El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de las EPS en quiebra tras la suspensión de su decreto de reordenamiento de afiliados por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. El mandatario calificó la decisión judicial como una "política de atranque" y cuestionó la competencia del tribunal para tumbar una norma de carácter nacional que buscaba trasladar a tres millones de usuarios hacia la Nueva EPS.
Durante el consejo de ministros, Petro arremetió contra el fallo judicial, asegurando que el tribunal "no tenía competencia" para anular el decreto. Según el jefe de Estado, esta medida impide la eficiencia del sistema preventivo regional y agrava la crisis financiera. "El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy todas las EPS estén quebradas", afirmó.
Ante este escenario y el archivo de la reforma en el Congreso, la orden del mantario fue: "Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera". El Gobierno, sin embargo, insistirá el 20 de julio radicando nuevamente la reforma a la salud y una tributaria para buscar salidas al modelo actual.
Para proteger a la Nueva EPS, el mandatario ordenó al Ministerio de Hacienda tramitar el CONFIS para pagar las deudas que el Estado tiene como copropietario. "Eso puede generar que no esté en causal de liquidación", explicó Petro, enfatizando que el saneamiento es vital para mantener la operatividad de la entidad que recibiría a los afiliados de las cajas insolventes.
EPS intervenidas y afiliados
- Nueva EPS: 10,8 millones de usuarios
- Famisanar: 2,9 millones de usuarios
- Coosalud: 3,2 millones de usuarios
- Asmet Salud: 1,8 millones de usuarios
- Emssanar: 1,7 millones de usuarios
- Savia Salud: 1,6 millones de usuarios
- Servicio Occidental de Salud: 750.000 usuarios
- Capresoca: 170.000 usuarios
En conjunto, estas ocho entidades reúnen alrededor de 23 millones de afiliados, lo que representa cerca del 43% de la población del país. Esta situación plantea retos para el sistema de salud, especialmente en el proceso de transición, donde se prevé una mayor presión sobre hospitales y clínicas, así como posibles afectaciones en la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención a los usuarios.
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