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El pasado martes 27 de enero, el gobierno de España anunció una medida de regularización extraordinaria y temporal aprobada por Real Decreto (una norma jurídica reglamentaria aprobada por el Consejo de Ministros o el presidente del Gobierno, firmada por el Rey) diseñada para brindar seguridad a personas extranjeras que ya residen en el país.
No obstante, es importante aclarar que no es una amnistía general ni un proceso automático, por lo que cada solicitud presentada debe ser analizada de forma individual.
Según el gobierno español, este proceso está dirigido principalmente a personas en situación administrativa irregular que cumplan con los siguientes requisitos:
La aprobación de esta solicitud otorga una autorización inicial de residencia y trabajo con una vigencia de un año. Entre los beneficios se encuentran:
Permite trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional, incluso desde el momento en que se admite a trámite la solicitud.
Los beneficiarios podrán cotizar a la seguridad social y acceder a sus derechos sociales plenos.
Promueve una mayor integración social y laboral, reduciendo a su vez la economía sumergida.
El inicio estimado para la recepción de solicitudes comenzará en abril de 2026 y el proceso finalizará el 30 de junio de 2026.
Una vez finalizado el año de vigencia inicial, el beneficiario deberá modificar su estatus según lo establecido en el Reglamento de Extranjería para autorizaciones por circunstancias excepcionales. Autoridades recomiendan hacer el proceso con tiempo y cautela para evitar falsas expectativas y asegurar que toda la documentación sea veraz para evitar el rechazo de la solicitud.
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