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Abogado de Sneyder Pinilla pondría en riesgo investigación clave del 'cartel de la toga'.

Por no testificar, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y abogado de Sneyder Pinilla, tiene en riesgo la investigación. La advertencia la hace la Procuraduría General sobre el proceso en contra de Luis Ignacio Lyons.

Luis Gustavo Moreno // Foto: Corte Suprema de Justicia
Luis Gustavo Moreno.
Foto: Corte Suprema de Justicia

La inasistencia de un testigo clave está poniendo en riesgo el avance del juicio contra Luis Ignacio Lyons procesado por el delito de cohecho en el conocido caso de "El Cartel de la Toga".

El procurador Judicial Mario Enrique Gómez Jiménez dirigió una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón y expresó su preocupación por el desarrollo de este proceso judicial.

El caso, que se tramita en el Juzgado 60 Penal del Circuito, está actualmente en la etapa de juicio oral, y la Fiscal 12 delegada ante el Tribunal Superior, Diana Alejandra Cucunubá Pérez, indicó que las audiencias recientes se han visto frustradas por la ausencia del testigo Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado por “El Cartel de la Toga” condicionó su testimonio a la renovación del principio de oportunidad a su favor, lo que ha impedido su comparecencia.

En este caso, el juez 60 Penal del Circuito ha señalado la gravedad de esta situación, advirtiendo sobre el riesgo de prescripción del caso. Si esto pasa, podría haber una terminación del proceso sin una resolución judicial, lo que representaría una garantía constitucional para el procesado y una sanción para el Estado por su inactividad.

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En un documento de cuatro páginas, el procurador Gómez pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes y necesarias para garantizar la asistencia del testigo y asegurar el desarrollo continuo del juicio y del proceso.

Por medio de esta misiva, subrayó la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida y destacó los derechos de defensa y el debido proceso.

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Por último, según la Procuraduría, la falta de avance en este caso emblemático no solo afecta la administración de justicia, sino que también puede tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.

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