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El fiscal general de México, Alejandro Gertz, aseguró este miércoles que "la verdad va a salir" en las investigaciones sobre el hallazgo de restos óseos calcinados en un presunto campo de adiestramiento del narcotráfico en el estado de Jalisco (oeste).
Gertz dijo en rueda de prensa que "hay tal cantidad de información, de pruebas", que se conocerá lo que ocurrió en la hacienda donde familiares de desaparecidos encontraron además cientos de objetos personales, como ropas y zapatos, el pasado 5 de marzo.
La Fiscalía General se alista para asumir el caso en sustitución de la Fiscalía de Jalisco, duramente criticada al haber pasado por alto estos hallazgos en el municipio de Teuchitlán.
Gertz enumeró múltiples fallas en la pesquisa inicial del caso en septiembre pasado, que estuvo a cargo de la entidad estatal luego de que militares se enfrentaron a balazos con presuntos criminales con saldo de 10 detenidos y tres probables rehenes rescatados, uno de los cuales falleció.
Subrayó que las autoridades locales no realizaron una investigación exhaustiva del lugar, que además quedó abandonado, no se tomaron huellas ni se clasificaron los numerosos hallazgos y tampoco se interrogó a pobladores.
El fiscal anunció que investigará si estas irregularidades fueron resultado de la incompetencia o de una posible vinculación de autoridades con criminales, y garantizó que no habrá impunidad.
También confirmó el arresto de un jefe policial de la localidad de Tala, vecina de Teuchitlán, por supuestos nexos con la delincuencia organizada.
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La denuncia sobre un presunto campo de reclutamiento forzado del narcotráfico surgió luego de que colectivos que buscan a desaparecidos informaron del hallazgo de huesos en fosas que, a su juicio, operaban como "crematorios".
Esas familias temen que los restos pertenezcan a sus parientes desaparecidos, una condición en la que se hallan unas 124.000 personas en México.
En su informe, el fiscal citó versiones de un testigo según las cuales las personas reclutadas "dejaban sus ropas para uniformarse" conforme lo requerían los criminales.
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En la zona opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por sus prácticas sanguinarias y recientemente declarado terrorista por Estados Unidos.
En el lugar también se han encontrado varias identificaciones que corresponden a personas detenidas en distintos lugares del país, aunque Gertz declinó precisar el número.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan el trabajo de la Fiscalía de Jalisco y demandan al Gobierno federal una investigación transparente.
"El nivel de negligencia mostrado por las autoridades mexicanas en esta investigación es indignante y, lamentablemente, está lejos de ser inusual", dijo este miércoles Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, citada en un comunicado.
El pasado viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describió como "perturbador" que en el operativo de septiembre las autoridades no hayan detectado "pruebas cruciales" de posibles delitos.
México tiene un amplio historial de violaciones de derechos humanos que permanecen impunes, como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur) en 2014, presuntamente a manos de narcotraficantes y autoridades. Desde entonces solo han sido identificados restos de tres alumnos.
Medios mexicanos han publicado testimonios anónimos de personas que presumiblemente estuvieron recluidas en el rancho de Teuchitlán, quienes refieren maltratos, asesinatos y cremaciones.
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El fiscal general confirmó que en el lugar se encontraron "pequeños trozos" óseos, pero dijo que aún falta un dictamen concluyente para determinar a cuántas personas corresponden.
También sostuvo que la Fiscalía y otras instituciones cuentan con la tecnología necesaria para determinar si en el sitio se efectuaron cremaciones, una práctica que familiares de desaparecidos denuncian desde hace varios años en distintas regiones donde opera el crimen organizado.
La Fiscalía de Jalisco descartó la semana pasada que en el rancho hubiera un crematorio.
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Jalisco es el estado mexicano que registra el mayor número de desaparecidos con casi 15.000, principalmente desde 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas. En ese período se triplicó la tasa de homicidios en el país hasta 24 por 100.000 habitantes.
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