Más de 1,4 millones de conductores en Colombia podrían verse beneficiados con la anulación de millones de fotomultas luego de la investigación iniciada por el Gobierno Nacional contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas de detección electrónica.
La actuación fue anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que pusieron bajo revisión más de 7,5 millones de comparendos emitidos mediante cámaras de fotodetección.
Según informó el Gobierno, 5.832.906 comparendos que todavía no han sido pagados perderán validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes.
¿Qué conductores se salvarán de pagar las fotomultas?
La decisión cobijaría únicamente a comparendos que todavía no han sido cancelados por los ciudadanos y que fueron impuestos durante periodos en los que las cámaras operaron con presuntas irregularidades.
Uno de los casos más grandes corresponde a Cali. Según explicó la Superintendencia, ese organismo de tránsito nunca obtuvo el concepto de desempeño requerido para la operación de los sistemas.
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Por esa razón, los comparendos impuestos en la capital del Valle del Cauca entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 deberán ser revocados.
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También aparecen casos en otras regiones del país:
- En Barranquilla, se revisarían multas emitidas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020.
- En Medellín, la investigación incluye más de 717.000 comparendos asociados a 40 cámaras.
- En Bogotá también fueron detectadas operaciones iniciadas antes de obtener permisos técnicos.
- La Gobernación de Cundinamarca figura por trámites realizados presuntamente a nombre de terceros.
La investigación igualmente involucra organismos de tránsito de ciudades y municipios como Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.
¿Por qué millones de fotomultas quedarían sin efecto?
La investigación se originó por posibles incumplimientos relacionados con requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la resolución 718 del Ministerio de Transporte.
De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, varias autoridades de tránsito habrían operado cámaras salvavidas sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento que certifica la legalidad y confiabilidad técnica de esos sistemas.
Las autoridades señalaron tres situaciones detectadas durante la revisión:
- Organismos que comenzaron operaciones sin el concepto técnico requerido.
- Entidades que usaron conceptos expedidos a terceros.
- Sistemas que obtuvieron aprobación después de haber empezado a imponer comparendos.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que las actuaciones buscan proteger el debido proceso de los ciudadanos.
“Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, afirmó la funcionaria al presentar los resultados preliminares de la investigación.
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¿Qué pasa si la fotomulta ya fue pagada?
La Superintendencia de Transporte indicó que quienes todavía no han pagado los comparendos no tendrán que adelantar trámites para la revocatoria.
Según explicó a Blu Radio el superintendente Alfredo Piñeros, la orden será emitida a los organismos de tránsito para que retiren automáticamente los comparendos de sus plataformas.
El panorama cambia para quienes ya realizaron el pago de las multas. En esos casos, los ciudadanos deberán iniciar procesos jurídicos para reclamar el dinero cancelado.
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Las autoridades señalaron que podrían adelantarse solicitudes mediante derechos de petición, tutelas o demandas por “pago de lo no debido”.
De acuerdo con los datos entregados por la Superintendencia, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
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