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En medio de crecientes tensiones por las políticas migratorias en Estados Unidos, defensores de los derechos de los migrantes denunciaron la detención de al menos mil personas en Chicago como parte de la operación “Midway Blitz”, una orden directa del presidente Donald Trump que se ejecuta desde comienzos de septiembre.
Según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado las redadas y está ampliando su red de detención en el Medio Oeste, trasladando a muchos de los detenidos fuera de Illinois. El principal destino ha sido el Centro Correccional del condado de Miami, en Indiana, una prisión de máxima seguridad que, según activistas, no cuenta con condiciones adecuadas para albergar a migrantes.
El traslado ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, que consideran preocupante el uso de prisiones estatales para encarcelar a personas en situación irregular. “Nos preocupa profundamente el estado en el que se encuentran los detenidos en la prisión del condado de Miami”, declaró Lisa Koop, directora de servicios legales del NIJC. La abogada añadió que su equipo trabaja para garantizar que los migrantes reciban asesoría legal y tengan acceso a un juicio justo.
Las autoridades del NIJC también denunciaron que la medida recuerda al polémico campo de detención “Alligator Alcatraz”, en Florida, utilizado en el pasado para detener a migrantes en condiciones precarias. Además, advirtieron que el ICE ha ampliado su capacidad de alojamiento mediante contratos con cárceles de condado y, en algunos casos, incluso ha rentado habitaciones en moteles ante el colapso del sistema.
El centro de procesamiento de Broadview, a las afueras de Chicago, se ha convertido en un foco de protestas casi diarias contra la operación federal. Activistas aseguran que el edificio, que estaba desactivado, carece de espacios dignos y servicios básicos para albergar a personas durante varios días.
La operación “Midway Blitz” refleja un endurecimiento de las políticas migratorias en el país y un aumento de la presión sobre las comunidades inmigrantes del Medio Oeste. Mientras el Gobierno refuerza su control fronterizo, las organizaciones civiles alertan sobre un sistema desbordado y la vulneración de derechos fundamentales de miles de personas en busca de un proceso justo.
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