El Ministerio de Transporte anunció la suspensión de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). La medida busca evitar que el trámite para expedir o recategorizar la licencia de conducción sufra un alza que impacte a los usuarios de la vía.
Según informó la cartera mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, el aplazamiento se adoptó para revisar detalladamente la estructura de estos centros y evaluar los cobros que asumirían las personas.
Actualmente, tramitar la licencia de conducción en Colombia tiene un costo aproximado de $1,4 millones. De acuerdo con las proyecciones del ministerio, con la puesta en marcha de los CALE la cifra subiría a $2,2 millones, lo que significaba un cobro adicional de hasta $800.000 para los aspirantes.
Las razones del Ministerio de Transporte para frenar los CALE
Los CALE fueron creados bajo el marco de la Ley 2251 de 2022 para evaluar, de manera independiente a las escuelas de conducción, si una persona cuenta con la idoneidad teórica y práctica para conducir. Mientras que los centros de enseñanza dictan la formación, los CALE se encargarían de la verificación final.
Pese a que la norma sigue vigente, el Ministerio de Transporte revisará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato y si los costos realmente aportan a la seguridad vial.
De acuerdo con el documento oficial de la entidad, el esquema se estructuró mediante un contrato interadministrativo con la UNAD que proyectaba mover cerca de $20 billones durante los próximos 20 años. Asimismo, el organismo analiza la exclusividad del contrato con dicha institución, frente a la cual otras universidades públicas interpusieron tutelas y solicitudes de revocatoria tras manifestar que cumplían con los requisitos para participar.
Protección al bolsillo de los conductores
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ratificó que la prioridad de la cartera es garantizar la seguridad en las vías sin generar cobros injustificados a la ciudadanía.
"Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo", afirmó la funcionaria.
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El Gobierno nacional confirmó que, una vez concluya la revisión legal y técnica del proceso, informará las determinaciones definitivas sobre la evaluación para las licencias.