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El caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos anunció hoy que juzgará tras su captura este sábado en Caracas evoca los precedentes de mandatarios y exmandatarios procesados por la justicia estadounidense, como el panameño Manuel Antonio Noriega, el guatemalteco Alfonso Portillo y el hondureño Juan Orlando Hernández.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, recordó hoy la acusación formal que desde 2020 pesa en su país sobre Nicolás Maduro por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada junto a su marido en una operación especial este sábado.
A finales de la década de 1980, Noriega fue acusado por tribunales estadounidenses de narcotráfico y lavado de dinero, lo que deterioró definitivamente sus relaciones internacionales. En 1989, Estados Unidos lanzó la invasión a Panamá conocida como “Operación Causa Justa”, que provocó su captura en 1990.
Noriega fue juzgado y condenado en Estados Unidos, y posteriormente enfrentó procesos judiciales en Francia y Panamá, convirtiéndose en una de las figuras más controvertidas de la historia política panameña.
En 2008 Portillo fue extraditado a México por diversos cargos, y más tarde a Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de dinero relacionado con fondos robados al Estado guatemalteco.
Seis años después ante un tribunal federal en Nueva York se declaró culpable de lavar dinero y fue enviado a prisión. Tras cumplir la sentencia, regresó a Guatemala.
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Según las investigaciones, durante años había estado vinculado al narcotráfico a cambio de sobornos millonarios, utilizando fuerzas de seguridad del Estado para facilitar el envío de cocaína hacia EE.UU.
En 2022, Hernández fue arrestado en Honduras y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En 2024, un tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y uso de armas, y condenado a 45 años de prisión. En diciembre del pasado año fue puesto en libertad merced un indulto del presidente Donald Trump.
Debido a su delicado estado de salud, en 2020 un tribunal de Nueva York lo condenó a tiempo cumplido, tras considerar el período que pasó detenido de forma preventiva.
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Sin embargo, en 2023, Estados Unidos aprobó su extradición a Perú y un año después fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por aceptar sobornos de Odebrecht y en septiembre de 2025 sumó una segunda condena de 13 años y 4 meses de prisión por un caso de lavado de dinero.
Ambas penas son cumplidas de forma concurrente, esto es, al mismo tiempo, por lo que su tiempo efectivo de prisión será de algo más de dos décadas.
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