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En las cárceles de Ecuador siguen apareciendo escondites de armas de fuego a medida que la Policía y las Fuerzas Armadas realizan requisas hasta dar con arsenales ocultos, como uno con dos fusiles bajo el piso de los baños de una celda.
Este último se ubicó este miércoles en la cárcel de Latacunga, una de las más grandes del país, donde hallaron dos fusiles que estaban escondidos en un hueco hecho por los presos en la estructura de los baños.
Uno de los fusiles decomisados es un AM-15 de calibre 5.56 con número de serie, y otro fusil M4 del mismo calibre y sin número de serie, según el reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Junto a los fusiles también se incautaron cuatro cargadores compatibles con esas armas, además de otro para pistola de 9 milímetros, junto a 410 balas de ese calibre, un millar de calibre 5.56, cuatro armas blancas y un martillo.
En la misma prisión, situada en la provincia andina de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito, los militares decomisaron el martes 26 armas blancas, un explosivo de tipo emulsión entre otros objetos prohibidos dentro del recinto penitenciario, como 42 teléfonos móviles y una videoconsola.
Al mismo tiempo, en la Cárcel Regional de Guayaquil, los militares ubicaron, tras una falsa pared, otro arsenal que los reclusos de esa prisión tenían escondido con catorce armas de fuego y seis granadas de mano, además de balas de diferentes calibres.
Esta serie de requisas de la Policía y de las Fuerzas Armadas en las cárceles de Ecuador comenzó el año pasado pero se ha intensificado en las últimas semanas, después de que el presidente Daniel Noboa declarase el estado de excepción y elevase la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno".
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Esto después de que a inicios de mes se produjese una oleada de atentados y violencia atribuida a las bandas criminales donde hubo una toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado y motines simultáneos en al menos siete cárceles con cerca de 90 presos fugados y unos 200 rehenes que lograron ser liberados.
La espiral de violencia se produjo cuando el Gobierno de Noboa, que inició su mandato en noviembre pasado, se disponía a poner en práctica su plan para recuperar el control estatal sobre las cáceles, muchas de ellas dominadas por las bandas criminales a las que se le atribuye la serie de masacres carcelarias donde más de 450 presos han sido asesinados desde 2020.
Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos hizo el martes "un llamamiento urgente a la comunidad internacional para dirigir su atención hacia la crítica y a menudo ignorada crisis en Ecuador", centrada en sus 35 cárceles, que albergan a unos 32.000 reclusos.
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Estas organizaciones criticaron que durante las administraciones de los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) se clasificaran presos en función de la banda criminal a la que pertenecían, lo que a su criterio "permitió que bandas delictivas controlaran los pabellones".
Entre las entidades firmantes de este llamamiento están el Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (CEDE), la Asociación de los Migrantes Latinoamericanos en Francia (ALMA), el Foro Italiano por la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador - Amigos de Ecuador (ADE) y la Asociación por las Libertades en Iberoamérica y los Derechos Humanos (ALI Huma).
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