Las organizaciones de derechos humanos que comparecieron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron en que, pese a las recientes excarcelaciones de presos políticos y a las medidas anunciadas por las autoridades venezolanas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, no existen cambios estructurales que indiquen un cese de la represión en el país.
Las declaraciones se dieron durante la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, advirtió que la represión continúa pese a los avances en los espacios para denunciar en instancias internacionales como la CIDH.
“Esa apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, afirmó Borges.
#EnDesarrollo En una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, advirtió que la represión continúa pese a los avances en los espacios para denunciar.
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La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, también advirtió sobre el deterioro de las condiciones de reclusión de los presos políticos. Señaló que adultos mayores y personas con enfermedades graves permanecen sin atención médica, mientras continúan las denuncias de torturas y tratos crueles.
"Las condiciones de reclusión en los centros de detención en Venezuela han alcanzado un punto crítico que vulnera todo estándar de dignidad humana, consolidando un patrón de tratos crueles, inhumanos y degradantes", afirmó.
Tineo también alertó sobre la incertidumbre que persiste frente al estado de los centros penitenciarios tras los terremotos del 24 de julio.
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"Hasta la fecha, las autoridades no han informado públicamente los resultados de las inspecciones técnicas pertinentes", aseguró. Añadió que, según los reportes recibidos, las personas privadas de la libertad fueron evacuadas temporalmente, pero luego obligadas a regresar a áreas con daños estructurales.
Martha Tineo, directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), advirtió ante la CIDH sobre la incertidumbre que persiste frente al estado de los centros penitenciarios tras los terremotos del 24 de junio. "A esta crisis se suma la incertidumbre sobre la integridad… pic.twitter.com/clnA6RMAQv
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Sobre las consecuencias de esos terremotos, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, denunció que también se documentaron restricciones a las labores humanitarias. Según explicó, se registraron obstáculos a equipos de rescate independientes y misiones internacionales, además de hostigamientos contra centros de acopio y voluntarios, detenciones arbitrarias y agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.
En la misma audiencia, Alejandro Romero, presidente de Foro Penal, afirmó que, pese a la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero, y la excarcelación de cerca de 800 presos políticos, "el aparato represivo continúa".
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"La represión no ha desaparecido; ha cambiado de forma, pero persisten varios patrones. Rodeo I sigue albergando presos políticos, donde se denuncian torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Helicoide ya no alberga presos políticos, pero quienes estaban allí fueron trasladados a otros dos centros de reclusión", dijo.
Alejandro Romero, presidente de Foro Penal, aseguró ante la CIDH que, pese a la Ley de Amnistía y la excarcelación de cerca de 800 presos políticos, "el aparato represivo continúa". "Ha cambiado de forma, pero persisten varios patrones. Rodeo I sigue albergando presos políticos,… pic.twitter.com/RyKfuKnr8T
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Romero también aseguró que el aparato represivo sigue operando a través de los organismos de inteligencia. Aunque hace dos semanas se restableció la posibilidad de acceder a los expedientes y designar abogados, un derecho de defensa que había sido restringido, afirmó que aún existen casos en los que esos documentos no aparecen.
"El sistema de justicia sigue controlado absolutamente por el régimen", concluyó.
Al cierre de la intervención de las ONG, Faisal Yamil, integrante de la plataforma Justicia y Verdad, presentó las principales recomendaciones consensuadas por las organizaciones participantes. Entre ellas pidió la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, la derogación del marco normativo que, según las organizaciones, ha servido para criminalizar la disidencia y restringir el espacio cívico, y una mayor apertura del Estado venezolano a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluida una inspección de la CIDH.
Yamil también pidió que la comisión mixta instalada el pasado 1 de agosto produzca resultados verificables y advirtió que los espacios de diálogo no pueden convertirse en mecanismos para dilatar soluciones frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas por las organizaciones.
"No comparecemos hoy solo a denunciar; comparecemos con una apertura propositiva", concluyó.
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