Blu Radio conoció en primicia un extenso documento en donde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) le pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente y tumbar la emergencia económica decretada en febrero por el Gobierno nacional.
Esto, tras la ola invernal que azotó a 8 departamentos, siendo Córdoba uno de los más afectados. Uno de los argumentos es que el Gobierno no demostró de manera suficiente que la situación, principalmente asociada a variabilidad climática, no pudiera ser atendida con mecanismos ordinarios.
La intervención también señala que no se cumple el requisito de sobreviniencia, es decir, que los hechos que justifican la emergencia no son extraordinarios ni imprevisibles. Según el gremio, fenómenos como la variabilidad climática o problemas del sector energético son estructurales y conocidos desde hace años, por lo que debían ser atendidos mediante la institucionalidad ordinaria.
Acolgen también advierte un posible vicio formal, ya que el decreto no habría sido firmado válidamente por todos los ministros, en particular, cuestionan la firma de la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Veléz cuyo encargo según el documento ya había vencido al momento de la expedición del decreto que convocó a la emergencia económica.
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El magistrado Polo deberá revisar los conceptos e intervenciones que han llegado allí al alto tribunal, entre ellos, el del exmagistrado de esa misma corporación José Fernando Reyes quien también pidió tumbar el decreto. Aún falta el concepto de la Procuraduría que es clave para el examen constitucional de este decreto.
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