Estados Unidos mantiene reparos a Colombia por trata de personas y reclutamiento. Según la clasificación del Gobierno de Donald Trump, Colombia permanece en el nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de Estados Unidos de este año.
Categoría que indica que el país aún tiene retos pendientes para cumplir plenamente los estándares mínimos establecidos para combatir este delito.
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Colombia figura en el nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esta categoría reúne a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos establecidos por la Ley de Protección de Víctimas de la Trata estadounidense, pero realizan esfuerzos significativos para alcanzar esos requisitos.
La clasificación evalúa las acciones del Gobierno colombiano durante el período comprendido entre el primero de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.
Esto significa que el país aún tiene trabajo por hacer para cumplir plenamente los estándares establecidos por Estados Unidos. Entre los aspectos que contempla la evaluación están fortalecer la investigación y judicialización de los responsables, lograr condenas adecuadas, mejorar la identificación y protección de las víctimas y reforzar las medidas de prevención.
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Sin embargo, el documento general no especifica cuáles de estos aspectos representan las principales dificultades de Colombia durante el período evaluado.
En esta misma categoría se encuentran países como México, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, Honduras, India, Japón, Italia, Suiza, Tailandia, Ucrania y Nueva Zelanda, entre otros.
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La clasificación no depende exclusivamente de la magnitud del delito en cada país, sino de los esfuerzos gubernamentales para cumplir los estándares establecidos.
El informe también aclara que estar en el nivel 1, la categoría más alta, no significa que un país haya eliminado la trata de personas ni que sus acciones sean suficientes para combatirla.
En cuanto al hemisferio occidental, que comprende los países y territorios de América y el Caribe, las cifras generales del informe muestran que, entre 2024 y 2025, las judicializaciones por delitos relacionados con la trata de personas en esta región disminuyeron de 1.860 a 1.493.
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En contraste, las condenas aumentaron de 662 a 855. Por su parte, el número de víctimas identificadas pasó de 22.417 a 20.910.