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La tensión está al tope. La capital venezolana será escenario de lo que la oposición llama "Toma de Caracas", en el este de la ciudad, y la "Toma de Venezuela" convocada por chavistas en la Plaza Bolívar y en el Palacio de Miraflores, en el centro.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se juega el todo por el todo y confía en abrir este jueves una nueva etapa de movilizaciones para presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) -al que acusa de chavista- a darle la fecha de comienzo recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar el revocatorio.
"La oposición tiene el balón y se adentra al campo del adversario", opinó el analista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, quien se preguntó si "el gobierno entenderá que seguir arrinconando a la mayoría es una bomba de tiempo".
Ocho de cada 10 venezolanos quiere un cambio de gobierno, según Datanálisis. Golpeada por la caída de los precios del petróleo, Venezuela sufre una escasez de alimentos y medicinas del 80% y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año.
"Hay que marchar, porque esto ya no se aguanta, estamos cansados de la inseguridad y de las colas", dijo a la AFP María Pérez, una docente jubilada de 57 años, al referirse a las largas filas que se forman en los supermercados para comprar alimentos subsidiados, porque los salarios y las pensiones no alcanzan.
Describiéndose como una chavista fiel, Ana Hernández, un ama de casa que participó en una de las marchas que organizó el chavismo esta semana, afirmó que "hay que defender en la calle a la revolución y al presidente Maduro".
La MUD asegura que el referendo es una "válvula de escape" y que sólo cambiando al gobierno y a su modelo socialista se acabará la crisis. Maduro denuncia una guerra económica" "de empresarios de derecha y una "conspiración" de la oposición "fascista" aliada con Estados Unidos.
Pese al descontento popular, la oposición no convoca multitudes desde 2014, según analistas en parte por el miedo a un estallido de violencia, como en aquellas manifestaciones que exigían la salida de Maduro y que dejaron 43 muertos.
"La marcha es una especie de termómetro para medir la capacidad de convocatoria de la oposición. Si no es suficientemente concurrida puede contribuir a desmoralizar a la población", afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampo, analista del IHS Markit Country Risk, con sede en Londres.
Para León está por verse "si la gente entenderá que el éxito de la marcha es de articulación a futuro o se frustrará esperando de ella mucho más de lo que debe".
La MUD busca que el referendo se haga antes del 10 de enero porque si Maduro pierde, habrá elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, será sustituido por su vicepresidente. Según la firma Venebarómetro, 64% de los electores votaría por revocarlo.
"Estamos luchando por algo acorde con la Constitución, nadie quiere una explosión social. Las amenazas buscan paralizar. El gobierno le tiene terror a la movilización pacífica", aseguró el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles.
Durante esta semana, el gobierno ha difundido documentales sobre el golpe de Estado que sacó del poder a Chávez en 2002 por pocas horas, y vincula lo que llama "golpe parlamentario" en Brasil contra Dilma Rousseff a la marcha de la oposición, a la que considera como parte de una conspiración de Estados Unidos.
"Tienen un plan golpista para ensangrentar a Venezuela. No le creo una palabra a la MUD", afirmó Maduro, al señalar que ordenó un operativo de militares y policías para evitar la violencia.
A pocas horas de la marcha, Maduro anunció que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también acusada por la MUD de servir al gobierno, que evalúe el levantamiento de la inmunidad a los parlamentarios, mayoritariamente opositores, para mantener la paz y combatir "el golpismo".
"Ni una piedra, ni una capucha, ni una botella rota. Lo que va a haber es pura ciudadanía democrática en la calle", aseguró el vocero de la MUD, Jesús Torrealba.
La marcha estuvo precedida del arresto de tres dirigentes opositores y, según la ONG Foro Penal, de otra treintena de antichavistas en todo el país, mientras el Sindicato de Periodistas denunció que las autoridades rechazaron el ingreso de varios corresponsales extranjeros que iban a cubrir la marcha opositora.
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