Luis Gustavo Moreno, abogado del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla, anunció una nueva audiencia de imputación que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre, resaltando que este avance en el proceso es resultado de la colaboración de Pinilla con la Fiscalía General de la Nación.Por medio de un comunicado Gustavo Moreno aseguró que la colaboración de Sneyder Pinilla incluyó la entrega de material probatorio que fue presentada como parte de un principio de oportunidad en el proceso penal.“La Fiscalía, liderada por la Luz Adriana Camargo, destacó el uso de mecanismos premiales en el caso, lo cual permite aprovechar los testimonios y pruebas de personas como Pinilla para avanzar en investigaciones sobre otras figuras vinculadas a organizaciones criminales”, se mencionó en el comunicadoLa defensa reiteró que el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; mantiene su compromiso con el proceso judicial y le pidió a los demás implicados a asumir sus responsabilidades, hablar con la verdad y colaborar con la justicia para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Avances en el escándalo de corrupción de Gestión del RiesgoLa Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó en la mañana este martes, la apertura de una investigación formal en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara respectivamente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Cabe resaltar que fue Pinilla, implicado y considerado como uno de los principales testigos de este entramado de corrupción, quien prendió el ventilador y dio nombres como el de Calle y Name, en donde, según su relato, ambos habrían recibido presuntamente maletas con dinero producto de los sobornos.La Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Iván Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones.Le puede interesar:
A través de un comunicado, el abogado Luis Moreno, defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia.El abogado, quien ya purgó una pena por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción, actuó como agente encubierto para grabar un presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara, en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos."Como ciudadano, al tener conocimiento de un hecho delictivo, en el cual me contactan para ser un puente del mismo, no dudé ni un segundo en cumplir con el deber ineludible de reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la Nación”, indicó Moreno.Luis Moreno, agente escubiertoLa Fiscalía, tras recibir información delicada del propio sobre el presunto soborno, designó a Luis Moreno como agente encubierto bajo su control.Todo empezó el 26 de julio de 2024, cuando Moreno obtuvo información sobre un intento de soborno y alertó a la Fiscalía. En una reunión, Edgar Riveros le ofreció 3.000 millones de pesos para alterar el testimonio de Sneyder Pinilla, buscando favorecer un contrato de 42.000 millones de pesos.Moreno rechazó el intento de soborno y continuó recopilando pruebas. Reportó el incidente a la fiscal Andrea Muñoz. En una reunión el 29 de julio, con apoyo del CTI, grabó las conversaciones con Riveros, revelando que negociaban un contrato de 242.000 millones de pesos. Luego entregó la evidencia a las autoridades.“Mi mensaje es claro y quiero transmitirlo a las nuevas generaciones: siempre actúen bajo la ley y no se dejen llevar por los caminos cortos”, señaló el abogado cuyo caso destapó un impresionante asunto de corrupción en el poder judicial colombiano conocido como el cartel de la toga.
La Fiscalía General de la Nación reveló que el abogado Luis Gustavo Moreno fue quien actuó como agente encubierto y grabó el presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos.Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, conoció en primicia el documento que revela el paso a paso que llevó al abogado Moreno a convertirse en agente encubierto de la Fiscalía para capturar a un abogado que ofreció soborno millonario a Sneyder Pinilla por dos contratos relacionados con el escándalo de la entidad.Asimismo, este defensor resultó siendo un agente encubierto en medio de las investigaciones por la corrupción en la entidad tras varios intentos de soborno para que su cliente Sneyder Pinilla no involucrara en sus interrogatorios a otros funcionarios de la entidad como Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto.Paso a paso de Gustavo Moreno como agente encubiertoTodo comenzó el 26 de julio de 2024. Moreno, quien manejaba el caso desde una posición de aparente neutralidad, recibió un mensaje a través de WhatsApp. El texto, enviado por un veedor ciudadano, decía: “Buen día, amigo, me voy a ver con Barreto, ya le cuento”. Moreno, consciente de las implicaciones de la información, puso en alerta a la Fiscalía. “Llamé al doctor Gabriel Sandoval, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, informándole que Luis Carlos Barreto quería negociar con la Fiscalía”, explicó Moreno.La reunión fue programada para el mismo día en el Hotel Double Tree Salitre AR. En ella, Moreno se encontró con Barreto y el abogado Edgar Riveros, quienes le ofrecieron un soborno para que su cliente, Sneyder Pinilla, se retractara de su testimonio. Riveros propuso un “contrato de 42.000 millones de pesos” y ofreció alrededor de $3.000 millones como soborno: “Hay una plata para ellos y para usted”, mencionó Riveros, claramente dispuesto a asegurar que la versión de Pinilla cambiara a su favor.Moreno, consciente del intento de soborno, decidió no aceptar la oferta y en su lugar continuó recopilando evidencia. “No es una decisión que yo pueda tomar, simplemente soy el abogado que en cualquier momento pueden cambiar”, respondió Moreno, mientras preparaba la documentación para la denuncia. De inmediato, reportó el incidente a la fiscal Anticorrupción, Dra. Andrea Muñoz, y al delegado Sandoval.La Fiscalía, ahora completamente informada del intento de soborno, organizó una reunión de seguimiento para el 29 de julio, donde Moreno, con la ayuda del CTI, grabó las conversaciones con Riveros.“La grabación mostró que los implicados estaban dispuestos a negociar por un contrato de 242.000 millones de pesos”, dijo Moreno, quien entregó la prueba a las autoridades.Posteriormente, se dio la captura de los implicados, incluyendo a Luis Eduardo Rey y Pedro Rodríguez Melo. Los tres hombres fueron arrestados en una operación coordinada por la Fiscalía en el departamento de Cundinamarca.La investigación continúa, y los detalles sobre los contratos mencionados y las implicaciones de los sobornos seguirán desarrollándose en las próximas semanas con las audiencias preliminares. Recientemente, el abogado Riveros no aceptó los cargos.
La inasistencia de un testigo clave está poniendo en riesgo el avance del juicio contra Luis Ignacio Lyons procesado por el delito de cohecho en el conocido caso de "El Cartel de la Toga".El procurador Judicial Mario Enrique Gómez Jiménez dirigió una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón y expresó su preocupación por el desarrollo de este proceso judicial.El caso, que se tramita en el Juzgado 60 Penal del Circuito, está actualmente en la etapa de juicio oral, y la Fiscal 12 delegada ante el Tribunal Superior, Diana Alejandra Cucunubá Pérez, indicó que las audiencias recientes se han visto frustradas por la ausencia del testigo Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado por “El Cartel de la Toga” condicionó su testimonio a la renovación del principio de oportunidad a su favor, lo que ha impedido su comparecencia.En este caso, el juez 60 Penal del Circuito ha señalado la gravedad de esta situación, advirtiendo sobre el riesgo de prescripción del caso. Si esto pasa, podría haber una terminación del proceso sin una resolución judicial, lo que representaría una garantía constitucional para el procesado y una sanción para el Estado por su inactividad.En un documento de cuatro páginas, el procurador Gómez pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes y necesarias para garantizar la asistencia del testigo y asegurar el desarrollo continuo del juicio y del proceso.Por medio de esta misiva, subrayó la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida y destacó los derechos de defensa y el debido proceso.Por último, según la Procuraduría, la falta de avance en este caso emblemático no solo afecta la administración de justicia, sino que también puede tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; y el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) Luis Alberto Moreno, se reúnen este martes en la Casa de Nariño con el objetivo de concretar acciones que permitan devolver la sede a Barranquilla de los Juegos Panamericanos 2027.La reunión se lleva a cabo a las 8:00 de la mañana y estará encabeza por la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, y de los ministros de Deporte, Astrid Rodríguez; y de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. Durante el encuentro, los asistentes analizaron la situación actual del proceso de selección de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que fue retirado de Barranquilla el pasado 3 de enero por incumplimiento en los pagos por parte del Gobierno nacional.En ese sentido, los representantes de Barranquilla y del Gobierno nacional manifestaron su compromiso de presentar un plan de acción que evidencien el firme compromiso del país con Panam Sports. El plan de acción, que será presentado en los próximos días, incluye compromisos en materia de infraestructura deportiva, logística, seguridad y transporte.La reunión en la Casa de Nariño será determinante en el proceso de recuperación de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para convencer a Panam Sports de que la ciudad colombiana es la mejor opción para albergar el evento.¿Qué tan probable es que Barranquilla recupere la sede?La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Por un lado, Barranquilla cuenta con el apoyo del Gobierno nacional y de la comunidad deportiva colombiana. Por otro lado, Panam Sports ya ha iniciado el proceso de selección de una nueva sede, en el que ya hay al menos cinco ciudades del continente interesadas.A través de la red social X, el exministro de desarrollo económico, Luis Alberto Moreno, aceptó el llamado a abogar por la recuperación de la sede de los Juegos Panamericanos: “Por Colombia, por Barranquilla y por el efecto unificador que genera el deporte y sus atletas en nuestro país, acojo el llamado del alcalde @AlejandroChar y el presidente del Comité @OlimpicoCol , para abogar por la recuperación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Es esencial que el Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Petro, presente un plan de acción con hitos de inversión claves que evidencien el firme compromiso del país con @PanamSports y podamos recuperar la credibilidad y confianza que el país ha perdido. Más Gerencia Menos Politiquería”.Le podría interesar:
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúa la apertura de una investigación a los magistrados auxiliares del despacho de Francisco Farfán de la Corte Suprema de Justicia, después de que se revelara el contenido de una conversación telefónica que demostraría cómo desde esa oficina se habría dado información de una investigación reservada y confidencial al clan Gnecco.El magistrado Farfán ya le había solicitado a la Comisión de Acusación que lo investigue por la supuesta filtración, pero también había compulsado copias a la Fiscalía para que investigue la conducta de los funcionarios del despacho que tuvieron a su cargo el manejo del expediente y el trámite de las diligencias contra el actual senador José Alfredo Gnecco Zuleta.Y es que al congresista Gnecco lo viene investigando el alto tribunal desde hace años por presunta compra de votos, aunque esa indagación fue archivada en febrero de 2022, el 18 de octubre de este año volvió a ser desarchivado por el mismo magistrado Farfán. Al senador también lo investigan por supuestamente haber entregado 150 millones de pesos al entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso contra su papá Lucas Gnecco.En la llamada que tiene en la mira al magistrado Francisco Farfán y a su despacho, se mencionó el nombre del togado de la Sala de Instrucción vinculándolo con una supuesta alerta que le habría dado a una integrante del clan Gnecco alrededor de las interceptaciones que les estaban haciendo en medio de una investigación por presunta compra de votos.Le puede interesar "Fiscalía niega reabrir investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por caso Odebrecht":
Una nueva decisión se conoce en medio del escándalo del llamado Cartel de la Toga, pues se conoció de un pago que habría realizado el exrepresentante a la cámara por San Andrés Julio Gallardo al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos buscando conseguir una decisión favorable sobre un proceso penal. Con esta formulación de cargos, Gallardo Archbold sería llamado a juicio disciplinario.La Procuraduría informó que la Sala de Instrucción Disciplinaria establece que, como parte del entramado de corrupción denominado 'Cartel de la Toga', Julio Eugenio Gallardo habría hecho llegar el dinero del pago por medio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, materializando un cohecho por dar u ofrecer.“Al parecer, Gallardo Archbold se desvió del cumplimiento de sus deberes y afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública, al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”, señaló el Ministerio Público.La Procuraduría mencionó que con el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.Cartel de la Toga: Juan Carlos Abadía acusado formalmente por su presunta participaciónEl exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente hacer parte del denominado 'Cartel de la Toga'.El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaute, quien hoy también enfrenta una condena.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El director de la cárcel La Picota, dragoneante Horacio Bustamante, contó a Blu Radio cuál es el proceso para que Luis Gustavo Moreno pueda salir de la cárcel, luego recibir la boleta de libertad.Moreno es señalado de hacer uso de su cargo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a cambio de entregarle información privilegiada y de esta manera obstruir las investigaciones en su contra en la Fiscalía. Este escándalo de corrupción es llamado ‘cartel de la toga’ y el martes 18 de octubre la sala penal de la Corte Suprema le concedió la libertad a Luis Gustavo Moreno.El principal implicado en el cartel de la toga está recluido en el batallón de artillería de Usme en Bogotá, pero está adscrito a la cárcel La Picota, por esta razón, será el director de ese penal, el dragoneante Horacio Bustamante, quien firmará y le notificará sobre la libertad de Luis Gustavo Moreno.La decisión de la sala de conceder la libertad a Moreno se dio tras determinar que, a parte del tiempo que ha estado detenido en Colombia, se le debe sumar también el periodo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos por la condena que impuso en su contra el Tribunal del Distrito Sur de Florida, por concierto para lavar dinero.Por esta razón, la Corte determina que el tiempo de privación de la libertad de Moreno debe contabilizarse desde el 27 de junio de 2017, cuando fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos, y por esta razón, queda en libertad tras haber cumplido con el tiempo se condena.Cabe recordar que Moreno fue condenado por la Corte Suprema por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, y fue sentenciado a una pena cuatro años, 10 meses y 15 días de cárcel.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
La Corte Suprema de Justicia concedió la libertad al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, al establecer que ya cumplió su pena. Él había sido condenado a cuatro años, 10 meses y 15 días de prisión por el llamado cartel de la toga.La decisión de la corte se dio tras revocar el fallo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en el que se le había denegado la libertad. Según la Sala de Casación Penal Moreno Rivera ya cumplió la sanción que se le impuso mediante sentencia del 7 de marzo del 2018.“La sala concedió la libertad de Moreno tras determinar que, además del tiempo que ha permanecido detenido en Colombia por cuenta de este proceso, se le debe contabilizar también el periodo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos por la condena que impuso en su contra el Tribunal del Distrito Sur de Florida por concierto para lavar dinero”, informó la Corte Suprema en un comunicado.Y es que Moreno fue condenado por la Corte Suprema por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, y fue sentenciado a una pena cuatro años, 10 meses y 15 días de cárcel porque uso su cargo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a cambio de entregarle información privilegiada y de esta manera obstruir las investigaciones en su contra en la Fiscalía General de la Nación.Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte declaró como testigo ante ese organismo por el cartel de la toga y negó conocer a Nilton Córdoba en la investigación que se adelanta en contra del excongresista.Al excongresista, la Sala de Instrucción decidió llevarlo a juicio por los supuestos pagos que hizo Nilton Córdoba de 200 millones de pesos al ‘cartel’, para evitar una orden de captura en su contra en otro proceso sobre presunto lavado de dinero, que lleva la misma Corte Suprema, luego de que el excongresista rindiera indagación y tras evaluar las pruebas, la corte decidió acusarlo formalmente.Este miércoles, 26 de enero, arrancó el inicio del juicio ante la Corte Suprema contra Nilton Córdoba Manyoma.“Mi relación con el doctor Gustavo Moreno solo fue una relación laboral, donde lo busqué para que me defendiera en términos legales y producto de esa defensa que él me iba a hacer yo me comprometí a darle una suma de dinero. Eso quiero dejarlo totalmente claro a la luz que tengo aquí enfrente del computador y a la luz de cualquier ser humano. Lo único que hice con él fue tener una relación profesional y digamos que de trabajo”, señaló Nilton Córdoba en a la audiencia.El excongresista dijo que un senador de apellido Andrade fue quien le recomendó contactar a Gustavo Moreno para que lo defendiera en los procesos que tenía en esta corte, con quien se encontró y acordaron un pago de 50-50 de los procesos por un valor total de 800 millones de pesos.También aclaró que Gustavo Moreno nunca le garantizó que los procesos iban a salir a su favor, sino que lo contrataba únicamente para su defensa.Además, señaló que el único encuentro que tuvo con Francisco Ricaurte fue en medio de una reunión con Moreno, porque justamente el exmagistrado iba entrando a la oficina del exfiscal y como Nilton Córdoba estaba con él, Moreno aprovechó y los presentó.Asimismo, dijo en la audiencia que desconocía las amistades de Gustavo Moreno con magistrados de las altas cortes y que los interrogatorios que rindió ante la corte los hizo ante el magistrado auxiliar de Gustavo Malo, Camilo Ruíz. Entretanto, Nilton Córdoba reconoció que Gustavo Moreno le iba a dar unos puestos en la Fiscalía General de la Nación. "Yo le había pedido que me ayudara con unos cupitos en la Fiscalía, él quería ser Defensor del Pueblo y yo ayudar a unos amigos del Chocó". Escuche la noticia en el siguiente audio:
Momentos de inquietud vivieron decenas de habitantes de varios sectores del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia, luego de que una fuerte explosión registrada en medio de procedimientos relacionados con actividades mineras ilegales provocara daños en viviendas y otros bienes inmuebles cercanos a la zona de los hechos.Tras percibir una fuerte explosión que retumbó en las infraestructuras, empezaron a conocerse varios reportes sobre grietas y otras afectaciones estructurales en inmuebles de barrios como Villa Nueva, Los Ángeles, La Reina y Taparal.La situación se habría derivado de la potencia de explosivos utilizados por parte de la policía para realizar el cierre de socavones explotados de manera ilegal y que en la subregión es uno de los principales combustibles para la finanzas de grupos armados.Aunque la Alcaldía aclaró que las circunstancias que originaron los daños son ajenas a la administración local, anunció la activación de un acompañamiento institucional para atender a las personas afectadas y establecer la magnitud de las consecuencias.Hambler Patiño, personero de Segovia, destacó que estos insumos son claves para vincular en demandas a los responsables y así obtener soluciones.“Basado en eso, nosotros tenemos que recibir esas denuncias para vincular a las personas que tengan que ver con estos hechos, pero necesitamos las pruebas suficientes para poder hacer las cosas bien”, señaló Patiño.En respuesta a la emergencia, destacó la administración, funcionarios de las secretarías de Planeación y de Minas y Desarrollo Económico iniciaron recorridos puerta a puerta en los sectores comprometidos. El objetivo es “verificar las alteraciones, recopilar información en terreno y brindar orientación a las familias impactadas por esta situación”, señalaron en un comunicado.De manera paralela, las autoridades adelantan un inventario detallado de los daños en viviendas y predios, así como la georreferenciación de cada caso, con el fin de determinar los niveles de riesgo y definir las acciones que deberán implementarse para garantizar la seguridad de la comunidad.
La Corte de Alberta, en Canadá, falló en primera instancia a favor de Canacol Energy al avalar su solicitud para terminar los contratos de suministro de gas natural en Colombia, una decisión que podría comprometer la continuidad de la operación de Cerro Matoso, la principal productora de ferroníquel del país.La empresa minera advirtió que, de concretarse la terminación del contrato, su operación podría volverse inviable por la pérdida de un suministro que hoy cubre el 82% de sus necesidades de gas.El pronunciamiento judicial se da en medio del proceso de reestructuración empresarial que adelanta Canacol Energy bajo la Ley de Acuerdos con los Acreedores de Compañías (CCAA) en Canadá. Dentro de ese proceso, la compañía busca reorganizar sus obligaciones bajo supervisión judicial y ha impulsado distintas medidas relacionadas con sus contratos y operaciones, entre ellas la solicitud que fue avalada por la Corte de Alberta.Según Cerro Matoso, Canacol ya venía reduciendo de manera unilateral las entregas de gas previstas en el contrato e imponiendo restricciones al suministro. La empresa asegura que este combustible es un insumo irremplazable para la producción de ferroníquel, ya que alimenta los hornos industriales donde se desarrolla el proceso metalúrgico, por lo que no existe una alternativa inmediata para reemplazarlo.La compañía advirtió que si deja de recibir un suministro confiable de gas tendría que detener completamente su operación y apagar sus dos hornos principales, una decisión que podría ocasionar daños estructurales irreversibles. De acuerdo con sus cálculos, la recuperación de cada horno tardaría más de diez meses y tendría un costo estimado de entre 550.000 y 730.000 millones de pesos.Tras conocerse la decisión, Cerro Matoso anunció que presentará un recurso de apelación ante la justicia canadiense, para lo cual dispone de un plazo de 21 días. Paralelamente, aseguró que acudirá a todas las vías jurídicas disponibles para defender la vigencia del contrato y garantizar la continuidad de su operación en Colombia.La empresa también sostuvo que la decisión adoptada por la Corte de Alberta no tiene aplicación automática en el país. Explicó que corresponderá a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la determinación definitiva de la justicia canadiense puede ser reconocida en Colombia, teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y las normas de orden público colombiano.Cerro Matoso alertó que una eventual suspensión de sus actividades pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos y afectaría a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades del sur de Córdoba. Además, aseguró que el país dejaría de recibir alrededor de 3.000 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios, además de advertir posibles efectos sobre el abastecimiento de gas y las tarifas para usuarios de la Costa Caribe.Ante este panorama, la compañía hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que intervengan frente a las implicaciones de la decisión judicial.
El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas más deterioradas de lo que se había previsto y tendrá el reto de implementar un ajuste fiscal estructural para evitar una pérdida de confianza de los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Esa es la principal advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuyo presidente, Carlos Ramírez, aseguró que el país enfrenta un escenario que exige medidas permanentes tanto por el lado de los ingresos como del gasto.Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Ramírez explicó que el déficit fiscal proyectado para 2026 supera las estimaciones conocidas hasta ahora y compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo."Las finanzas públicas siguen en déficit y el déficit que se va a presentar este año es mayor incluso al previsto por el Gobierno", afirmó. Según explicó, las proyecciones del CARF indican que el país cerraría el año con un déficit cercano a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que calificó como "francamente insostenible" debido a que impulsa un crecimiento acelerado del endeudamiento.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un organismo técnico e independiente encargado de evaluar el cumplimiento de la regla fiscal y emitir recomendaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Aunque sus conceptos no son vinculantes, sirven como referencia para inversionistas, organismos internacionales y autoridades económicas.Ramírez explicó que cuando el CARF habla de un ajuste estructural no se refiere únicamente a un recorte temporal del gasto, sino a cambios permanentes que permitan fortalecer las cuentas públicas."Quiere decir que se puedan lograr ingresos que sean permanentes, que no sean variables como los del petróleo", señaló. Agregó que también se requieren modificaciones en el gasto público mediante cambios legales y, en algunos casos, ajustes normativos que permitan hacer más sostenible el manejo de las finanzas del Estado.Entre los aspectos mencionados figuran revisiones a algunas políticas de subsidios y medidas encaminadas a mejorar el equilibrio entre ingresos y gastos. El economista insistió en que el objetivo es construir una base fiscal menos dependiente de factores externos como la cotización internacional del petróleo o la tasa de cambio.Consultado sobre si ese panorama obligaría al nuevo gobierno a promover una reforma tributaria, pese a la promesa de campaña de no aumentar impuestos, Ramírez respondió que el fortalecimiento de los ingresos constituye apenas uno de los frentes que deberán atenderse."Hay que atacar por lo menos cuatro frentes: los ingresos, los gastos, el costo de la deuda y mayor crecimiento económico", explicó. Añadió que el componente tributario es una posibilidad, aunque aclaró que existen otras alternativas como fortalecer la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y buscar mayores ingresos derivados de la actividad del sector de hidrocarburos.En la entrevista también se abordó el estado real de las finanzas que heredará la nueva administración. Frente a esa inquietud, Ramírez sostuvo que la situación resulta más compleja de lo que reflejaban las previsiones iniciales."Sí, es más serio", respondió al ser consultado sobre si el panorama fiscal es más delicado que el reportado previamente. Explicó que, tras el fracaso de la ley de financiamiento presentada el año anterior, se esperaba un recorte del gasto equivalente a cerca de dos puntos del PIB. Sin embargo, indicó que dicho ajuste no se ha materializado."Como ese recorte no se ha dado y el nivel de gastos no se ha disminuido, pues la situación cada día es más grave", manifestó. El presidente del CARF también recordó que las experiencias internacionales muestran que los procesos exitosos de consolidación fiscal comparten un elemento central: la credibilidad."El elemento más esencial es una ruta creíble", afirmó. Según explicó, un plan de ajuste que sea alcanzable y se cumpla genera confianza entre quienes financian al Estado, facilita la estabilidad de la deuda pública y mejora las condiciones para mantener el acceso al crédito.Otro de los temas abordados fue la propuesta del presidente electo y de su fórmula vicepresidencial de eliminar el impuesto del cuatro por mil. Sobre ese punto, Ramírez aclaró que el CARF no tiene competencia para pronunciarse sobre la política tributaria específica de cada gobierno, aunque reconoció que ese gravamen ha sido objeto de cuestionamientos técnicos debido a su impacto sobre las transacciones financieras.No obstante, advirtió que una eventual eliminación del impuesto tendría que estar acompañada de nuevas fuentes de recursos. "Si está dentro de las políticas del nuevo gobierno reducir este impuesto, debería ser inmediatamente compensado con otros nuevos ingresos", puntualizó.
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores colombianos. Su variedad de modalidades de juego, junto con las diferentes opciones de premios, hacen que miles de personas consulten diariamente los resultados oficiales para verificar si resultaron favorecidas.Resultado del Chontico Noche del 25 de junio de 2026De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el 25 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos).Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: La organización recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y validar cualquier premio en puntos de venta autorizados.Chontico Noche y la quinta balota: una oportunidad adicional para ganarUno de los elementos más llamativos de este sorteo es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al número principal.Esta modalidad brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, ampliando las opciones de acierto para los participantes. Por ello, se ha convertido en una de las características más valoradas por los jugadores habituales del chance Chontico Noche.¿A qué hora juega el Chontico Noche?Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de este sorteo nocturno, los jugadores pueden encontrar otras alternativas de juego de la misma marca en diferentes horarios durante la jornada.Modalidades de apuesta disponibles en Chontico NocheLos participantes pueden escoger entre varias opciones según el tipo de premio que desean obtener y la cantidad de cifras que esperan acertar.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoSe obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEs la modalidad más sencilla, ya que únicamente requiere acertar la última cifra sorteada.Valor de las apuestasEl chance Chontico Noche ofrece opciones para diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en cada sorteo.Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.De esta manera, cada jugador puede elegir el valor que mejor se adapte a sus posibilidades.Cómo reclamar un premio de Chontico NocheLos ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.Documentación requeridaPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el monto ganadoLas condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.Gracias a sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y múltiples oportunidades de ganar, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones favoritas entre los aficionados al chance en Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS, elaborar y publicar sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, al concluir que incumplió las obligaciones legales relacionadas con la divulgación de su información financiera.En la decisión, la Sala precisó que la normatividad vigente establece de manera expresa el deber de las entidades obligadas de elaborar, certificar y divulgar sus estados financieros dentro de los plazos establecidos por la ley. En ese sentido, el Tribunal concluyó que “la Sala concluye que la primera disposición contiene un mandato jurídico claro, expreso y exigible, que tiene por objeto una obligación de resultado vigente en el ordenamiento jurídico”.El fallo recordó que el plazo para publicar la información financiera vence el 30 de abril del año siguiente al correspondiente ejercicio. Sin embargo, encontró acreditado que la Nueva EPS no publicó los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024, cuyos términos ya habían expirado, y tampoco había divulgado la información correspondiente a 2025.Durante el trámite judicial, la Nueva EPS explicó que los estados financieros de 2023 no fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de octubre de 2025, razón por la cual inició procesos de revisión, depuración y validación de la información contable.No obstante, el Tribunal rechazó esa explicación al considerar que las actuaciones administrativas internas no eximen a la entidad del cumplimiento de la obligación legal. En ese sentido señaló “no se admite alegar procedimientos de gestión interna de administración a fin de desconocer el cumplimiento del deber legal. La entidad debe disponer y preparar con diligencia todos los mecanismos para ejecutar de forma periódica la obligación correspondiente dentro de su sector de operación”.La corporación también advirtió que, desde la fecha límite para publicar los estados financieros de 2023, habían transcurrido más de 37 meses sin que la información estuviera disponible, mientras que para la vigencia 2024 el retraso superaba los 25 meses.En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS cumplir con lo previsto en los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995 y en el numeral 4.4 de la Circular Externa 016, disponiendo la publicación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, conforme a las obligaciones establecidas en la regulación vigente.