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El abogado Víctor Mosquera, representante del senador Miguel Uribe Turbay, acudió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. para solicitar protección para el partido Centro Democrático y denunciar la presunta injerencia del Gobierno colombiano en la investigación del atentado contra su cliente.
Este atentado no solo buscó atentar contra la vida de Miguel Uribe, sino generar pánico en la población civil y amedrentar a la oposición en un año preelectoral. Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley
El jurista señaló que la intervención del Gobierno ha comprometido la objetividad de las investigaciones: “El Gobierno nacional, a través del presidente, ministros y agentes del Estado, ha divulgado información no corroborada por la Fiscalía, señalando a grupos armados ilegales sin pruebas concluyentes. Esta conducta no solo entorpece el proceso investigativo, sino que constituye una forma de estigmatización contra la oposición”.
Uribe Turbay, aspirante presidencial para las elecciones de 2026, sufrió un intento de asesinato el pasado 7 de junio en Bogotá, donde recibió varios disparos y desde entonces permanece hospitalizado luchando por su vida.
Mosquera formalizó ante la CIDH una "solicitud de medidas cautelares colectivas en favor del partido Centro Democrático", vinculando esta petición a los hechos ocurridos y a las próximas elecciones. Subrayó la "preocupación por la injerencia del Gobierno nacional en las investigaciones" relacionadas con el ataque.
Entre los puntos clave de su denuncia, Mosquera señaló a la Unidad Nacional de Protección (UNP) como responsable de no haber garantizado adecuadamente la seguridad del candidato el día del atentado.
Según el letrado, la UNP "no atendió a las diferentes solicitudes" de seguridad que el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe elevó desde el año pasado, manteniendo su nivel de seguridad al de un senador y no al requerido por un precandidato a la presidencia. Además, pidió a la CIDH que inste al Estado colombiano a imputar el delito de terrorismo a los autores del ataque.
El abogado también informó que presentó ante la CIDH nuevos informes sobre "discursos de odio y estigmatización" emitidos por altos funcionarios del Gobierno colombiano, incluyendo al presidente Gustavo Petro. Mosquera considera que estos discursos, dirigidos contra Uribe y miembros de la oposición, "se convierten en obstáculos para las investigaciones".
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Se espera que la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tome una decisión sobre esta petición en los próximos 15 días.
Además de su intervención ante la CIDH, Mosquera informó que tiene programadas reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En Colombia, la investigación por el atentado ha llevado a la judicialización de seis personas hasta el momento. Entre los detenidos figura Elder José Arteaga Hernández, conocido como 'el Costeño', quien es considerado el presunto coordinador del ataque, así como el joven identificado como el autor material de los disparos contra Uribe Turbay.
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