El rapero español Morad fue trasladado a un módulo residencial de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (nordeste de España), que acoge a condenados por delitos de tráfico, para iniciar cuanto antes el tratamiento de reeducación por su condena de conducción temeraria.
Morad, que ingresó el pasado lunes 8 de abril en Brians 2 para cumplir una condena de seis meses por un delito contra la seguridad vial, iniciará el programa de reinserción aunque autoridades todavía no decidieron su clasificación.
Los servicios penitenciarios disponen de dos meses de plazo para acordar la clasificación del rapero, que puede obtener directamente el tercer grado, con lo que solo tendría que acudir a prisión.
No obstante, con el propósito de que empiece lo antes posible el tratamiento de reeducación, la dirección de Brians 2 lo trasladó ya del módulo de ingresos en el que permaneció las primeras horas a uno residencial donde cumplen condena presos sentenciados por delitos contra la seguridad vial.
Morad, de hecho, compartirá módulo con otros reclusos condenados por el mismo delito y que se encuentran en tercer grado penitenciario, tras haber iniciado ya el tratamiento rehabilitador.
Será la junta de tratamiento de Brians 2, integrada por juristas, psicólogos y otros técnicos, la que deberá decidir la clasificación penitenciaria del músico, en función de sus circunstancias personales, su actitud ante el delito y las perspectivas de rehabilitación.
Morad entró voluntariamente en prisión el pasado lunes 8 de abril, para cumplir una condena de seis meses de cárcel que se le impuso después de que la Policía le denunciara por poner en peligro la seguridad del tráfico cuando conducía su vehículo en 2022.
En el mes de febrero, el rapero, uno de los mayores exponentes de la música urbana en España, aceptó dos años de cárcel por haber instigado a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 al lugar donde grababa sin permiso un vídeoclip con un dron.
Esa condena, por incitación a los desórdenes públicos y atentado con uso de instrumento peligroso, le fue suspendida porque carece de antecedentes vinculados con ese tipo de delitos, con la condición de que no vuelva a delinquir en un período de dos años.
También en febrero aceptó indemnizar con 10.000 euros a un Policía por otro de sus frentes judiciales, en este caso por grabar a un agente que le multaba y colgar las imágenes en sus redes sociales, donde le calumnió asegurando que era un "abusador de menores".
Cuenta además con otra causa abierta, en la que la Fiscalía le pide seis años de prisión por atacar e intimidar con una defensa taser a varios agentes de la Policía tras saltarse el confinamiento nocturno en julio de 2021 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en plena pandemia.
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