Luis Gustavo Moreno, abogado del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla, anunció una nueva audiencia de imputación que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre, resaltando que este avance en el proceso es resultado de la colaboración de Pinilla con la Fiscalía General de la Nación.Por medio de un comunicado Gustavo Moreno aseguró que la colaboración de Sneyder Pinilla incluyó la entrega de material probatorio que fue presentada como parte de un principio de oportunidad en el proceso penal.“La Fiscalía, liderada por la Luz Adriana Camargo, destacó el uso de mecanismos premiales en el caso, lo cual permite aprovechar los testimonios y pruebas de personas como Pinilla para avanzar en investigaciones sobre otras figuras vinculadas a organizaciones criminales”, se mencionó en el comunicadoLa defensa reiteró que el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; mantiene su compromiso con el proceso judicial y le pidió a los demás implicados a asumir sus responsabilidades, hablar con la verdad y colaborar con la justicia para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Avances en el escándalo de corrupción de Gestión del RiesgoLa Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó en la mañana este martes, la apertura de una investigación formal en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara respectivamente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Cabe resaltar que fue Pinilla, implicado y considerado como uno de los principales testigos de este entramado de corrupción, quien prendió el ventilador y dio nombres como el de Calle y Name, en donde, según su relato, ambos habrían recibido presuntamente maletas con dinero producto de los sobornos.La Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Iván Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones.Le puede interesar:
A través de un comunicado, el abogado Luis Moreno, defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia.El abogado, quien ya purgó una pena por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción, actuó como agente encubierto para grabar un presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara, en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos."Como ciudadano, al tener conocimiento de un hecho delictivo, en el cual me contactan para ser un puente del mismo, no dudé ni un segundo en cumplir con el deber ineludible de reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la Nación”, indicó Moreno.Luis Moreno, agente escubiertoLa Fiscalía, tras recibir información delicada del propio sobre el presunto soborno, designó a Luis Moreno como agente encubierto bajo su control.Todo empezó el 26 de julio de 2024, cuando Moreno obtuvo información sobre un intento de soborno y alertó a la Fiscalía. En una reunión, Edgar Riveros le ofreció 3.000 millones de pesos para alterar el testimonio de Sneyder Pinilla, buscando favorecer un contrato de 42.000 millones de pesos.Moreno rechazó el intento de soborno y continuó recopilando pruebas. Reportó el incidente a la fiscal Andrea Muñoz. En una reunión el 29 de julio, con apoyo del CTI, grabó las conversaciones con Riveros, revelando que negociaban un contrato de 242.000 millones de pesos. Luego entregó la evidencia a las autoridades.“Mi mensaje es claro y quiero transmitirlo a las nuevas generaciones: siempre actúen bajo la ley y no se dejen llevar por los caminos cortos”, señaló el abogado cuyo caso destapó un impresionante asunto de corrupción en el poder judicial colombiano conocido como el cartel de la toga.
La Fiscalía General de la Nación reveló que el abogado Luis Gustavo Moreno fue quien actuó como agente encubierto y grabó el presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos.Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, conoció en primicia el documento que revela el paso a paso que llevó al abogado Moreno a convertirse en agente encubierto de la Fiscalía para capturar a un abogado que ofreció soborno millonario a Sneyder Pinilla por dos contratos relacionados con el escándalo de la entidad.Asimismo, este defensor resultó siendo un agente encubierto en medio de las investigaciones por la corrupción en la entidad tras varios intentos de soborno para que su cliente Sneyder Pinilla no involucrara en sus interrogatorios a otros funcionarios de la entidad como Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto.Paso a paso de Gustavo Moreno como agente encubiertoTodo comenzó el 26 de julio de 2024. Moreno, quien manejaba el caso desde una posición de aparente neutralidad, recibió un mensaje a través de WhatsApp. El texto, enviado por un veedor ciudadano, decía: “Buen día, amigo, me voy a ver con Barreto, ya le cuento”. Moreno, consciente de las implicaciones de la información, puso en alerta a la Fiscalía. “Llamé al doctor Gabriel Sandoval, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, informándole que Luis Carlos Barreto quería negociar con la Fiscalía”, explicó Moreno.La reunión fue programada para el mismo día en el Hotel Double Tree Salitre AR. En ella, Moreno se encontró con Barreto y el abogado Edgar Riveros, quienes le ofrecieron un soborno para que su cliente, Sneyder Pinilla, se retractara de su testimonio. Riveros propuso un “contrato de 42.000 millones de pesos” y ofreció alrededor de $3.000 millones como soborno: “Hay una plata para ellos y para usted”, mencionó Riveros, claramente dispuesto a asegurar que la versión de Pinilla cambiara a su favor.Moreno, consciente del intento de soborno, decidió no aceptar la oferta y en su lugar continuó recopilando evidencia. “No es una decisión que yo pueda tomar, simplemente soy el abogado que en cualquier momento pueden cambiar”, respondió Moreno, mientras preparaba la documentación para la denuncia. De inmediato, reportó el incidente a la fiscal Anticorrupción, Dra. Andrea Muñoz, y al delegado Sandoval.La Fiscalía, ahora completamente informada del intento de soborno, organizó una reunión de seguimiento para el 29 de julio, donde Moreno, con la ayuda del CTI, grabó las conversaciones con Riveros.“La grabación mostró que los implicados estaban dispuestos a negociar por un contrato de 242.000 millones de pesos”, dijo Moreno, quien entregó la prueba a las autoridades.Posteriormente, se dio la captura de los implicados, incluyendo a Luis Eduardo Rey y Pedro Rodríguez Melo. Los tres hombres fueron arrestados en una operación coordinada por la Fiscalía en el departamento de Cundinamarca.La investigación continúa, y los detalles sobre los contratos mencionados y las implicaciones de los sobornos seguirán desarrollándose en las próximas semanas con las audiencias preliminares. Recientemente, el abogado Riveros no aceptó los cargos.
La inasistencia de un testigo clave está poniendo en riesgo el avance del juicio contra Luis Ignacio Lyons procesado por el delito de cohecho en el conocido caso de "El Cartel de la Toga".El procurador Judicial Mario Enrique Gómez Jiménez dirigió una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón y expresó su preocupación por el desarrollo de este proceso judicial.El caso, que se tramita en el Juzgado 60 Penal del Circuito, está actualmente en la etapa de juicio oral, y la Fiscal 12 delegada ante el Tribunal Superior, Diana Alejandra Cucunubá Pérez, indicó que las audiencias recientes se han visto frustradas por la ausencia del testigo Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado por “El Cartel de la Toga” condicionó su testimonio a la renovación del principio de oportunidad a su favor, lo que ha impedido su comparecencia.En este caso, el juez 60 Penal del Circuito ha señalado la gravedad de esta situación, advirtiendo sobre el riesgo de prescripción del caso. Si esto pasa, podría haber una terminación del proceso sin una resolución judicial, lo que representaría una garantía constitucional para el procesado y una sanción para el Estado por su inactividad.En un documento de cuatro páginas, el procurador Gómez pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes y necesarias para garantizar la asistencia del testigo y asegurar el desarrollo continuo del juicio y del proceso.Por medio de esta misiva, subrayó la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida y destacó los derechos de defensa y el debido proceso.Por último, según la Procuraduría, la falta de avance en este caso emblemático no solo afecta la administración de justicia, sino que también puede tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; y el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) Luis Alberto Moreno, se reúnen este martes en la Casa de Nariño con el objetivo de concretar acciones que permitan devolver la sede a Barranquilla de los Juegos Panamericanos 2027.La reunión se lleva a cabo a las 8:00 de la mañana y estará encabeza por la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, y de los ministros de Deporte, Astrid Rodríguez; y de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. Durante el encuentro, los asistentes analizaron la situación actual del proceso de selección de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que fue retirado de Barranquilla el pasado 3 de enero por incumplimiento en los pagos por parte del Gobierno nacional.En ese sentido, los representantes de Barranquilla y del Gobierno nacional manifestaron su compromiso de presentar un plan de acción que evidencien el firme compromiso del país con Panam Sports. El plan de acción, que será presentado en los próximos días, incluye compromisos en materia de infraestructura deportiva, logística, seguridad y transporte.La reunión en la Casa de Nariño será determinante en el proceso de recuperación de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para convencer a Panam Sports de que la ciudad colombiana es la mejor opción para albergar el evento.¿Qué tan probable es que Barranquilla recupere la sede?La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Por un lado, Barranquilla cuenta con el apoyo del Gobierno nacional y de la comunidad deportiva colombiana. Por otro lado, Panam Sports ya ha iniciado el proceso de selección de una nueva sede, en el que ya hay al menos cinco ciudades del continente interesadas.A través de la red social X, el exministro de desarrollo económico, Luis Alberto Moreno, aceptó el llamado a abogar por la recuperación de la sede de los Juegos Panamericanos: “Por Colombia, por Barranquilla y por el efecto unificador que genera el deporte y sus atletas en nuestro país, acojo el llamado del alcalde @AlejandroChar y el presidente del Comité @OlimpicoCol , para abogar por la recuperación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Es esencial que el Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Petro, presente un plan de acción con hitos de inversión claves que evidencien el firme compromiso del país con @PanamSports y podamos recuperar la credibilidad y confianza que el país ha perdido. Más Gerencia Menos Politiquería”.Le podría interesar:
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúa la apertura de una investigación a los magistrados auxiliares del despacho de Francisco Farfán de la Corte Suprema de Justicia, después de que se revelara el contenido de una conversación telefónica que demostraría cómo desde esa oficina se habría dado información de una investigación reservada y confidencial al clan Gnecco.El magistrado Farfán ya le había solicitado a la Comisión de Acusación que lo investigue por la supuesta filtración, pero también había compulsado copias a la Fiscalía para que investigue la conducta de los funcionarios del despacho que tuvieron a su cargo el manejo del expediente y el trámite de las diligencias contra el actual senador José Alfredo Gnecco Zuleta.Y es que al congresista Gnecco lo viene investigando el alto tribunal desde hace años por presunta compra de votos, aunque esa indagación fue archivada en febrero de 2022, el 18 de octubre de este año volvió a ser desarchivado por el mismo magistrado Farfán. Al senador también lo investigan por supuestamente haber entregado 150 millones de pesos al entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso contra su papá Lucas Gnecco.En la llamada que tiene en la mira al magistrado Francisco Farfán y a su despacho, se mencionó el nombre del togado de la Sala de Instrucción vinculándolo con una supuesta alerta que le habría dado a una integrante del clan Gnecco alrededor de las interceptaciones que les estaban haciendo en medio de una investigación por presunta compra de votos.Le puede interesar "Fiscalía niega reabrir investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por caso Odebrecht":
Una nueva decisión se conoce en medio del escándalo del llamado Cartel de la Toga, pues se conoció de un pago que habría realizado el exrepresentante a la cámara por San Andrés Julio Gallardo al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos buscando conseguir una decisión favorable sobre un proceso penal. Con esta formulación de cargos, Gallardo Archbold sería llamado a juicio disciplinario.La Procuraduría informó que la Sala de Instrucción Disciplinaria establece que, como parte del entramado de corrupción denominado 'Cartel de la Toga', Julio Eugenio Gallardo habría hecho llegar el dinero del pago por medio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, materializando un cohecho por dar u ofrecer.“Al parecer, Gallardo Archbold se desvió del cumplimiento de sus deberes y afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública, al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”, señaló el Ministerio Público.La Procuraduría mencionó que con el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.Cartel de la Toga: Juan Carlos Abadía acusado formalmente por su presunta participaciónEl exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente hacer parte del denominado 'Cartel de la Toga'.El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaute, quien hoy también enfrenta una condena.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El director de la cárcel La Picota, dragoneante Horacio Bustamante, contó a Blu Radio cuál es el proceso para que Luis Gustavo Moreno pueda salir de la cárcel, luego recibir la boleta de libertad.Moreno es señalado de hacer uso de su cargo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a cambio de entregarle información privilegiada y de esta manera obstruir las investigaciones en su contra en la Fiscalía. Este escándalo de corrupción es llamado ‘cartel de la toga’ y el martes 18 de octubre la sala penal de la Corte Suprema le concedió la libertad a Luis Gustavo Moreno.El principal implicado en el cartel de la toga está recluido en el batallón de artillería de Usme en Bogotá, pero está adscrito a la cárcel La Picota, por esta razón, será el director de ese penal, el dragoneante Horacio Bustamante, quien firmará y le notificará sobre la libertad de Luis Gustavo Moreno.La decisión de la sala de conceder la libertad a Moreno se dio tras determinar que, a parte del tiempo que ha estado detenido en Colombia, se le debe sumar también el periodo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos por la condena que impuso en su contra el Tribunal del Distrito Sur de Florida, por concierto para lavar dinero.Por esta razón, la Corte determina que el tiempo de privación de la libertad de Moreno debe contabilizarse desde el 27 de junio de 2017, cuando fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos, y por esta razón, queda en libertad tras haber cumplido con el tiempo se condena.Cabe recordar que Moreno fue condenado por la Corte Suprema por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, y fue sentenciado a una pena cuatro años, 10 meses y 15 días de cárcel.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
La Corte Suprema de Justicia concedió la libertad al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, al establecer que ya cumplió su pena. Él había sido condenado a cuatro años, 10 meses y 15 días de prisión por el llamado cartel de la toga.La decisión de la corte se dio tras revocar el fallo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en el que se le había denegado la libertad. Según la Sala de Casación Penal Moreno Rivera ya cumplió la sanción que se le impuso mediante sentencia del 7 de marzo del 2018.“La sala concedió la libertad de Moreno tras determinar que, además del tiempo que ha permanecido detenido en Colombia por cuenta de este proceso, se le debe contabilizar también el periodo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos por la condena que impuso en su contra el Tribunal del Distrito Sur de Florida por concierto para lavar dinero”, informó la Corte Suprema en un comunicado.Y es que Moreno fue condenado por la Corte Suprema por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, y fue sentenciado a una pena cuatro años, 10 meses y 15 días de cárcel porque uso su cargo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a cambio de entregarle información privilegiada y de esta manera obstruir las investigaciones en su contra en la Fiscalía General de la Nación.Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte declaró como testigo ante ese organismo por el cartel de la toga y negó conocer a Nilton Córdoba en la investigación que se adelanta en contra del excongresista.Al excongresista, la Sala de Instrucción decidió llevarlo a juicio por los supuestos pagos que hizo Nilton Córdoba de 200 millones de pesos al ‘cartel’, para evitar una orden de captura en su contra en otro proceso sobre presunto lavado de dinero, que lleva la misma Corte Suprema, luego de que el excongresista rindiera indagación y tras evaluar las pruebas, la corte decidió acusarlo formalmente.Este miércoles, 26 de enero, arrancó el inicio del juicio ante la Corte Suprema contra Nilton Córdoba Manyoma.“Mi relación con el doctor Gustavo Moreno solo fue una relación laboral, donde lo busqué para que me defendiera en términos legales y producto de esa defensa que él me iba a hacer yo me comprometí a darle una suma de dinero. Eso quiero dejarlo totalmente claro a la luz que tengo aquí enfrente del computador y a la luz de cualquier ser humano. Lo único que hice con él fue tener una relación profesional y digamos que de trabajo”, señaló Nilton Córdoba en a la audiencia.El excongresista dijo que un senador de apellido Andrade fue quien le recomendó contactar a Gustavo Moreno para que lo defendiera en los procesos que tenía en esta corte, con quien se encontró y acordaron un pago de 50-50 de los procesos por un valor total de 800 millones de pesos.También aclaró que Gustavo Moreno nunca le garantizó que los procesos iban a salir a su favor, sino que lo contrataba únicamente para su defensa.Además, señaló que el único encuentro que tuvo con Francisco Ricaurte fue en medio de una reunión con Moreno, porque justamente el exmagistrado iba entrando a la oficina del exfiscal y como Nilton Córdoba estaba con él, Moreno aprovechó y los presentó.Asimismo, dijo en la audiencia que desconocía las amistades de Gustavo Moreno con magistrados de las altas cortes y que los interrogatorios que rindió ante la corte los hizo ante el magistrado auxiliar de Gustavo Malo, Camilo Ruíz. Entretanto, Nilton Córdoba reconoció que Gustavo Moreno le iba a dar unos puestos en la Fiscalía General de la Nación. "Yo le había pedido que me ayudara con unos cupitos en la Fiscalía, él quería ser Defensor del Pueblo y yo ayudar a unos amigos del Chocó". Escuche la noticia en el siguiente audio:
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.