El Gobierno nacional defendió el proyecto de ley con el que busca reemplazar el actual Código de Minas, al asegurar que la iniciativa fortalecerá los controles ambientales, endurecerá las obligaciones para las empresas y permitirá la caducidad de títulos mineros cuando se comprueben daños sobre fuentes hídricas.
En entrevista con Blu Radio, la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, sostuvo que la propuesta no fue elaborada en los últimos días del Gobierno, sino que hace parte de un proceso que comenzó en 2024 y que, según explicó, incluyó consulta previa y espacios de participación con comunidades, gremios, academia y entidades públicas.
¿Qué cambios propone el proyecto de ley minera?
De acuerdo con la funcionaria, uno de los principales objetivos de la iniciativa es modernizar una legislación que, según dijo, tiene más de 25 años y responder a los retos ambientales y económicos actuales.
Entre las medidas que destacó se encuentran:
- Una licencia ambiental integral que supervise todas las etapas de los proyectos mineros, desde la exploración hasta el cierre y poscierre.
- La posibilidad de declarar la caducidad de títulos mineros cuando se comprueben afectaciones a fuentes hídricas.
- La ampliación de las restricciones para excluir áreas por razones ambientales, sociales o culturales.
- La obligación de presentar planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de cada proyecto, respaldados financieramente.
- Un régimen especial para facilitar la formalización de pequeños mineros.
Según Aroca, estas medidas buscan corregir pasivos ambientales, sociales y laborales que, afirmó, ha dejado la actividad minera durante décadas.
Gobierno dice que busca una minería más formal y vigilada
La viceministra también respondió a las críticas sobre el aumento de la minería ilegal en distintas regiones del país y aseguró que la propuesta precisamente pretende fortalecer las herramientas de control del Estado.
"El Ejecutivo de este gobierno dio un paso clave para el futuro económico y ambiental del país", afirmó.
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La funcionaria sostuvo que el proyecto reforma de fondo la legislación vigente y dota a las autoridades de mayores capacidades para planificar, administrar y vigilar el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.
Además, aseguró que la iniciativa contempla mecanismos para impulsar la formalización de miles de pequeños mineros y promover alternativas productivas en los territorios.
¿La nueva propuesta afectaría la inversión extranjera?
Otro de los cuestionamientos planteados durante la entrevista fue el posible impacto de las nuevas exigencias sobre la llegada de inversión extranjera al sector.
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Frente a ello, Aroca aseguró que el Gobierno mantiene una relación positiva con las empresas y que los inversionistas comprenden la necesidad de fortalecer las exigencias ambientales.
Según explicó, el proyecto busca dejar atrás un modelo centrado únicamente en la extracción de minerales para avanzar hacia uno que genere mayor valor en las regiones y mantenga una mejor relación entre la actividad minera y su entorno social y ambiental.
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