Una investigación del Gobierno de Estados Unidos constató condiciones de hacinamiento, abusos y el uso de pequeñas jaulas metálicas como "zonas de calma" para los migrantes detenidos en Alligator Alcatraz, antes de su cierre este verano en el sur de Florida.La existencia de estas celdas de 1,7 metros cuadrados de superficie fue uno de los detalles más reveladores de un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras varias inspecciones al centro de detención de migrantes, que fue inaugurado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en julio de 2025.Según los inspectores, hasta 79 migrantes fueron confinados "entre varios minutos y casi dos horas" en estas pequeñas jaulas entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026.Aunque el personal de Alligator Alcatraz alegó que estos recintos de unos 2,3 metros de alto eran "zonas de calma" para que los detenidos se tranquilizaran, y que incluso eran los migrantes quienes solicitaban acceder a ellas, la investigación halló evidencias de que también se emplearon a modo de castigo."El uso de estos espacios tan restrictivos contraviene las normas de trato humano, las cuales exigen mantener a los internos en el entorno menos restrictivo posible", sostuvo el informe divulgado este lunes.El hacinamiento de los migrantes también era evidente en el centro, según la investigación, que advirtió de que el lugar, en medio del humedal de los Everglades, violaba "los estándares de espacio vital".La normativa nacional establece que cada detenido disponga de al menos 7 metros cuadrados de superficie, pero a su máxima capacidad el centro solo ofrecía 2,6 metros cuadrados por interno.La ausencia de espacio, fácilmente apreciable en varias fotografías que acompañan el informe, "redujo la movilidad diaria de los internos, aumentando los niveles de estrés y el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas", según los inspectores.Alligator Alcatraz también incumplió los estándares sanitarios, de atención médica y de alimentación.Los detenidos manifestaron "retrasos significativos" en la evaluación médica de los recién llegados, objetos de higiene personal "insuficientes" o raciones de comida demasiado pequeñas y en mal estado de conservación.Además, indicaron que tuvieron prohibido salir al exterior durante algunas semanas, lo que contraviene la normativa.Pese a las conclusiones del informe, el DHS aseguró que el centro "operaba bajo la autoridad del estado de Florida mediante un acuerdo marco y no bajo la gestión directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que los estándares federales de detención no le eran aplicables".Alligator Alcatraz, construida en un antiguo aeródromo aledaño al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades, una reserva protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979, se convirtió en emblema de la campaña de deportaciones masivas del presidente Trump desde su apertura.Sin embargo acabó cerrando el pasado junio después de meses de demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por el "maltrato" a inmigrantes y el impacto ambiental de la instalación.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que suspendía temporalmente todas las citas para visas de inmigración para realizar nuevas capacitaciones a los empleados de embajadas y consulados.La suspensión no aplica para las visas emitidas para turismo, estudio, viajes de negocio o trabajo temporales.Las citas existentes para tramitar visas de inmigración, que suelen consistir en una entrevista con un funcionario consular, se "ajustarán" de acuerdo con los tiempos de las capacitaciones, dijo un portavoz del Departamento de Estado."Siempre que haya cambios en las citas para entrevistas de visa, las embajadas y los consulados comunican cualquier modificación directamente a los solicitantes de visa", dijo.No se informó de una fecha para reiniciar las citas, pero un funcionario del Departamento de Estado hablando en condición de anonimato aseguró que podría tardarse varias semanas.La capacitación se enfocará en la evaluación de solicitantes de visa que puedan ser una "carga pública (...) y que probablemente no lleguen a depender de los beneficios públicos estadounidenses reservados para estadounidenses calificados que se encuentran en situación de necesidad", según indicó el correo del portavoz.Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump inició una campaña en contra de la inmigración, con redadas a migrantes indocumentados y duras restricciones al ingreso al país.La suspensión de las citas es la última movida de la administración Trump para frenar la llegada de extranjeros.El martes, el Departamento de Estado anunció que planeaba revocar hasta 200.000 visas de turismo o negocios a otorgadas a extranjeros que intentaron prolongar su estancia solicitando asilo.Y a comienzos de este mes, el departamento dijo que se le había revocado la visa a cerca de 175.000 extranjeros desde enero de 2025, por motivos que iban desde delitos penales, incluidos conducir bajo los efectos del alcohol, hasta elogiar el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.Pero algunas de las medidas de Trump han sido frenadas por la justicia estadounidense.El viernes pasado, por ejemplo, un juez federal anuló la prohibición del gobierno sobre la concesión de visados a nacionales de 75 países que deseen establecerse en el país de forma indefinida.Entre estos países se encontraban Afganistán, Brasil, Egipto, Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen.
Decenas de familiares, amigos y vecinos de Johan Sebastián Durán Guerrero se reunieron la noche de este lunes en el barrio donde creció, en Bucaramanga, para realizar una velatón en memoria del joven santandereano, quien fue asesinado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).Con velas encendidas, mensajes de solidaridad y oraciones, los asistentes rindieron homenaje a Johan Sebastián y elevaron un llamado para que se esclarezcan las circunstancias en las que perdió la vida. Durante la jornada también exigieron verdad y justicia frente a los hechos ocurridos en territorio estadounidense.En medio del dolor, Angi Durán, hermana menor de la víctima, pidió al Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, agilizar los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo, con el fin de que su familia pueda darle el último adiós en Bucaramanga."Lo único que queremos es traerlo de regreso a casa y conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió", manifestó la joven entre lágrimas durante la velatón.La familia recordó que apenas unas horas antes de su asesinato, Johan Sebastián sostuvo una videollamada con la mayoría de sus seres queridos. Ese fue el último momento en que pudieron verlo con vida."Compartimos con él por videollamada. Nadie imaginó que sería la última vez que lo veríamos", relató José Guerrero, tío del joven, quien aseguró que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia.Mientras las autoridades de Estados Unidos adelantan la investigación para establecer las circunstancias del operativo en el que murió Johan Sebastián Durán, sus familiares continúan gestionando recursos económicos para cubrir los costos de la repatriación y poder realizar sus exequias en la capital santandereana.El caso ha generado conmoción tanto en Bucaramanga como entre la comunidad colombiana en Estados Unidos. Los familiares insisten en que las autoridades estadounidenses esclarezcan plenamente los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.Paralelamente, esperan el acompañamiento del Gobierno colombiano para facilitar el proceso consular y acelerar el traslado del cuerpo al país, permitiendo que Johan Sebastián Durán Guerrero reciba una despedida junto a sus seres queridos en la ciudad donde creció.
Sigue la indigación por la trágica muerte de Johan Sebastián Durán, un joven colombiano de 26 años originario de Bucaramanga (Santander), quien perdió la vida en un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, Estados Unidos.Mientras en las calles de Maine la ciudadanía se moviliza bajo el cántico de "¡ICE por fuera de las calles!", los padres de la víctima llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá para ponerse al frente del doloroso trámite de repatriación del cuerpo. Desde allí, su padre, Omar Durán, rompió el silencio en un testimonio desgarrador."Tenía sus documentos legales y dos trabajos"Frente a las especulaciones sobre el estatus migratorio de su hijo, Omar Durán fue enfático en aclarar que Johan Sebastián se encontraba de manera legal en los Estados Unidos, donde tenía permiso de trabajo, seguro social y tarjetas de identificación correspondientes."Mi hijo era una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Trabajaba por ellos... Tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo", relató el padre a Noticias CaracolSegún el testimonio familiar, el joven santandereano era un hombre entregado a su hogar que se dividía en dos jornadas laborales para salir adelante: en las mañanas realizaba labores de aseo en una clínica veterinaria y, posteriormente, trabajaba con su vehículo haciendo entregas a domicilio."No sé por qué le hicieron eso... realmente es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta", lamentó Durán.Crecen las protestas y la presión diplomáticaEl caso ha despertado una ola de protestas comunitarias. Organizaciones como la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la plataforma ¡Presente! calificaron el hecho como un acto de "violencia estatal" profundamente inquietante y devastador. Asimismo, exigieron que la investigación sea rápida, independiente y transparente, advirtiendo que no se debe permitir que ICE se investigue a sí mismo.Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de Johan Sebastián. La delegación diplomática confirmó que se encuentra acompañando a la familia y que ya ha solicitado claridades urgentes al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.Un patrón preocupante en las fronteras y estados de EE.UU.El deceso de Durán no es un hecho aislado. Su muerte ocurre apenas días después de que el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo también falleciera a manos de agentes de ICE en Texas. En lo que va del año, al menos seis personas han muerto en incidentes que involucran disparos de agentes migratorios en territorio estadounidense.La policía estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública y el FBI ya se encuentran coordinando las pesquisas para esclarecer el caso, mientras una esposa y una pequeña de tres años esperan respuestas en Maine, y unos padres lloran la pérdida de su hijo en Colombia.
La investigación por el tiroteo ocurrido este lunes en Biddeford, en el estado de Maine, Estados Unidos, ha revelado nuevos y lamentables detalles. Horas después de que se confirmara que una persona perdió la vida durante un procedimiento en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaba involucrado, organizaciones de apoyo a migrantes señalaron quién sería la presunta víctima.Sin embargo, las autoridades federales aún no han confirmado la identidad del fallecido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el lamentable episodio.Hombre muerto en Maine sería colombianoEl presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, fue uno de los primeros en confirmar el trágico hecho que dejó una persona fallecida y en el que agentes del ICE estuvieron involucrados.Más tarde, la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine dio a conocer que la víctima sería un ciudadano colombiano de tan solo 26 años, quien tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y además contaba con un número de Seguro Social. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad.Según reveló CBS News, Project Relief Maine, organización que acompaña a las comunidades migrantes, informó que el joven hacía parte de su comunidad, por lo que ya se encuentra en contacto con sus familiares.En un comunicado, la organización expresó que se trataba de "una persona joven cuya vida fue interrumpida" y pidió que el caso sea investigado para que se haga justicia.Investigación por operativo del ICE en MaineEl Departamento de Policía de Biddeford informó que atendió el incidente en la intersección de las calles Pool y Hill y prestó apoyo para asegurar la zona. Sin embargo, todas las preguntas relacionadas con el procedimiento fueron remitidas directamente al ICE.Además, varias imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran un vehículo acordonado con múltiples impactos de bala en el parabrisas del lado del conductor, evidencias que ahora hacen parte de la investigación.Por su parte, Ryan Fecteau explicó que tanto la Policía Estatal de Maine como el Departamento de Seguridad Pública ya adelantan la recolección de pruebas.Caso reaviva el debate sobre los operativos del ICEEl hecho ocurre pocos días después de otro operativo en Texas en el que murió el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una intervención del ICE.La gobernadora de Maine, Janet Mills, aseguró que fue informada sobre lo ocurrido y reconoció que este tipo de situaciones generan preocupación entre la comunidad.Mientras avanzan las investigaciones, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes insistieron en la necesidad de esclarecer lo sucedido y garantizar transparencia durante todo el proceso.
Los pensionados de Colombia normalmente no están obligados a realizar trámites para recibir su mesada. Sin embargo, existe un grupo específico que sí debe acreditar periódicamente que continúa con vida. De no hacerlo dentro de los plazos establecidos, podrían quedarse sin su mesada, pues esta sería suspendida de manera preventiva.La medida aplica exclusivamente para quienes viven fuera de Colombia, debido a que las entidades pensionales no pueden actualizar de manera automática la información de los fallecidos registrados en otros países. Por tal motivo, la norma obliga a que los beneficiarios presenten un certificado de supervivencia de manera periódica.Pensionados deben presentar certificado de supervivenciaLa legislación colombiana establece que los jubilados que viven fuera del país deben reportar su condición de supervivencia cada seis meses ante la entidad que administra su pensión.Por lo tanto, si el fondo de pensiones no recibe este documento dentro del plazo correspondiente, la consecuencia será la suspensión preventiva del pago de la mesada hasta que el pensionado entregue la certificación exigida.En caso de que el beneficiario se encuentre en Colombia cuando deba realizar el trámite, tiene la posibilidad de acercarse a cualquier oficina de su fondo de pensiones con su cédula de ciudadanía y acreditar su supervivencia.¿Quiénes no necesitan acreditar su supervivencia?Para los pensionados que viven en Colombia, el procedimiento no es obligatorio. La Ley 019 de 2012 puso fin a la exigencia de presentarse personalmente para certificar que se encuentran vivos.De hecho, entidades como Colpensiones y las administradoras privadas de fondos de pensiones verifican esta información mediante el cruce de datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que evita que las personas deban realizar este trámite.Qué deben tener en cuenta los pensionados para evitar la suspensión del pagoLos jubilados que residen en el exterior deben estar atentos al cumplimiento de esta obligación para evitar contratiempos con el pago de su pensión. En términos generales, es importante recordar que:El certificado de supervivencia debe presentarse cada seis meses.Si no se entrega oportunamente, la entidad podrá suspender preventivamente la mesada.El pago se reanudará una vez el pensionado complete el trámite exigido.Quienes viven en Colombia no deben presentar fe de vida, gracias al sistema de verificación automática implementado por las autoridades.La recomendación para los pensionados que residen fuera del país es mantener actualizada su información ante el fondo de pensiones y cumplir oportunamente con este requisito para garantizar la continuidad del pago de su mesada.
Las personas que solicitaron asilo político de forma masiva en el Reino Unido enfrentarán una severa carga económica tras los nuevos anuncios del Gobierno británico. El primer ministro, Keir Starmer, confirmó que los solicitantes de asilo deberán pagar hasta 10.000 libras esterlinas (aproximadamente 13.500 dólares) una vez que comiencen a trabajar en el país.Esta medida, incluida en el proyecto de Ley de Inmigración y Asilo, busca que los migrantes sufraguen los costos de su alojamiento y manutención generados durante el tiempo de tramitación de su estatus jurídico. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, advirtió que los afectados no serán elegibles para recibir la residencia permanente (settled status) hasta que la deuda esté cancelada en su totalidad.El esquema financiero funcionará mediante deducciones mensuales fijas basadas en los ingresos del trabajador, un mecanismo similar al que se utiliza actualmente para el cobro de los créditos universitarios de los graduados.¿Cómo funcionará el cobro de las 10.000 libras para los refugiados?El nuevo plan migratorio estipula condiciones estrictas para el reembolso del dinero, afectando tanto a quienes permanezcan en territorio británico como a quienes decidan abandonarlo:Retención de residencia: ningún adulto solicitante de asilo podrá formalizar su estatus de residente permanente sin saldar el balance completo.Pago obligatorio para reingreso: aquellos migrantes a quienes se les deniegue el asilo o decidan irse del Reino Unido, quedarán registrados con la deuda y deberán pagarla por completo si desean regresar en el futuro.Umbral por definir: el Gobierno aún no determina cuál será el nivel mínimo de ingresos que disparará la obligación del pago mensual, delegando en el Ministerio del Interior la facultad de ajustar los límites para garantizar que sean "justos"."Recibir apoyo de asilo es un derecho, pero también una responsabilidad. Una vez que las personas pueden contribuir y devolver la generosidad del pueblo británico, esperamos que lo hagan", afirmó la ministra Mahmood.
Manifestantes antimigración bloquearon calles e incendiaron edificios y vehículos en la capital de Irlanda del Norte la noche del martes, un día después de un ataque a cuchillo atribuido a un refugiado sudanés que fue captado en video y conmocionó al país.La grabación, que se viralizó en redes sociales, muestra a un hombre montado sobre otro mientras lo apuñala varias veces en la cabeza y el cuello, en lo que figuras de extrema derecha afirmaron fue un intento de decapitación.El sospechoso del ataque fue acusado el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte. Se trata de un refugiado sudanés, que cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028.Luego de esos hechos, cientos de personas, muchas de ellas encapuchadas, se concentraron en distintos puntos de Belfast, constataron periodistas de la AFP.Un autobús y varios autos fueron calcinados, mientras que un edificio en las afueras del centro fue incendiado y sus residentes tuvieron que ser evacuados."Hacia las 19H30 (18H30 GMT) encendieron un fuego en los contenedores (...), oímos autos de policía y sirenas", dijo Eemran, un ingeniero de origen indio que lleva viviendo en Belfast poco más de un año.Camila, una chilena de 36 años que se mudó a Belfast hace un mes, dijo que fue "aterrador"."Por supuesto que no estoy acostumbrada a esto", aseguró. "Entiendo la rabia de la gente, pero también hay formas de discutir estas cosas de manera más pacífica".La cadena local Sky Television mostró otros edificios en llamas, mientras helicópteros de la policía patrullaban sobre la ciudad y las tiendas cerraron temprano.Michelle O'Neill, la primera ministra de Irlanda del Norte, condenó las protestas e instó a la calma: "Grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no es más que una cobardía repugnante", aseguró en la red social X.También se congregaron multitudes en Antrim, a unos 25 kilómetros al oeste de Belfast.Líderes de la extrema derecha británica, entre ellos el activista Tommy Robinson —cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon—, habían convocado a los manifestantes a través de las redes sociales.También el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X, los animó a "manifestarse (...) con fuerza".El sospechoso del ataque, de 30 años y cuyas motivaciones se desconocen, debe comparecer ante la justicia el miércoles.Según el jefe de la policía norirlandesa, Jon Boutcher, el hombre había llegado a Reino Unido en 2023, tras pasar por París y luego por Dublín.La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado grave, con "importantes lesiones en los ojos y graves laceraciones en la espalda y el rostro", de acuerdo con el comisario adjunto Ryan Henderson.
La población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026, debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, procedentes, sobre todo, de Colombia, Marruecos y Venezuela.La Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves reporta que el crecimiento poblacional registrado en España en los tres primeros meses del año se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de las nacidas en España disminuyó (39.019.309 personas, 31.822 menos que el trimestre anterior).Frente a ello, la población española nacida en el extranjero a 1 de abril de 2026 se situaba en 3.321.397 personas, y el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta 7.346.414 personas.Las principales nacionalidades de inmigrantes llegados a España durante el primer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 38.600 personas), la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200).Colombianos y venezolanos, también entre los principales retornados a sus paísesPor su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes retornados a sus países de origen fueron la marroquí (con 11.700 salidas), la colombiana (11.200), la venezolana y la rumana (ambas con 5.100).Según la estadística del INE, durante el primer trimestre de 2026, la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias (el archipiélago español ubicado en el océano Atlántico) y en Melilla, una pequeña ciudad enclavada en el norte de África.Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,39%), en la costa este; Castilla-La Mancha (0,36%), en el interior peninsular; la Región de Murcia (0,33%), en el sureste; Madrid (0,32%), en el centro del país, y La Rioja (0,29%), hacia el norte de la Península Ibérica.
La muerte de un inmigrante mexicano la semana pasada en un centro de detención en las afueras de Los Ángeles llevó este lunes a las autoridades mexicanas a exigir al gobierno estadounidense el esclarecimiento de los hechos, en medio de un total de 14 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención en EE.UU.La muerte de José Guadalupe Ramos-Solano fue anunciada este lunes por la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), en un escrito que especificaba que el hombre, que se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, fue encontrado "inconsciente y sin respuesta" el 25 de marzo."El caso del señor José Guadalupe no es un caso aislado es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable", expresó Vanessa Calva Ruiz, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana, en una conferencia de prensa sucedida en Los Ángeles.La muerte de Ramos-Solano, es la decimocuarta muerte bajo custodia ICE desde que comenzó el año.Las autoridades mexicanas hicieron énfasis en que tan solo en el centro de procesamiento de Adelanto en San Bernardino, cuatro personas mexicanas han fallecido "por aparentes complicaciones médicas lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales" entre 2025 y 2026, por lo que agotarán todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que presentan algunos de estos centros de detención.De acuerdo con Calva Ruiz, estos decesos reflejan fallas y negligencias en la operación del lugar, contrarias a normas de EE.UU. y estándares internacionales de derechos humanos."A la fecha no hemos recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos", dijo la directora.Como respuesta y tras haber llevado a cabo una serie de acciones diplomáticas, Calva Ruiz informó que el Gobierno de México planea presentar un escrito de amicus curiae en apoyo al caso judicial L.T. Mesrobian, una demanda presentada el 26 de enero de 2026 contra las condiciones en el centro de detención migratoria de Adelanto.La demanda, presentada por abogados de Public Counsel y y de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), denuncia insalubridad, aislamiento punitivo y limitaciones al acceso de necesidades básicas de la instalación y responsabiliza jurídicamente a las autoridades de ICE de las condiciones de custodia en dicho centro.En la conferencia de prensa, la familia de Ramos-Solano exigió justicia para su padre y para las demás familias que atraviesan situaciones similares en los centros de detención."Mi papá no era un criminal, era un trabajador", aseguró su hijo José Ramos."Lo que pasó con mi papá es inhumano, merecemos saber la verdad sobre lo que le pasó a mi papá, quiero justicia para mi papá y justicia para todas las familias que están sufriendo y que están pasando por algo similar", añadió Gloria Ramos, hija del fallecido.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras la muerte de Ramos-Solano.La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
