El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. aseguró que a última hora de este domingo que está investigando el caso en el que un agente de ICE disparó por la espalda a un migrante venezolano, que resultó gravemente herido y está incomunicado de su familia y su abogada.Wilber Rafael Garcés, de 28 años, se encontraba en su vehículo y "en medio de una entrega (de comida a través de la plataforma) Doordash" a mediodía de este domingo en Austin (Texas) cuando "le dispararon por la espalda, debajo del cuello", aseguró en sus redes sociales la abogada del herido, Kate Lincoln-Goldfinch.Más de seis horas después, la abogada y la esposa de Garcés, que le había buscado sin éxito en el hospital, recibieron finalmente confirmación de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) le había trasladado a un centro de detención, pero aún no han podido comunicarse con él, según la letrada.En declaraciones, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, en inglés, del que depende ICE) aseguró que la agencia está investigando ese tiroteo "con ayuda del FBI", y que el migrante se encuentra "estable y en custodia federal, a la espera de su deportación".Versiones contradictorias sobre su entrada a EEUUEl portavoz alegó que Garcés "entró en el país ilegalmente bajo la Administración (del expresidente Joe) Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva".No obstante, su abogada aseguró a EFE que, aunque aún no ha podido hablar con su cliente para corroborarlo, tiene entendido "que entró al país con CBP One", una aplicación que, bajo el Gobierno de Biden (2021-2025), permitía a los migrantes solicitar la entrada legal a Estados Unidos para pedir asilo allí, y que Donald Trump eliminó nada más llegar al poder hace más de un año."Van a tener que darme acceso a él para poder dar más detalles (sobre cómo entró al país). Ahora mismo, no le están permitiendo hablar ni con su abogada ni con su esposa", denunció Lincoln-Goldfinch, quien asegura haber visto fotos y un vídeo de cómo "le dispararon en la espalda, debajo del cuello".Según relató Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente, lo que ocurrió es que un agente de ICE se bajó de una camioneta sin identificar y disparó hacia el automóvil que conducía Garcés, que se encontraba estacionado.Un testigo de lo ocurrido, quien pidió utilizar el nombre de Juan, aseguró que se acercó al vehículo y encontró a Garcés en el asiento del conductor. "Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda", dijo.Las operaciones violentas contra migrantes han aumentado durante el segundo mandato de Trump, con al menos seis conductores muertos y otros once heridos por disparos durante operativos de agentes federales de inmigración desde que el mandatario volvió a la Casa Blanca, según un informe publicado en julio por The Washington Post.
El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que pone en marcha un proceso extraordinario de regularización administrativa para miles de personas migrantes que ya residen en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró tras el Consejo de Ministros que se trata de "garantizar que el plazo sea suficiente y el procedimiento ágil".Proceso de regularizaciónPara beneficiarse de la regularización, los migrantes deben estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida, además de no tener antecedentes penales, entre otras condiciones que deben cumplir.Las personas que quieran regularizar su situación podrán solicitarlo a partir del 16 de abril de forma virtual y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque hasta el día 20 no podrán acudir en persona a formalizar su petición, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos "a lo largo de todo el territorio", según Saiz, para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, y la intención del Gobierno es dar respuesta a todas las peticiones en dos meses y medio, vengan de donde vengan.Sin embargo, la huelga indefinida anunciada en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril para protestar porque estos trabajadores no participan en el proceso puede complicarlo.Además, los principales sindicatos policiales critican que la regularización se apruebe "de espaldas" a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación "externalizado" que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes.Obligación de aportar certificado de antecedentes penalesPara beneficiarse de la regularización, es necesario acreditar mediante un certificado que la persona interesada carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada.Ante las dificultades por parte de algunos consulados y embajadas para conseguir este certificado, el real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta del país en un mes, podrá aportar una declaración responsable de que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática.Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, se le comunicará al interesado y, después de 15 días, se dará su solicitud por desistida.Informe de vulnerabilidadEl decreto establece tres casos de beneficiarios de la medida: haber trabajado en España o tener una oferta o un contrato para hacerlo; tener hijos menores de edad u otras personas a su cargo o encontrarse en situación de vulnerabilidad.Se tendrá que acreditar la situación de vulnerabilidad mediante un informe ratificado por una entidad social, cuyo formulario se podrá encontrar en la web del ministerio.Autorización de residencia y trabajo por un añoEl permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, se dará una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea (UE). En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con condiciones como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.Compatibilidad con la solicitud de asiloLos solicitantes de asilo que pidan beneficiarse de este proceso de regularización no tendrán que desistir de su petición de protección internacional, pero sí cuando obtengan una resolución estimatoria de su permiso de residencia y tengan que tramitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero.Uno de los últimos cambios incorporados al texto ha sido la exclusión de este proceso de regularización de los solicitantes del estatuto de apátrida, lo que desde el Ejecutivo justifican porque este colectivo ya dispone de un mecanismo específico para poner sus documentos en regla.Regularización por justicia y por necesidadEn una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno asegura que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden.Pero también se trata, señala, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008.Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, escribe Sánchez. El jefe del Ejecutivo apunta que se trata también de "una necesidad", ya que España, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren.En España hay miles de personas que entraron al país de forma irregular y que trabajan en sectores con una gran demanda de mano de obra como la agricultura o los cuidados.
Un bebé de dos meses, detenido junto a su madre en un centro para migrantes en Texas, ha sido diagnosticado con bronquitis tras ser llevado de urgencia al hospital, según informó este martes un congresista demócrata.La familia ha estado privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en Estados Unidos donde actualmente se retienen a familias migrantes, según detalló el legislador Joaquín Castro en sus redes sociales.El bebé, llamado Juan Nicolás, fue trasladado el lunes junto a su madre a un hospital local y ya se encuentran de vuelta en el centro detención. En las últimas horas, el menor ha estado "inconsciente", detalló el congresista en su cuenta de la plataforma X.Esta mañana un juez de migración informó a la madre que serían deportados, pero no le entregó más detalles sobre a dónde o cuándo."Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa" del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), escribió Castro.El bebé ha estado "constantemente enfermo" desde que llegó a Dilley, "vomitando y con problemas respiratorios", detalló el congresista demócrata.El traslado al hospital tuvo lugar a última hora del lunes, según detalló el legislador. De acuerdo con la oficina del sheriff del Condado de Frio, la policía de Dilley fue requerida ayer en el centro, según informó hoy una portavoz. Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para las menores, así como comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración. El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.
Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, tan solo cinco días antes de la reunión que el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca, informó la Cancillería."El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos", señaló la Cancillería en su cuenta de X. La publicación está acompañada de tres fotografías de personas vestidas con sudadera gris, recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana.Estos fueron vuelos suspendidos hace un año y detonaron la primera crisis entre el Gobierno de Colombia y la nueva administración de Trump, luego de que Petro no autorizara la entrada al país de dos aviones que venían de EE.UU. con deportados, alegando que por venir esposados, no recibían un trato digno."Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.Después de un año de diferencias por la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela, que agravaron la crisis en la relación bilateral, los dos presidentes sostuvieron una llamada telefónica el pasado 7 de enero en la que se acordó una reunión en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero que es aguardada con expectación en Colombia.Según dijo Petro el pasado martes, la reunión con Trump será "determinante" para él, a quien EE.UU. le canceló el visado y lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton'."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un acto en la Casa de Nariño, sede presidencial.Ese mismo día pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles".
Nuevos videos que recogen la muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración en la ciudad estadounidense de Mineápolis este sábado muestran que la víctima trató de proteger a dos personas de los envites de los funcionarios, que le atacaron entonces con gas y, tras forcejear con él, le dispararon.En un primer video se ve a la víctima, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.En otro, se le ve -siempre grabando con el teléfono en la mano derecha- indicando a un conductor que proceda a circular, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones. En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima "atacó a los agentes" con "la intención de causar daño" y que estaba "blandiendo" el arma.Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.
El Gobierno canadiense ha suspendido de forma inesperada un programa piloto destinado a atraer refugiados cualificados para ocupar vacantes laborales, en un momento en el que las autoridades canadienses están adoptando medidas para reducir el número de inmigrantes que llegan al país.El Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica, que estaba en marcha desde 2018, ofrecía a refugiados cualificados "inmigrar a Canadá a través de programas de carácter económico" para ofrecer a las empresas del país "un nuevo grupo de candidatos cualificados para cubrir vacantes laborales".El programa ha permitido la llegada al país de refugiados como ingenieros, asistentes sanitarios u otras profesiones de alta demanda. Pero en un mensaje colgado en la web del programa, el Gobierno canadiense indicó que ya no aceptaba nuevas solicitudes tras haber alcanzado su cupo para 2025.El periódico 'The Globe and Mail' señaló este martes que las autoridades canadienses solo han admitido hasta el momento la mitad, unas 1.000 personas, del objetivo inicial establecido y que no hay fecha para el reinicio del programa.Las autoridades canadienses también advirtieron que la tramitación de las solicitudes ya presentadas puede tardar hasta tres años.La suspensión del Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica se produce poco después de que Ottawa parase el pasado 19 de diciembre, también sin fecha de reinicio, otro programa piloto migratorio para atraer trabajadores que atiendan a personas de avanzada edad, individuos con discapacidades y niños.Desde 2024, el Gobierno canadiense ha adoptado medidas para reducir de forma drástica el número de inmigrantes que llegan cada año al país, tanto residentes permanentes como trabajadores temporales extranjeros y estudiantes internacionales.Hasta el año pasado, Canadá era el país del G7 con mayor crecimiento demográfico, un 2,7 % anual, gracias a la masiva llegada de inmigrantes que pasaron de 300.000 en 2015 a casi 500.000 en 2024.A estas cifras se suman los estudiantes internacionales (en 2023 llegaron 682.889) y los trabajadores temporales extranjeros (cerca de un millón en 2023).El Gobierno canadiense quiere reducir ahora la proporción de trabajadores temporales extranjeros en el país del 7 % actual al 5 % en los próximos años, por lo que en noviembre dijo que solo aceptará 385.000 residentes temporales en 2026 y 370.000 en 2027 y 2028, además de recortar más de un 50 % el número de estudiantes internacionales y trabajadores temporales extranjeros.Las medidas adoptadas ya han empezado a surtir efecto: el pasado 17 de diciembre, el organismo público Estadísticas Canadá (EC) dijo que, por primera vez en décadas, la población de Canadá se redujo en el tercer trimestre del año un 0,2 % con la pérdida de 76.068 personas.
La Procuraduría General de la Nación sancionó al oficial de Migración Colombia, Didier Orlando Palacios Pinilla, con destitución e inhabilidad general por 17 años y seis meses, por facilitar y colaborar con el tráfico de migrantes.Según el ente de control, el funcionario utilizó de manera indebida sellos oficiales y documentación pública para permitir la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos que tenían como destino Panamá y Estados Unidos. Los hechos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2023.Palacios Pinilla estaba adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, y cumplía funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, desde donde habría facilitado en repetidas ocasiones el tránsito ilegal de estas personas.Para la Procuraduría, el comportamiento del funcionario no solo vulneró los controles migratorios del país, sino que afectó directamente los fines esenciales del Estado, por lo que calificó los hechos como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
En medio de crecientes tensiones por las políticas migratorias en Estados Unidos, defensores de los derechos de los migrantes denunciaron la detención de al menos mil personas en Chicago como parte de la operación “Midway Blitz”, una orden directa del presidente Donald Trump que se ejecuta desde comienzos de septiembre.Según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado las redadas y está ampliando su red de detención en el Medio Oeste, trasladando a muchos de los detenidos fuera de Illinois. El principal destino ha sido el Centro Correccional del condado de Miami, en Indiana, una prisión de máxima seguridad que, según activistas, no cuenta con condiciones adecuadas para albergar a migrantes.El traslado ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, que consideran preocupante el uso de prisiones estatales para encarcelar a personas en situación irregular. “Nos preocupa profundamente el estado en el que se encuentran los detenidos en la prisión del condado de Miami”, declaró Lisa Koop, directora de servicios legales del NIJC. La abogada añadió que su equipo trabaja para garantizar que los migrantes reciban asesoría legal y tengan acceso a un juicio justo.Las autoridades del NIJC también denunciaron que la medida recuerda al polémico campo de detención “Alligator Alcatraz”, en Florida, utilizado en el pasado para detener a migrantes en condiciones precarias. Además, advirtieron que el ICE ha ampliado su capacidad de alojamiento mediante contratos con cárceles de condado y, en algunos casos, incluso ha rentado habitaciones en moteles ante el colapso del sistema.El centro de procesamiento de Broadview, a las afueras de Chicago, se ha convertido en un foco de protestas casi diarias contra la operación federal. Activistas aseguran que el edificio, que estaba desactivado, carece de espacios dignos y servicios básicos para albergar a personas durante varios días.La operación “Midway Blitz” refleja un endurecimiento de las políticas migratorias en el país y un aumento de la presión sobre las comunidades inmigrantes del Medio Oeste. Mientras el Gobierno refuerza su control fronterizo, las organizaciones civiles alertan sobre un sistema desbordado y la vulneración de derechos fundamentales de miles de personas en busca de un proceso justo.
La Fiscalía General de la Nación informó que, en un trabajo conjunto con agencias de Estados Unidos y la Dijín de la Policía Nacional, fue capturada y judicializada una red delictiva señalada de movilizar ilegalmente a migrantes por el territorio colombiano.De acuerdo con las investigaciones, durante más de dos años este grupo logró trasladar a 114 personas provenientes de países de África, Asia y el Caribe, quienes ingresaban a Brasil y posteriormente llegaban por vía fluvial a Nariño. Allí eran contactados por integrantes de la red, que les ofrecían transporte hasta la región de Urabá.Los migrantes, provenientes de naciones como Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana, eran movilizados en buses de turismo y de servicio público, en trayectos que cruzaban gran parte del país.En diligencias realizadas de manera simultánea en Medellín, Cali y Palmira, fueron capturados cuatro hombres y una mujer señalados de hacer parte de la organización. Los procesados son: Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliécer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón.Según el ente acusador, estas personas cumplían distintos roles dentro de la estructura ilegal. Álvarez y Chalarca serían los encargados de conseguir los buses y coordinar los trayectos; Muñoz y Jaramillo, conductores de transporte intermunicipal y especial, habrían permitido el ingreso de migrantes a sus vehículos; mientras que García Arboleda estaría a cargo de la logística de los recorridos para evitar que los extranjeros tuvieran contacto con terceros o se bajaran de los automotores.Ante un juez de control de garantías de Medellín, la Fiscalía les imputó el delito de tráfico de migrantes. Ninguno aceptó los cargos, por lo que se ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco.
Una reconocida creadora de contenido colombiana, identificada como Tatiana Martínez, con más de 37.500 seguidores en sus redes sociales, fue arrestada el pasado 15 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a la mujer mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. En videos difundidos se puede observar cómo la joven fue bajada a la fuerza de su vehículo, lo que ha generado gran indignación.El contenido de la influencer era sobre información de interés para los migrantes en Los Ángeles, principalmente alertar sobre redadas y denunciar abusos cometidos por las autoridades de inmigración en Estados Unidos. Debido a esto, muchos usuarios en redes han afirmado que podría haberse convertido en un objetivo para las autoridades de dicho país. Este es el videoDurante la captura, la influencer gritaba a la policía que no se oponía al arresto, diciendo "No espérate. No, no, no wait (...). Me voy a dejar, pero espérate", posteriormente, fue sometida en el suelo y sacada abruptamente de su carro. Algunos minutos después reportaron que Martínez perdió el conocimiento debido a la angustia, lo que obligó a las autoridades a solicitar una ambulancia para trasladarla a un centro asistencial.Hasta el momento, la situación legal de Tatiana Martínez no es clara y no se ha confirmado si la joven se encuentra en un centro para migrantes o si aún recibe atención médica. Aunque la situación de la mujer es incierta, usuarios han señalado que podría ser deportada. Mientras tanto, la familia de la joven exige respuesta y garantías. En algunos comentarios en redes sociales se puede apreciar el apoyo que está recibiendo la mujer frente a la difícil situación: "Espero te encuentres bien y que pronto estés en tu casa", "estamos contigo y pronto estarás de nuevo con nosotros".
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
