Más de 130 mil fotomultas en Barrancabermeja quedarían sin efecto por irregularidades

Una nueva polémica se desató en Barrancabermeja tras conocerse que más de 130 mil comparendos impuestos mediante cámaras de fotodetección podrían quedar sin efecto debido a presuntas irregularidades en la autorización y funcionamiento de estos sistemas.

La denuncia fue reiterada por el senador Gustavo Moreno, quien aseguró que durante años advirtió sobre posibles fallas en la implementación de las fotomultas y cuestionó que estos mecanismos terminaran convirtiéndose en herramientas de recaudo económico más que en estrategias de seguridad vial.

“Hoy queda demostrado que nuestros debates y denuncias tenían fundamento”, afirmó el congresista, luego de que el Ministerio de Transporte ordenara tumbar más de 5,8 millones de fotomultas en distintas ciudades del país por posibles irregularidades en los sistemas tecnológicos de detección.

Según explicó el senador, en Barrancabermeja las cámaras habrían operado sin contar con las autorizaciones requeridas, situación que pondría en duda la legalidad de miles de comparendos impuestos a conductores. "Están cobrando más de $170 mil millones en comparendos. Incluso han embargado cuentas bancarias a los conductores", dijo el senador Moreno.

Las cámaras de fotomultas comenzaron a funcionar en Barrancabermeja el 12 de agosto de 2024. La decisión se conoce en medio de una investigación adelantada por la Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades en varios sistemas de fotodetección instalados en el país.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la actuación del Gobierno marca un precedente histórico en defensa de los derechos de los ciudadanos y del debido proceso.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias”, señaló la ministra.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, los organismos investigados habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ese total, 1.582.398 multas ya fueron pagadas por ciudadanos colombianos, generando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.

El caso ha generado preocupación entre conductores y usuarios de las vías, especialmente en Santander, donde desde hace años existían cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de algunos sistemas de fotodetección.

La controversia también reabre el debate nacional sobre el verdadero propósito de las fotomultas, pues sectores políticos y ciudadanos insisten en que estas herramientas deben enfocarse en prevenir accidentes y salvar vidas, y no convertirse en mecanismos de recaudo masivo.