Tres cámaras de fotodetección concentran buena parte del recaudo generado en Bogotá durante 2026: las ubicadas en la avenida NQS con calle 22A, en ambos sentidos, y en la avenida calle 80 con carrera 114. En conjunto, estos puntos han recaudado cerca de $7.920 millones.El dato fue presentado durante un debate de control político sobre las llamadas "cámaras salvavidas", liderado por el concejal Marco Acosta, quien cuestionó los resultados del sistema y pidió establecer si estos dispositivos están generando cambios verificables en la seguridad vial.Los tres puntos forman parte de los lugares donde se concentra el mayor recaudo. Al ampliar la mirada a los diez sitios con mayores ingresos durante 2026, la cifra asciende a aproximadamente $15.038 millones.¿Cuánto dinero han generado las cámaras de fotomultas en Bogotá?El recaudo acumulado también muestra el tamaño que ha alcanzado el sistema. De acuerdo con la información presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad, entre 2022 y abril de 2026 las cámaras habían generado aproximadamente $760.647 millones.A esto se suman valores de imposición que, según la información expuesta durante el debate, superan el billón de pesos.En cuanto al número de sanciones, entre 2022 y 2025 las cámaras produjeron 2.184.809 comparendos, un promedio cercano a 1.500 diarios durante ese periodo.¿Cuál es la infracción que más dinero genera con las fotomultas?El exceso de velocidad concentra la mayor parte del dinero obtenido mediante estos dispositivos. La infracción C29, correspondiente a exceder la velocidad máxima permitida, representó entre 88,6 % y 93,4 % del recaudo anual generado por las cámaras entre 2022 y 2025.El concejal Marco Acosta calificó esta concentración como un “monocultivo de la infracción” y planteó que el indicador debe analizarse junto con los resultados de seguridad vial.La discusión parte de una pregunta concreta: si la mayoría de las sanciones y del dinero recaudado están relacionados con una misma conducta, ¿qué cambios se han producido en los puntos donde fueron instaladas las cámaras?¿Qué ha pasado con los siniestros viales en Bogotá?Los datos presentados durante el debate muestran que entre 2022 y 2025 Bogotá registró:2.207 siniestros con personas fallecidas.48.208 siniestros con personas lesionadas.Por esta razón, Acosta pidió que cada cámara de fotomultas tenga una línea base que permita comparar las condiciones existentes antes y después de su instalación. Entre los indicadores planteados están los siniestros, fallecidos, lesionados, velocidades y otras conductas de riesgo.La intención es determinar los resultados de cada dispositivo más allá del número de placas detectadas o de comparendos impuestos.La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas cámaras en nueve puntos de Bogotá. Según las estimaciones de la entidad, estos dispositivos contribuirían a evitar cerca de 50 muertes y 900 personas lesionadas durante los próximos cuatro años.
Los vehículos 'caza fotomultas' que son utilizados para detectar infracciones en las calles tendrán que ajustarse a una nueva regla del Gobierno de Abelardo De La Espriella, debido a que cuando funcionen como herramienta de apoyo al control de un agente de tránsito, el funcionario deberá estar presente, visible e identificado y será quien opere directamente el equipo y expida el comparendo.La disposición busca ponerle límites a una práctica que el Ministerio de Transporte calificó como un abuso asociado a los llamados ‘carros cazafotomultas’.¿Qué cambia para los conductores?El principal cambio está en que ya no se podrá tratar de la misma manera una cámara utilizada por un agente durante un procedimiento de control y un sistema que detecta infracciones de forma completamente automática.Si el vehículo y su dispositivo tecnológico hacen parte del control que se desarrolla directamente en la vía, el agente de tránsito deberá acompañar la operación. No se trata solamente de que exista una cámara instalada en el vehículo: el funcionario debe estar presente y operar el equipo.La medida busca evitar que estos automóviles sean utilizados para registrar infracciones sin que exista el control en vía que corresponde a esta modalidad.¿Cuándo puede funcionar una cámara sin agente?La resolución contempla otra situación. Un dispositivo puede detectar una infracción automáticamente y generar posteriormente el comparendo, pero en ese caso ya no se considera simplemente una herramienta de apoyo al agente, como lo son las cámaras de fotomultas.Para operar bajo esta modalidad, el sistema debe tener autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y cumplir las condiciones establecidas para los sistemas de fotodetección, lo que incluye, entre otros aspectos, una justificación técnica, la operación en un punto autorizado y señalización visible.Por tanto, la nueva disposición no establece que todas las cámaras de tránsito tengan que estar acompañadas permanentemente por un agente. Lo que hace es definir qué requisitos corresponden según la manera en que se utilice la tecnología.¿Por qué el Gobierno hizo este cambio?El ministerio considera que una decisión del Gobierno anterior terminó generando confusión al establecer requisitos que no estaban contemplados en la ley y al mezclar dos mecanismos diferentes: la fotodetección automática y los dispositivos tecnológicos empleados como apoyo de los agentes de tránsito.La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que las medidas fueron adoptadas siguiendo la instrucción del presidente Abelardo De La Espriella de ponerle freno a los abusos relacionados con los ‘carros cazafotomultas’.La funcionaria sostuvo que el propósito del control debe ser preventivo y que la tecnología debe contribuir a la seguridad vial.“Hemos tomado estas acciones siguiendo la instrucción que nos dio el presidente Abelardo De La Espriella de ponerle freno a los abusos asociados al uso de los ‘carros cazafotomultas’. El Presidente ha sido claro: las fotomultas deben servir para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.¿Qué pasará con los comparendos que no cumplan la regla?El cambio también contempla controles sobre las sanciones que sean generadas mediante estos vehículos.El Ministerio de Transporte instruyó al SIMIT para que no registre las órdenes de comparendo producidas mediante estos sistemas cuando no se hayan cumplido las condiciones exigidas para su utilización.Además, la Superintendencia de Transporte vigilará el cumplimiento de la medida y podrá investigar a las autoridades de tránsito que utilicen los dispositivos de manera irregular.
A partir del pasado 20 de agosto de 2026, la Secretaría de Movilidad de Bogotá comenzó la instalación de nuevas cámaras de tránsito en diferentes puntos de la ciudad, específicamente sobre los corredores viales de las avenidas Américas, NQS y El Dorado como parte de la estrategia vial del Distrito.El objetivo es que los conductores vayan a una velocidad máxima de 50 km/h en los puntos en los cuales se instalarán estas cámaras, que, según la entidad, ayudará a salvar cerca de 50 vidas y reducir alrededor de 900 accidentes en los tramos cercanos, como ha ocurrido en los últimos años."Estamos reduciendo el número de fallecidos en siniestros viales al año en de 42 personas salvadas por año gracias a la operación de estas cámaras. Y lo que esperamos es que las que anunciamos hoy, que son 4 puntos adicionales, cumplan también con esa función. Ya que hay varias cosas importantes: estas cámaras están debidamente señalizadas y son visibles para los conductores en la vía. Eso quiere decir que su principal función es disuasoria, es decir, que se cumplan con las normas de tránsito", explicó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, en diálogo con RecapBlu.¿Dónde se instalarán las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá?Inicialmente serán sobre los corredores viales de las avenidas Américas, NQS y El Dorado como parte de la estrategia vial del Distrito, en los siguientes puntos:Avenida NQSCalle 25A.Calle 9, sentido norte-sur.Calle 9, sentido sur-norte.Calle 47A, sentido norte-sur.Calle 47A, sentido sur-norte.Avenida Las AméricasCarrera 58, sentido este-oeste.Carrera 58, sentido oeste-este.Avenida El DoradoCarrera 17, sentido este-oeste.Carrera 25, sentido oeste-este."No solamente estamos instalando estas cámaras salvavidas en estos puntos de vías principales, sino que estamos también en los barrios instalando tanto infraestructura como dispositivos de señalización y herramientas de pacificación para que también en los barrios se reduzca la velocidad y poder bajarle la probabilidad a que estos conflictos que se presentan entre las motocicletas, los carros, los camiones, no sean fatales para, para nuestros ciudadanos", indicó Ortiz.En esta fecha quedarán activas y empezarán a imponer multasDesde el 4 de septiembre varias de estas cámaras quedarán activas para comenzar a poner fotomultas y las sanciones quedarían desde el 12 de septiembre. Sin embargo, el Distrito informó que pondrá pasacalles que informarán de la presencia de estas para apoyar la pedagogía y evitar que sean sancionados.La funcionaria sostuvo que el objetivo de la administración no es aumentar el número de comparendos, sino conseguir que los conductores reduzcan la velocidad antes de que se produzcan situaciones de riesgo. En ese sentido, aseguró que el escenario ideal para la Secretaría sería que los ciudadanos cumplieran las normas y que el recaudo por multas fuera inexistente.Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el margen aplicado para las sanciones por exceso de velocidad. Ortiz explicó que, aunque el Código Nacional de Tránsito establece las obligaciones que deben cumplir los conductores, Bogotá aplica actualmente un margen de cinco kilómetros por hora.De esta manera, en una vía cuyo límite sea de 50 kilómetros por hora, la administración distrital comienza a aplicar la sanción a partir de los 56 kilómetros por hora.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que el Gobierno iniciará la revisión de todos los sistemas de detección electrónica de infracciones, más conocidos como fotomultas. El anuncio se produjo luego de que el presidente Abelardo De La Espriella diera la instrucción de actuar con contundencia frente a posibles irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no se encuentre debidamente sustentada.En ese sentido, Noguera explicó que la revisión busca verificar que estos sistemas tengan un propósito relacionado con la seguridad vial y no se conviertan en mecanismos de recaudo para las autoridades. “El propósito de los sistemas de detección electrónica debe ser salvar vidas y prevenir accidentes. Nunca convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos”, señaló."Donde encontremos abusos o irregularidades, actuaremos con la contundencia que corresponde", precisó la jefe de cartera de Transporte en el mensaje difundido en su cuenta de X. El anuncio se conoce días después de que la ministra pidiera a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. Con estos dispositivos, el corredor tendría siete cámaras, sumadas a las cuatro que ya estaban instaladas. En ese momento, Noguera consideró que el número de cámaras era “excesivo”. Además, el Ministerio confirmó que revisarán la regulación para establecer criterios más exigentes para autorizar nuevas cámaras. La ministra insistió en que la prioridad de estos sistemas debe ser la protección de los usuarios de las vías. “La seguridad vial está para proteger la vida de la gente, en ningún caso para servir como mecanismo de recaudo”, concluyó.
Cerca de 4.000 millones de pesos costará reparar los daños ocasionados a las cámaras de fotomultas y otros elementos de seguridad vial que fueron vandalizados durante los disturbios registrados la noche del domingo en Cali, tras la segunda vuelta presidencial.La cifra fue entregada por el alcalde Alejandro Eder, quien aseguró que en las próximas horas la Alcaldía divulgará un cartel con los rostros de los presuntos responsables de los ataques contra las cámaras de fotodetección."No vamos a tolerar nada de vandalismo en nuestra ciudad. Todos serán multados, todos van a recibir cargos penales o demandas penales y vamos a dar con los responsables, porque los daños que le costaron a Cali ascienden a 4.000 millones de pesos. Entonces nosotros vamos a trabajar rápidamente para capturarlos. Pero, repito, tenemos una bolsa de recompensas de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables del vandalismo del domingo en la noche", dijo el mandatario.De acuerdo con la gerente de Enruta, Diana Carolina Reina, entidad encargada de la operación y administración del sistema de fotodetección, el balance técnico estableció que fueron vandalizados 17 equipos de seguridad vial y ciudadana. Además de las cámaras, también fueron destruidos y hurtados otros elementos."Muchos de estos puntos fueron hurtados, como por ejemplo los postes, las ménsulas, los cajones, las mismas cámaras y los elementos de señalización vertical, por lo cual estamos terminando de hacer el análisis. Esto tiene un proceso de reclamación ante la aseguradora para poder determinar el plazo en que estos elementos se van a poder volver a instalar", manifestó Reina.La funcionaria explicó que el costo de los daños no solo incluye la reposición de los equipos, sino también su instalación, recalibración y la obtención de nuevos permisos ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que puedan volver a operar.
La Alcaldía de Bello anunció que no implementará nuevos puntos de cámaras de fotomultas en el municipio, tras quejas de las personas en el Valle de Aburrá. También está en revisión la reducción de velocidad aplicada en la Avenida Regional. Se trata de los nuevos sistemas de control que estaban proyectados para operar en sectores como la Avenida Regional Oriental, la Autopista Medellín–Bogotá y la vía hacia San Pedro de los Milagros, en jurisdicción del corregimiento San Félix.La alcaldesa de Bello, Lorena González, señaló el motivo que llevó a la no utilización de nuevas cámaras de fotodetección en las zonas anteriormente mencionadas.“Después de realizar análisis internos, también de escuchar a la ciudadanía, hemos determinado que estas cámaras de fotodetección no se instalarán”, afirmó.Esta decisión, cabe recordar, llega luego de que se conociera también el anuncio de que el Gobierno nacional investiga a 37 organismos de tránsito del país, por más de 5.8 millones de fotomultas que quedarán sin validez.Desde la Alcaldía de Bello confirmaron, además, que está en revisión la reducción de velocidad aplicada en la Avenida Regional, en jurisdicción de Bello.“Analizaremos la posibilidad de volver a tener la velocidad que se tenía en este sector donde se puso la medida de 50 kilómetros por hora a tenerla como estaba anteriormente”, agregó.Según detalló la mandataria, la medida de reducción de la velocidad en ese corredor vial fue adoptada directamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y no por la Alcaldía, que ya elevó una solicitud de revisión ante esa entidad.En ese sentido, indicó que la petición busca revisar la parametrización aplicada únicamente en el tramo correspondiente a Bello y no en toda la vía.
El anuncio de que el Gobierno Nacional investiga a 37 organismos de tránsito del país, por más de 5,8 millones de fotomultas que quedarán sin validez generó el pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez, pues la Secretaría de Movilidad de Medellín es una de las que está bajo la lupa de las autoridades.Según indicó la Superintendencia de Transporte se identificó que los organismos de tránsito investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas tecnológicos, una buena parte rodeadas de presuntas irregularidades, lo que acarrearía devolver los recursos que pagaron los infractores y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones en todo el país.Siendo Medellín la segunda ciudad con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación, con 717 mil comparendos, el mandatario aseguró que ningún proceso debe ser irregular y que una vez sean notificados revisarán a fondo estos casos."Independientemente de la carta de la ministra o no, que no la hemos recibido, vamos a analizar todo eso, pero ningún cobro puede ser irregular. Vamos a analizar esto, vamos a analizarlo, pero, por supuesto, tendremos que mirar bien la la notificación, a qué se refieren y cuáles serían los casos específicos", señaló.Gutiérrez defendió que en su primera Alcaldía (entre 2016 y 2019) fueron anuladas “cientos de miles de fotomultas” que habían sido cobradas de manera irregular por parte de la concesión con UNE, la cual caducó el 31 de diciembre del año anterior y estuvo “amarrada” por un contrato en la ciudad durante 20 años.Además, reiteró que hoy en día el enfoque de la administración distrital es preventivo, no recaudatorio, motivo por el que cumpliento la normativa señalizaron todas las cámaras de fotodetección de la ciudad y lograron reducir las multas por velocidad y por SOAT/revisión técnico-mecánica en cerca del 30 %.
Una nueva polémica se desató en Barrancabermeja tras conocerse que más de 130 mil comparendos impuestos mediante cámaras de fotodetección podrían quedar sin efecto debido a presuntas irregularidades en la autorización y funcionamiento de estos sistemas.La denuncia fue reiterada por el senador Gustavo Moreno, quien aseguró que durante años advirtió sobre posibles fallas en la implementación de las fotomultas y cuestionó que estos mecanismos terminaran convirtiéndose en herramientas de recaudo económico más que en estrategias de seguridad vial.“Hoy queda demostrado que nuestros debates y denuncias tenían fundamento”, afirmó el congresista, luego de que el Ministerio de Transporte ordenara tumbar más de 5,8 millones de fotomultas en distintas ciudades del país por posibles irregularidades en los sistemas tecnológicos de detección.Según explicó el senador, en Barrancabermeja las cámaras habrían operado sin contar con las autorizaciones requeridas, situación que pondría en duda la legalidad de miles de comparendos impuestos a conductores. "Están cobrando más de $170 mil millones en comparendos. Incluso han embargado cuentas bancarias a los conductores", dijo el senador Moreno. Las cámaras de fotomultas comenzaron a funcionar en Barrancabermeja el 12 de agosto de 2024. La decisión se conoce en medio de una investigación adelantada por la Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades en varios sistemas de fotodetección instalados en el país.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la actuación del Gobierno marca un precedente histórico en defensa de los derechos de los ciudadanos y del debido proceso.“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias”, señaló la ministra.De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, los organismos investigados habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ese total, 1.582.398 multas ya fueron pagadas por ciudadanos colombianos, generando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.El caso ha generado preocupación entre conductores y usuarios de las vías, especialmente en Santander, donde desde hace años existían cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de algunos sistemas de fotodetección.La controversia también reabre el debate nacional sobre el verdadero propósito de las fotomultas, pues sectores políticos y ciudadanos insisten en que estas herramientas deben enfocarse en prevenir accidentes y salvar vidas, y no convertirse en mecanismos de recaudo masivo.
El Ministerio de Transporte confirmó que millones de fotomultas impuestas en Colombia entre 2018 y 2024 deberán ser revocadas por irregularidades detectadas en la operación de cámaras de tránsito en 37 organismos del país.La ministra de Transporte, Mafe Rojas, explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión cobija comparendos impuestos mediante sistemas automáticos de detección que operaron sin cumplir requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa colombiana.Según indicó la funcionaria, la revisión adelantada por la Superintendencia de Transporte encontró que varias autoridades comenzaron a imponer sanciones antes de contar con los permisos requeridos o utilizaron certificaciones expedidas a terceros.“Se caen 7 millones y medio de comparendos porque no cumplieron los requisitos de la ley”, aseguró la ministra durante la entrevista.Listado de ciudades y fechas de fotomultas que quedarían sin validezEl Ministerio de Transporte indicó que las sanciones se revocarán dependiendo de la ciudad y del periodo en que operaron las cámaras bajo investigación:Secretaría de Movilidad de Medellín: del 10 de diciembre de 2018 al 28 de abril de 2020.División de Tránsito y Transporte de La Dorada: del 10 de diciembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019.Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio: del 10 de diciembre de 2018 al 20 de octubre de 2019.Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali: del 10 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá: del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020.Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla: del 27 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2019.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal: del 18 de diciembre de 2018 al 24 de julio de 2019.Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario: del 14 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2019.Secretaría de Movilidad de Itagüí: del 1 de febrero de 2019 al 5 de julio de 2020.Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta: del 1 de febrero de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena: del 1 de febrero de 2019 al 29 de agosto de 2019.Secretaría de Movilidad de Bello: del 27 de febrero de 2019 al 16 de febrero de 2020.Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa: del 27 de febrero de 2019 al 15 de septiembre de 2019.Instituto de Tránsito del Atlántico: del 27 de febrero de 2019 al 12 de agosto de 2019.Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia: del 27 de febrero de 2019 al 25 de noviembre de 2019.Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona: del 27 de febrero de 2019 al 19 de diciembre de 2019.Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco: del 26 de marzo de 2019 al 28 de noviembre de 2019.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad: del 26 de marzo de 2019 al 9 de diciembre de 2019.Secretaría de Tránsito y Transporte de San José de Cúcuta: del 26 de marzo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca: del 30 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Organismo de Tránsito Municipal de Palermo: del 29 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN): del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios: del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: del 24 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Yotoco: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga: del 8 de agosto de 2019 al 26 de mayo de 2021.Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja: del 20 de septiembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta: del 15 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán: del 20 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica: del 28 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería: del 13 de diciembre de 2019 al 12 de diciembre de 2024.Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica: del 14 de enero de 2020 al 13 de enero de 2025.Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira: del 22 de mayo de 2020 al 21 de mayo de 2025.Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao: del 21 de julio de 2020 al 20 de julio de 2025.Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca: del 12 de febrero de 2021 al 11 de febrero de 2026.Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá: del 16 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2025.¿Por qué se tumbarán millones de fotomultas?De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las irregularidades están relacionadas con el llamado concepto de desempeño o de uso de la tecnología, expedido por el Instituto Nacional de Metrología.Ese documento certifica que las cámaras de fotodetección cumplen condiciones técnicas para operar legalmente.La ministra explicó que algunos organismos de tránsito instalaron y pusieron a funcionar cámaras antes de obtener esa autorización. “Muchos arrancaron a cobrar sin haber hecho el trámite correspondiente”, afirmó.La investigación revisó permisos solicitados por 37 organismos de tránsito entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024.¿Qué pasa con quienes no han pagado la fotomulta?La ministra aseguró que las personas que tengan comparendos dentro de los periodos investigados no tendrán que hacer trámites para solicitar la revocatoria.Según explicó, las secretarías de tránsito deberán eliminar automáticamente las multas de sus plataformas.“Si está en esos periodos y en esa ciudad, no tenga ya ese comparendo que fue puesto de manera irregular”, señaló. El beneficio cobijaría más de 5,8 millones de comparendos que todavía no han sido pagados.¿Qué deben hacer quienes ya pagaron?En el caso de ciudadanos que ya cancelaron la multa, el proceso sí requerirá una solicitud ante la secretaría de tránsito correspondiente.La ministra indicó que las entidades deberán habilitar mecanismos virtuales para que los usuarios pidan la devolución del dinero mediante ventanillas digitales o correos electrónicos.El Gobierno calcula que más de 1,5 millones de comparendos ya fueron pagados, por un valor superior a un billón de pesos.
Más de 1,4 millones de conductores en Colombia podrían verse beneficiados con la anulación de millones de fotomultas luego de la investigación iniciada por el Gobierno Nacional contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas de detección electrónica.La actuación fue anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que pusieron bajo revisión más de 7,5 millones de comparendos emitidos mediante cámaras de fotodetección.Según informó el Gobierno, 5.832.906 comparendos que todavía no han sido pagados perderán validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes.¿Qué conductores se salvarán de pagar las fotomultas?La decisión cobijaría únicamente a comparendos que todavía no han sido cancelados por los ciudadanos y que fueron impuestos durante periodos en los que las cámaras operaron con presuntas irregularidades.Uno de los casos más grandes corresponde a Cali. Según explicó la Superintendencia, ese organismo de tránsito nunca obtuvo el concepto de desempeño requerido para la operación de los sistemas.Por esa razón, los comparendos impuestos en la capital del Valle del Cauca entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 deberán ser revocados.También aparecen casos en otras regiones del país:En Barranquilla, se revisarían multas emitidas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020.En Medellín, la investigación incluye más de 717.000 comparendos asociados a 40 cámaras.En Bogotá también fueron detectadas operaciones iniciadas antes de obtener permisos técnicos.La Gobernación de Cundinamarca figura por trámites realizados presuntamente a nombre de terceros.La investigación igualmente involucra organismos de tránsito de ciudades y municipios como Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.¿Por qué millones de fotomultas quedarían sin efecto?La investigación se originó por posibles incumplimientos relacionados con requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la resolución 718 del Ministerio de Transporte.De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, varias autoridades de tránsito habrían operado cámaras salvavidas sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento que certifica la legalidad y confiabilidad técnica de esos sistemas.Las autoridades señalaron tres situaciones detectadas durante la revisión:Organismos que comenzaron operaciones sin el concepto técnico requerido.Entidades que usaron conceptos expedidos a terceros.Sistemas que obtuvieron aprobación después de haber empezado a imponer comparendos.La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que las actuaciones buscan proteger el debido proceso de los ciudadanos.“Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, afirmó la funcionaria al presentar los resultados preliminares de la investigación.¿Qué pasa si la fotomulta ya fue pagada?La Superintendencia de Transporte indicó que quienes todavía no han pagado los comparendos no tendrán que adelantar trámites para la revocatoria.Según explicó a Blu Radio el superintendente Alfredo Piñeros, la orden será emitida a los organismos de tránsito para que retiren automáticamente los comparendos de sus plataformas.El panorama cambia para quienes ya realizaron el pago de las multas. En esos casos, los ciudadanos deberán iniciar procesos jurídicos para reclamar el dinero cancelado.Las autoridades señalaron que podrían adelantarse solicitudes mediante derechos de petición, tutelas o demandas por “pago de lo no debido”.De acuerdo con los datos entregados por la Superintendencia, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
La recuperación de importantes espacios de salud y educación en el Valle del Cauca contará con un aporte de $87.000 millones de la Fundación Sarmiento Angulo. Los recursos estarán destinados a tres proyectos: la construcción de una nueva torre de hospitalización y cuidados intensivos en el Hospital Universitario del Valle, la adecuación de servicios médicos en el Hospital San Antonio de Roldanillo y la reconstrucción de la Institución Educativa Juan José Rondón, en Buenaventura, afectada por el sismo del pasado 10 de agosto.El anuncio se realizó en Bogotá, durante un encuentro en el que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, formalizaron una donación de $200.000 millones para contribuir a la atención de la emergencia y a la recuperación de infraestructura en Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.“Su respaldo no solo reconstruirá muros y aulas, protegerá el derecho a la salud de miles de pacientes y asegurará el futuro educativo de nuestras nuevas generaciones. Cuando las voluntades se unen y la solidaridad se convierte en acción, tenemos la capacidad de levantarnos y construir un futuro mejor”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Uno de los proyectos de mayor alcance se desarrollará en el Hospital Universitario del Valle, donde se contempla la reconstrucción de una torre que permitirá recuperar 148 camas para servicios de alta complejidad, incluidas 78 unidades de cuidados intensivos, además de poner nuevamente en funcionamiento seis servicios especializados. El gerente de la institución, Irne Torres, explicó que esta intervención podría incrementar en más del 120 % la capacidad de actividad del hospital.En el municipio de Roldanillo, la inversión se concentrará en el Hospital San Antonio, donde serán intervenidos 1.894 metros cuadrados de infraestructura. La obra contempla espacios para consulta externa, diagnóstico y apoyo terapéutico, con el propósito de atender parte de los daños registrados en la institución.El componente educativo estará dirigido a la reconstrucción de la Institución Educativa Juan José Rondón, en Buenaventura, que recibirá una nueva infraestructura con aulas modernas, aislamiento termoacústico, iluminación LED, restaurante escolar y cerramiento perimetral. La intervención beneficiará a 813 estudiantes.
La Policía de Santander desplegará más de 1.400 uniformados durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena para garantizar la tranquilidad y la movilidad de los ciudadanos en las principales vías, municipios y corregimientos donde se concentra el turismo, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito, controlar el flujo vehicular y reducir el riesgo de delitos.La Seccional de Tránsito y Transporte tendrá más de 100 uniformados en 11 áreas de prevención y control sobre los cinco corredores viales de mayor tráfico, donde verificará que la documentación esté en regla y hará controles de límites de velocidad y embriaguez, además de disponer patrullas para asistir cualquier incidente durante los planes éxodo y retorno.A ese despliegue se suman unidades de inteligencia, investigación, vigilancia, turismo, infancia y adolescencia, Patrulla Púrpura y Policía Comunitaria, que velarán por la seguridad y la sana convivencia en los 25 eventos programados.Durante el puente regirá la restricción de carga para vehículos con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas el sábado, de 06:00 a. m. a 03:00 p. m., y el lunes festivo, de 09:00 a. m. a 11:00 p. m., en las vías Bucaramanga-Pamplona, Puente Nacional-San Gil-Bucaramanga y Bucaramanga-San Alberto.El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, hizo un llamado a la ciudadanía a no exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito, no entregar información del destino en redes sociales y no caer en engaños si se recibe una llamada extraña.La institución reiteró la invitación a acatar las indicaciones de las autoridades sobre las vías habilitadas y a disfrutar estas jornadas cívicas en un ambiente de sana convivencia. También pidió denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte un viaje o la tranquilidad a través de la línea 123, el #767 de la DITRA, la línea 165 del GAULA, la línea 141 del ICBF o la línea contra el crimen 314 358 7212, con absoluta reserva.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el video en el que aparece la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca, y en el que se le observa llorando, con la voz entrecortada y pidiendo por su libertad. La grabación, que habría sido difundida como una prueba de supervivencia, generó un pronunciamiento del mandatario departamental, quien exigió al grupo armado su liberación inmediata.Díaz cuestionó que el ELN utilice a la uniformada, quien permanece en poder de esa organización, para transmitir mensajes bajo amenazas y en condiciones de indefensión.“Nos deja varios mensajes. El primero, que el ELN, aprovechándose de la indefensión de una mujer, teniéndola secuestrada y amenazada, la obliga a decir cosas que claramente se nota que ella no quiere decir”, manifestó el gobernador.El mandatario también pidió que este caso no sea olvidado por los colombianos y advirtió sobre la gravedad de los delitos contra la libertad de las personas.“Los colombianos no podemos olvidar estos delitos abominables contra la libertad de las personas. Debemos tenerlo en cuenta. Estos delitos son imperdonables, no puede haber impunidad. Si nosotros generamos procesos de paz perdonando conductas como estas, se van a repetir”, señaló.En su pronunciamiento, Juvenal Díaz calificó lo ocurrido como inaceptable y exigió al ELN que permita el regreso de la subteniente con sus seres queridos.“Exijo como gobernador del departamento de Santander que el ELN libere inmediatamente a la subteniente para que pueda estar con su familia. El ELN no puede poner condiciones sobre la libertad y la vida de las personas”, puntualizó.Por su parte, la primera dama de Santander, Victoria Casallas, se pronunció desde su condición de mujer, madre y miembro de una familia militar. Expresó su solidaridad con la subteniente y con sus seres queridos, quienes atraviesan momentos difíciles por su secuestro.“Quiero hablar como mujer, madre y miembro de las Fuerzas Militares. Conocemos a la teniente, conocemos a su familia. Detrás de esta niña hay una familia sufriendo, compañeros, amigos. Abrazamos a su familia y nos unimos en oración”, manifestó.Finalmente, pidió que la uniformada sea liberada y pueda reencontrarse con sus seres queridos. “Exigimos su pronta liberación y que pueda estar con su familia, abrazada de amor”, expresó.Los pronunciamientos se suman a las exigencias para que el ELN respete la vida y la integridad de la subteniente y permita su regreso a la libertad.
La crisis financiera que atraviesa el Hospital Alma Mater en Medellín alcanzó un nuevo nivel de preocupación: las dificultades económicas de la institución ya comenzaron a comprometer incluso el suministro de alimentos para los pacientes.El centro asistencial advirtió que su situación es insostenible debido a las millonarias deudas que mantienen EPS, algunas intervenidas por el Gobierno nacional, entre ellas Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, cuyos pagos parciales han reducido la capacidad del hospital para garantizar su funcionamiento.La institución, que atiende cerca del 25 % de la población que requiere servicios de alta complejidad en Antioquia, Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero, ya reporta obligaciones pendientes por 455.000 millones de pesos, respaldadas por una cartera de apenas 332.000 millones.Una muestra de esa situación se presentó durante el último mes, cuando, según el hospital, las EPS debían girar 28.000 millones de pesos, pero únicamente desembolsaron 5.000 millones. La diferencia ha terminado trasladándose a la prestación de los servicios y a las condiciones en las que trabaja el personal asistencial.De acuerdo con el balance del hospital, más de 552 profesionales han renunciado, se registran dificultades para conseguir insumos, dispositivos médicos y medicamentos, y ha sido necesario cerrar 110 camas de hospitalización, otras 11 de cuidados intensivos y cinco quirófanos.Brahian Serna, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad, afirmó que el contexto también genera dificultades para la formación de talentos en salud, la investigación y el tratamiento de enfermedades de alta complejidad.“Cuando un hospital no cuenta con los medicamentos ni con dispositivos, reactivos e insumos necesarios, su capacidad para atender determinadas patologías se ve comprometida. No basta solamente con tener médicos especialistas, personal de enfermería, etcétera, ni la misma infraestructura. Si no tenemos las condiciones materiales para desarrollar los procedimientos de más alto nivel”, indicó Serna.Ante este panorama, el Alma Mater solicitó al Gobierno nacional que ordene a Savia Salud, Nueva EPS y las demás aseguradoras intervenidas priorizar los pagos pendientes. También, como medida adicional, pidió facilitar la compra de cartera a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de manera que los recursos puedan llegar directamente y sin más demoras a la institución.En cuanto al servicio de alimentación, mientras buscan alternativas financieras para atender esta obligación con los pacientes, el hospital anunció que contará durante los próximos días con el respaldo de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, CFS Solutions y la Asociación de Bancos de Alimentos, en coordinación con la Fundación Saciar y la Fundación Banco Arquidiocesano de Medellín.
Con las principales vías habilitadas, pero con restricciones puntuales y varios frentes de intervención activos, Antioquia se prepara para recibir el movimiento de viajeros durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena.La Gobernación informó que mantiene 26 frentes de trabajo con maquinaria desplegada en distintas subregiones para atender afectaciones y mejorar las condiciones de movilidad, especialmente en corredores donde las dificultades de infraestructura todavía representan un riesgo para la conectividad de algunas poblaciones.Una de las situaciones más complejas se presenta en la vía que comunica a Peque con Medellín, en el occidente antioqueño, donde la caída de un puente en el sector El Tambor dejó interrumpido el tránsito directo entre esta localidad y la capital. En ese punto avanzan trabajos de enrocado para habilitar un paso provisional, mientras siguen las gestiones para realizar mantenimiento a la vía alterna.“Adicionalmente, vamos a rehabilitar con maquinaria el corredor Peque-Tabacal-Buriticá para que sirva para la comunidad del municipio de Peque como vía alterna y que no estén incomunicados ni encerrados”, afirmó Sebastián Castaño, secretario de Infraestructura del departamento.Otra de las novedades para quienes transiten por el departamento corresponde a los cierres intermitentes, tanto diurnos como nocturnos, en el sector Jalisco y en la vía a Belmira. Allí se mantiene paso controlado a un carril mediante movilidad uno a uno, debido a las obras de construcción de una nueva estación de peaje.Las autoridades reiteraron a los conductores evitar desplazamientos durante lluvias intensas, abstenerse de manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, extremar las precauciones durante la noche y respetar las señales de tránsito.
