¿Migrante? Estos son los requisitos para regularizar su permanecia en España

El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que pone en marcha un proceso extraordinario de regularización administrativa para miles de personas migrantes que ya residen en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró tras el Consejo de Ministros que se trata de "garantizar que el plazo sea suficiente y el procedimiento ágil".

Proceso de regularización

Para beneficiarse de la regularización, los migrantes deben estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida, además de no tener antecedentes penales, entre otras condiciones que deben cumplir.

Las personas que quieran regularizar su situación podrán solicitarlo a partir del 16 de abril de forma virtual y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque hasta el día 20 no podrán acudir en persona a formalizar su petición, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos "a lo largo de todo el territorio", según Saiz, para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, y la intención del Gobierno es dar respuesta a todas las peticiones en dos meses y medio, vengan de donde vengan.

Sin embargo, la huelga indefinida anunciada en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril para protestar porque estos trabajadores no participan en el proceso puede complicarlo.

Además, los principales sindicatos policiales critican que la regularización se apruebe "de espaldas" a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación "externalizado" que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes.

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Obligación de aportar certificado de antecedentes penales

Para beneficiarse de la regularización, es necesario acreditar mediante un certificado que la persona interesada carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada.

Ante las dificultades por parte de algunos consulados y embajadas para conseguir este certificado, el real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta del país en un mes, podrá aportar una declaración responsable de que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática.

Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, se le comunicará al interesado y, después de 15 días, se dará su solicitud por desistida.

Informe de vulnerabilidad

El decreto establece tres casos de beneficiarios de la medida: haber trabajado en España o tener una oferta o un contrato para hacerlo; tener hijos menores de edad u otras personas a su cargo o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Se tendrá que acreditar la situación de vulnerabilidad mediante un informe ratificado por una entidad social, cuyo formulario se podrá encontrar en la web del ministerio.

Autorización de residencia y trabajo por un año

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, se dará una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea (UE). En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con condiciones como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

Compatibilidad con la solicitud de asilo

Los solicitantes de asilo que pidan beneficiarse de este proceso de regularización no tendrán que desistir de su petición de protección internacional, pero sí cuando obtengan una resolución estimatoria de su permiso de residencia y tengan que tramitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Uno de los últimos cambios incorporados al texto ha sido la exclusión de este proceso de regularización de los solicitantes del estatuto de apátrida, lo que desde el Ejecutivo justifican porque este colectivo ya dispone de un mecanismo específico para poner sus documentos en regla.

Regularización por justicia y por necesidad

En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno asegura que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden.

Pero también se trata, señala, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008.

AFP

Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, escribe Sánchez. El jefe del Ejecutivo apunta que se trata también de "una necesidad", ya que España, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren.

En España hay miles de personas que entraron al país de forma irregular y que trabajan en sectores con una gran demanda de mano de obra como la agricultura o los cuidados.