del aire.A nivel internacional, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que El Niño forma parte del fenómeno conocido como Oscilación del Sur y tiene la capacidad de modificar los patrones climáticos en diferentes continentes. Dependiendo de la región, puede favorecer sequías prolongadas, lluvias intensas u olas de calor, razón por la cual el monitoreo permanente resulta fundamental para la gestión del riesgo.En Colombia, las entidades encargadas del seguimiento climático han reiterado que la preparación ciudadana también desempeña un papel importante. Entre las principales recomendaciones se encuentran ahorrar agua mediante un consumo responsable, revisar posibles fugas en viviendas, reducir el uso innecesario de energía y proteger los entornos naturales para disminuir el riesgo de incendios forestales. Estas acciones buscan contribuir al manejo eficiente de los recursos durante los periodos de mayor presión sobre los sistemas de abastecimiento.Las campañas de prevención de Wero y Blu Radio en pro de la adopción de hábitos cotidianos como apagar equipos eléctricos cuando no estén en uso, utilizar electrodomésticos de forma eficiente y evitar actividades que puedan originar incendios en zonas con vegetación seca. Estas medidas complementan las estrategias implementadas por las autoridades para enfrentar los efectos del fenómeno.
Rafiki, el primer cóndor andino nacido en el Programa de Conservación de la Fundación Parque Jaime Duque, celebró su segundo cumpleaños con un importante avance en su preparación para volver a la naturaleza. Por primera vez, el ave comparte espacio con sus hermanas Wayra y Ámbar, un proceso que permitirá fortalecer sus comportamientos naturales, su socialización y su adaptación antes de una futura liberación en los Andes colombianos.La convivencia entre Rafiki, Wayra y Ámbar hace parte de una fase fundamental del programa. Los especialistas evaluarán el reconocimiento entre los ejemplares, sus comportamientos sociales y su capacidad de adaptación, aspectos indispensables para que puedan sobrevivir en libertad.Este proceso permitirá determinar cuándo estarán listos para enfrentar el reto más importante del proyecto que es regresar a las montañas de los Andes colombianos, donde históricamente ha habitado el cóndor andino.Este hecho cobra especial importancia porque en Colombia sobreviven apenas cerca de 150 cóndores andinos en estado silvestre. Desde hace 14 años, la Fundación trabaja para recuperar la población de esta especie emblemática mediante investigación, reproducción y conservación.“Rafiki representa mucho más que un cóndor nacido bajo cuidado profesional. Representa la esperanza de que aún estamos a tiempo de cambiar la historia de una especie que hace parte de nuestra identidad como nación”, señaló la Fundación Parque Jaime Duque.La siguiente meta del programa será preparar a Rafiki para su liberación, un proceso que se desarrolla junto con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y que requiere estrictos estudios científicos y monitoreo permanente para garantizar el éxito de la misión.La Fundación destacó que la historia de Rafiki se ha convertido en un símbolo de esperanza para la conservación de la biodiversidad colombiana y resaltó el apoyo de empresas, organizaciones y ciudadanos que han respaldado este proyecto para proteger uno de los mayores símbolos naturales del país.
La Alcaldía de Barrancabermeja anunció que emprenderá acciones contra Ecopetrol tras evidenciar una nueva afectación ambiental en el Caño del Rosario, donde fueron hallados decenas de peces muertos y residuos de hidrocarburos que, según las autoridades distritales, estarían poniendo en riesgo el ecosistema del Caño San Silvestre y el hábitat del manatí antillano.Durante una visita al lugar, el secretario de Ambiente y Transición Energética del Distrito, Leonardo Granados, aseguró que la contaminación provendría de residuos de hidrocarburos que llegan desde la refinería y que desembocan en uno de los principales complejos hídricos del puerto petrolero."En el Caño del Rosario, donde desemboca al Caño San Silvestre, queremos que miren la cantidad de peces muertos por hidrocarburos. Este árbol está con residuos de hidrocarburos que vienen de la refinería y desembocan en San Silvestre. Esto atenta contra el manatí antillano y toda la biodiversidad", afirmó el funcionario. Granados explicó que la situación representa una amenaza para una de las especies más emblemáticas del Magdalena Medio y para el plan de conservación que se adelanta en Barrancabermeja para proteger los ecosistemas acuáticos."Somos un distrito biodiverso y defendemos la biodiversidad. Tenemos que unirnos para que pueda convivir la industria, pero también proteger nuestros recursos naturales", agregó.Las autoridades distritales hicieron un llamado urgente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen el origen de los residuos contaminantes.Ante la emergencia ambiental, la Administración Distrital anunció que adelantará las acciones legales y administrativas correspondientes para exigir responsabilidades por las afectaciones registradas en la zona."Iniciaremos acciones contra Ecopetrol por estos daños a nuestros recursos naturales", señaló Leonardo Granados.La Alcaldía hizo un llamado a las autoridades ambientales para que se adelanten las investigaciones que permitan determinar el origen y el impacto de la contaminación en el complejo hídrico de Barrancabermeja.Las autoridades mantienen el monitoreo en el sector mientras se evalúan las afectaciones ocasionadas por la presencia de hidrocarburos en el ecosistema.
Colombia enfrenta un escenario de vigilancia climática ante la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide durante el segundo semestre del año. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la posibilidad supera el 90 %, una condición que podría traducirse en temperaturas más altas, disminución de las lluvias y un aumento del riesgo de incendios forestales y de presión sobre las fuentes hídricas en varias regiones del país.La advertencia ha llevado a las autoridades ambientales a insistir en la preparación más que en la preocupación. El llamado se centra en adoptar medidas preventivas desde los hogares, las comunidades y los sectores productivos para reducir los efectos que podría generar un periodo prolongado de condiciones secas.El Ideam ha explicado que El Niño hace parte del ciclo climático natural conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Ese cambio modifica los patrones de circulación atmosférica y, en el caso de Colombia, suele asociarse con una reducción de las precipitaciones en amplias zonas del territorio y un incremento de las temperaturas. Su fase opuesta es La Niña, que generalmente favorece lluvias por encima de los promedios históricos.Además de las proyecciones nacionales, organismos internacionales de monitoreo climático han señalado que este evento podría alcanzar una intensidad importante. Algunos expertos utilizan de manera coloquial el término "súper El Niño" para describir episodios excepcionalmente fuertes, aunque no corresponde a una categoría oficial. Históricamente, los eventos más intensos han tenido repercusiones sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola, la generación de energía y los ecosistemas.Ante este panorama, las recomendaciones apuntan a fortalecer la cultura de prevención. Ahorrar agua, utilizar de forma eficiente la energía, evitar las quemas y proteger las fuentes hídricas son algunas de las acciones promovidas por las autoridades para disminuir la presión sobre los recursos naturales en caso de que las condiciones secas se prolonguen.Una campaña desarrollada por Blu Radio en alianza con Wero que busca precisamente reforzar ese mensaje de preparación. La iniciativa promueve acciones cotidianas enfocadas en el cuidado del agua, la protección del entorno y el uso responsable de los recursos, recordando que la adaptación al clima también depende de decisiones individuales que contribuyen a enfrentar los desafíos asociados a la variabilidad climática.
El caracol gigante africano es catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, debido a su rápida proliferación y alta capacidad de adaptación.Su manipulación incorrecta puede transmitir infecciones graves, incluso al sistema nervioso central. Por esta razón, se reitera a la ciudadanía no tocarlos con las manos descubiertas; en caso de contacto accidental, se debe lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón y buscar atención médica.El Área Metropolitana del Valle de Aburrá lidera una estrategia para frenar su propagación. Los ejemplares recolectados son entregados a Emvarias para su disposición final a través de una ruta de recepción semanal.Alejandra Rodriguez Botero, profesional del Equipo Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló la situación."Es importante recalcar que es un trabajo para la reducción del riesgo y la prevención del mismo con las comunidades. Durante el año 2026, hemos recolectado aproximadamente 700 kilogramos de estas especies invasoras en un trabajo articulado", manifestó.Asimismo, para fortalecer la capacidad de respuesta, cerca de 1.300 personas han sido capacitadas este año en el reconocimiento y manejo seguro de esta especie.Para prevenir la proliferación de estos animales, las autoridades recomiendan mantener limpios jardines, patios y parques, realizar una disposición adecuada de residuos y recoger los excrementos de las mascotas.
El Niño y La Niña son fenómenos climáticos naturales que se originan en el océano Pacífico tropical y tienen la capacidad de modificar las temperaturas, las lluvias y otros patrones meteorológicos en distintas regiones del mundo. Aunque forman parte de la variabilidad natural del clima, sus efectos pueden influir en actividades económicas, recursos hídricos y condiciones ambientales.La diferencia principal entre ambos eventos está relacionada con la temperatura superficial del mar y el comportamiento de los vientos alisios, que normalmente desplazan las aguas cálidas del Pacífico hacia el oeste. Cuando estos vientos se debilitan, las aguas superficiales se calientan más de lo habitual y se desarrolla El Niño.Según organismos especializados como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), El Niño suele estar asociado con un aumento de las temperaturas y cambios en los regímenes de precipitación. Dependiendo de la región, puede favorecer períodos más secos y condiciones de calor más intensas.Por su parte, La Niña ocurre cuando los vientos alisios se fortalecen. Este proceso favorece el ascenso de aguas más frías desde las profundidades del océano hacia la superficie, reduciendo la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial. Como consecuencia, en varias zonas del planeta pueden registrarse lluvias más abundantes y una mayor probabilidad de inundaciones.Ambos fenómenos hacen parte del sistema conocido como Oscilación del Sur-El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés), uno de los principales factores que influyen en la variabilidad climática global. Por esta razón, los centros meteorológicos monitorean constantemente las condiciones oceánicas y atmosféricas para anticipar su evolución y emitir pronósticos.Ante la posibilidad de impactos asociados a estos eventos, los expertos recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales y adoptar medidas de preparación. Entre ellas se encuentran contar con una mochila o kit de emergencias, identificar zonas seguras, proteger los cultivos y planificar acciones para enfrentar posibles cambios en las condiciones climáticas.La preparación y el acceso a información confiable son herramientas fundamentales para reducir riesgos y responder de manera oportuna ante eventos asociados a El Niño y La Niña. En este contexto, una campaña liderada por Blu en alianza con Wero busca fortalecer el conocimiento ciudadano sobre estos fenómenos y promover acciones preventivas frente a sus posibles impactos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó para comentarios un proyecto de resolución con el que busca delimitar de manera progresiva el Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. La propuesta es la primera aplicación de la metodología nacional de delimitación progresiva adoptada mediante la Resolución 863 de 2026 y estará disponible para observaciones entre el 14 y el 29 de julio antes de que se tome una decisión definitiva.El proyecto plantea delimitar 29.199,44 hectáreas de páramo distribuidas en 19 municipios donde ya culminó la concertación de los seis temas exigidos por la Corte Constitucional dentro del proceso de participación ordenado por la Sentencia T-361 de 2017. Además, incorpora otros nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación institucional, la protección de las fuentes de agua, la fiscalización y los mecanismos de financiación.Según el Ministerio, la delimitación progresiva permitirá convertir en decisiones jurídicas los acuerdos alcanzados con las comunidades en los municipios donde el proceso participativo ya terminó, mientras continúan las etapas pendientes en los demás territorios.La cartera ambiental asegura que esta metodología evita fragmentar el ecosistema y mantiene las medidas de protección vigentes en las zonas que aún no hacen parte de la delimitación, hasta que finalicen los respectivos procesos.De manera paralela, el Ministerio también publicó para comentarios otros dos proyectos normativos: uno para declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, con el fin de proteger un sistema hídrico estratégico, y otro para actualizar y prorrogar hasta marzo de 2029 la reserva temporal existente en el costado occidental del macizo, mientras concluyen los estudios técnicos, ambientales y jurídicos. El Ministerio indicó que las observaciones que presenten ciudadanos, comunidades y organizaciones durante el periodo de consulta serán analizadas antes de expedir las resoluciones definitivas. Asimismo, reiteró que las medidas propuestas mantienen la protección ambiental del páramo y diferencian los procesos de formalización de pequeña minería de las actividades de mediana y gran minería, que seguirán sujetas a las restricciones previstas por la legislación vigente.
Los próximos 15 y 16 de agosto, Honda, Tolima, será sede del III Encuentro Ciudadanos del Río: Comunidades Creadoras, una iniciativa de CoCrea que, en alianza con La Magdalena Fest.Este evento reunirá a líderes comunitarios, investigadores, artistas, sabedores ancestrales, pescadores artesanales, gestores culturales, empresarios y organizaciones ambientales para intercambiar experiencias sobre la conservación de los cuerpos de agua y el papel de las comunidades en ese propósito.El encuentro busca generar espacios de diálogo alrededor de la relación entre el agua, la cultura y los territorios. Durante los dos días de programación se desarrollarán conversatorios, talleres, exposiciones y un recorrido por el río Magdalena, con la participación de representantes de diferentes regiones del país que compartirán experiencias relacionadas con la protección de ríos, manglares, humedales y otros ecosistemas acuáticos, así como iniciativas de restauración ambiental, pesca artesanal, ecoturismo y prácticas culturales vinculadas al cuidado del agua.Uno de los principales anuncios del encuentro será la conformación de la Red Biocultural Ciudadanías de Río, una iniciativa liderada por CoCrea, que reunirá a organizaciones, instituciones y comunidades dedicadas a la conservación de los cuerpos de agua desde un enfoque que incorpora los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de los territorios. La red tendrá como objetivo fortalecer el intercambio de experiencias, promover alianzas entre distintos sectores y visibilizar iniciativas desarrolladas por comunidades en diferentes regiones del país.En esta red participarán organizaciones como WWF, Tropenbos y The Nature Conservancy (TNC), además de actores territoriales que trabajan en procesos de conservación y protección de ecosistemas acuáticos.La iniciativa también busca impulsar espacios de articulación entre comunidades, academia, entidades públicas, sector privado y organizaciones de cooperación para promover acciones relacionadas con la protección del agua y la biodiversidad.La agenda académica estará integrada por paneles sobre la relación entre cultura y conservación de los cuerpos de agua, el papel de los saberes ancestrales, la protección de los ecosistemas acuáticos y las celebraciones tradicionales asociadas a los ríos. También incluirá talleres sobre el río Magdalena, una radionovela enfocada en la conservación del agua, la exposición artística Arrastre y espacios de intercambio entre organizaciones y comunidades participantes.Las actividades se desarrollarán en distintos escenarios del centro histórico de Honda y, en su mayoría, tendrán entrada libre hasta completar el aforo. De acuerdo con CoCrea, el encuentro hace parte de la estrategia Ciudadanos del Río: Comunidades Creadoras, orientada a promover la conservación de los cuerpos de agua mediante el reconocimiento de los conocimientos tradicionales, las prácticas culturales y los saberes de las comunidades que habitan estos territorios.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.