En un correo enviado a Efe,
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La carta, firmada por el colectivo Red de Supervivientes de Abusos de los Sacerdotes (SNAP, en sus siglas en inglés) en Nueva Zelanda, fue enviada al Vaticano el pasado 2 de septiembre y de momento no han recibido respuesta.
La polémica se produce en medio de la investigación sobre el maltrato y la pederastia cometidos en el seno de la Iglesia católica, que el pasado febrero reconoció haber recibido 1.680 quejas de abusos, la mitad de carácter sexual, que afectan al 14 % de los sacerdotes católicos en Nueva Zelanda desde 1950.
La Iglesia ha pedido perdón y ha iniciado su propia investigación de los abusos, posterior a una realizada por las autoridades, pero las víctimas representadas por SNAP, un colectivo internacional, han criticado la gestión de los casos.
La misiva al papa Francisco dirige sus críticas a la oficina creada por la Iglesia para abordar las quejas por los abusos, al denunciar que está incumpliendo sus propios principios y procedimientos.
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"No solo se niega la compasión y trato justo prometidos a los supervivientes, sino que también son retraumatizados por la misma oficina creada para proveer un camino hacia la reconciliación", indica la carta, firmada por Longhurst, líder de SNAP en Nueva Zelanda, y a la que ha tenido acceso Efe.
"Dada la falta de un camino auténtico y honesto hacia la reconciliación en la Iglesia católica de Nueva Zelanda, nos gustaría pedir a su santidad que intervenga", piden las víctimas.
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Longhurst señaló a Efe que previamente escribieron a la Conferencia Episcopal neozelandesa, pero que sus quejas no fueron atendidas.
Afirmó que los responsables eclesiásticos no están asesorando bien a las víctimas ni tratando de recabar pruebas sobre las denuncias y que un miembro de una congregación religiosa se negó a comparecer ante la Policía con el beneplácito de la Iglesia, a pesar de que esta se ha comprometido en el pasado a colaborar con las autoridades.
Según un informe publicado en 2020, más de 250.000 menores y adultos neozelandeses fueron supuestas víctimas de abusos mientras estuvieron bajo el cuidado de instituciones públicas, sociales y religiosas entre 1950 y 1999.
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